Agustina Muñoz Rubio
Expediente 1133/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1133/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Agustina Muñoz Rubio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a través del cual acusa recibo del oficio 18736, con el que a su vez fueron remitidas copias certificadas del juicio sumario civil 623/2018, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de agosto de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Agustina Muñoz Rubio; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de pruebas que la autoridad responsable Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad adjuntó a su informe, solicitando el acuse de recibo, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que lo recibió. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUADERNO ORIGINAL DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negaron las medidas cautelares solicitadas. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. CUADERNO DUPLICADO DE SUSPENSIÓN En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término de tres días concedido a los citados terceros interesados, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad -previo a remitir el asunto por returno a este órgano jurisdiccional-, así como del diverso ocho de marzo de este año dictado en el presente juicio de amparo; y a fin de que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, a la fecha ha fenecido, sin que lo hubieren hecho. En consecuencia, se les hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo y se ordena notificar por lista las notificaciones subsecuentes, hasta en tanto comparezcan ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. RAZÓN ACTUARIAL Por otra parte, agréguense las razones actuariales levantadas por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional a través del cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar la sentencia de treinta de agosto del año en curso a los terceros interesados J. Ubaldo Guzmán Hernández, José Guzmán Jurado y Luis Alberto Guzmán Jurado, por los motivos ahí expuestos. En tal virtud, atendiendo a lo establecido en el apartado anterior notifíquese a los terceros interesados de referencia la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, mediante lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.
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EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DEL 2022, MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA J. Ubaldo Guzmán Hernández, José Guzmán Jurado y Luis Alberto Guzmán Jurado, LA SENTENCIA CON ENGROSE DE FECHA TREINTA DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU PARTE RELATIVA DICE: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo X-1133/2021 promovido por Agustina Muñoz Rubio, por propio derecho, contra actos de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Morelia, Michoacán, y recibido por incompetencia en este órgano jurisdiccional el diecinueve de noviembre del mismo año, Agustina Muñoz Rubio, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, y otra autoridad, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. Actos que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 709/2021-III-C DEL ÍNDICE DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO. De esa demanda tocó conocer por razón de turno al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, el que mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil veintiuno, la admitió; ordenó requerir su informe justificado a las autoridades responsables; y, dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el citado Juzgador reconoció el carácter de terceros interesados a (1) José y (2) Luis Alberto, ambos de apellidos Guzmán Jurado, así como a (3) Victoria Bucio Rubio de los que ordenó su emplazamiento. Por proveído de once de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado estimó que al guardar estrecha relación los actos reclamados en el presente asunto con el diverso juicio de amparo 734/2020 de nuestro índice, determinó que el que debía conocer del citado asunto era este Órgano Jurisdiccional, por lo que ordenó su returno y remitió los presentes autos. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1133/2021 DE NUESTRO ÍNDICE. En auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito aceptó el returno planteado; se avocó al conocimiento del asunto; estimó innecesario requerir los informes justificados a las autoridades responsables; y, señaló fecha de audiencia. Mediante actuación de ocho de marzo de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesado a (4) J. Ubaldo Guzmán Hernández, de quien se ordenó su emplazamiento. A las once horas del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza civil emitidos por una autoridad con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: De la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán: La orden de entrega o desposesión de los predios rústicos "Corral Viejo", "Corral Viejo II", "Ceiba Seca" y "El Arenal", ubicados en la población de Tzitzio, Michoacán, dictada en el juicio ordinario civil 623/2018, promovido por José y Luis, ambos de apellidos Guzmán Jurado, en contra de Victoria Bucio Rubio. Predios de los que la parte quejosa afirmó que tenía en posesión físicamente y que no era parte en el juicio de donde emanó el acto reclamado. Predios de los que la parte quejosa afirmó que tenía en posesión físicamente y que no era parte en el juicio de donde emanó el acto reclamado. Del Director de la Policía Municipal de Tzitzio, Michoacán. 2. La ejecución de los actos reclamados señalados en el numeral 1 del presente considerando. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Respecto a la existencia de los actos reclamados, de las constancias que integran los presentes autos se advierte que la autoridad responsable Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán al rendir su informe justificado señaló que era cierto. Por lo que ve a la diversa autoridad responsable Director de la Policía Municipal de Tzitzio, Michoacán, no aceptó ni negó expresamente el acto reclamado, no obstante se tiene como cierto, debido a la aceptación de la ordenadora y que realizó manifestaciones en cuanto a su existencia. Además, se acredita la existencia de los actos reclamados con las constancias que allegaron tales autoridades responsables, pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones judiciales. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANTECEDENTES RELEVANTES. Previo analizar lo conducente, es necesario narrar los principales antecedentes de los actos reclamados. 1. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil dieciocho, en la Oficialía de Partes y Turno del Poder Judicial del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, José y Luis Alberto, ambos de apellidos Guzmán Jurado, demandaron en la vía ordinaria civil sobre cumplimiento de contrato de compraventa, respecto de los predios identificados de la siguiente manera: a) "Corral Viejo", ubicado en la tenencia de Patámbaro, Municipio de Tzitzio, Michoacán, con una extensión superficial aproximada de 00-50-00 hectáreas, registrado con el número catastral 1309. b) "Seibas Secas y Yacatas", ubicado en el Rancho de las Canoas, Municipio de Tzitzio, Michoacán, con una extensión superficial aproximada de 04-00-00 hectáreas, registrado con el número catastral 1299. c) "Corral Viejo", ubicado en la tenencia de Patámbaro, Municipio de Tzitzio, Michoacán, con una extensión superficial aproximada de 04-00-00 hectáreas, registrado con el número catastral 1304. d) "El Arenal", ubicado en la tenencia de Patámbaro, Municipio de Tzitzio, Michoacán, con una extensión superficial aproximada de 02-00-00 hectáreas, registrado con el número catastral 1305. e) "Corral Viejo", ubicado en la tenencia de Patámbaro, Municipio de Tzitzio, Michoacán, con una extensión superficial aproximada de 01-00-00 hectáreas, registrado con el número catastral 1306. f) "Corral Viejo", ubicado en la tenencia de Patámbaro, Municipio de Tzitzio, Michoacán, con una extensión superficial aproximada de 01-50-00 hectáreas, registrado con el número catastral 1307. Acción que ejercieron en contra de Victoria Bucio Rubio, solicitando las siguientes prestaciones: El cumplimiento de contrato de compraventa que celebraron el doce de julio de dos mil diecisiete, ante la fe del Notario Público número 97, de Morelia, Michoacán, respecto de los seis predios rústicos precisados en párrafos precedentes. La entrega física y material de los citados predios materia de la compraventa. El pago de los gastos y costas judiciales. 2. De esa demanda tocó conocer por razón de turno a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, la que por acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada para que en el término de nueve días compareciera a contestar la incoada en su contra. 3. Hecho lo anterior y seguido el juicio por sus cauces legales, el trece de enero de dos mil veinte, la Jueza responsable dictó sentencia definitiva, en la que determinó declarar procedente la acción y condenó a la parte demandada a cumplir con el contrato base de la acción, así como la entrega de la posesión real y material de los predios rústicos objeto del contrato de compraventa. 4. Mediante proveído de once de febrero de dos mil veinte, se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva, por lo que se concedió a la parte demandada el plazo de tres días para que diera cumplimiento voluntario. 5. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veinte, la Jueza de origen, ante el incumplimiento de la parte demandada de dar cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva, se autorizó el auxilio de la fuerza pública y el uso de un cerrajero de ser necesario, para lograr poner en posesión real y material de los inmuebles descritos en la resolución citada. Para lograr lo anterior, ordenó girar oficio al Director y/o Encargado de la Seguridad Pública de Tzitzio, Michoacán. 6. En la diligencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, llevada a cabo por el personal del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial, así como por el Ingeniero civil Hazel Aguilera González, perito designado para identificar los bienes inmuebles motivo de la diligencia, se asentó lo siguiente: "...es decir, los inmuebles objeto de esta diligencia y que han sido descritos con antelación, el perito designado en autos ya nombrado líneas arriba refiere que dichos bienes raíces forman una sola unidad topográfica. En virtud a ello y tomando en consideración que el perito que nos asiste señala bajo su más estricta responsabilidad que los inmuebles a que se ha hecho referencia y que forman una sola unidad topográfica corresponden a los que son objeto de esta diligencia, por ello, en este momento se procede a poner en posesión real y material a nuestro asociado quien lo recibe a su entera satisfacción; señalando, además, que las cabezas de ganado que se encuentran dentro del predio con auxilio del personal dispuesto por éste, se procede a recolectar las cabezas de ganado para efecto de que éstas queden depositadas temporalmente en el corral municipal de Tzitzio, Michoacán." (Hasta aquí los antecedentes). QUINTO. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador de oficio, antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes; por lo que previamente al estudio del fondo del asunto, debe examinarse si en el caso se surte alguna causa de improcedencia, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la quejosa pretende defender la posesión que dice tener de diversos predios rústicos, empero, con las constancias que obran en autos no se acreditó el interés jurídico, como enseguida se precisa. El juicio de amparo es un medio para el control de la regularidad de los actos de las autoridades, conforme a los parámetros de control aplicables, que de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 107 constitucional, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y en cuanto a actos de tribunales judiciales el quejoso debe demostrar su interés jurídico, tal como a continuación se cita: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece: "ARTÍCULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En ese orden de ideas, la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa que se encuentra prevista en los artículos citados, se traduce en el interés jurídico que debe acreditar quien acude al juicio de amparo a defender derechos que vio afectados por actos de tribunales judiciales. Es a través del ejercicio de la acción constitucional que el promovente del amparo obtendrá la tutela a los derechos fundamentales que considera infringidos por las autoridades que emitieron el acto que se reclama. Por tanto, quien solicita la protección de los tribunales federales debe demostrar la titularidad del derecho que alega ha sido infringido por las autoridades, y que le causa agravio, pues solo quien resiente ese perjuicio puede acudir al juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, constitucional, y 5° de la Ley de Amparo. Porque en caso de no acreditarse dicha titularidad, se actualiza la causa de improcedencia ya mencionada, que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, de la multicitada ley. De la indicada disposición normativa y en atención a la multiplicidad de casos que pueden darse en la práctica del juicio de amparo, existe la posibilidad de que se presenten diversos supuestos, como son: a) Que el quejoso carezca de interés jurídico, es decir, que no tenga incorporado en su patrimonio jurídico ningún derecho sustantivo que pueda verse afectado por un acto de imperio de la autoridad. b) Que lo tenga, pero no lo acredite, esto es, que pertenezca a su esfera de derechos algún interés jurídicamente tutelado por la norma, pero no demuestre tal circunstancia. c) Que acreditado tal interés, el acto reclamado no lo afecte, o no le irrogue agravio alguno; esto es, una vez cumplida la carga procesal que al respecto se impone, se concluya que el acto de autoridad no irroga afectación alguna. Ahora bien, para tener claro el concepto de interés jurídico, conviene citar la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 35, número 60 Diciembre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 217651, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico solo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el sólo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". De igual manera, es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 242 del Tomo VI, del Apéndice 2000, del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, Materia Común registro 917827, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por consiguiente, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, por parte de la autoridad responsable. Luego, al aplicar los principios que se han citado, es inconcuso que Agustina Muñoz Rubio carece de interés jurídico para promover el juicio para la tutela de derechos fundamentales, por las razones que se exponen. En el caso, se reclamaron actos jurisdiccionales, cuya ejecución, según lo apunta la promovente del amparo, tendría como efecto privarle de la posesión de diversos predios rústicos ubicados en "Corral Viejo", "Corral Viejo II", "Ceiba Seca" y "El Arenal", de la población de Tzitzio, Michoacán, esto es, se ostenta como persona extraña al juicio natural, que son aquellas personas que en él no han figurado como parte en sentido material, pero que sufren o pueden sufrir una afectación dentro de él o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oídas en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas, por lo que se incluye en este concepto, a la parte que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente. Luego, para que los terceros a la relación jurídica procesal puedan promover eficazmente el juicio de amparo deben demostrar fehacientemente su respectivo interés jurídico; en el caso, acreditar la posesión de los predios rústicos del que se dice se ordenó la entrega y desocupación, conforme a la causa generadora o derecho que la justifique, así como el poder de hecho en que la misma se traduce. Así es, dado que la quejosa no resiente la calidad de parte procesal y, por ende, adquiere la calidad de tercera extraña al contradictorio de origen, que es precisamente, con la que se ostenta en la presente contienda constitucional. Sostiene lo así expuesto, la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5652, del Tomo LXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, registro 352156, la cual dispone: "TERCERO EXTRAÑO EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. El concepto de persona extraña al procedimiento, ha sido establecido por la Tercera Sala de la Suprema Corte, en el sentido de que dicha garantía corresponde a cualquiera persona que no tenga la condición de parte constituida en el respectivo juicio contradictorio, lo que no podría ser de otro modo, ya que sólo a las indicadas partes corresponden los derechos y defensas que la ley confiere." Sin embargo, tal calidad resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico indispensable para instar a la presente controversia constitucional. En efecto, la quejosa en su demanda de amparo narra como sustento de la acción intentada, que su suegro Marcos Contreras Hernández adquirió los predios referidos, pero que su esposo Salvador Contreras compró el ganado que mantiene en los pastizales de los predios que afirma, tiene en posesión, desde hace más de cuarenta años. Sin embargo, no anexa algún documento o diverso elemento probatorio para acreditar los derechos que pretende le sean tutelados en esta instancia constitucional. Se arriba a la conclusión que antecede, ya que tal como acontece en el caso concreto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio de origen, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna institución jurídica o precepto legal que genere el derecho de posesión. De manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a ejercer el poder de hecho sobre el bien de que se trate, debe entenderse por título la causa generadora de esa posesión. Es aplicación por analogía lo así expuesto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187733, que a la letra enuncia: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Precisado lo anterior, cabe destacar que el acto reclamado en esta instancia constitucional deriva de una autoridad jurisdiccional, por lo que se exige la acreditación de un interés jurídico ?no legítimo?, aunado a que esta afectación debe comprobarse en forma fehaciente y no inferirse por presunciones. Sin embargo, en el caso, los actos reclamados están encaminados a afectar los bienes propiedad exclusiva de las partes en la controversia de origen, al exigirse el cumplimiento de un contrato de compraventa y la entrega de los referidos predios que fueron objeto de éste. Mientras que la peticionaria no tiene el carácter de parte en el procedimiento, ya que no integra esa relación jurídico-procesal, ni se advierte alguna determinación que la vincule a las prestaciones que la parte actora reclama del demandado o bien que demuestre ser la titular de algún derecho con relación al inmueble materia de litis, a efecto de que pudiera ser llamada al procedimiento, en los términos que pretende con su demanda de amparo. Es decir, en principio, las actuaciones ordenadas y practicadas en el juicio 623/2018, del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; no generan una afectación real y actual a la esfera jurídica de la quejosa, pues se reitera, esas actuaciones no están dirigidas a su persona o a sus bienes. Asimismo, la solicitante no demostró ser poseedora, o bien, que cuente con algún derecho en torno a los predios rústicos citados en su demanda de amparo, al no anexar algún medio probatorio. En ese sentido, la quejosa es omisa en demostrar la causa generadora de la posesión; sin que obste a lo anterior, las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que formula en el apartado de antecedentes antes precisados, respecto a que tiene la posesión desde hace más de cuarenta años y que tiene animales "pastoreando" en dicho lugar. Se considera así dado que la manifestación bajo protesta de decir verdad no es suficiente para tener por acreditado que efectivamente ella habite o tenga posesión de los predios rústicos referidos. Se cita como apoyo el siguiente criterio: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Lo anterior porque la posesión protegida por el artículo 14 de la Constitución Federal y, en consecuencia, por el juicio de amparo, es aquella que tiene origen en un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal, lo que no se anexó o se acreditó su existencia con alguna probanza. Máxime que la posesión protegida por el juicio de amparo es aquella posesión jurídica, sea esta originaria o derivada; la primera (originaria), se obtiene a través de una transmisión de derechos que realiza el propietario en favor del poseedor, mediante compraventa, donación, herencia, dación en pago, entre otros; en tanto, la posesión derivada, es aquella que se transmite por arrendamiento, usufructo, depósito u otro título análogo; y no la simple detentación material. En esos términos y para que se le reconozca la protección constitucional, es necesaria la existencia de un título legalmente reconocido y de fecha cierta, de manera que la quejosa tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a ejercer un poder de hecho sobre determinado bien y en fecha fehaciente, entendiéndose por título la causa generadora de la posesión sobre un bien. En consecuencia, al no sustentarse el derecho que defiende en torno a los predios rústicos objeto de compraventa en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, y al no ser parte en el procedimiento del juicio natural, es por lo cual no existe obligación de la autoridad responsable de llamarla a éste y, por ende, las actuaciones practicadas no afectan su interés jurídico. Ello porque, como ya se analizó, no demuestra en forma alguna la existencia de un interés legalmente protegido que resulte real y objetivamente afectado por los actos reclamados, actualizando así la causal de improcedencia en estudio. Más aún, el interés jurídico necesario para promover amparo indirecto solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resintieran de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión aducido, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran los predios rústicos relativo o consideraran un derecho sobre éste sin gozar de su titularidad. Por ello no basta que la quejosa realizara diversas manifestaciones en cuanto a la posesión de los predios rústicos citados bajo protesta de decir verdad, pues ello no le da derecho alguno para obtener el amparo, ya que al promover el juicio constitucional no demuestra una posesión o derecho que pudiera ser reconocido por la ley en torno a la titularidad de los predios objeto del juicio natural, que conduzca a generar convicción para la tutela al derecho de audiencia que adujo vulnerado. Pero, en el caso y en el contexto en que se solicita el amparo, al no haberse exhibido por parte de la quejosa algún medio de convicción idóneo que acreditara su interés jurídico, en relación con la posesión de los predios rústicos que refirió en su demanda de amparo, es que se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, ha lugar a decretar el sobreseimiento del presente asunto, en términos del diversos 63, fracción V, de dicho ordenamiento. Al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la peticionaria de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." El sobreseimiento de que se trata, se hace extensivo al acto de ejecución igualmente reclamado a la autoridad ejecutora, en razón de que éste no se combate por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de los reclamados a la ordenadora. Sirve de sustento la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Octava Época Registro: 207616 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 357 "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Agustina Muñoz Rubio, por propio derecho, contra actos de la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, y otra autoridad, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones señaladas en el considerando quinto. Notifíquese personalmente.
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