AGUSTINA ADELlNA BRITO TRUJILLO
Expediente 1051/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1051/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- AGUSTINA ADELlNA BRITO TRUJILLO
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con cincuenta y dos minutos del día quince de julio de dos mil dieciséis, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con asistencia de José Alberto Tapia Tapia, Secretario con quien actúa y da fe, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1051/2016, promovido por *********, sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación, el Secretario da cuenta al Juez con el oficio 908/2016-ER signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual rinde su informe justificado, al cual adjunta, copia certificada de una de las constancias que integran el juicio laboral 01/164/05-JE1. A lo que el Juez acuerda, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo de referencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que obste para la celebración de la presente audiencia constitucional, que en esta propia fecha se agregue el oficio y anexo de cuenta y por ende, que aún no haya transcurrido el término de ocho días que establece el citado artículo 117 de la Ley de la materia, para que las partes se impongan de su contenido; en virtud de que, con ello no se infringe lo dispuesto por el invocado precepto legal, en atención a que el acto reclamado en el juicio en que se actúa, es la omisión de la autoridad responsable de proveer lo relativo a una promoción presentada por el impetrante de amparo, lo que se traduce en una denegación de justicia, que genera, posiblemente, una violación a la garantía individual consagrada en el artículo 17 constitucional, y de diferir la audiencia por tal circunstancia, redundaría en perjuicio del propio impetrante, pues se retardaría el dictado de la sentencia constitucional que en derecho proceda, en este sentido, el estudio y análisis del acto de molestia versará únicamente respecto de las constancias que la responsable haya remitido como sustento de su informe justificado. Por otra parte, al no existir promociones pendientes por acordar; se declara abierto el periodo probatorio, en el cual, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica la documental que adjuntó a su demanda el promovente del amparo, así como la remitida como complemento de su informe justificado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo, se advierte que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no formuló alegato ministerial, motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos; consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia y se procede a dictar el fallo correspondiente. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1051/2016, promovido por Agustina Adelina Brito Trujillo, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por violación al artículo 17 Constitucional; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintidós de junio de dos mil dieciséis, remitido el mismo día, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, *********, solicitó, por su propio derecho, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DE ACORDAR PROMOCIÓN CON FOLIO: 003315 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014." SEGUNDO. Por auto de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de garantías de que se trata, quedando registrada con el número 1051/2016, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en caso de ofrecer documentales, precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Asimismo se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 35 de la Ley de Amparo y 48, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia de trabajo sobre un procedimiento seguido en forma de juicio llevado por una autoridad laboral, con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. La fijación clara y precisa de los actos que se reclaman a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en los juicios de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Los actos de molestia se hacen consistir en: ".La omisión de la autoridad de acordar la promoción presentada el ocho de septiembre de dos mil quince ante su potestad." TERCERO. La Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, admitió el acto omisivo que se le atribuye al exponer: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO; pero no en los términos y condiciones que así lo refiere, toda vez que la omisión de dictar el acuerdo respectivo al escrito promocional de fecha ocho de septiembre de dos mil quince con número de folio 3315 no obedece a una conducta de negativa, de negligencia, dolo o mala fe, sino a la excesiva carga de trabajo que impera en esta Junta."; y al efecto remitió copia certificada de la promoción presentada por el aquí impetrante y de la cual ha omitido pronunciarse, de la que se advierte la omisión en que ha incurrido; atento a lo anterior, se tiene como cierto el acto reclamado a dicha autoridad. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete- dos mil, Tomo VI, Materia Común, página doscientos treinta y uno, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." A la documental allegada por la responsable, se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de Amparo. CUARTO. En virtud de que ninguna de las partes hace valer alguna causa de improcedencia, y como este juzgador tampoco advierte que se actualice alguna de ellas, lo procedente es entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Se considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la parte agraviada, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se deja en estado de indefensión al reclamante, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número VI.2O. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a fojas 599, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Efectivamente, según se analizará al abordar el estudio de fondo, no debe perderse de vista que la omisión que reclama la parte reclamante está directamente vinculada con la garantía de debido acceso a la justicia, dentro de la cual destaca que la justicia sea pronta y expedita; de modo que la omisión atribuida a la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, (ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión), que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva. Ello, aunado a lo sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, mes de abril de dos mil siete, consultable en la página 373, de rubro y texto: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones". QUINTO. Resultan sustancialmente fundados los conceptos de violación aducidos por el solicitante de amparo. El impetrante reclama la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable para proveer lo solicitado en la petición efectuada por escrito y presentada ante su potestad el ocho de septiembre de dos mil quince en los autos del expediente laboral 01/165/05-JE1. En efecto, de las constancias remitidas por la Junta responsable, a las que se otorgó valor probatorio en párrafos que anteceden, se advierte que efectivamente dicha autoridad responsable ha omitido acordar la promoción presentada por la aquí quejosa, por conducto de su apoderado legal, el ocho de septiembre de dos mil quince, con lo cual, se constata que asiste la razón a la impetrante, en cuanto se viola en su perjuicio la garantía contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta habida que la promoción en que efectúa la indicada solicitud, fue ingresada a la oficialía de partes de la junta responsable desde el ocho de septiembre de dos mil quince, y a pesar de que han transcurrido hasta esta propia fecha, más de diez meses, la responsable ha sido omisa en proveer lo conducente. Así, se advierte que en el juicio laboral 01/164/05-JE1, la autoridad responsable ha incurrido en retardo injustificado en la impartición de justicia en contravención a la garantía constitucional prevista en el artículo 17 de la Carta Magna. Esto es, no justifica el retardo en que ha incurrido por un periodo prolongado, mayor de diez meses, para dar cuenta con la promoción petitoria y proveer lo relativo; así tampoco expone razonamiento alguno para justificar el motivo de su omisión, la cual sin duda alguna resulta violatoria de los derechos fundamentales del reclamante de amparo, habida cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; y, en el caso a estudio, dada la omisión señalada, es inconcuso que la responsable deja de observar lo dispuesto conculcando el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En razón de lo expuesto, en virtud que la petición formulada por la parte quejosa no reviste una complejidad que justifique una mayor demora para darle respuesta, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a efecto de que: La autoridad responsable, dentro del término de cinco días contados a partir de que se le notifique el auto en que determine que cause ejecutoria esta sentencia, de contestación cabal a la petición efectuada desde el ocho de septiembre de dos mil quince, por el apoderado legal de la quejosa. Lo que antecede, con independencia de que su acatamiento no implica que la autoridad emita su resolución en el sentido en que la parte quejosa lo desea, sólo obliga a contestar oportunamente y por escrito la solicitud que se presente y a hacerla del conocimiento del interesado también en breve término, y para el supuesto de que, dada la naturaleza de la petición, se requiera hacer una serie de estudios y trámites, así se le deberá hacer saber. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *********, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero y por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese Así, lo resolvió y firma, el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante José Alberto Tapia Tapia, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, se da vista a la parte quejosa, así como al Tesorero responsable. P
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