Agustín Suarez Salinas

Expediente 294/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
294/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Agustín Suarez Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy el quejoso ***********************no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; asimismo, de depuración el original del incidente, pues se concedió y negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Finalmente, devuélvase a las autoridades los anexos que remitieron al sumario en que se actúa, sin solicitar acuse de recibo, ya que se trata de copias certificadas.

  2. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las trece horas con veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************; estando en audiencia pública Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria de Juzgado Ana Karen Userralde Hernández, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Enseguida, la Secretaria de Juzgado da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Materia Común, página 185, registro 206494, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". PERIODO PROBATORIO Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se abre el periodo probatorio y la Secretaria de Juzgado da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza; debiéndose tomar en consideración en el momento procesal oportuno. PERIODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos y la Secretaria certifica: Que el tercero interesado formuló alegatos mediante escrito de diez de junio pasado, identificado con folio 11011. El Juez acuerda: Con apoyo en el precepto legal 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales conducentes. CIERRE DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Finalmente, se cierra el periodo de alegatos y no habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo ********************; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese día a este juzgado; ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez admitida la demanda, y seguidas las formalidades de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama un acto dictado por una autoridad civil con residencia dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este Juzgador considera que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Juez y del Notificador adscritos al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, así como de la Segunda Sala de lo Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México lo siguiente: El emplazamiento realizado el diez de agosto de dos mil dieciséis, en el juicio ordinario civil 909/2016, iniciado por ********************contra ********************ambos de apellidos ********************, en el que declaró procedente la nulidad del contrato de compraventa de veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, por lo que ordenó la desocupación y entrega de un inmueble ubicado en ********************, y en consecuencia todo lo actuado, incluyendo la determinación de diez de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación ********************; al no haber sido llamado a juicio con las formalidades de ley, así como su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez, el Notificador y el Magistrado Presidente anteriormente citados, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados en el ámbito de sus atribuciones. Lo cual se corrobora con las constancias que remitieron con dichos informes, consistentes en copia certificada del expediente ********************y toca de apelación ********************; documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del asunto deben ser estudiadas las causas de improcedencia, alegadas por las partes o advertidas de oficio, al ser una cuestión de orden público, por disposición expresa del precepto legal 62 de la Ley de Amparo. Al respecto el tercero interesado aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa compareció al juicio de origen y por ende deviene extemporánea su presentación; circunstancia que a criterio de este Juzgador se considera acertada, y para dar sustento a ello, los preceptos normativos citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél, en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del primer precepto se desprenden que la presentación de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas hipótesis que contempla dicho numeral como son: (1) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, será de treinta días; (2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; (3) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; (4) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo; excepciones que no se actualizan en el presente caso. Asimismo, en el diverso precepto legal citado se establecen diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: a) A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. La tercera de las hipótesis señaladas, es la que se actualiza en el caso concreto, en razón de que el impetrante de amparo en relación al acto reclamado que aquí se analiza, promovió la demanda de amparo en forma extemporánea. Se afirma lo anterior toda vez que de las copias certificadas que integran que integran el juicio ordinario civil 909/2016, que el Juez responsable remitió como complemento a su informe justificado, se advierte en lo que interesa lo siguiente: 1. El treinta de junio de dos mil dieciséis, ********************en vía ordinaria civil demandó a Juan y Agustín ambos de apellidos ********************, la prescripción adquisitiva respecto del predio ubicado en ********************. 2. Mediante proveído de siete de julio siguiente, se radicó la demanda bajo el número de expediente ********************del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, donde ordenó el emplazamiento de los demandados otorgándoles el término de nueve días para dar contestación a la demanda. 3. El diez de agosto de dos mil dieciséis, el notificador adscrito a la autoridad responsable realizó el emplazamiento de ********************. 4. Mediante proveído de once de enero de dos mil diecisiete, el Juez de origen acusó en rebeldía al accionante constitucional ******************** al no haber dado contestación a la demanda. Por otro lado, el diverso codemandado Juan ******************** sí dio contestación a la incoada en su contra y reconvino al actor en el principal, por lo que el Juez de origen una vez que enderezó la reconvencional respecto de todas las partes, la admitió y ordenó el emplazamiento respectivo. 5. Acto seguido, por ocurso de seis de diciembre de dos mil diecisiete, el hoy quejoso ******************** dio contestación a la demanda principal y a la reconvencional haciendo valer las excepciones que consideró pertinentes. 6. Seguida la secuela procesal, el Juez primigenio el catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictó sentencia definitiva bajo los puntos siguientes: "PRIMERO. Ha sido tramitado en sus términos el juicio ordinario civil sobre usucapión, promovido por ********************en contra de ******************** y Juan ********************, éste último actor en la reconvención, respecto de la acción de nulidad de contrato ejercitada en contra del acto principal, por lo tanto: SEGUNDO. Se declara la NULIDAD ABSOLUTA del contrato privado de compraventa de fecha 20 de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989), exhibido por el actor en el principal como fundatorio de su acción, con lo que procede igualmente declarar la destrucción retroactiva de todos los efectos que haya generado ese presunto acuerdo de voluntades. TERCERO. Se condena a la parte demandada en reconvención a desocupar y entregar el inmueble correspondiente a su colitigante, dentro del plazo de OCHO DÍAS siguientes a la fecha en que cause ejecutoria esta resolución, así como al pago de los daños y perjuicios que le pudiera haber ocasionado al actor reconventor, al tenerlo en posesión sin derecho alguno; daños y perjuicios que deberán ser liquidados en ejecución de sentencia previo su acreditamiento. (.)". 7. Inconforme con lo anterior, el actor principal ********************interpuso recurso de apelación del cual correspondió del conocimiento a la Segunda Sala Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México quien el diez de mayo de dos mil dieciocho, confirmó la determinación combatida. 8. En el mismo sentido, ********************promovió amparo directo del que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad bajo el expediente 416/2018, donde en sesión de doce de septiembre de dos mil dieciocho, negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Todo lo anterior constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En efecto, este Juzgador estima que respecto del acto reclamado que aquí se analiza; la demanda resulta extemporánea en su presentación, toda vez que, de las constancias que quedaron precisadas en líneas que anteceden se advierte, que la parte quejosa el seis de diciembre de dos mil diecisiete, presentó un escrito ante la autoridad responsable en el cual dio contestación a la demanda incoada en su contra, en el cual opuso excepciones y defensas, y de igual manera realizó lo pertinente respecto de la reconvención, ocurso al que recayó el auto de siete de diciembre siguiente donde se tuvo por contestada la misa en tiempo y forma; por ende, a partir del momento en el que efectuó tal acto jurídico era cuando en su caso debía promover la demanda de amparo, ya que se considera que desde esa data se le generó el perjuicio del que se duele en esta instancia constitucional al haber tenido conocimiento de la existencia de ese juicio; los datos de identificación y las autoridades señaladas como responsables De ahí que, el presente juicio de amparo resulta extemporáneo en su presentación, ello en razón de que, como se asentó, el quejoso tuvo conocimiento de los actos que reclama cuando menos desde el seis de diciembre de dos mil diecisiete cuando dio contestación a la demanda instruida en su contra y no, como lo pretende, hasta el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, puesto que de la narrativa de los antecedentes se aprecia que firmó el escrito de contestación respectivo, sin que hasta el momento exista medio de convicción que acredite que no fue plasmada de su puño y letra. Adicionalmente, durante la secuela procesal en etapa de ejecución solicitó a la autoridad responsable se le expidieran copias del expediente, las cuales también fueron firmadas por éste y se aprecia que existe una similitud entre estas con la demanda de amparo, por lo que contrario a lo que argumenta respecto a que se pudo haber falsificado su firma o hubieren robado su identidad, con ello no se desvirtúa la que no haya sido plasmada de su puño y letra aquel en el que dio contestación, ni los escritos que obran en autos; por lo que en lo referente a la suplantación de su identidad se encuentran a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma correspondientes. Por tanto, a partir de que tuvo conocimiento del mismo, comenzó a transcurrir el término de quince días para su impugnación. Conviene precisar, que la parte quejosa no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar su intervención en el procedimiento judicial, puesto que las pruebas que ofertó únicamente son encaminadas a demostrar que en todo caso pudiera contar con interés para acudir al juicio, empero, con ellas no se desvirtúa lo asentado en la constancia de notificación del fedatario judicial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P. /J. 6/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, con número de registro electrónico 196930, visible en la página: 95, tomo: VII, del mes de Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución". Por consiguiente, como se desprende de la demanda de amparo que se analiza respecto del acto reclamado, fue presentada hasta el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, es evidente que ha transcurrido con exceso el término que señala el artículo 17, en relación con el diverso 18 de la Ley de Amparo, para solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 14, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 291, del Tomo II, Agosto de 1995, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: "ACTOS CONSENTIDOS. TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". De ahí que, se hace manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado aquí analizado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto y autoridades precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en último considerando de la presente sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la Secretaria de Juzgado Ana Karen Userralde Hernández, que autoriza, firma y da fe. Doy fe. El Juez La Secretaria KUH

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de junio de dos mil diecinueve. Intégrese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la responsable las documentales que anexa a su misiva de cuenta, y dada su naturaleza por admitidas y desahogadas para dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional, con las mismas fórmese el anexo III, IV y V. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se transfiere y en su lugar se señalan las trece horas con veinte minutos del veintisiete de junio de dos mil diecinueve para su celebración.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de junio de dos mil diecinueve. Intégrese el escrito del tercero interesado Juan Suarez Salinas, a través del cual se apersonan a juicio, señalan domicilio procesal y autorizados, solicitan el uso de medio electrónicos para la consulta del expediente. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 5° fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se les tiene por apersonados al sumario y como domicilio el designado. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y como domicilio el que indica en el escrito que antecede. En ese orden, se les autoriza la toma de fotografías a los autos y el uso de medios electrónicos para su consulta, por así haberlo requerido. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, para dar cuenta con ellas en la celebración de la audiencia constitucional.

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