Agustín Ruiz Velázquez
Expediente 879/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Agustín Ruiz Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de abril de dos mil dieciocho. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil dieciocho. SE RECIBEN AUTOS. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo VI-879/2017 y un disco compacto CD-R, que contiene el documento electrónico relativo a la resolución dictada en el juicio en que se actúa. Acúsese el recibo de estilo; asimismo, a fin de evitar duplicidad de actuaciones, glósense al expediente devuelto, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo. SE ORDENA NOTIFICAR A LAS PARTES EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA. Notifíquese personalmente a las partes la sentencia pronunciada por la juez auxiliar el ocho de marzo de dos mil dieciocho, y por oficio a las autoridades responsables, al cual deberá adjuntarse copia certificada del aludido fallo. Notifíquese personalmente el presente acuerdo, así como la sentencia respectiva y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Por lista notifico a la parte quejosa la siguiente resolución; Vistos, para resolver en el juicio de amparo indirecto 879/2017, y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, Agustín Ruiz Velázquez, a través de sus apoderados Mariano Barojas Rodríguez y Yésica Arisbet Jiménez Jiménez, promovió juicio de amparo en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: ". Junta Especial Número UNO de Conciliación y Arbitraje del Estado y el actuario adscrito." ACTOS RECLAMADOS: ". la omisión de dictar el auto de admisión de pruebas, fijar fechas dentro del término legal de la primer (sic) y notificar a las partes, de la segunda, actos derivados del expediente ordinario número 1B-3486/16;." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, el Juzgado de Distrito de origen desechó la demanda de amparo al considerar que los actos reclamados no tenían efectos de imposible reparación (fojas trece a veinte), el cual fue combatido a través del recurso de queja 7/2017, que se resolvió en sesión de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en el sentido de declarar fundado dicho medio de defensa (fojas treinta y seis a cuarenta y nueve); razón por la que, el doce de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo (fojas cincuenta y cincuenta y uno). Seguidos los trámites correspondientes, el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional y remitió los autos a este órgano jurisdiccional que ahora resuelve . Recibidos los autos por este Juzgado Federal, el doce de febrero del año en curso, sin abrir cuaderno de antecedentes, se ordenó registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de cuaderno auxiliar 68/2018. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región es competente para conocer del presente asunto, pues ejerce jurisdicción en toda la República y en todas las materias, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 107 de la Ley de Amparo; 48 y 81, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este último en relación con el punto quinto, inciso 2 y último párrafo del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , así como en el oficio STCCNO/1038/2017, suscrito el trece de noviembre de dos mil diecisiete, por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal . Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello, sin contar con facultades para atender cuestiones relativas al trámite del juicio de amparo; de ahí que el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el juzgado de Distrito auxiliado. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 163998 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Agosto de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 107/2010 Página: 440 ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados y autoridades responsables son los siguientes: a) La omisión de dictar el auto de admisión de pruebas, así como de fijar fechas para su desahogo dentro de los términos legales, en el expediente laboral 1B-3486/2016, atribuidos a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia (en su denominación correcta). b) La falta de notificación a las partes de las fechas fijadas para el desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del expediente laboral 1B-3486/2016, reclamada al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia (en su denominación correcta). TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, tal como lo manifestó al rendir su informe justificado , sin que obste que después de admitir su certeza haya manifestado que no son ciertos los hechos omisivos que le atribuye el quejoso, toda vez que su negativa lleva implícita una afirmación, por ende, deben tenerse por ciertos los actos que se le atribuyen, con independencia del sentido en que haya de resolverse el presente asunto, pues ello no depende de la certeza del acto, sino de las pruebas y constancias que obran en autos. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Octava Época Registro: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 391 ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Asimismo, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, fue omiso en rendir su informe justificado respecto del acto que se le reclamó, consistente en la falta de notificación a las partes de las fechas fijadas para el desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del expediente laboral 1B-3486/2016, a pesar de haber sido emplazado al presente juicio (foja cincuenta y cinco); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se impone tener por presuntivamente cierto el acto que se le atribuyó, máxime que la autoridad ordenadora admitió los actos cuya omisión se atribuye al actuario. Resulta aplicable al caso, la tesis aislada del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Época: Octava Época Registro: 231468 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Laboral Tesis: Página: 356 INFORME JUSTIFICADO. SU OMISION SÓLO PRESUME LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO EL CONTENIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la autoridad responsable no rindió su informe justificado, ello no implica que deba tenerse como cierto el contenido de la demanda de amparo sino únicamente que se presuma cierto el acto reclamado, puesto que la Ley de Amparo, en su artículo 149, sólo establece esta última presunción, pero de ninguna manera la de las manifestaciones contenidas en la demanda." CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben de examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo . En el particular se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 con la diversa V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Como podemos ver, del contenido de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando derive de una hipótesis diversa a las contenidas en las veintidós fracciones del citado numeral 61 de la ley de la materia, bien porque resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por otra parte, del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desprende que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa se duele de la omisión de dictar el auto de admisión de pruebas, de fijar fechas para su desahogo dentro de los términos legales, así como de la falta de notificación a las partes de las fechas fijadas para el desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del expediente laboral 1B-3486/2016, atribuidas a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, y Actuario de su adscripción. Puntualizado lo anterior, es necesario precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015 , consideró que el Tribunal Pleno de nuestro Máximo Tribunal, había sostenido, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Que con esa aclaración -sostuvo-, debe entenderse que por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal -refirió-, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento. La primera -expuso-, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior -indicó-, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así -explicó-, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la referida contradicción de tesis-, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello -afirmó-, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, debía tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualizaba el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que -dijo-, tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia -concluyó-, el criterio general es que en relación con la demanda de amparo que se interponga contra actos de esa naturaleza se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advirtiera del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Los razonamientos anteriores se plasmaron en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora bien, con base en lo expuesto con antelación, este órgano jurisdiccional considera que los actos reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa previstos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, ya que solo afecta derechos adjetivos, los cuales no son independientes al procedimiento laboral en el que se originaron, toda vez que el quejoso es parte actora en el juicio laboral 1B-3486/2016, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Así pues, se reitera, al tratarse de actos dentro de un procedimiento laboral en el que se alegan violaciones al artículo 17 constitucional, es incuestionable que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable, ya que no se trata de una actuación independiente al propio juicio, sino que se origina dentro del procedimiento en el que el aquí quejoso es la parte actora, supuesto que se ubica en la regla general que torna improcedente el presente amparo, debido a que, ello sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, dado que recae sobre derechos puramente procesales, en tanto que implica infracción a normas adjetivas, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Sin que en el caso se actualice la excepción a que alude la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), pues no se advierte la existencia de una "abierta dilación" del procedimiento o su paralización total, tomando en cuenta que tal como se desprende de las constancias del juicio natural, si bien, la Junta responsable en proveído de tres de agosto de dos mil diecisiete, al celebrar la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, tuvo por ofrecidas las pruebas del actor, aquí quejoso, y reservó el acuerdo sobre su admisión o desechamiento, lo cierto es que por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas sesenta y cuatro y sesenta y cinco), dicha Junta admitió las pruebas ofrecidas por las partes, y en cuanto a las pruebas del actor, señaló las once horas del siete de noviembre de dos mil diecisiete, para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Rogelio Jehieli Bravo Arellano; las diez horas del once de diciembre de dos mil diecisiete, para el verificativo de la testimonial plural a cargo de Florencio Delfino Dimas Barocio, Miguel López Vargas y Eder Augusto Flores Lara; las diez horas del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, para el desahogo de la inspección ocular; y por lo que respecta a las pruebas de la parte demandada, señaló las diez horas del trece de diciembre de dos mil diecisiete, para la confesional a cargo del actor Agustín Ruiz Velázquez; las diez horas del catorce de diciembre de dos mil diecisiete, para el verificativo de la testimonial a cargo de Martín Calderón Cerrato y Gildardo Gutiérrez Zarco; proveído que se notificó a las demandadas Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el propio diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, al apoderado jurídico de los demandados Rogelio Bravo y otros, el tres de octubre de dos mil diecisiete, y al apoderado de la actora, el cuatro siguiente; de ahí que este órgano jurisdiccional concluya que en el caso que nos ocupa, no existe una abierta dilación al procedimiento ni su paralización total, toda vez que la autoridad responsable ha actuado sin marcadas dilaciones o retrasos en la prosecución del juicio. Por tanto, no se actualiza la excepción a que se refiere la jurisprudencia 48/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer procedente el juicio de garantías. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada de oficio por este juzgado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto del acto y autoridades aquí precisados. Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta imposible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la causa de improcedencia en el juicio de amparo, que resulta de estudio preferente y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Providencias finales. Con fundamento en el artículo único, fracciones VI y VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil dieciséis, devuélvanse los autos al órgano jurisdiccional que conoció del expediente para que tenga a bien notificar la presente resolución y continuar con la tramitación del asunto. Solicítese al Juzgado de origen que tenga a bien ordenar la emisión del acuse de recibo correspondiente; asimismo, se sirva girar las instrucciones necesarias para informar a este órgano de control constitucional si la presente determinación causó ejecutoria o, en caso de haber sido impugnada, el sentido de la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito. Finalmente, realícense los registros correspondientes en el Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes (SISE), dándolo por concluido y archivado de manera definitiva, toda vez que el auxilio prestado al Juzgado de origen concluyó con la emisión de la presente sentencia. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Agustín Ruiz Velázquez, a través de sus apoderados Mariano Barojas Rodríguez y Yésica Arisbet Jiménez Jiménez, en contra de los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, consistentes en la omisión de dictar el auto de admisión de pruebas, así como de fijar fechas para su desahogo dentro de los términos legales, en el expediente laboral 1B-3486/2016; así como la falta de notificación a las partes de las fechas fijadas para el desahogo de las pruebas ofrecidas dentro del expediente laboral 1B-3486/2016, reclamada al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Cúmplase. Así lo resolvió la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo al órgano de control constitucional de origen, hoy ocho de marzo de dos mil dieciocho, ante la Secretaria Mónica Barrios Reyes. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil dieciocho. REMITE CONSTANCIAS Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual envía copia autógrafa del desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte actora, sin que proceda remitir la constancia al juzgado auxiliar que resolverá el juicio del que deriva el presente cuadernillo, toda vez que no remite la totalidad del desahogo de las pruebas, que constituye la materia del acto reclamado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Leonel López Pérez Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Agustín Hernández Hinojosa713/2016
- Agustín López Suazo453/2021
- Agustín Morales Carbajal1026/2019
- Agustín Páramo Farías453/2018
- Agustin Ramírez Villanueva1127/2019
- Agustin Ruiz Velázquez912/2019
- Agustin Sepulveda Méndez110/2022
- Agustin Verduzco González550/2021
- Agustin Zepeda Ruiz313/2019
- Agustin Zepeda Ruiz48/2020
- Agustina Muñoz Rubio1133/2021
- Aida Arvizu Calderón1097/2022