Agustín Quiñonez Vazquez
Expediente 77/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/03/2019
Partes del expediente
- Agustín Quiñonez Vazquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el plazo cinco días para que el quejoso recurriera el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causa estado el citado acuerdo, al no haber sido recurrido. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad 1. Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 77/2019-V-B. DESECHAMIENTO En el caso, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Ahora bien, de las constancias que obran en el juicio de amparo 235/2016 del índice de este juzgado, y que se agregan al presente asunto como hecho notorio, se advierte que el quejoso promovió la vía constitucional en contra de la misma autoridad y por el mismo acto que se reclama en el presente asunto; juicio en el cual se sobreseyó, habiendo causado firmeza dicha decisión, como quedará evidenciado con posterioridad. En consecuencia, en el caso particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, y al que el presente expediente se refiere, pues atendiendo a su escrito aclaratorio de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, lo hizo consistir en lo siguiente Al efecto desahogo el requerimiento que los actos concretos que reclamo del Juez Segundo de lo Civil, consiste en que se entablo el juicio de prescripción positiva con número de expediente 470/2012-C promovido por la señora MARTHA GARCÍA GUTIERREZ, que se radico en el Juzgado Segundo de lo Civil en contra de la persona jurídica INMOBILIARIA ROCA DE ENSENADA, S.A. DE C.V. (que ahora se señala el número de expediente) y que se llevó en rebeldía ya que esta no dio contestación a la demanda con la consecuencia que se dictó sentencia estimatoria que causo ejecutoria en 20 de enero de 2013 y que estimo que dicho juicio se ventilo, en fraude a la ley, y en mi perjuicio, ya que con tal resolución sirvió esta como instrumento (vía donación) que como donante la actora en dicho juicio le otorgo en contrato privado de donación a su nieto JORGE GOROSAVE VARGAS, y poder tener este ultimo la posesión del inmueble, que dicho sea de paso jamás la tuvo, y así mediante la acción reivindicatoria ejercitada por este en mi contra lograr tener la posesión del inmueble y así darle la vuelta como coloquialmente se dice, por la razón que la usucapista en el juicio de prescripción positiva antes precisada tampoco tuvo la posesión del inmueble. Ya que con dicha sentencia ignoro a cabalidad como es que prospero dicho juicio sin el suscrito siempre tuve la posesión del inmueble, antes de la ejecución derivada de la sucesión de mi finada madre *** que a su vez lo había adquirido en contrato privado de compraventa en abonos y con reserva de dominio que celebro con fecha dos de julio de mil novecientos setenta y siete con la compañía ***. Al respecto, es dable precisar que si bien es cierto el en el diverso juicio de amparo 235/2016-II-A el quejoso no hizo el señalamiento del acto reclamado de la misma forma, pues lo destacó de la siguiente manera A).- De la autoridad señalada como responsable, se reclama la ejecución de la sentencia definitiva dictada dentro del Juicio Ordinario Civil cuyo expediente fue registrado bajo número 470/2012, en el cual la autoridad señalada como responsable ordena la ejecución de dicha sentencia de un bien inmueble del cual soy propietario y posesionario, sin que se me haya emplazado ni llamado a juicio. Así como todas las actuaciones que me perjudiquen dentro del juicio Ordinario Civil cuyo expediente fue registrado bajo número 470/2012 tramitado en el Juzgado Segundo de lo Civil del partido Judicial de Ensenada, Baja California, promovido por el Tercero perjudicado, toda vez que de ninguna de dichas actuaciones he sido notificado anteriormente, ya que soy tercero extraño a juicio y no fui emplazado ni notificado fehacientemente del juicio que por medio del presente se combate. Sin embargo, no menos cierto es que en esencia, se está en presencia de los mismos actos, esto es, iguales que los que reclamó a la misma autoridad jurisdiccional y obviamente por el mismo quejoso, pues efectivamente la dolencia jurídica que de dichas manifestaciones se advierte es 'la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 470/2012 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, por no haber sido emplazado a dicho juicio'. Lo que además se corrobora porque fue precisamente en base a esta situación expuesta por el quejoso 'bajo protesta de decir verdad', que el Juez Séptimo de Distrito en Estado de Baja California con residencia en esta ciudad, determinó la separación de juicios, al considerar que se estaba ante actos de reclamo autónomos que debían ser conocidos también de forma independiente, lo que se aprecia cuando dicho juzgador indica De lo anterior, se advierte que los actos que esencialmente reclama, son el ilegal emplazamiento a juicio dentro del expediente 785/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Civil, de esta ciudad y el juicio de prescripción positiva del diverso 470/2012-C promovido por ***del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad, y que de dicha resolución sirvió como instrumento para que la parte actora le donara a su nieto ***. Sin que el hecho de que en efecto el quejoso haya hecho la indicación de que la sentencia dictada en el juicio de prescripción positiva en alusión haya 'servido como instrumento' para que quien fue actora en tal juicio hiciera una donación del inmueble en disputa a un nieto, pueda establecer una diferencia en cuanto al 'acto de reclamo', es decir, al hecho de que de lo que se está doliendo nuevamente en este asunto es de la ejecución de dicho fallo dictado en el referido juicio 470/2012-C promovido por *** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad, no obstante su falta de llamado al mismo, pues como se puede ver de lo que identifica o destaca como tales (como actos reclamados) en ello estriba dicha dolencia jurídica. De ahí que a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior Efectivamente, de la lectura de dicha disposición legal, se desprende que el juicio de garantías resulta improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; asimismo, remite a la diversa fracción X del mismo precepto legal, que establece: Artículo 61. X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; Por tanto, el juicio previo que haya versado por el mismo acto u actos reclamados, promovido por el mismo quejoso y contra las mismas autoridades, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, condiciona la apuntada improcedencia, como en el presente caso. Lo anterior, ya que analizadas las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se advierte que, para que opere la causa de improcedencia aludida son necesarios los siguientes requisitos a) Que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo. b) Que ese juicio haya sido resuelto y causado ejecutoria la decisión en él dictada. c) Que ambos juicios de garantías hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto (o actos) de reclamo, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Apoya estas consideraciones la tesis siguiente del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito*** Entonces, sin duda se actualiza el supuesto de cosa juzgada respecto del acto o actos aquí reclamados por el quejoso, porque aún cuando en la presente demanda pretende variar 'el contenido' de ellos (en cuanto a señalamientos de 'forma') en 'esencia' existe identidad de tales actos, es decir, que se trata de los mismos actos: la ejecución de un fallo dictado en juicio civil, argumentando que antes no fue llamado a ese proceso jurisdiccional por el juez responsable; siendo evidente que hoy solo los refiere o pretende identificar con variaciones gramaticales para hacerlos ver como diferentes. Por lo tanto, al ser un hecho notorio para este juzgado, la existencia del juicio de amparo 235/2016-II-A, del índice de este órgano jurisdiccional --y con independencia de ello, se agregan copias certificadas de la boleta de turno, demanda, sentencia y auto que la declaró firme--, del que se deduce que efectivamente el aquí quejoso *** (a quien en tal juicio se identificó en su primer apellido como *** sin que ello implique que se trate de otra persona, pues los antecedentes del asunto y demás datos narrados en sus demandas corrobora que hay identidad en su persona) en ese juicio señaló como autoridades y acto reclamado a las mismas que en esta ocasión pretende combatir (se insiste: el mismo órgano judicial del Estado y la ejecución de una sentencia dictada en un juicio substanciado ante dicho juzgado, arguyendo inaudición a ese proceso, haciendo de ello valer su ilegalidad), la apuntada causal de improcedencia se actualiza, pues la firmeza del fallo dictado en ese primer juicio de amparo aconteció al día veinte de julio de dos mil dieciséis; lo que revela incuestionablemente que sobre tal cuestión nuevamente planteada existe cosa juzgada. En suma, de lo anterior se advierte que en el presente juicio como en el diverso 235/2016-II-A del índice de éste órgano jurisdiccional, existe identidad en cuanto al quejoso, autoridades responsables y juicio de origen a cargo de éstas, del cual emanan y son reclamados los mismos actos; consecuentemente, se surten los requisitos de la figura jurídica de cosa juzgada. Esto es así, pues la finalidad que se busca en las fracciones X y XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias y/o decisiones contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa, en contra de un mismo acto, contrario a lo preceptuado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Existiendo en el caso que nos ocupa lo que en la doctrina se conoce como 'cosa juzgada material', porque aunque no se analizó en ese primer juicio de amparo el fondo del asunto (ya que se concluyó con un sobreseimiento ante diversa causal de improcedencia), sí le puso punto final a tal proceso, quedando de esa forma firme y por ende, invariable, al no admitir legalmente nueva actividad procesal al respecto porque precisamente con grado firme ya quedó establecido lo inejercitable de la instancia constitucional sobre la misma temática que aquí se pretendía plantear. De ahí que ante la firmeza adquirida sobre el mismo asunto que con la demanda que nos ocupa se pretendía nuevamente exponer al escrutinio constitucional, no puede ser soslayada (dicha firmeza), al existir identidad entre el quejoso, acto(s) reclamado(s) y autoridad responsable, dado que en modo alguno puede trastocarse una resolución en la que se determinó que en cuanto a dichos actos el quejoso carecía de interés jurídico para reclamarlos; lo que condicionó dicha improcedencia ya a estas alturas firme y como tal, inmodificable e indiscutible. Apoyan perfectamente estas consideraciones las siguientes tesis de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte (donde en efecto coinciden en la actualización de la causal en análisis ante el tema de los efectos que acarrea un 'sobreseimiento firme' en un juicio de amparo, es decir, al ser ya inatacable la improcedencia que sobre los actos ya fue determinada en juicio anterior), de rubro y texto siguientes*** Por consecuencia, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso 61 fracciones X y XI, de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el peticionario promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la Jurisprudencia *** DOMICILIO Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el domicilio que señala y como autorizados en los términos que indica a los profesionistas que refiere en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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