Agustina Ortiz Hernandez
Expediente 1832/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1832/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Agustina Ortiz Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, contra la resolución dictada por este Juzgado de Distrito, el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veintidós minutos del día treinta de noviembre de dos mil dieciséis, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1832/2016, promovido por Agustina Ortiz Hernández; sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes; se declara abierto el periodo probatorio, en el que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por desahogada la documental que anexó la quejosa a su escrito de demanda, al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede a abrir el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos, se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no presentó pedimento alguno, a lo anterior el Juez acuerda: Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. Doy fe. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1832/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Distrito, la parte quejosa Agustina Ortiz Hernández, por derecho propio solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que atribuyó a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, Director General de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Unidades de Supervisión de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, respecto del acto que a continuación se transcribe: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La ilegal orden de detención de la unidad de transporte público que tengo concesionado así como la cancelación de la citada concesión, en evidente contravención a lo señalado en el artículo 6, 7, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso señaló como "Unidades de Supervisión de la Secretaría de Movilidad y Transporte". SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías vulneradas, las contenidas en los artículos 6, 7, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual manera precisó los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por cuestión de turno la demanda de amparo le tocó conocer a este Juzgado Primero de Distrito, la que mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se admitió y quedó registrada con el número 1832/2016; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete, y se fijo fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. En este contexto, la audiencia constitucional, se inició al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva que se emite al tenor de los siguientes; C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 y 35 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52 fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo número 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además por tratarse de un juicio de amparo en materia administrativa en el que se reclaman actos de autoridades que residen dentro del ámbito territorial en que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien juzga procede a precisar los actos reclamados que se desprenden del estudio íntegro de la demanda de garantías y de las constancias del presente juicio de amparo; además, con apoyo en la jurisprudencia 19, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 17, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Es aplicable también, la jurisprudencia 70, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, página 99, que estatuye: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". De la misma forma, apoya lo anterior la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno del citado Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, página 255, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, de un análisis integral de la demanda de garantías y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se tiene que el acto de molestia se hace consistir en: La orden de detención, retención, restricción y/o cualquier otro que implique la privación del vehículo tipo microbús con número de placas 160712P, para servicio de transporte público con itinerario fijo, así como la cancelación de dicha concesión. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos y Director General de Transporte Público y Particular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, ya que así lo manifestaron, al rendir su informe justificado; sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. En esa tesitura, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que enseguida se exponen. El precepto legal antes invocado establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuanto: [.] IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional...". De la interpretación literal de la disposición normativa, se advierte que ésta contiene dos supuestos de sobreseimiento, a saber: a) El que esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado, y b) Cuando no se probare su existencia. Por tanto, las pruebas de la inexistencia conducen al sobreseimiento, al igual que la falta de prueba respecto de su existencia, lo que ocurre generalmente cuando las autoridades señaladas como responsables niegan la existencia de los actos reclamados (siempre que sean de naturaleza positiva) y esa negativa no es desvirtuada. Entonces, si de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte amparista reclama de la responsable: La orden de detención, retención, restricción y/o cualquier otro que implique la privación del vehículo tipo microbus con número de placas 160712P, para servicio de transporte público con itinerario fijo, así como la cancelación de dicha concesión, y las autoridades negaron la existencia de tal acto, sin que el justiciable exhibiera pruebas que desvirtúen dicha negativa, es inconcuso que el acto reclamado deviene inexistente, pues no consta prueba que acredite que las autoridades responsables hayan emitido alguna orden de detención de la referida unidad de transporte público, ni tampoco la cancelación de la respectiva concesión. Debe señalarse que no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho, de que en la presente sentencia no se hayan analizado los conceptos de violación que hizo valer, toda vez que como ha quedado precisado en la resolución que nos ocupa, este juicio debe sobreseerse, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 63, lo que impide entrar a su estudio. En apoyo al anterior razonamiento, se cita el contenido de la jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos treinta y cinco, tomo VI del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, que dice: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61 fracción XXI, 62, 63 fracción IV, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Agustina Ortiz Hernández, contra el acto y las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, que firma y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que mediante proveído de diez de noviembre actual, se dio vista a las partes con el informe justificado que rinde el Director General Jurídico de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; en esas condiciones, para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del mismo y cumplir con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de la Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Robustece lo anterior la jurisprudencia VI.3º.A. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 667, del Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIO TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS." Ahora, por lo que hace al presente acuerdo, se estima que el mismo no amerita de notificación personal a las partes, en consecuencia, se ordena practicar la citada notificación y las subsecuentes que no ameriten el citado tratamiento, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, incluidas las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 2002576 , que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 28423, signado por el delegado de la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, a través del cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada de diversas constancias, de las cuales se advierte que se le ha notificado a la parte quejosa el oficio SH/2514-2/2015, en el que se da contestación a los oficios 02/2015 y 05/2015, pero no se advierte la constancia de notificación que se haya realizado a la solicitante del amparo relativa al oficio que le haya recaído a la petición presentada el ocho de septiembre de dos mil quince, tal y como quedó establecido en el fallo protector. En virtud de lo anterior, y a efecto de acordar lo conducente, requiérase a la autoridad responsable respectiva, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la notificación que se haya realizado a la parte quejosa, relativa al oficio que le haya recaído a la petición presentada el ocho de septiembre de dos mil quince, tal y como quedó establecido en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
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