Agustín Rivera Rodríguez
Expediente 1176/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1176/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Agustín Rivera Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86, de la Ley de Amparo, en contra del auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, ya transcurrió para las partes; por tanto, se declara que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos Interino de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, toda vez que mediante proveído de cuatro de enero del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.
- Principal
Pruebas y alegatos del quejoso. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Agustín Rivera Rodríguez, en atención a su contenido con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ofrece como prueba la documental que exhibe en su escrito de mérito. En otro aspecto se tienen por formulados los alegatos que vierte, sin perjuicio de hacer relación de los mismos y tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Por otra parte, visto los presentes autos de los que se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se proveyó el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, registrado con el folio 19825, por el que remitió copia certificada de la diligencia de diez de noviembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca pernal 415/2016, mediante el cual la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Agustín Rivera Rodríguez, en contra de la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, documental a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En relación con lo anterior, debe destacarse que del análisis de la documental de referencia, se desprende que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el diez de noviembre de dos mil dieciséis, admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Agustín Rivera Rodríguez en contra de la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, por el que se negó la orden de busca, aprehensión y detención, dictada dentro del proceso penal 81/2016 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Lo anterior pone de manifiesto que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" El precepto transcrito establece como causa de improcedencia del juicio de garantías, que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesta por el quejoso. Al respecto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. De acuerdo con lo precisado, debe decirse que el recurso a que se refiere la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que su promovente pueda obtener la revocación o modificación del acto que lesiona sus intereses -en este caso, la orden por el que se negó la busca, aprehensión y detención, dentro del proceso penal 81/2016 del índice de la autoridad responsable-. Sobre el particular cobra especial relevancia el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 31/96, relativo a la causa de improcedencia en estudio, en la que sostuvo las siguientes consideraciones: "De acuerdo con lo antes precisado, debe decirse que el recurso a que se refiere la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo que se está examinando, debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados, de lo que se sigue que si el quejoso interpone una demanda de amparo en contra de los mismos actos por los cuales hace valer un recurso improcedente o no idóneo para obtener la revocación o nulificación de la resolución que le afecta, las autoridades de amparo no están en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional apoyándose en la fracción XIV de la Ley de Amparo, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. El examen de ese requisito debe hacerse por el juzgador federal, como lo estimó el Tercer Tribunal Colegiado, en virtud de que al ser dicho juzgador perito en derecho está en posibilidad de advertir sobre la procedencia o idoneidad del mismo. En relación con el otro requisito que se hace consistir en que el recurso ordinario o medio de defensa esté en trámite ante la autoridad correspondiente, debe decirse que también asiste razón al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como enseguida se demuestra. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho son una fuente de derecho procesal atendible en aquellos casos en que no sea factible resolver con la interpretación literal o doctrinal de la ley. De esos principios, para efectos de este examen, cobra relevancia el principio del contradictorio que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos. Ese principio, aplicado al precepto en estudio, impone al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causal de improcedencia que se examina deja al promovente del amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesario la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos, pues bien puede suceder que el recurso no sea el idóneo o que no lo establezca la ley del acto y que sea desechado por improcedente, supuesto este en que el quejoso no será escuchado ante las autoridades ordinarias y si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. Por tanto, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. En este orden de ideas, cabe colegir que si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de garantías que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo." De esa contradicción de tesis dimanó la jurisprudencia, consultable en la página 15, del Tomo XII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta correspondiente a diciembre de 2000, que establece: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Asentado lo anterior, debe decirse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud que de las constancias de autos se advierte que el quejoso mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil dieciséis (fojas 217 a 221), interpuso en el proceso penal 81/2016 del índice del Juzgado responsable, recurso de apelación en contra de la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, materia del acto reclamado, por el que se negó la orden de busca, aprehensión y detención solicitado; medio de impugnación que fue admitido a trámite por diligencia del diez de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 249 y 250), como se desprende de las constancias del juicio natural, el cual aún se encuentra pendiente de resolución y, finalmente, debe decirse que dicho recurso de apelación resultan ser el medio idóneo para nulificar o revocar la negativa de librar la orden de busca, aprehensión y detención en la citada causa penal. Para así considerarlo conviene citar el contenido de los artículos 264 y 267, fracción VII, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, cuyo contenido establecen lo siguiente: "Artículo 264.- El recurso de apelación tiene por objeto examinar: I.- Si en la substanciación del proceso se violó manifiestamente el procedimiento en forma que se haya dejado sin defensa al quejoso; y II.- Si en la resolución recurrida se aplicó inexactamente la ley. Artículo 265.- La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima. Artículo 267.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos que nieguen o decreten el sobreseimiento en el caso de la fracción III del artículo 242; III.- Los autos de falta de elementos para procesar; IV.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; V.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; VI.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado. VII.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VIII.- Las demás resoluciones que señale la ley." De los preceptos legales transcritos se desprende que procede el recurso de apelación en contra del auto que niegue la orden de aprehensión, en el que se analizara si en el proceso se violó manifiestamente el procedimiento en forma que se haya dejado sin defensa al quejoso, o se aplicó inexactamente la ley. Sobre esta base, es inconcuso que, si como en el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, por el que se negó la orden de busca, aprehensión y detención, dictada dentro del proceso penal 81/2016 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, es evidente que el recurso de apelación previsto en el artículo 267, fracción VII del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, promovido por el quejoso, es un medio de impugnación idóneo para obtener la revocación, modificación o anulación del acto impugnado. En consecuencia, es claro que se colman los requisitos que ha establecido nuestro más Alto Tribunal para tener por actualizada la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de amparo, esto es, 1) fue el propio quejoso quien interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, por el que se negó la orden de busca, aprehensión y detención, dictada dentro del proceso penal 81/2016 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, materia de este juicio constitucional; 2) como se precisó, el referido recurso de apelación fue admitido mediante proveído del diez de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del toca penal 415/2016 del índice de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el cual se encuentra pendiente de resolución; y c) el recurso de apelación es acorde con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal de los actos señalados como reclamados en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XIX, del mismo ordenamiento legal. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miguel Piantzi Tlilayatzi, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del cuatro de enero de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Pruebas y alegatos del quejoso. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Agustín Rivera Rodríguez, en atención a su contenido con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ofrece como prueba la documental que exhibe en su escrito de mérito. En otro aspecto se tienen por formulados los alegatos que vierte, sin perjuicio de hacer relación de los mismos y tenerlos por reproducidos en la audiencia constitucional. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Por otra parte, visto los presentes autos de los que se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se proveyó el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, registrado con el folio 19825, por el que remitió copia certificada de la diligencia de diez de noviembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca pernal 415/2016, mediante el cual la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Agustín Rivera Rodríguez, en contra de la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, documental a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En relación con lo anterior, debe destacarse que del análisis de la documental de referencia, se desprende que la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el diez de noviembre de dos mil dieciséis, admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Agustín Rivera Rodríguez en contra de la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, por el que se negó la orden de busca, aprehensión y detención, dictada dentro del proceso penal 81/2016 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. Lo anterior pone de manifiesto que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" El precepto transcrito establece como causa de improcedencia del juicio de garantías, que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesta por el quejoso. Al respecto, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada. De acuerdo con lo precisado, debe decirse que el recurso a que se refiere la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que su promovente pueda obtener la revocación o modificación del acto que lesiona sus intereses -en este caso, la orden por el que se negó la busca, aprehensión y detención, dentro del proceso penal 81/2016 del índice de la autoridad responsable-. Sobre el particular cobra especial relevancia el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 31/96, relativo a la causa de improcedencia en estudio, en la que sostuvo las siguientes consideraciones: "De acuerdo con lo antes precisado, debe decirse que el recurso a que se refiere la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo que se está examinando, debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, de modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados, de lo que se sigue que si el quejoso interpone una demanda de amparo en contra de los mismos actos por los cuales hace valer un recurso improcedente o no idóneo para obtener la revocación o nulificación de la resolución que le afecta, las autoridades de amparo no están en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional apoyándose en la fracción XIV de la Ley de Amparo, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. El examen de ese requisito debe hacerse por el juzgador federal, como lo estimó el Tercer Tribunal Colegiado, en virtud de que al ser dicho juzgador perito en derecho está en posibilidad de advertir sobre la procedencia o idoneidad del mismo. En relación con el otro requisito que se hace consistir en que el recurso ordinario o medio de defensa esté en trámite ante la autoridad correspondiente, debe decirse que también asiste razón al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como enseguida se demuestra. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho son una fuente de derecho procesal atendible en aquellos casos en que no sea factible resolver con la interpretación literal o doctrinal de la ley. De esos principios, para efectos de este examen, cobra relevancia el principio del contradictorio que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos. Ese principio, aplicado al precepto en estudio, impone al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causal de improcedencia que se examina deja al promovente del amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesario la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos, pues bien puede suceder que el recurso no sea el idóneo o que no lo establezca la ley del acto y que sea desechado por improcedente, supuesto este en que el quejoso no será escuchado ante las autoridades ordinarias y si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. Por tanto, al término utilizado en el precepto referido, en el sentido de que el recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso "se esté tramitando", no debe dársele una interpretación restrictiva, esto es, que la operancia de la causal de mérito se origine por la simple presentación del escrito mediante el que se interpuso el recurso, sino que en concordancia con el aludido principio y atendiendo al estado de indefensión en que pudiera quedar el promovente del amparo, debe considerarse que el medio de impugnación hecho valer debe estar pendiente de resolución, lo que implica su admisión por la autoridad respectiva. En este orden de ideas, cabe colegir que si bien conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de garantías que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional, no lo es menos que la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo." De esa contradicción de tesis dimanó la jurisprudencia, consultable en la página 15, del Tomo XII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta correspondiente a diciembre de 2000, que establece: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Asentado lo anterior, debe decirse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud que de las constancias de autos se advierte que el quejoso mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil dieciséis (fojas 217 a 221), interpuso en el proceso penal 81/2016 del índice del Juzgado responsable, recurso de apelación en contra de la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, materia del acto reclamado, por el que se negó la orden de busca, aprehensión y detención solicitado; medio de impugnación que fue admitido a trámite por diligencia del diez de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 249 y 250), como se desprende de las constancias del juicio natural, el cual aún se encuentra pendiente de resolución y, finalmente, debe decirse que dicho recurso de apelación resultan ser el medio idóneo para nulificar o revocar la negativa de librar la orden de busca, aprehensión y detención en la citada causa penal. Para así considerarlo conviene citar el contenido de los artículos 264 y 267, fracción VII, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, cuyo contenido establecen lo siguiente: "Artículo 264.- El recurso de apelación tiene por objeto examinar: I.- Si en la substanciación del proceso se violó manifiestamente el procedimiento en forma que se haya dejado sin defensa al quejoso; y II.- Si en la resolución recurrida se aplicó inexactamente la ley. Artículo 265.- La segunda instancia solamente se abrirá a petición de parte legítima. Artículo 267.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos que nieguen o decreten el sobreseimiento en el caso de la fracción III del artículo 242; III.- Los autos de falta de elementos para procesar; IV.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; V.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; VI.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado. VII.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VIII.- Las demás resoluciones que señale la ley." De los preceptos legales transcritos se desprende que procede el recurso de apelación en contra del auto que niegue la orden de aprehensión, en el que se analizara si en el proceso se violó manifiestamente el procedimiento en forma que se haya dejado sin defensa al quejoso, o se aplicó inexactamente la ley. Sobre esta base, es inconcuso que, si como en el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, por el que se negó la orden de busca, aprehensión y detención, dictada dentro del proceso penal 81/2016 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, es evidente que el recurso de apelación previsto en el artículo 267, fracción VII del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, promovido por el quejoso, es un medio de impugnación idóneo para obtener la revocación, modificación o anulación del acto impugnado. En consecuencia, es claro que se colman los requisitos que ha establecido nuestro más Alto Tribunal para tener por actualizada la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de amparo, esto es, 1) fue el propio quejoso quien interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, por el que se negó la orden de busca, aprehensión y detención, dictada dentro del proceso penal 81/2016 del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, materia de este juicio constitucional; 2) como se precisó, el referido recurso de apelación fue admitido mediante proveído del diez de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del toca penal 415/2016 del índice de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el cual se encuentra pendiente de resolución; y c) el recurso de apelación es acorde con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal de los actos señalados como reclamados en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XIX, del mismo ordenamiento legal. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO. Así lo proveyó y firma Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Miguel Piantzi Tlilayatzi, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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