Agustín Sierra Jaimes

Expediente 304/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
304/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2019

Partes del expediente

  • Agustín Sierra Jaimes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila de Zaragoza; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del diverso 5444/2019-B, a través del cual se le remitió el juicio de amparo III-304/2019 del que deriva este cuaderno de antecedentes, e informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del citado juicio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Tómese nota que el presente asunto ES DEPURABLE, en virtud de que por auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión de plano, por lo que deberá conservarse la demanda, así como dicho proveído, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, que establece "por lo que hace a la suspensión de oficio cuando procede decretarla de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional por lo que procede conservarse.". Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Asimismo, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía y documentos originales toda vez que no se tramitó incidente de suspensión respectivo y los últimos no fueron exhibidos. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la demanda de amparo promovida por Agustín Sierra Jaimes, respecto de la cual este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de ella, fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en La Laguna, Torreón. En consecuencia, gírese atento oficio al titular de dicho juzgado, para que de no tener inconveniente confirme si efectivamente conoció de la demanda de amparo referida, remitida mediante oficio 5444/2019 y, de ser posible, informe si aceptó la competencia planteada. Lo anterior, a fin de estar en posibilidad de dar el destino correspondiente a este asunto. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, mediante el cual pretende devolver debidamente diligenciado el exhorto 114/2019 (número de orden 219) del índice de este órgano jurisdiccional; sin embargo, debido a que esa encomienda se giró para que notificara al quejoso Agustín Sierra Jaimes el acuerdo de diecinueve de los actuales, en el lugar en donde se encuentra recluido y para que notificara a las autoridades señaladas como responsables el contenido del mismo mediante los oficios 5444, 5445, 5446, 5447, 5448, 5449, 5450 y 5451, pero únicamente realizó lo primero. Por tanto, gírese atento oficio al titular del juzgado en mención, a fin de que de no tener inconveniente remita las constancias relativas a la entrega de los comunicados referidos; lo anterior, a fin de tener la certeza de que hayan quedado notificados del proveído antes mencionado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    Recepción de oficio. Visto el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el que remite la demanda de amparo promovida por Agustín Sierra Jaimes; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Demanda y registro. Con la demanda de amparo de cuenta, Agustín Sierra Jaimes solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a las autoridades siguientes: Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S. Durango. Titular representante del Área de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S. Durango. Encargado Especialista con el Área de Traumatología del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S. Durango. Representante del Área de Trabajo Social del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S. Durango. Encargado del Área de Ropería del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S. Durango. Representante del Área de Resguardo del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S. Durango. Fórmese expediente y regístrese con el número III-304/2019, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]". Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. De ahí que conviene destacar lo siguiente. Consideraciones previas. Conviene destacar que de la lectura del escrito que generó este asunto, se desprende que lo que reclama es: 1) Falta de atención médica para el dolor de cabeza que padece, ya que le fue suspendido el medicamento que se le prescribió en octubre de dos mil dieciocho. 2) Falta de otorgamiento del medicamento que le fue prescrito en octubre de dos mil dieciocho, en virtud de que no puede dormir y padece de ansiedad. 3) Falta de renovación en la dieta que le fue prescrita alta en fibra de dos tiempos, ya que padece de estreñimiento. 4) Falta de valoración por parte de un médico especialista en traumatología, para que pueda ser evaluado del dolor de cabeza que padece, mediante el traslado a un hospital. 5) La negativa a renovación de visita. 6) Omisión de atender su solicitud de entregar un sobre amarillo que envió a otro centro federal el uno de junio de dos mil dieciocho. 7) Falta de respuesta a su petición para que se le entregue un registro de la correspondencia enviada por el quejoso y recibida dirigida a él. 8) Falta de respuesta a su petición para que se le renueve el uniforme que porta. Incompetencia para conocer del presente asunto. Por lo anterior, este juzgador estima carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción, se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este sumario constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en el número uno, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S. Durango, por lo que los actos combatidos tienen eminente ejecución en Gómez Palacio, Durango y con ello el juez competente es aquel que tiene jurisdicción en donde se encuentra recluido el quejoso directo Agustín Sierra Jaimes. Se afirma lo anterior pues, aun cuando se tratan de actos de naturaleza negativa -dado que son actos omisivos-, lo cierto es que sus efectos son positivos dado que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán la salud del promovente, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, actualiza la primera regla establecida en el precepto citado. Ahora, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, establece que tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito del Octavo Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en La Laguna, Torreón, ejercer jurisdicción, entre otros, en Gómez Palacio, lugar en el que se ejecutan los actos reclamados, ello atendiendo a que el quejoso se encuentra recluido en un centro penitenciario con domicilio en la referida ciudad. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, atendiendo a que el acto impugnado se ejecuta en Gómez Palacio, Durango, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en La Laguna, Torreón. Al respecto, es aplicable la tesis II.2o.P. 16K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2093, libro 32, tomo III, julio de 2016, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica lo siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión". Además, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como la tesis número I.1o. A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Por otra parte, conviene destacar que este juzgador cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de este asunto. Ello, puesto que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S., con residencia en Gómez Palacio, Durango, donde precisó se encuentra recluido. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, dicha manifestaciones son suficientes para determinar que se carece de competencia para conocer de este asunto. Remisión de los autos. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en La Laguna, Torreón, en turno; por tanto, remítasele la referida demanda con sus anexos, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo respectivo, toda vez que a consideración de este juzgador, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y a las autoridades responsables Por lo anterior, asimismo, se solicita se acuse el recibo de estilo correspondiente. Suspensión del acto reclamado. Ahora, debe tomarse en consideración que algunos de los actos reclamados, están constituidos por la falta de atención médica integral que requiere. Respecto de la omisión de brindar atención médica urgente, que a juicio del promovente pone en peligro su vida, cabe destacar que el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, el Juez de Distrito puede ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho vulnerado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Esto es, la medida suspensional sea de plano, provisional o definitiva, no sólo tiene efectos de conservación, sino que también puede restablecer al quejoso en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso. Debe referirse que el artículo 147 aludido constituye una figura novedosa que el legislador incorporó en la Ley de Amparo, a fin de optimizar los derechos del solicitante de la medida cautelar a través del otorgamiento anticipado de los posibles efectos concesorios de la sentencia de amparo. Empero, el efecto anticipado a que se hace alusión en el artículo 147 de la ley de la materia, no debe otorgarse en todo caso, pues es el propio juzgador de amparo quien debe ponderar los elementos objetivos aportados por la parte quejosa para que, previo juicio de probabilidad y verosimilitud entre el derecho discutido y la violación alegada, pueda determinar si, en el caso concreto, resulta factible otorgar el efecto de restablecer los derechos el quejoso de forma provisional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015 e interpretar el artículo 147 de la Ley de Amparo, establece que, a efecto de restablecer provisionalmente en el derecho que se aduce violado, el juzgador debe realizar un estudio minucioso y preliminar del asunto, con base en los elementos objetivos aportados por el quejoso en su demanda de amparo, así como los elementos probatorios que se le pongan a la vista al momento de resolver sobre la suspensión provisional. No debe perderse de vista que el órgano jurisdiccional de amparo también se encuentra obligado a ponderar todos los elementos que rodean el caso concreto, a fin de evitar abusos con el dictado de la suspensión. De ahí que resulte indispensable que la parte quejosa aporte elementos objetivos de los cuales pueda partir el juzgador de amparo a fin de determinar -en un juicio de probabilidad y verosimilitud- si en el caso concreto es factible conceder efectos restitutorios a la medida cautelar, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. En el caso, se toma en consideración la naturaleza del derecho humano que se encuentra en juego -salud- y que, bajo protesta de decir verdad, el promovente manifestó que no se le ha brindado la atención médica correspondiente por parte de las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S. Durango. En ese sentido, se estima que la información objetiva aportada en el presente asunto es suficiente para realizar el juicio de probabilidad y verosimilitud entre el derecho discutido y la violación alegada, para, eventualmente, estar en condiciones de restituir provisionalmente a la parte quejosa en el goce de sus derechos y fijar con precisión los alcances de la medida cautelar, pues estimar lo contrario implicaría que la parte quejosa tuviera que probar un hecho negativo, en el caso, la omisión de brindarle atención médica por parte del personal del centro de reclusión antes referido. Por tanto, una vez que fue analizada íntegramente la demanda de amparo, se advierte la aparente existencia de un derecho de la parte quejosa, pues, bajo protesta de decir verdad, el peticionario de amparo manifiesta que no se ha otorgado la atención médica pertinente a sus padecimientos y necesidades. Además, existe peligro en la demora, ya que la subsistencia de la situación actual implicaría privar a la parte quejosa de los medios necesarios para atender sus padecimientos, causándole un daño de difícil o imposible reparación en su salud. Por tal motivo, a fin de evitar perjuicios que pudieran resultar de difícil o imposible reparación, con fundamento en los normativos 15, primer párrafo y 126, ambos de la Ley de Amparo y 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, SE CONCEDE DE OFICIO LA SUSPENSIÓN DE PLANO solicitada para el único efecto de que se brinde la atención médica que sea necesaria de acuerdo al estado de salud en que actualmente se encuentre la quejosa, atendiendo a que el derecho a la salud exige del Estado Mexicano el cumplimiento de obligaciones de carácter inmediato, las cuales se traducen en brindar la atención médica indispensable para evitar un daño mayor en la salud, como lo es la hospitalización, los tratamientos indispensables que traten de evitar mayores daños, la asignación de un espacio adecuado para el tratamiento médico, medicamentos y demás elementos estrictamente necesarios. Asimismo, el derecho a la salud también implica el cumplimiento de obligaciones de carácter progresivo que se relacionan con la prestación del servicio de salud en el nivel más alto posible de acuerdo con las posibilidades del órgano del estado que los otorga; siento la materia de esta suspensión los mencionados en primer lugar. Tiene aplicación al respecto la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1192, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado". Requerimiento de informes. A fin de que este tribunal pueda dar seguimiento a las obligaciones impuestas a esta medida cautelar, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir del momento en que reciban el comunicado respectivo, informen las acciones que hayan realizado al respecto, debiendo anexar a dicho informe copia certificada de las constancias con las que lo acrediten. Infórmese a las responsables que en caso de que estimen necesario comunicarse vía telefónica con el secretario encargado del presente asunto, podrán hacerlo al número celular 044 4431414749, o bien, al número del juzgado 01 443 3226960, extensión 1260. Además, deberán otorgar las facilidades necesarias a sus familiares, a fin de que tengan comunicación con el quejoso directo, ello siempre y cuando se cumpla con los reglamentos sanitarios y de seguridad del lugar en que se encuentra. Con fundamento en el normativo 237, fracción III, prevéngase a las autoridades responsables que de no informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar, o de las razones por las que se encuentre imposibilitada, se hará del conocimiento del Ministerio Público de la Federación, virtud a la comisión del delito contra la Ley de Amparo, previsto y sancionado por el artículo 262, fracción III, de la ley en la materia. Notificación al quejoso y a la autoridad responsable foránea. Por otra parte, en virtud a que el quejoso Agustín Sierra Jaimes se encuentra privada de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 C.P.S. Durango; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en La Laguna, con sede en Torreón, en turno, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional, se sirva comisionar a quien corresponda, para que se constituya en el centro de reclusión antes anotado y notifique este proveído a la referida quejosa. Con independencia de que este órgano jurisdiccional proceda a girar el oficio correspondiente a las autoridades responsables residentes en Gómez Palacio, Durango, de igual manera se solicita al juez exhortado tenga a bien comunicar este acuerdo a las autoridades responsables; por lo que deberá entregarles los oficios correspondientes, así como copia de la demanda, a fin de que estén debidamente enterados de su contenido y cumplan la suspensión de plano concedida al quejoso. Se faculta al juez referido, para que en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habiliten días y horas inhábiles a efecto de que realice la referida diligencia. Hecho que sea deberá devolver la citada comunicación oficial adjuntando las constancias que acrediten su diligenciación, acusando previamente el recibo de estilo. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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