Agustín Sánchez Bastida
Expediente 539/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/04/2017
Partes del expediente
- Agustín Sánchez Bastida
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la parte quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el citatorio de 11/04/2017, y se notifica por lista al quejoso el auto de 07/04/2017, que en sisntesis dice: ...Vista la demanda de cuenta, regístrese la demanda bajo el número 539/2017-IV-B. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En primer término, el solicitante del amparo reclama la resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente DGC/026/103/2017, por el Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la cual determinó que no era factible iniciar procedimiento administrativo disciplinario en contra del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y de ************, en su carácter de perito de la Dirección de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del expediente 1080/2003, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Así, con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso..." Por su parte, la fracción I, del artículo 107 constitucional dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Bajo este tenor, el interés jurídico para ejercitar la acción constitucional se encuentra íntimamente relacionado con el ordinal 6º de la Ley Normativa del Juicio de Amparo, cuyo texto prevé: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Los preceptos transcritos acogen el principio rector de agravio personal y directo, el cual estatuye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo anterior se desprende que para la procedencia de la acción constitucional se requiere como presupuesto indispensable, que se acredite la afectación por el o los actos reclamados, de los derechos que se invocan, sean patrimoniales o de cualquier otra especie. Un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, sea en su persona, patrimonio o derechos y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo. En la presente instancia constitucional la parte quejosa reclama la resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente DGC/026/103/2017, emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la cual determinó que no era factible iniciar procedimiento administrativo disciplinario en contra del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y de José Eduardo Carmona Reyes, en su carácter de perito de la Dirección de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del expediente 1080/2003, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Para tal efecto, resulta necesario el análisis de los artículos 45 y 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que dicen: "Artículo 45. En las dependencias de la Administración Pública, en los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, y en los Ayuntamientos, se establecerán módulos específicos a los que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. Dichas quejas o denuncias se remitirán a la Secretaría en un plazo que no exceda de cuarenta y ocho horas, quedando facultada la propia Dependencia para establecer las normas y procedimientos, para que las instancias del público sean atendidas y resueltas, salvo las relativas a las quejas y denuncias contra los servidores del Gobierno Municipal, que serán fijadas por los Ayuntamientos respectivos. Lo propio harán, en la esfera de su competencia los Poderes Legislativo y Judicial a través de sus órganos competentes." "Artículo 46. La Secretaría, el superior jerárquico y todos los servidores públicos, tienen la obligación de respetarla y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias a que se refiere el artículo anterior, y evitar que con motivo de las mismas se causen molestias indebidas a los quejosos o denunciantes." De conformidad con estos preceptos, cualquier interesado tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. En ese sentido, el legislador impuso a las instituciones y a todos los servidores públicos la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias. En otras palabras, el orden jurídico objetivo concedió a los particulares interesados una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin otorgarles un poder de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Cabe destacar, que el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, lo cual responde a intereses superiores de carácter público y, por tanto, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXXVII/2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002, página 473, ha sostenido el siguiente criterio: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta." En estas condiciones, el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Es aplicable, por su contenido, la tesis 2a.LXXXI/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, página 167, cuyos datos de identificación, rubro y texto, dicen: "TERCERO PERJUDICADO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL PROMOVENTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE UN SERVIDOR PÚBLICO, QUE CULMINA CON LA RESOLUCIÓN QUE SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS Y, POR ENDE, DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER LA REVISIÓN ADHESIVA. El artículo 5o. de la Ley de Amparo señala como una de las partes en el juicio de amparo, al tercero o terceros perjudicados y que pueden intervenir con ese carácter, entre otros, la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, tratándose de la actuación de un servidor público, como parte de la estructura judicial, su régimen de responsabilidad administrativa, no reconoce ni tutela intereses particulares, pues su único objetivo es garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de la función pública de impartición de justicia y, en esa medida la resolución de una queja administrativa no representa un beneficio o perjuicio directo para quien la promovió, en virtud de que la actuación de los servidores públicos atañe al interés general y no al de un solo individuo. Por tanto, el hecho de que una persona tenga derecho a denunciar y exigir la sanción de las faltas en que incurra un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no implica que tenga interés jurídico para intervenir como tercero perjudicado en el juicio de garantías que se promueva en contra de la resolución con que culmina su queja, ni está legitimado para interponer el recurso de revisión adhesiva en contra de la sentencia que se dicte en dicho juicio.". Igualmente, la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro 176129, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 1120, que establece: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." Por tanto, si el acto reclamado consiste en la resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente DGC/026/103/2017, por el Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la cual determinó que no era factible iniciar procedimiento administrativo disciplinario en contra del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y de ***********, en su carácter de perito de la Dirección de Peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dentro del expediente 1080/2003, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; ello no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, esto es, el de acceso e impartición de justicia, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto constitucional 107, fracción I, y el numeral 6º, de dicha Ley de Amparo, y en base a ello, como se ha expuesto se procede desechar la demanda intentada por el quejoso. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles...
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