Agustín Villalvazo Ruíz

Expediente 338/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
338/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
05/06/2019

Partes del expediente

  • Agustín Villalvazo Ruíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: AGUSTÍN VILLALVAZO RUÍZ. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia constitucional de catorce de mayo de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Agustín Villalvazo Ruíz, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora, como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este órgano jurisdiccional este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del ordinal vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, en términos del párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes en el juicio para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubieran adjuntado, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de billete de depósito, dado que no fue aperturado en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    En la ciudad de Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del catorce de mayo de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo I-338/2019, promovido por Agustín Villalvazo Ruíz, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, de quien reclamó violaciones al artículo 17 constitucional. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Javier Pérez Santamaría, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Enseguida el secretario hace una relación de las constancias de autos y certifica: Que obran agregados en autos las constancias siguientes: Demanda de amparo (fojas 2 a 4). Carta poder que el quejoso otorga en términos amplios al licenciado David Wenceslao García Solís para comparecer ante la responsable y, acuse del escrito presentado ante la autoridad responsable el treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 5 a 9). Auto admisorio de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 10 a 12). Pedimento 182/2019, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas 24 a 25). Asimismo, se hace relación del informe justificado que obra en autos mediante el siguiente cuadro: No. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJAS SENTIDO 1 Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. 16 a 22 ES PARCIALMENTE CIERTO. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo el informe justificado. Se abre el período de PRUEBAS en el que el secretario hace constar: Que obran las constancias que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo (fojas 5 a 9), así como las documentales que la autoridad responsable anexó a su informe justificado, consistentes en copia cotejada de las principales constancias que integran el expediente laboral 79/2019 (fojas 17 a 20), del que deriva el acto reclamado. A lo que el Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza; sin prueba pendiente de desahogo, se cierra este período. Posteriormente, se abre la etapa de ALEGATOS, en la que el secretario hace constar: Que únicamente obran los alegatos formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita mediante pedimento 182/2019 (fojas 24 a 25). El Juez acuerda: Téngase a la fiscal adscrita formulando sus alegatos; de igual modo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos; con lo anterior se da por terminada dicha fase. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción por acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, procede dictar la sentencia correspondiente. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo I-338/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia y recibido ese día en este juzgado, Agustín Villalvazo Ruíz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de quien reclama el acto consistente en: "IV.- DEDUCCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable se reclama el NO RESOLVER DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE LEY el auto admisorio respecto de mi escrito inicial de demanda laboral. Efectivamente, con fecha treinta de enero del año 2019 presenté escrito inicial de demanda laboral en contra del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación ubicado en esta ciudad de Morelia, Michoacán, sin que hasta la fecha la responsable haya emitido auto admisorio de la demanda." Acto que estimó violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y las garantías otorgadas para su protección en los artículos 1°, 14, 16, y 17. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión se atribuye a una autoridad que reside dentro de la jurisdicción esta potestad federal. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión del Tribunal de Conciliación de Arbitraje del Estado de Michoacán de proveer lo concerniente a la demanda laboral presentada el treinta de enero de dos mil diecinueve y que quedó registrada con el número 79/2019. TERCERO. CERTEZA DE ACTOS. Es cierto el acto que se reclama al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por así haberlo manifestado en el informe justificado rendido por la Presidente suplente de dicho tribunal. Certeza que se corrobora con las documentales relativas al expediente laboral que la responsable remitió en apoyo a su informe con justificación, las que se valoran en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Documentales que merecen valor probatorio para acreditar que Agustín Villalvazo Ruíz presentó demanda laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado el treinta de enero de dos mil diecinueve, misma que, al momento en que promovió la demanda de amparo que dio origen al presente juicio [veintiocho de marzo de dos mil diecinueve], no existía pronunciamiento respecto a la admisión, prevención o desechamiento de dicha demanda. Por lo cual resulta indudable que es cierta la omisión reclamada a la autoridad responsable. Afirma lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava época, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la Litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación a la causal de improcedencia descrita en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; en el caso, cuando han cesado los efectos de los actos reclamados. En ese orden de ideas, de las constancias remitidas por la Presidenta Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que por proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, la autoridad responsable proveyó respecto de la demanda laboral presentada el treinta de enero del presente año por Agustín Villalvazo Ruíz contra el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y/o quien resulte ser responsable, director, patrón sustituto o sustituido, y/o quien resulte ser responsable de la relación de trabajo que unió con la institución demanda, misma que se previno y registró con el número de expediente 79/2019 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Proveído en el que se requirió a la parte actora Agustín Villalvazo Ruíz, para que en el término legal de tres días hábiles, que contados a partir del día siguiente a la fecha en que quede legal y debidamente notificado, redacte su escrito de demanda en los términos que se le requirieron esto es, que asiente en forma clara y precisa la narrativa de la misma, así como señalar en su orden los datos relativos al domicilio de la autoridad que demanda, hechos de la demanda, los cuales se indicó que deberían contener fecha en que inició a laborar para la parte patronal demandada, nombramiento, actividades, horario al cual se encontraba sujeto dentro de la patronal demandada, así como circunstancias de tiempo, modo y lugar. A la referida constancia se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En ese contexto, si la parte quejosa lo que reclamó a la autoridad responsable fue la falta de pronunciamiento en relación a la demanda laboral presentada el treinta de enero del presente año, la cesación de los efectos se actualiza cuando ésta proveyó dicha demanda, lo que se evidencia de las constancias remitidas por la Presidenta Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en las que se desprende que en acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, previno la demanda registrada con el número79/2019 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en la que se requirió a la parte actora Agustín Villalvazo Ruíz, para que en el término legal de tres días hábiles, ajustara su escrito de demanda en los términos que ahí se describen. En consecuencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, el juicio constitucional promovido contra el acto consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar la demanda laboral presentada el treinta de enero de dos mil diecinueve deviene improcedente, pues si bien ha quedado demostrado la existencia de dicha omisión, de las constancias remitidas por la Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante acuerdo de nueve de noviembre del presente año acordó el precitado escrito. Por tanto, es inconcuso que al respecto cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, lo que hace imperioso el sobreseimiento. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Por tanto, en el presente caso y como ya se dijo, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracciones V, en relación a la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo de los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Agustín Villalvazo Ruíz, por propio derecho, contra los actos que reclamó de las autoridad y por los razonamientos expuestos en el considerando tercero de esta resolución.

  4. Principal

    Visto el pedimento 182/2019, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, agréguese a los autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 124 de la ley en aplicación, ténganse por hechas sus manifestaciones que en vía de alegatos realiza, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE.

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