Agustín Panfilo Luna Martínez
Expediente 867/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/10/2023
Partes del expediente
- Agustín Panfilo Luna Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veintitrés. I. Recepción. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********, promovido por ******** contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. II. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, los que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. III. Audiencia incidental. En consecuencia, se señalan las ONCE HORAS Y CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. IV. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive del presente acuerdo, al que deberá agregarse copia de la demanda de amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que surta sus efectos la notificación respectiva, en el que exprese si es o no cierto el acto que se le reclama; apercibida que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados. V. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. VI. Forma de recepción de informes provenientes exclusivamente de autoridades responsables. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, PARA QUE HAGAN LLEGAR -DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y FIRMADOS- LOS INFORMES O CONSTANCIAS QUE SEAN SOLICITADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a las autoridades responsables que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. VII. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VIII. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. IX. Precisión del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado:[..] Asimismo, la promovente solicita la suspensión para los siguientes efectos: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO[..] X. Consideración sobre la materia de suspensión. Ahora bien, de los artículos 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión provisional se requiere que: Que la solicite la parte interesada. Haya certidumbre de la existencia del acto respecto del que se pide la suspensión Quien solicita la medida cuente con interés para obtenerla. La naturaleza del acto reclamado permita suspenderlo. Con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Adicionalmente, según sea el caso, debe analizarse, la apariencia del buen derecho. XI. Concesión de suspensión. A la luz de tales requisitos, se procede a verificar la actualización de los mismos en el caso concreto, a fin de comprobar la procedencia de la suspensión solicitada por la parte quejosa. La primera exigencia, se encuentra satisfecha, toda vez que la persona quien insta la suspensión del acto reclamado es precisamente la parte quejosa. En relación al segundo requisito, se tiene por probado, porque se parte de la base de que son ciertos los actos reclamados al resolver la suspensión provisional, toda vez que así lo manifestó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, los cuales refiere bajo protesta de decir verdad, pues para resolver la suspensión provisional, este órgano jurisdiccional debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, con número de registro 206395, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, número 68, agosto de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." En cuanto al tercer requisito, se encuentra satisfecho, al ser el propio quejoso parte del juicio de donde deriva el acto reclamado. Respecto al cuarto requisito, se encuentra actualizado, ya que éste se traduce en una conducta de hacer por parte de la autoridad señalada como responsable, y en el caso, la parte quejosa refiere que el Juez Tercero Civil, no se pronunció respecto de las providencias cautelares solicitadas por el quejoso. Así también, está colmado el quinto requisito, por las razones que enseguida se expondrán: Asimismo, para la concesión de la medida, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social. En tales casos, corresponde al resolutor prejuzgar en el incidente, con los elementos que tenga a mano, sobre el fondo de la pretensión y sobre la constitucionalidad de los actos, así como sobre los daños que puede sufrir el interés particular legítimo y su irreparabilidad, y sobre el diverso interés legítimo de las autoridades, en relación con el interés social, para conceder o negar la suspensión solicitada. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA PLÁTICA DE MENORES. En virtud de lo anterior, se concede la suspensión provisional, para el efecto de que el juez de la causa civil, se pronuncie en relación a las medidas cautelares solicitadas por la parte quejosa, siempre y cuando ello no se haya realizado con anterioridad. Suspensión que surte efectos hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva en el presente incidente En la inteligencia de que deberá atender al interés más benéfico para la parte quejosa. Encuentra apoyo lo anterior en la tesis I.12o.C.38 C (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2998, de rubro y contenido: PENSIÓN ALIMENTICIA DE UN MENOR. ANTE LA OMISIÓN DE DECRETARLA Y PONER EN RIESGO LA SUBSISTENCIA DE AQUÉL, ES PRECISO DICTAR LA MEDIDA PERTINENTE QUE ASEGURE EL DERECHO A RECIBIRLA Y ORDENAR A LA RESPONSABLE QUE LA FIJE PARA SU COBRO Y DARLE PROVISIONALMENTE EL EFECTO RESTITUTORIO AL DERECHO INFRINGIDO DEL INFANTE.Si el acto reclamado es la omisión de la responsable de acordar sobre la pensión alimenticia a favor de un menor, quien según manifiesta el quejoso, bajo protesta de decir verdad, actualmente se encuentra bajo su cuidado, es claro que esa omisión implica un no actuar de la autoridad en materia familiar que impide que el menor obtenga un medio de subsistencia y se defraude su derecho a los alimentos que en sí mismos son de carácter urgente y no admiten dilación con formalismos procedimentales. En efecto, el acto omisivo -no proveer sobre una pensión alimenticia- por cualquier causa, supone no atender a un estado de necesidad del acreedor alimentario que se presume es inherente a su estado de dependencia por su minoría de edad; por lo que tan grave es suspender una medida que los decreta y que no deba ser excesiva, como el no decretar la pensión en un porcentaje determinado. Por eso, y atento a que la buena fe se presume y basta lo informado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, para establecer que el menor se halle bajo el cuidado del quejoso y mientras se decide sobre la suspensión definitiva y, en su caso, el juicio de amparo, así como la guarda y custodia en el juicio correspondiente, es preciso dictar la medida pertinente que asegure ese derecho a recibir alimentos, y ordenar a la autoridad responsable que de inmediato fije la pensión y ordene su cobro para dar provisionalmente el efecto restitutorio al derecho que se presume infringido en perjuicio del menor. Lo anterior, en virtud de que se trata del pago de alimentos conforme al interés superior del menor establecido en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. XII. Excepción de garantía. Sin que haya lugar a fijar garantía atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, puesto que la sociedad está interesada en que se brinde al quejoso las condiciones necesarias para su desarrollo pleno. XIII. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que la acredita para ejercer la profesión de licenciadas en derecho, y en términos restringidos a las diversas personas que refiere por así haberlo solicitado. XIV. Acceso al expediente electrónico. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, en relación con el artículo 30, de la Ley de Amparo, como lo previsto en los numerales 6, 34, 35, 55 y 57 Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "********************, para consultar de forma electrónica el expediente en que se actúa. En tal virtud, hágase el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese a los autos la constancia respectiva. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, dígase al promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. XV. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XVI. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados..
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de octubre de dos mil veintitrés. I. Queja fundada. Agréguese a los autos el oficio 9591/2023, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, adjunto al cual remite testimonio de la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja civil *******/2023, cuyo único resolutivo se transcribe: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de queja interpuesto por ************, en contra del auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en el amparo indirecto ***********." Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Acúsese recibo. En virtud de lo anterior, se procede acordar lo siguiente: II. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata, contra actos del 1. Juez Tercero Civil de Primera Instancia en el Estado de Querétaro. En otro aspecto, como lo solicita la parte quejosa, y dadas las circunstancias que refiere en el sentido de que se encuentra en grave situación de vulnerabilidad, con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se ordena expedir las copias de la demanda de amparo a fin de que se corra traslado a las partes, para los efectos legales correspondientes. III. Tercero interesado. Se reserva proveer al respecto, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable, del cual se pueda advertir mayores elementos. IV. Incidente de suspensión. Con apoyo, en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 125 y 128, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión solicitado, en término del artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. V. Audiencia constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS Y CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. VI. Diferimiento de audiencia constitucional. Se entera a las partes que el señalamiento de una nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se realizará por lista, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista, en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para la autoridad responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, toda vez que mediante la notificación personal es informada en su domicilio o en el que señaló para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, y si entre ellos no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. VII. Informes justificados. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables mismas que deberán rendirlo DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a aquél en que reciban el oficio por el que se les pide dicho informe, en el entendido que en el mismo deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, haciéndoles saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. VIII. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. IX. Forma de recepción de informes provenientes exclusivamente de autoridades responsables. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, y dada la emergencia sanitaria que prevalece, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, PARA QUE HAGAN LLEGAR -DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y FIRMADOS- LOS INFORMES O CONSTANCIAS QUE SEAN SOLICITADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a la autoridad responsable que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. X. Acuerdo General que rige. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XI. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 23 fracción II del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XII. Requiere por constancias sobre la actualización de causal de improcedencia. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XIII. Intervención al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. XIV. Pruebas. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como pruebas de la parte quejosa: 1) las documentales que anexó a su demanda de amparo, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de agosto de dos mil veintitrés. I. Tribunal de Alzada admite recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio 7569/2023 proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito en Querétaro, por medio del cual hace del conocimiento de este juzgado que admitió el recurso de queja interpuesto en autos, contra el auto de cuatro de julio del año en curso, el cual fue registrado como queja civil ****, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos conducentes. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de julio de dos mil veintitrés. I. Se recibe boleta. Agréguese a los autos la boleta de turno remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, de la que se advierte que el recurso de queja interpuesto en autos, fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. II. Acceso al expediente electrónico. En consecuencia, comisiónese a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que otorgue disponibilidad del presente expediente al mencionado Tribunal, a fin de ser posible la visualización electrónica del expediente citado. Notifíquese.
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