Agustín Roldán Cienfuegos
Expediente 226/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Agente del Ministerio Público de la Mesa III Investigadora de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género y Otros.
- Agustín Roldán Cienfuegos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL. 226/2020 2 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Se remite oficio. Visto el escrito de C***, se advierte que el mismo se encuentra dirigido al juicio de amparo 226/2020, que se tramita en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, y que fue entregado por error a este órgano jurisdiccional. En esas condiciones, previa copia certificada que se deje en este expediente, remítase el oficio de cuenta, al referido órgano de control constitucional, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
P. 226/2020 2-B [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, se acordó que este juicio de amparo es destruible; sin embargo, uno de los sentidos de la sentencia dictada en este expediente, consistió en negar el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso. Destino (depurable). En esas condiciones, es preciso revalorar el destino de este juicio de amparo en los términos siguientes: Como lo prevé el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, este expediente es depurable, por lo que será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido ese plazo, dentro de los noventa días siguientes será depurado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, previa digitalización, conforme lo establecido en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL. 226/2020 2 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veinte. 1. Causa ejecutoria. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el veinticinco de septiembre del año en curso, firmada y autorizada el treinta de septiembre siguiente, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo promovido por ***, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo establecido por el numeral 86 de la Ley de Amparo, para las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, toda vez que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio, por lo que ningún agravio les genera, que carecen de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal3, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Documentos. Toda vez que la parte quejosa ofreció como prueba, la documental, consistente en el oficio sin número, firmado por la agente del Ministerio Público de la Mesa III Investigadora de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género; con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la citada parte procesal, para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, las mismas serán destruidas, sin previo acuerdo. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. 8. Destino del incidente. Finalmente, toda vez que en proveído de cinco de marzo del año en curso se ordenó formar el incidente de suspensión respectivo; en esas condiciones, como en esta fecha se acordó el archivo de este expediente como asunto concluido, acuérdese lo procedente en el referido cuaderno incidental, si resulta procedente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL. 226/2020 2 [] Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 226/2020, como se ordenó en acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla, sin asistencia de las partes. Apertura de audiencia. Abierta esta etapa, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por Agustín Roldán Cienfuegos, por propio derecho, e informes justificados de las autoridades responsables y hace constar que no existe documento con el que deba darse cuenta. Asimismo, hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse la sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que: El quejoso ofreció como prueba, la documental, consistente en el oficio sin número, fechado el cinco de febrero del año en curso, firmado por la agente del Ministerio Público de la Mesa III Investigadora de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género. Por su parte, esta última autoridad, en su carácter de responsable en este juicio de amparo, remitió copia cotejada de las documentales siguientes: a) Acuerdo dictado el cinco de febrero de dos mil veinte. b) Instructivo de notificación relativo a dicho proveído; y, c) Escrito firmado por el aquí quejoso Agustín Roldán Cienfuegos, fechado el veintisiete de enero del año en curso. A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba documental de que se trata, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio; no existiendo pruebas por desahogar ni escrito de las partes que acordar, se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto este período, se hace constar que las partes no los formularon y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado no presentó pedimento; se cierra esta etapa y se da por terminada la audiencia constitucional. Enseguida, se procede a dictar la sentencia respectiva. JUEZ PONCIANO VELASCO VELASCO. TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA GUADALUPE MISHELL ZAVALETA REYES SECRETARIA DE JUZGADO. Sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo número 226/2020; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en este municipio y turnado en la misma fecha a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Agustín Roldán Cienfuegos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los siguientes actos reclamados: 1) Acuerdo de cinco de febrero de dos mil veinte, en el que se le negó el acceso e intervención legal a la carpeta de investigación que, dice, se integra en su contra. Que atribuye al a) agente del Ministerio Público de la Mesa III Investigadora de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género; y, 2) La ejecución de las órdenes de búsqueda, localización, comparecencia y presentación emitidas por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género. Que reclama del coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones. Narró los antecedentes del acto reclamado, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Prevención. Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, con la demanda de amparo, se ordenó formar expediente impreso y electrónico, registrarla en el libro de gobierno con el número 226/2020 y, se previno al quejoso, para que aclarara esa promoción inicial constitucional y manifestara si reclama a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, las órdenes de búsqueda, localización, comparecencia y presentación, dictadas en su contra, en una carpeta de investigación. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. El cinco de marzo de este año se tuvo al quejoso aclarando el escrito de demanda y señalando que también reclama en esta instancia constitucional las órdenes de búsqueda, localización, comparecencia y presentación, dictadas en su contra por la citada autoridad ministerial; por lo que se admitió a trámite ese ocurso, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y el acuerdo reclamado fue dictado por una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por el quejoso y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda y escrito aclaratorio, son: Acuerdo de cinco de febrero de dos mil veinte emitido por la agente del Ministerio Público de la Mesa III Investigadora de Violencia Familiar y Delitos Sexuales de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género. Órdenes de búsqueda, localización, comparecencia y presentación dictadas en su contra por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, dependiente de la Fiscalía General del Estado; y, c) La ejecución de esas órdenes, por el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones. Tercero. Inexistencia de diversos actos reclamados. Las autoridades responsables 1) fiscal Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género y 2) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, por conducto del servidor público designado, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les atribuye, sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa, no obstante su conocimiento. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de esas autoridades, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. La diversa responsable, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, al rendir su informe justificado, no señaló si es cierto o no el acto reclamado; sin embargo, realizó diversas manifestaciones relativas a su constitucionalidad, por lo que se tiene por cierto el acto que se atribuye a esa autoridad. En lo sustancial, dicha responsable manifestó que: a) En la referida Fiscalía se encuentra radicada una carpeta de investigación instruida contra el aquí quejoso Agustín Roldán Cienfuegos; y que: b) Mediante auto de cinco de febrero de dos mil veinte (lo que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional) proveyó que no era procedente, por el momento, acordar de conformidad la petición del quejoso, en el sentido de darle acceso a los registros de investigación que obran en esa indagatoria, pues, dice, éstos son estrictamente reservados, por lo que únicamente se podrá tener acceso a los mismos con las limitaciones establecidas en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, en el caso, el peticionario no se encuentra detenido, tampoco ha sido citado para comparecer como imputado, ni se ha pretendido recibir su entrevista. Como justificación a su informe, remitió copia cotejada del a) acuerdo dictado el cinco de febrero del año que transcurre, b) instructivo de notificación relativo a dicho auto y c) escrito firmado por el aquí quejoso Agustín Roldán Cienfuegos, fechado el veintisiete de enero de este año. Quinto. Causas de improcedencia. Este órgano jurisdiccional no advierte motivos de improcedencia constitucionales o legales que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se analiza el fondo del asunto. Sexto. Conceptos de violación. El quejoso Agustín Roldán Cienfuegos vertió diversos conceptos de violación, mismos que no se transcribirán literalmente, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión, atento a la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 830 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Séptimo. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a las razones que se exponen a continuación. 7.1. Acuerdo reclamado. En el acuerdo reclamado, la autoridad responsable, en lo sustancial, expresó: ".asimismo el Código Nacional en sus artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, retoma literalmente lo dispuesto por el artículo 20 apartado b fracción VI de la Constitución Federal, en los cuales prevén las hipótesis en que se deberá dar acceso al imputado a los registros de los datos de investigación, los cuales podrán consultar con la oportunidad e incluso a la obtención de copias o reproducción fotográfica, para preparar su debida defensa, limitando este derecho constitucional, las cuales son la (sic) siguientes: 1.- Cuando el imputado se encuentre detenido, 2.- Cuando sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y 3.- Antes de su primera comparecencia ante el Juez. Atendiendo a lo anterior, tenemos que en el caso particular que nos ocupa, en la primera hipótesis el ciudadano AGUSTÍN ROLDAN CIENFUEGOS, no se encuentra detenido ante esta autoridad ministerial con motivo del hecho que se investiga; ahora bien en cuanto a la segunda hipótesis, esta autoridad ministerial en este momento no requiere su presencia para comparecer a declarar en calidad de imputado y mucho menos se le ha realizado un acto de molestia, ni tampoco se pretende realizarle una entrevista; es así entonces que a partir de este momento adquirirá la calidad de imputado, pues de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 112 del Código Nacional de procedimientos penales, el cual establece: "se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el ministerio público como posible autor o participe de un hecho que la ley señale como delito."; por lo cual será a partir de este momento cuando adquirirá la calidad de imputado cuando por parte de este fiscalía se haga un señalamiento formal en su contra como posible autor o participe de un hecho que la ley señale como delito; esto significa entonces que la calidad de imputado se adquiere con motivo de la detención de una persona por la comisión de un hecho delictivo o bien por el señalamiento que en su contra realice esta autoridad ministerial, ya sea al ser llamado a declarar como probable participe o bien en la audiencia de imputación efectuada ante el juez de control, que es la tercera hipótesis; es decir en esta tercera hipótesis desde su primera comparecencia ante el Juez de control no podrá mantenerse en reserva las actuaciones de investigación. Es decir al referirse a "antes de su primera comparecencia ante el juez"¸ lo viene a aclarar el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues para que se dé este supuesto es necesario que se haya ejercitado la acción penal ante el órgano jurisdiccional, ya que precisamente antes de la celebración de la audiencia inicial el imputado y su defensa podrán consultar los registros de la investigación, incluso el derecho a obtener una copia gratuita de los mismos, ello en aras de obtener una defensa adecuada; con lo que se concluye pues que para que se pueda dar el tercer supuesto necesariamente debió haberse solicitado audiencia inicial para la comunicación de la imputación. Por lo tanto el hecho de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputado, pues contrario a ello, eso solo ocurre, en los supuestos establecidos en los artículos 20 apartado B fracción VI de la Constitución Federal, 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo que resulta entonces que la solicitud que hace el ciudadano AGUSTIN ROLDAN CIENFUEGOS hasta este momento no es procedente pues por principio de cuentas no se coloca en ninguno de los supuestos antes mencionados y que se encuentran previstos en los numerales transcritos con anterioridad para permitirle el acceso a dichos registros, dada la etapa procesal en la que nos encontramos; y en segundo lugar hacerlo implicaría quebrantar la reserva de los actos de investigación que esta autoridad ministerial debe observar durante su integración; sin que ello implique una violación al derecho de defensa adecuada." En desacuerdo con tal decisión, en este juicio amparo el quejoso refiere que se vulnera en su perjuicio los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que: Motivos de disenso. a) La negativa de acceso a la carpeta de investigación que se instruye en su contra constituye una vulneración a sus derechos humanos de audiencia y defensa, establecidos como requisitos del debido proceso. Al respecto, cita los criterios de rubros: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN". b) Se transgrede el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues, dice, no se fundó ni motivó la negativa de acceso a la carpeta de investigación. c) También, dice, se vulneran los derechos humanos y la garantía otorgada para su protección en la fracción VI, apartado B, del artículo 20 de la Constitución Federal, toda vez no se le permite tener acceso a los registros de la indagatoria, aun cuando, refiere, se ubica en uno de los supuestos previstos para ello, pues ha sido sujeto a los actos de molestia por parte de los agentes Estatales de Investigación, con motivo de la ejecución de las órdenes de búsqueda, localización, comparecencia y presentación, dictadas en su contra en una carpeta de investigación, sin que tenga conocimiento de los hechos que se le imputan, lo que lo deja en estado de indefensión. Además, señala, no puede comparecer ante el juez de Control para que resuelva lo relativo a la negativa del Ministerio Público para que tenga acceso a la carpeta de investigación, dado que no ha sido convocado a la audiencia inicial, como lo prevé el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para apoyar su argumento citó el criterio sustentado por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA.". Estudio de los argumentos. En primer término, deviene infundado el concepto de violación que vierte el quejoso, relativo a que la autoridad responsable vulnera el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues, contrario a lo que aduce el promovente del amparo, la resolución impugnada sí se encuentra fundada y motivada, porque la responsable señaló los artículos aplicables al caso, así como las circunstancias especiales o consideraciones particulares por las que le negó el acceso a los registros de investigación; además, se considera que existe una debida fundamentación y motivación, como se analizará con posterioridad, puesto que se basó, para emitir su determinación, en lo establecido en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona imputada a intervenir en el proceso que se sigue en su contra, lo que implica facilitarle todos los datos que solicite para su defensa. En congruencia con lo anterior, los numerales 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales señalan en términos similares al postulado constitucional, los supuestos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a tal información, siendo los siguientes: Cuando el imputado se encuentre detenido. Cuando sea citado para comparecer como imputado; sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y Una vez que hayan sido convocados a la audiencia inicial, es decir, antes de que comparezcan por primera vez ante el juez de control. Previsiones de la ley fundamental que tienen la finalidad de resguardar el principio de reserva que rige toda investigación ministerial. Y es que de no ser así y permitir que cualquier persona pueda tener acceso pleno a ella, sin tener el carácter de imputado o de víctima u ofendido, podría poner en riesgo su éxito, con la consecuente afectación general que se ocasionaría a la sociedad de que el sistema de procuración de justicia no fuera efectivo. En esas razones encuentra justificación entonces las limitantes previstas en los artículos 218 y 219 citados. Sobre esa base, si, en el caso, del informe justificado que rindió el agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género se desprende que el quejoso no encuadra en alguno de dichos supuestos, esto es, a) que se encuentre detenido, b) que se haya dictado en su contra un acto de molestia para que rinda su declaración o entrevista o c) que haya sido convocado a su primera comparecencia ante el juez de Control respectivo, entonces fue apegado a derecho que dicha autoridad le negara el acceso a la indagatoria de origen. Además, en aplicación de los artículos constitucional y legales mencionados, la autoridad ministerial responsable no estaba en aptitud de acoger su pretensión, pues de hacerlo vulneraría el principio de legalidad, que le permite hacer únicamente lo que la ley establece, siendo que, en el caso, es permitirle el acceso a la carpeta de investigación sólo a quienes se ubican en los supuestos citados. No obstante, si en algún momento adquiere tal calidad, se encontrará en aptitud de acceder a los registros de la investigación, documentos, objetos, registros de voz, imágenes o cosas que le estén relacionados para preparar una defensa adecuada a sus intereses. Entonces, si, como ya se indicó, en la especie, el quejoso no tiene tal carácter, es totalmente aplicable lo previsto en el precepto 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo expuesto, resultan infundados los argumentos expresados por el quejoso, relativos a que la negativa de acceso a la carpeta de investigación que se instruye en su contra constituye una vulneración a sus derechos humanos de audiencia y defensa, establecidos como requisitos de debido proceso, ya que el acto reclamado no transgrede el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Federal, dado que no se contraviene el principio de contradicción, como tampoco los derechos de audiencia, defensa y debido proceso, al no autorizarse su intervención dentro de la carpeta de investigación; pues, como se ha precisado, ese principio y derechos cobrarán aplicación una vez que se adquiera la calidad de imputado, esto es, a partir de que se actualicen los supuestos establecidos en los artículos 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por las mismas razones, deviene infundado el argumento relativo a que se le esté haciendo nugatorio su derecho humano de defensa durante la fase de investigación inicial; pues, contrario a ello, el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal sólo prevé el derecho de defensa en dicha etapa, pero bajo los supuestos ahí establecidos, dentro de las cuales no se ubican el quejoso y, por lo mismo, no puede sostenerse que se esté vulnerando un derecho que no ha ingresado a la esfera jurídica de este último. De ahí que no sean aplicables los criterios que el quejoso citó, de rubros: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. "DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO. ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN". Ya que la reserva de información de los registros relativos a la investigación del delito no vulnera los derechos de debido proceso y de defensa adecuada reconocidos a favor del imputado, pues en caso de que la autoridad ministerial no decidiera citarlo durante la investigación inicial, a fin de que pudiera comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, aquél aún tendría la oportunidad de conocer los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en la fase de investigación, al grado de tener la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos. Por tanto, los derechos aludidos son respetados en el sistema de justicia penal acusatorio oral, pues se permite que aun cuando el representante social no cite al imputado para que comparezca a fin de que tenga acceso a la carpeta de investigación, este sujeto procesal, en conjunto con su defensor, aun ubicándose en la etapa de investigación, pueden conocer los registros respectivos, lo que da la pauta para que puedan controvertirlos y desvirtuarlos, al grado de impedir que se dicte un auto de vinculación a proceso en su contra, o bien, en su caso, que el órgano técnico formule acusación y generar que solicite el sobreseimiento (parcial o total) en el proceso o su suspensión. Por otra parte, el quejoso refiere que se transgreden los derechos humanos y la garantía otorgada para su protección en la fracción sexta, apartado B, del artículo 20 de la Constitución Federal, toda vez no se le permite tener acceso a los registros de la indagatoria, aun cuando, refiere, se ubica en uno de los supuestos para ello, pues ha sido sujeto a los actos de molestia por parte de los agentes Estatales de Investigación, con motivo de la ejecución de las órdenes de búsqueda, localización, comparecencia y presentación, dictadas en su contra en una carpeta de investigación, sin que tenga conocimiento de los hechos que se le imputan, lo que lo deja en estado de indefensión. Tal planteamiento es infundado, en tanto que, diferente a lo que alega la parte agraviada, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como aquéllos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva; de lo contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. Por lo expuesto, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por tanto, otorgar el acceso a sus registros, pues, contrario a ello, como ya quedó establecido, esta calidad sólo ocurre en los supuestos señalados en los artículos invocados. Aunado a lo anterior, el quejoso adujo que ha sido objeto de molestia por los agentes Estatales de Investigación, quienes pretenden ejecutar una orden de búsqueda, localización, comparecencia y presentación derivada de una carpeta de investigación; sin embargo, no acreditó en esta instancia constitucional la existencia de la emisión de esas órdenes ni su ejecución, además que, como el mismo lo refiere, no ha sido citado a alguna audiencia inicial. En cuanto al criterio que el quejoso invoca en el escrito de demanda, sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, de rubro: "ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. CONSTITUYE UN DERECHO DEL IMPUTADO Y SU DEFENSOR, QUE CONLLEVA LA POSIBILIDAD DE OBTENER COPIAS O SU REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON LO QUE SE GARANTIZA EL EJERCICIO DE UNA DEFENSA ADECUADA". Se precisa que esa jurisprudencia no varía el sentido de esta sentencia, toda vez que ese criterio fue superado por la diversa jurisprudencia 1a./J.72/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 994, libro 71, octubre de 2019, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décimo Época, de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". En la que se reitera, como aquí se expuso, que el imputado tendrá acceso a los registros que obran en la carpeta de investigación, cuando se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter o, bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación vertidos por el quejoso, sin que se advierta alguna deficiencia que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado de Distrito a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1°, 73, 74 y 75 y demás relativos de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Agustín Roldán Cienfuegos, contra los actos reclamados consistentes en: 1) Las órdenes de búsqueda, localización, comparecencia y presentación, que atribuyó al 1) fiscal Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género; y, c) La ejecución de esas órdenes, que combate del coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones. En términos del considerando tercero de esta resolución. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Agustín Roldán Cienfuegos, contra el acto consistente en el acuerdo de cinco de febrero de dos mil veinte, que reclamó a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, en términos del considerando séptimo de esta sentencia. Tercero. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, treinta de septiembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. GMZR´
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