Agustina Méndoza López

Expediente 517/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
517/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Agustina Méndoza López
  • Juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa, Nacional, Jamiltelpec, Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA -PREVIO CITATORIO- PRAL 517/2019 MESA 5.A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Determinación de Alzada. Agréguese el oficio de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, al que anexa 1) copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve en el recurso de queja 177/2019 y 2) los autos originales del juicio de amparo 517/2019; acúsese recibo. 2. Resolución del Tribunal de Alzada. De la ejecutoria recibida se advierte que la superioridad declaró infundado el recurso de queja promovida por Agustina Mendoza López contra el acuerdo de once de junio de dos mil diecinueve -fojas 10 a 17-, que desechó de plano, por un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia, la demanda de amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de la parte quejosa, para los efectos legales procedentes. 3. Destino del cuaderno de antecedentes. Con fundamento en la fracción I del punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del juicio de amparo al Tribunal Colegiado; desglosándose únicamente de ese cuaderno las actuaciones realizadas a partir de la fecha de ese envío, para glosarlas al expediente en que se actúa. 4. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal , ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Como en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General. 7. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 8. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo (tres años), se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe

  2. Principal

    PRAL 517/2019 MESA 5-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil diecinueve. Acuse de recibo. Agréguese el oficio de la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo ***, y el escrito por el que se interpuso recurso de queja contra el auto de once de junio de dos mil diecinueve en el que se desechó la demanda de amparo -fojas 10 a 17 del cuaderno de antecedentes-. Del oficio de cuenta se aprecia que el Tribunal de Alzada admitió el referido medio de impugnación, el cual radicó bajo el registro ***. Notifíquese...

  3. Principal

    CA-PRAL.517/2019-5A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Trámite del recurso de queja. Agréguese el escrito de la quejosa Agustina Mendoza López, por el que interpone recurso de queja contra el proveído de once de junio de dos mil diecinueve -fojas 10 a 17-, en el que se desechó la demanda de amparo; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación contra el referido acuerdo, mismo que le fue notificado a la parte quejosa el dieciocho de este mes -foja 18 reverso-. En consecuencia, remítase a) el original del escrito de cuenta, b) los autos de este juicio de amparo, c) copia certificada de la resolución recurrida y d) el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, para la substanciación del referido medio de impugnación. Lo anterior, una vez que obre la constancia de notificación a la parte quejosa de este proveído, sin que se estime necesario esperar a que fenezca el plazo de tres días previsto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, pues en el escrito de cuenta la parte quejosa señala las constancias que solicita enviar a la superioridad; máxime que, con motivo del desechamiento de la demanda de amparo, no existen más partes procesales para correrles traslado con la copia del recurso interpuesto, por lo que ningún fin práctico tendría esperar a que fenezca el plazo de tres días para remitir el expediente al Tribunal de Alzada. Cuaderno de antecedentes. Con copia certificada de las constancias correspondientes fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA PRAL.517/2019-5A* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de junio de dos mil diecinueve. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el diez de este mes en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, recibida en este Juzgado en la misma fecha, promovida por Agustina Mendoza López, por propio derecho, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 517/2019. 2. Integración del expediente (instrucción al ( a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." 3.1. Actos reclamados. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que Agustina Mendoza López reclama del juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca: a) El requerimiento de entrega del vehículo de motor marca Chevrolet, tipo corsa, cuatro puertas, color azul metálico, con número de placas TJJ-91-66 del Estado de Oaxaca, efectuado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve por la ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Oaxaca. b) La diligencia de embargo de seis de enero de dos mil once, sobre el vehículo de motor marca Chevrolet, tipo corsa, cuatro puertas, color azul metálico, con número de placas TJJ-91-66 del Estado de Oaxaca. c) El requerimiento de pago de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por la cantidad de $197,500.00 (ciento noventa y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N). 3.2. Marco legal por lo que hace a los incisos a) y b). En el caso, se advierte que, por lo que hace a los actos reclamados marcados con los incisos a) y b) que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causal de improcedencia prevista en esa fracción no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los artículos 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo establecen: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.). Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Los preceptos normativos trascritos contemplan el principio de instancia de parte agraviada, que se identifica con la legitimación, lo que implica que ese medio extraordinario de defensa sólo puede promoverse por la persona física o jurídica a quien la norma o el acto reclamado le afecte en su esfera de derechos, de tal manera que únicamente puede tener carácter de quejoso el titular de un derecho subjetivo o de un interés individual o colectivo. Asimismo, el artículo 5°, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, debe acreditar que sufrió un menoscabo de un derecho reconocido por la norma. Caso concreto. La parte quejosa bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes del acto reclamado y en los conceptos de violación, manifestó que el vehículo de motor marca Chevrolet, tipo corsa, cuatro puertas, color azul metálico, con número de placas TJJ-91-66 del Estado de Oaxaca, mismo que fue embargado el seis de enero de dos mil once y cuya entrega se requirió el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, no es de su propiedad -fojas 4 a 5-. Es así, pues precisó que el propietario del vehículo es la persona de nombre Rogelio Sánchez Bacho -foja 5-. De ahí que Agustina Mendoza López carece de interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional a defender la propiedad de un bien mueble que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que no es de su propiedad, por lo que ningún agravio le ocasiona en su esfera jurídica el requerimiento de entrega de vehículo de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, así como el embargo de seis de enero de dos mil once, efectuado sobre el vehículo de motor marca Chevrolet, tipo corsa, cuatro puertas, color azul metálico, con número de placas TJJ-91-66 del Estado de Oaxaca; pues, en todo caso, quien debe acudir al juicio de amparo es el propietario del bien mueble objeto del embargo. Bajo esas consideraciones, los mencionados actos de autoridad que se impugnan en este juicio de amparo no inciden en forma alguna en la esfera jurídica de la promovente, porque no tiene un derecho subjetivo específico o un interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la quejosa. Así, el juicio de amparo únicamente se seguirá a instancia de parte agraviada, quien debe ser titular de un derecho subjetivo, o bien, tener interés legítimo, ya sea individual o colectivo; por tanto, para la procedencia del juicio de amparo, sólo aquel que resulta afectado puede promoverlo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la tesis VI.1o.31 C , de rubro y texto siguiente: "EMBARGO. EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO DEBERA ACREDITAR LA IDENTIDAD ENTRE EL BIEN DE SU PROPIEDAD Y EL QUE FUE SECUESTRADO". 3.3. Marco legal por lo que hace al inciso c). Respecto al acto reclamado apuntado en el inciso c), se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado, consistente en el requerimiento de pago de la cantidad aprobada en la resolución interlocutoria de doce de abril de dos mil dieciséis, deriva de un acto consentido. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (.). De la fracción transcrita se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos de autoridad consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que lleven implícito ese consentimiento. Por otro lado, el diverso numeral 217 de Ley de Amparo establece: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". En relación a lo anterior, debe decirse que la causa de improcedencia en cita se complementa con el criterio jurisprudencial 17, visible en la página 12, del tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, registro 393973, del texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Al respecto, cabe señalar que la Ley de Amparo y la práctica jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales Colegiados de Circuito, a través de la interpretación jurisprudencial, han dado origen a la causa de improcedencia en cita, misma que se traduce en que, tratándose de actos derivados de consentidos, no procede el juicio de amparo; ello, en concordancia con lo dispuesto en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece como causa de improcedencia que se reclamen actos consentidos, sea de manera expresa o tácita. Resulta aplicable la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XCVII, página 1284, registro 370295, del texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Es inexacto que en el artículo 73 de la Ley de Amparo, no se encuentre la causa de improcedencia consistente en que el acto reclamado sea consecuencia de otro consentido, ya que si bien no se menciona expresamente, en cambio, la fracción XVIII, del referido precepto, dispone que el juicio es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, y la jurisprudencia de esta Suprema Corte ha sostenido, invariablemente, que el amparo que se solicite contra actos que son consecuencia de otros no recurridos oportunamente debe estimarse improcedente, porque al resolver sobre los primeros tendría que examinarse necesariamente la constitucionalidad de los segundos, no obstante que éstos no fueron reclamados dentro del término que para la promoción del juicio de amparo señala la ley respectiva. De lo expuesto con anterioridad, se obtiene que por actos derivados de consentidos debe entenderse aquéllos que son una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; es decir, son acciones u omisiones de la autoridad que, por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros que, en su momento, el propio quejoso consintió, pues a pesar del evidente perjuicio que le ocasionaron, no los controvirtió en su momento. Sirve de apoyo a lo anterior, por tratar sobre el tema, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Julio de 1999, página 839, registro 193675, del texto siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". De aquí que, como se advierte del último criterio transcrito, para tener por actualizada la causa de improcedencia invocada, deben cumplirse dos condiciones básicas, a saber: 1. Que el acto reclamado sea una consecuencia necesaria, directa e inmediata de otro; 2. Que ese otro acto, del cual deriva el impugnado por la vía de amparo, se repute por la ley como consentido. Además, conviene destacar que un acto se estima consentido cuando: 1. Se despliegue una actitud o conducta tal respecto de los mismos, que permita inferir, sin género de dudas, su consentimiento con ellos; o bien, 2. Que se abstenga del ejercicio oportuno de la acción constitucional, conducta que denota un consentimiento que se reputa tácito. Caso concreto. Así, de lo expuesto en la demanda de amparo se advierte que: 1. En sentencia de diecinueve de marzo de dos mil trece, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 429/2010 por el juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Pinotepa, Nacional, Jamiltepec, Oaxaca, se condenó a la quejosa al pago de la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N), por concepto de suerte principal, al pago de intereses moratorios a razón del 10% (diez por ciento) mensual, así como al pago de gastos y costas del juicio -foja 4-. 2. En sentencia interlocutoria de doce de abril de dos mil dieciséis -foja 5-, dictada en el referido expediente 429/2010, se aprobó la cantidad de $172,500.00 (ciento setenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N) por concepto de intereses moratorios generado y no pagados, que sumados a la suerte principal de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N) ascendieron a un total de $197,500.00 (ciento noventa y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N) a pagar por la ahora quejosa. De lo anterior, se advierte que el requerimiento de pago de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por la cantidad de $197,500.00 (ciento noventa y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N) (acto reclamado en esta instancia constitucional) deriva de un acto consentido, pues es la suma total a la que fue condenada en interlocutoria de doce de abril de dos mil dieciséis; resolución que, a su vez, derivó de la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil el diecinueve de marzo de dos mil trece. Por lo que, si contra la resolución interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sentencia la quejosa no promovió juicio de amparo dentro del término previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ni algún otro medio de impugnación, es evidente que consintió dicho acto y, consecuentemente, el acto reclamado deriva de otro consentido. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la tesis 2a. CVI/99 , dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. CON MOTIVO DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉSTE, NO PUEDEN RECLAMARSE EN EL AMPARO LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS AL EMBARGO DE BIENES PRACTICADO DURANTE EL JUICIO EJECUTIVO EN QUE EL QUEJOSO INTERVINO. Si en el juicio de garantías se reclaman, en términos de lo establecido en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, con motivo de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, las disposiciones legales relativas en que se fundó el embargo de bienes que se practicó durante la sustanciación del juicio ejecutivo en que el quejoso intervino y contestó la demanda respectiva, el amparo resulta improcedente toda vez que dicho acto de aplicación, independiente y anterior al procedimiento de ejecución de la sentencia, debió ser reclamado en su oportunidad en el amparo indirecto, de modo que al no haberse promovido éste, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento tácito de ese acto y de sus disposiciones legales relativas". Resolución. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción I, y 6°, así como 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda promovida por Agustina Mendoza López, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. 4. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda; y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Casarrubias Pinzón, por encontrarse registro a su favor en la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Ricardo Moisés Martínez López, Alberto Ortega Méndez y Verónica Ortega Tabares, toda vez que, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no se encontró cédula profesional a su favor que los faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciados en derecho; sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se les tendrá por autorizados en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. 5. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE LO HAGA EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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