Agustín Méndez Cervantes

Expediente 1156/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1156/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
12/01/2018

Partes del expediente

  • Agustín Méndez Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de dos de enero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Agustín Méndez Cervantes; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir al promovente para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto que desecho la demanda de amparo dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por Agustín Méndez Cervantes, mediante el cual da cumplimiento a la prevención decretada en proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete, y para tal efecto aclara los actos reclamados y los hechos que se relacionan con cada acto que reclama. En tal virtud de la lectura integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, se advierten como actos reclamados destacados los dos acuerdos de quince de noviembre de dos mil diecisiete dictados por la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del estado de Tlaxcala, a su escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. Expuesto lo anterior, con apoyo en lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa deriva de que el acto reclamado consiste en los acuerdos de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictados por la autoridad responsable a su escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, se advierte que en la Ley de Amparo vigente, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en la jurisprudencia transcrita los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En síntesis, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio: La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Que los "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Por lo que, resulta relevante en este asunto, pues el acto reclamado en el presente juicio son los acuerdos de quince de noviembre de dos mil diecisiete, recaídos a su escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, emitidos por la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado de Tlaxcala, por el cual solicitó la parte quejosa la suspensión de mandato a diversos servidores públicos del Municipio de Contla de Juan Cuamatzi, acuerdos en los que la autoridad señalada como responsable, en primero término le manifestó que no comprobó con documental alguna que haya presentado ante los integrantes del Ayuntamiento denuncia alguna, para dar trámite al procedimiento de responsabilidad administrativa; asimismo, respecto del segundo acuerdo que reclama, es el que dicha Comisión, exhortó al Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi para que con respeto a la autonomía municipal, instauren el procedimiento respectivo para verificar el actuar de la administración 2017-2021, y se encuentre apegada a derecho. En ese tenor, se tiene que el acto combatido no tiene la característica de ejecución irreparable porque tal acto, per se, no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte quejosa, porque no afecta de modo inmediato derechos de carácter sustantivo, como son los que se contienen en los derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales. Dicho de otro modo, el legislador ordinario ha dispuesto que el juicio de amparo indirecto sea el medio de control constitucional que los gobernados tengan al alcance a fin de controvertir los actos dictados dentro de juicio o por actos que tengan una ejecución irreparable, esto es que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así también, de manera excepcional los actos verificados "dentro de juicio" pueden reclamarse en amparo indirecto, tal como se prevé en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) de la Constitución Federal y en el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo; esto es, si se trata de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación en la persona o cosas del quejoso, o bien, si el amparo es pedido por un tercero extraño. Ahora, respecto de los "actos dentro de juicio" que tienen ejecución de imposible reparación, el Tribunal Pleno ha resuelto que esta hipótesis de procedencia del amparo indirecto se actualiza cuando se genera una afectación directa e inmediata de derechos sustantivos. En ese tenor, se tiene que el acto combatido no tiene la característica de ejecución irreparable porque tal acto, per se, no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos del quejoso, porque no afecta de modo inmediato derechos de carácter sustantivo, como son los que se contienen en los derechos fundamentales contenidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales. Por tanto, los acuerdos de quince de noviembre de dos mil diecisiete, recaídos a su escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, por la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado de Tlaxcala, por ende, no afectan irremediablemente por el momento algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En tales condiciones, en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sentido-; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales, promovida por la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la diligencia que antecede, se tiene a Agustín Méndez Cervantes, ratificando el escrito presentado el veinte de diciembre del año en curso, por el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de trece de diciembre del año en curso. Ahora bien, visto el escrito en mención, debe decirse que el quejoso no desahogó los requerimientos de mérito, toda vez que por auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis, se le previno para lo siguiente: ... Ahora bien, visto el escrito aclaratorio de cuenta, el promovente no da cumplimiento a la prevención, toda vez que refiere lo siguiente: ... Ahora, de lo anteriormente transcrito no puede tenerse por cumplido los requerimiento formulado en proveído de trece de diciembre de dos mil diecisiete, toda vez que el quejoso no precisa de forma concreta y clara cuál es el acto que reclama de cada una las autoridades responsables y tampoco precisa en forma concreta los hechos que señala en su escrito aclaratorio. En atención a lo anterior, requiérase al promovente para que precise el acto que en esta vía reclama de las autoridades que señala en su escrito aclaratorio En tales condiciones, SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO SEÑALADO EN AUTO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Por ello, toda vez que se advierte que mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete se interrumpió por única ocasión el término de cinco días concedido a la parte quejosa en auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, se reanuda el término en mención, contando la parte promovente con dos días para dar cumplimiento al requerimiento formulado en párrafos anteriores, plazo que empezara a transcurrir a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído. ...

  4. Principal

    En Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Se requiere ratificación de firma. Agréguese a los autos el escrito aparentemente signado a nombre de la parte quejosa Agustín Méndez Cervantes, sin embargo, a simple vista se aprecia que la firma que calza dicho ocurso difiere de la estampada en el escrito de demanda de amparo, tal como lo revela la siguiente reproducción: Demanda de amparo Escrito de cuenta En tales circunstancias, y por seguridad jurídica de la promovente, requiérasele para que en el plazo de tres días legalmente computados, comparezca ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificada, a fin de que reconozca como suya la firma que aparece al calce del escrito de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4364, Tomo XLVI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra dice: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS EN AMPARO. Si la firma que calza una promoción, no es igual a la que aparece en la demanda de amparo y existe duda acerca de la identidad del promovente, no debe rechazarse la promoción, sino ordenar que sea ratificada, previa la identificación del agraviado, en caso de no ser conocido por el personal del juzgado". Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis 9/88, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 385, tomo III, primera parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Por tanto, se hace del conocimiento a la parte quejosa Agustín Méndez Cervantes, que si ratifica el libelo de cuenta, dicha ratificación la hará bajo protesta de decir verdad, y si se estima necesario en términos del artículo 62, en relación con 122, de la Ley de Amparo, se podrá aperturar de oficio el incidente de falsedad, dada la discrepancia existente entre la firma que calza la demanda con el libelo de cuenta, y de resultar procedente el mismo, se dará vista al agente del ministerio público, para la investigación del delito de falsedad de declaración ante autoridad judicial. Ahora, el plazo concedido a la parte promovente en el acuerdo dictado el trece de octubre de dos mil diecisiete -cinco días- para que la parte quejosa dé cumplimiento al requerimiento formulado en el mismo, se interrumpirá por una sola vez, siempre y cuando sea ratificado el escrito de cuenta, de lo contrario, seguirá transcurriendo como está ordenado en el proveído de mérito. En consecuencia, toda vez que la promoción fue recibida el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, a las doce horas con veinticuatro minutos, tal como lo revela el sello de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, y siendo este el tercer día de los cinco con que contaba para desahogar la prevención de mérito, es por lo que de ratificar el escrito de cuenta contará con dos días, para dar cumplimiento total a la prevención. Por tanto, se hace saber a la parte quejosa que en caso de que se tenga por no presentado el escrito de cuenta, no se interrumpirá el término concedido para desahogar la prevención formulada, teniéndose por no presentada la demanda de amparo, en caso de que no le resten más días para el desahogo de la prevención respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Doctor en Derecho Juan Pablo Rivera Juárez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Janeth Ávila Sepúlveda, la Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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