Agustín Ignacio Navarro Carrillo
Expediente 1552/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1552/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/12/2016
Partes del expediente
- Agustín Ignacio Navarro Carrillo
- Juez Octavo de Primera Instancia Penal En el Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
V I S T O, el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de veintiocho de noviembre de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es conveniente precisar: que por sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, este Juzgado determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a *****, en contra del acto que reclamó al entonces Juez Primero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, (órgano que fue absorbido por el Juzgado Octavo Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro), en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos del Amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la Juez responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 129/2016; y 2. En su lugar emita otro en la que se pronuncie, atendiendo a lo expuesto en esta resolución respecto a la asequibilidad de la caución, y entonces de manera objetiva con plenitud de jurisdicción, resuelva el monto por dicho concepto, esto es, deberá tener en cuenta que la motivación que realice para fijar la garantía personal, debe ser la adecuada para permitir considerar que el monto correspondiente es asequible de acuerdo a las circunstancias personales y económicas del quejoso. 3. Atendiendo a las consideraciones plasmadas en la presente sentencia, en estricta observancia al artículo 16 constitucional, de manera fundada y motivada se pronuncie en relación a la caución que deberá exhibir el impetrante de mérito, tocante al rubro de la reparación del daño, esto es deberá señalar de manera clara y precisa cuáles son los medios de prueba que tomó en consideración para fijar la cuantía de reparación del daño, por ende el valor probatorio de dicha probanzas y finalmente efectuar una explicación propicia, de por qué, esas pruebas son idóneas para fijar dicha cuantía. En consecuencia, al haber resultado sustancialmente fundados los conceptos de violación analizados, resulta innecesario examinar los restantes que tienden a atacar el fondo del asunto, habida cuenta que al considerarse fundada una parte, ello trae como consecuencia que quede sin efecto el acto reclamado, de ahí que resulte inútil decidir sobre aquellos, toda vez que serán objeto del estudio que efectúe la responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de esta sentencia al reasumir su jurisdicción." El veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se solicitó a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. (foja 61) Mediante oficio número 2801, recibido por este Juzgado el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, el titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, informó y justificó que mediante acuerdo de veinticuatro del citado mes y año, dictado en la causa penal 129/2016, dejo insubsistente el diverso de treinta de agosto de la presente anualidad, y en su lugar, dictó uno nuevo en el que fijo las cantidades para que el quejoso gozara de su libertad provisional bajo caución. Es así, que este Juzgador, estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten en el siguiente cuadro comparativo, entre dicha ejecutoria y el acuerdo emitido en cumplimiento a la ejecutoria. LINEAMIENTOS SENTENCIA ACUERDO ... Precisado lo anterior, este juzgador estima que la resolución reclamada carece de una adecuada motivación, ya que la responsable al momento de fijar el monto por concepto de cumplimiento de las obligaciones que contrae el procesado con el órgano jurisdiccional conocedor del asunto, el cual ascendió a la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) únicamente se limitó a asentar que el imputado percibía un ingreso de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100) hasta el día de su detención, empero fue omisa en especificar por qué de acuerdo a las condiciones personales y económicas actuales del procesado dicha era asequible a éste. Pues efecto, si bien la responsable señaló la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito así como las circunstancias personales y económicas del inculpado y ponderó el riesgo de que el ahora quejoso se sustraiga de la acción de la justicia, lo cierto es, que nada dijo para justificar la asequibilidad el monto determinado, es decir no expuso una razón concluyente para fijar los quince mil pesos que señaló como garantía a gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución... "En cuanto a las circunstancias personales y económicas del imputado que inciden en el monto que se ha de fijar como caución, tenemos que ****, al momento en que rindió su declaración preparatoria , adujó ser originario de Irapuato, Guanajuato, lo que se traduce para quien resuelve en una oportunidad para que el inculpado no encuentre total arraigo en ésta entidad federativa al provenir de un estado ajeno al en que se le procesa, ser de 49 años de edad y de ocupación de comerciante, sin tener la certeza que dicha actividad la ejerza en territorio queretano y que sea estable; por otra parte, dijo ser casado y tener 4 dependientes en lo económico, lo que sirve para considerar lo difícil que le representaría sustraerse de la acción de la justicia ya que cuenta con una familia y con domicilio en esta ciudad de Querétaro, pues dijo tener vivir en Avenida del Gran Cue, número 18, interior 27-B, fraccionamiento Bella Vista Diamante, Corregidora, Querétaro, y presumiblemente con un plan de vida estructurado aquí. Por lo que hace a sus ingresos dijo percibir $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), lo que demuestra que si fuera el único que percibe un sueldo de entre los miembros de su familia al tener cuatro dependientes económicos, más él, su ingreso percapita mensual es de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) que dividido entre treinta días nos arroja que por cada dependiente económico cuenta con $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.) diarios para vivir, lo que permite ver un nivel de vida económico bueno, pero que no le permite tener excedentes significativos de dinero, y ello habrá de tomarse en cuenta para fijar el monto de la caución a efecto de que sea asequible. ... Por cuanto al mayor o menor interés que pueda tener el imputado en sustraerse a la acción de la justicia, se estima es de bajo riesgo, considerando que el procesado **** , es originario de Irapuato, Guanajuato, pero habita en esta ciudad específicamente en Avenida del Gran Cue número 18, interior 27-B, fraccionamiento Bella Vista Diamante, Corregidora, Querétaro, contado con trabajo de esta ciudad, manifestando es comerciante, sin antecedentes penales comprados legalmente hasta este momento y sin adicciones relevantes, pues dijo ser sólo afecto al tabaco por lo que a juicio de esta autoridad, si existe la posibilidad eficaz de que al concederse la libertad provisional bajo caución, el inculpado cumpla con las obligaciones procesales que la ley de la materia indica. ... Ahora, en cuanto a la cantidad impuesta como probable reparación del daño, por la suma de $458,626.00. (cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional), debe decirse que también resulta violatoria de derechos humanos, pues la autoridad responsable refirió que el delito de imputado al aquí quejoso, uso de documento falso, previsto y sancionado en el artículo 234 del Código Penal para el Estado, fue cometido en agravio de la Fe Pública y lesivo al Estado de Querétaro, sin embargo, no precisa de manera fáctica cuál es el atentado al estado, es decir, el daño o perjuicio generado, por ejemplo, si Estado tuvo una pérdida en su presupuesto de egresos o se vio afectada alguna otra partida. Aunado a lo anterior, la Juez responsable fue dogmática para determinar dicha cantidad, pues solo refirió que en los autos de causa penal se encontraba determinado el detrimento patrimonial ocasionado al Estado de Querétaro, esto hasta la emisión de la documental en cita (17 de mayo de 2016) el cual asciende a la cantidad de $458,626.00 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional); empero, fue omisa en exponer cómo es que dentro de la causa penal en cita se encontraba determinada dicha cantidad, es decir omitió detallar, por ende valorar y efectuar una explicación propicia, de por qué, esas documentales que adujo obraban en la causa penal hasta el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, resultan idóneas para fijar el referido monto por el concepto de reparación del daño. Pues si bien la reparación del daño será fijada por los jueces, según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas durante el proceso, también es cierto que se debe realizar la valoración de las constancias que se tomen como base para imponer la cantidad que permita cubrir ese rubro; esto es, los medios de convicción que arroje la causa penal que tiendan a justificar la cuantía con la que se subsanen los daños causados a los ofendidos; asimismo se tendrá que exponer si las actuaciones o constancias que fijan el monto fueron hechas por autoridad idónea, y expedida por personal facultado para ello, para tener la certeza que el documento en que la responsable apoyó su determinación sea idóneo, legal y suficiente para sostener que las cantidades impuestas como probable reparación de daños es certera, razones que al no haberse tomado en cuenta hacen que en el caso se vulneren las prerrogativas fundamentales del quejoso. Pues sólo de esa forma puede tenerse la certeza que los elementos de prueba en que la responsable apoyó su determinación son idóneos, legales y suficientes para sostener que la cantidad impuesta como probable reparación de daños es certera... Ahora, en materia de reparación de los daños y perjuicios causados al ofendido, tenemos que con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20 Apartado B, Fracción IV (antes de la reforma de 18 de junio de 2008), artículo 7 fracción VII de la Ley General de Víctimas, así como el Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro, en sus artículos 37 Fracción II, establecen la obligación de dictar todas las providencias necesarias para que se logre en el momento procesal oportuno la restitución al ofendido en el goce de sus derechos, específicamente a que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, al grado de que técnicamente se ha dispuesto que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si llegase a emitir una sentencia condenatoria. . En este sentido, en el sumario se cuenta con el oficio DALJ/3749/16/LVII, de data 16 dieciséis de mayo de 2016 dos mil dieciséis, signado por el Diputado Eric Salas González, Presidente de la Quincuagésima Séptima Legislatura del estado de Querétaro, a través del cual informa que con fecha 23 veintitrés de diciembre de 2015 dos mil quince, fue aprobado el Decreto por el que se concede jubilación al C. ****, anexando a su oficio copia certificada del referido, del que a su vez se desprende que le fue concedida jubilación al imputado en cita, asignándole por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $65,518.00 (sesenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) mensuales, correspondientes al 100% de su último sueldo percibido. Documental y anexos, a los que con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 211 del Código Adjetivo de la materia, se le concede valor probatorio pleno, atento a que fue expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, y por ende alcanza la calidad de documento público. En este sentido, en el citado oficio DRH/1784/2016, signado por el director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, se informa que se encuentra pendiente por emitir el decreto correspondiente al ****, por lo que a partir del 01 de octubre de 2015 cuenta con la categoría de pre-jubilado, habiéndose realizado los pagos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, así como enero, febrero, marzo y abril de 2016; informando además que los trabajadores cuando cesan de sus labores, no dejan de percibir el monto de su pensión, así como que los recibos emitidos con motivo de ellos, se encuentran bajo resguardo de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Documental pública que acorde a lo establecido en el artículo 211, del Código de Procedimientos Penales del Estado, adquiere valor probatorio pleno, al estar expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; advirtiéndose del mismo los decretos que por jubilación y pensión a la fecha de su suscripción habían sido emitidos por la Legislatura del Estado, así como los que aún se encuentran pendientes, proporcionando información respecto al proceso de marras. Medios de prueba descritos, con lo que se acreditó que probablemente ****, al haber exhibido la constancia de 6 seis de agosto de 2015 dos mil quince, en el que falsamente se hizo constar prestó sus servicios laborales del 1° de febrero de 1995 al 31 de octubre de 2006, con la finalidad de obtener un beneficio, el cual se traducía en lograr que le concediera la jubilación solicitada y percibir una prestación económica de manera mensual , de forma vitalicia; beneficio que en el caso concreto sí se obtuvo, pues tal como se acreditó en el auto de término de 2 de septiembre de 2016, al aquí imputado se le concedió por parte de la H. Quincuagésima Séptima Legislatura del estado de Querétaro, según decretó de 23 veintitrés de diciembre de 2015 dos mil quince, la jubilación solicitada, asignándole por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $65,518.00 (Sesenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) mensuales, y a consecuencia de lo anterior, se le ha hecho pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, así como enero, febrero, marzo y abril de 2016, más lo que se siga generando, dado que la documental que avala lo anterior, se encuentra expedida el 17 diecisiete de mayo de 2016 dos mil dieciséis. No debe pasarse de alto que el artículo 234 del Código Penal en vigor, que tipifica y sanciona el delito que nos ocupa, protege dos bienes jurídicos, a saber, la fe pública y en forma secundaria, el patrimonio, al ser un delito que se utiliza con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial, y su consumación se actualizó cuando se utilizó el documento apócrifo con el propósito de obtener, en este caso, una resolución de jubilación, lo que derivó alternativamente en perjuicio del patrimonio del Estado de Querétaro y en la obtención de un beneficio para el propio inculpado, quien los ejecutó (la recepción de su jubilación). Luego, al ser el patrimonio uno de los bienes jurídicos tutelados por esta figura delictiva, aún de manera secundaria, es que puede cuantificarse una suma por la reparación del daño, toda vez que el artículo 37 de la Ley Sustantiva en comento, establece que la reparación del daño comprende la restitución de lo obtenido mediante la comisión del delito, y si ello no fuera posible, el pago del valor correspondiente y la indemnización del daño material y moral, así como el perjuicio ocasionado... ... En este sentido, de los autos de la causa se advierte que, quien resintió una afectación con motivo de la comisión del delito, además de la fe pública, también es el Estado de Querétaro, específicamente en su patrimonio (siendo éste parte del gobierno que conforma el Estado), dado que fue la Legislatura del mismo, quien emitió el decreto de fecha 23 veintitrés de diciembre de 2015 dos mil quince, por el que se concede a ****, jubilación, asignándosele por este concepto, de forma vitalicia, la cantidad mensual de $65,518.00 (sesenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 00/100 m.n.), cantidad que se le ha venido pagando a partir de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, así como enero, febrero, marzo y abril de 2016, tal como se desprende de la documental DRH/01784/2016, de data 17 diecisiete de mayo de 2016 dos mil dieciséis y signada por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, a la cual se le reitera el valor probatorio pleno previamente concedido, de conformidad con el artículo 211 del Código de Procedimientos Penales; pagos que se pueden desglosar de la siguiente manera; ? Octubre 2015: $65,518.00 pesos. ? Noviembre 2015: $65,518.00 pesos. ? Diciembre 2015: $65,518.00 pesos. ? Enero 2016: $65,518.00 pesos. ? Febrero 2016: $65,518.00 pesos. Marzo 2016: $65,518.00 pesos. Abril 2016: $65,518.00 pesos. Luego, al realizar la suma de dichas cantidades, tomando en cuenta las documentales citadas, analizadas, valoradas, las que por los razonamientos expuestos, resultan idóneas, suficientes y pertinentes para acreditar el detrimento patrimonial ocasionado al Estado de Querétaro, hasta la emisión de la documental en comento (17 de mayo de 2016), misma que asciende a la cantidad de $428,626.00 (Cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintiséis pesos 00/100 m.n.); la cual debe considerarse como monto estimado de la reparación del daño y que dada la etapa procesal en que nos encontramos basta con que tenga ese carácter para que se deba exigir como garantía por el juzgador.". Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión del amparo no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Ibídem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...VI (NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE)
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 12/12/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 09/12/2016, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: auto de veintiocho de noviembre de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es conveniente precisar: que por sentencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, este Juzgado determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a *****, en contra del acto que reclamó al entonces Juez Primero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, (órgano que fue absorbido por el Juzgado Octavo Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro), en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos del Amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la Juez responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de treinta de agosto de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 129/2016; y 2. En su lugar emita otro en la que se pronuncie, atendiendo a lo expuesto en esta resolución respecto a la asequibilidad de la caución, y entonces de manera objetiva con plenitud de jurisdicción, resuelva el monto por dicho concepto, esto es, deberá tener en cuenta que la motivación que realice para fijar la garantía personal, debe ser la adecuada para permitir considerar que el monto correspondiente es asequible de acuerdo a las circunstancias personales y económicas del quejoso. 3. Atendiendo a las consideraciones plasmadas en la presente sentencia, en estricta observancia al artículo 16 constitucional, de manera fundada y motivada se pronuncie en relación a la caución que deberá exhibir el impetrante de mérito, tocante al rubro de la reparación del daño, esto es deberá señalar de manera clara y precisa cuáles son los medios de prueba que tomó en consideración para fijar la cuantía de reparación del daño, por ende el valor probatorio de dicha probanzas y finalmente efectuar una explicación propicia, de por qué, esas pruebas son idóneas para fijar dicha cuantía. En consecuencia, al haber resultado sustancialmente fundados los conceptos de violación analizados, resulta innecesario examinar los restantes que tienden a atacar el fondo del asunto, habida cuenta que al considerarse fundada una parte, ello trae como consecuencia que quede sin efecto el acto reclamado, de ahí que resulte inútil decidir sobre aquellos, toda vez que serán objeto del estudio que efectúe la responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de esta sentencia al reasumir su jurisdicción." El veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se solicitó a la autoridad responsable para que diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. (foja 61) Mediante oficio número 2801, recibido por este Juzgado el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, el titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, informó y justificó que mediante acuerdo de veinticuatro del citado mes y año, dictado en la causa penal 129/2016, dejo insubsistente el diverso de treinta de agosto de la presente anualidad, y en su lugar, dictó uno nuevo en el que fijo las cantidades para que el quejoso gozara de su libertad provisional bajo caución. Es así, que este Juzgador, estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten en el siguiente cuadro comparativo, entre dicha ejecutoria y el acuerdo emitido en cumplimiento a la ejecutoria. LINEAMIENTOS SENTENCIA ACUERDO ... Precisado lo anterior, este juzgador estima que la resolución reclamada carece de una adecuada motivación, ya que la responsable al momento de fijar el monto por concepto de cumplimiento de las obligaciones que contrae el procesado con el órgano jurisdiccional conocedor del asunto, el cual ascendió a la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) únicamente se limitó a asentar que el imputado percibía un ingreso de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100) hasta el día de su detención, empero fue omisa en especificar por qué de acuerdo a las condiciones personales y económicas actuales del procesado dicha era asequible a éste. Pues efecto, si bien la responsable señaló la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito así como las circunstancias personales y económicas del inculpado y ponderó el riesgo de que el ahora quejoso se sustraiga de la acción de la justicia, lo cierto es, que nada dijo para justificar la asequibilidad el monto determinado, es decir no expuso una razón concluyente para fijar los quince mil pesos que señaló como garantía a gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución... "En cuanto a las circunstancias personales y económicas del imputado que inciden en el monto que se ha de fijar como caución, tenemos que ****, al momento en que rindió su declaración preparatoria , adujó ser originario de Irapuato, Guanajuato, lo que se traduce para quien resuelve en una oportunidad para que el inculpado no encuentre total arraigo en ésta entidad federativa al provenir de un estado ajeno al en que se le procesa, ser de 49 años de edad y de ocupación de comerciante, sin tener la certeza que dicha actividad la ejerza en territorio queretano y que sea estable; por otra parte, dijo ser casado y tener 4 dependientes en lo económico, lo que sirve para considerar lo difícil que le representaría sustraerse de la acción de la justicia ya que cuenta con una familia y con domicilio en esta ciudad de Querétaro, pues dijo tener vivir en Avenida del Gran Cue, número 18, interior 27-B, fraccionamiento Bella Vista Diamante, Corregidora, Querétaro, y presumiblemente con un plan de vida estructurado aquí. Por lo que hace a sus ingresos dijo percibir $45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), lo que demuestra que si fuera el único que percibe un sueldo de entre los miembros de su familia al tener cuatro dependientes económicos, más él, su ingreso percapita mensual es de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) que dividido entre treinta días nos arroja que por cada dependiente económico cuenta con $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.) diarios para vivir, lo que permite ver un nivel de vida económico bueno, pero que no le permite tener excedentes significativos de dinero, y ello habrá de tomarse en cuenta para fijar el monto de la caución a efecto de que sea asequible. ... Por cuanto al mayor o menor interés que pueda tener el imputado en sustraerse a la acción de la justicia, se estima es de bajo riesgo, considerando que el procesado **** , es originario de Irapuato, Guanajuato, pero habita en esta ciudad específicamente en Avenida del Gran Cue número 18, interior 27-B, fraccionamiento Bella Vista Diamante, Corregidora, Querétaro, contado con trabajo de esta ciudad, manifestando es comerciante, sin antecedentes penales comprados legalmente hasta este momento y sin adicciones relevantes, pues dijo ser sólo afecto al tabaco por lo que a juicio de esta autoridad, si existe la posibilidad eficaz de que al concederse la libertad provisional bajo caución, el inculpado cumpla con las obligaciones procesales que la ley de la materia indica. ... Ahora, en cuanto a la cantidad impuesta como probable reparación del daño, por la suma de $458,626.00. (cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional), debe decirse que también resulta violatoria de derechos humanos, pues la autoridad responsable refirió que el delito de imputado al aquí quejoso, uso de documento falso, previsto y sancionado en el artículo 234 del Código Penal para el Estado, fue cometido en agravio de la Fe Pública y lesivo al Estado de Querétaro, sin embargo, no precisa de manera fáctica cuál es el atentado al estado, es decir, el daño o perjuicio generado, por ejemplo, si Estado tuvo una pérdida en su presupuesto de egresos o se vio afectada alguna otra partida. Aunado a lo anterior, la Juez responsable fue dogmática para determinar dicha cantidad, pues solo refirió que en los autos de causa penal se encontraba determinado el detrimento patrimonial ocasionado al Estado de Querétaro, esto hasta la emisión de la documental en cita (17 de mayo de 2016) el cual asciende a la cantidad de $458,626.00 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional); empero, fue omisa en exponer cómo es que dentro de la causa penal en cita se encontraba determinada dicha cantidad, es decir omitió detallar, por ende valorar y efectuar una explicación propicia, de por qué, esas documentales que adujo obraban en la causa penal hasta el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, resultan idóneas para fijar el referido monto por el concepto de reparación del daño. Pues si bien la reparación del daño será fijada por los jueces, según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas durante el proceso, también es cierto que se debe realizar la valoración de las constancias que se tomen como base para imponer la cantidad que permita cubrir ese rubro; esto es, los medios de convicción que arroje la causa penal que tiendan a justificar la cuantía con la que se subsanen los daños causados a los ofendidos; asimismo se tendrá que exponer si las actuaciones o constancias que fijan el monto fueron hechas por autoridad idónea, y expedida por personal facultado para ello, para tener la certeza que el documento en que la responsable apoyó su determinación sea idóneo, legal y suficiente para sostener que las cantidades impuestas como probable reparación de daños es certera, razones que al no haberse tomado en cuenta hacen que en el caso se vulneren las prerrogativas fundamentales del quejoso. Pues sólo de esa forma puede tenerse la certeza que los elementos de prueba en que la responsable apoyó su determinación son idóneos, legales y suficientes para sostener que la cantidad impuesta como probable reparación de daños es certera... Ahora, en materia de reparación de los daños y perjuicios causados al ofendido, tenemos que con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20 Apartado B, Fracción IV (antes de la reforma de 18 de junio de 2008), artículo 7 fracción VII de la Ley General de Víctimas, así como el Código de Procedimientos Penales del Estado de Querétaro, en sus artículos 37 Fracción II, establecen la obligación de dictar todas las providencias necesarias para que se logre en el momento procesal oportuno la restitución al ofendido en el goce de sus derechos, específicamente a que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, al grado de que técnicamente se ha dispuesto que el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si llegase a emitir una sentencia condenatoria. . En este sentido, en el sumario se cuenta con el oficio DALJ/3749/16/LVII, de data 16 dieciséis de mayo de 2016 dos mil dieciséis, signado por el Diputado Eric Salas González, Presidente de la Quincuagésima Séptima Legislatura del estado de Querétaro, a través del cual informa que con fecha 23 veintitrés de diciembre de 2015 dos mil quince, fue aprobado el Decreto por el que se concede jubilación al C. ****, anexando a su oficio copia certificada del referido, del que a su vez se desprende que le fue concedida jubilación al imputado en cita, asignándole por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $65,518.00 (sesenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) mensuales, correspondientes al 100% de su último sueldo percibido. Documental y anexos, a los que con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 211 del Código Adjetivo de la materia, se le concede valor probatorio pleno, atento a que fue expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, y por ende alcanza la calidad de documento público. En este sentido, en el citado oficio DRH/1784/2016, signado por el director de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Querétaro, se informa que se encuentra pendiente por emitir el decreto correspondiente al ****, por lo que a partir del 01 de octubre de 2015 cuenta con la categoría de pre-jubilado, habiéndose realizado los pagos correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, así como enero, febrero, marzo y abril de 2016; informando además que los trabajadores cuando cesan de sus labores, no dejan de percibir el monto de su pensión, así como que los recibos emitidos con motivo de ellos, se encuentran bajo resguardo de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Documental pública que acorde a lo establecido en el artículo 211, del Código de Procedimientos Penales del Estado, adquiere valor probatorio pleno, al estar expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones; advirtiéndose del mismo los decretos que por jubilación y pensión a la fecha de su suscripción habían sido emitidos por la Legislatura del Estado, así como los que aún se encuentran pendientes, proporcionando información respecto al proceso de marras. Medios de prueba descritos, con lo que se acreditó que probablemente ****, al haber exhibido la constancia de 6 seis de agosto de 2015 dos mil quince, en el que falsamente se hizo constar prestó sus servicios laborales del 1° de febrero de 1995 al 31 de octubre de 2006, con la finalidad de obtener un beneficio, el cual se traducía en lograr que le concediera la jubilación solicitada y percibir una prestación económica de manera mensual , de forma vitalicia; beneficio que en el caso concreto sí se obtuvo, pues tal como se acreditó en el auto de término de 2 de septiembre de 2016, al aquí imputado se le concedió por parte de la H. Quincuagésima Séptima Legislatura del estado de Querétaro, según decretó de 23 veintitrés de diciembre de 2015 dos mil quince, la jubilación solicitada, asignándole por este concepto, en forma vitalicia, la cantidad de $65,518.00 (Sesenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 00/100 m.n.) mensuales, y a consecuencia de lo anterior, se le ha hecho pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, así como enero, febrero, marzo y abril de 2016, más lo que se siga generando, dado que la documental que avala lo anterior, se encuentra expedida el 17 diecisiete de mayo de 2016 dos mil dieciséis. No debe pasarse de alto que el artículo 234 del Código Penal en vigor, que tipifica y sanciona el delito que nos ocupa, protege dos bienes jurídicos, a saber, la fe pública y en forma secundaria, el patrimonio, al ser un delito que se utiliza con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial, y su consumación se actualizó cuando se utilizó el documento apócrifo con el propósito de obtener, en este caso, una resolución de jubilación, lo que derivó alternativamente en perjuicio del patrimonio del Estado de Querétaro y en la obtención de un beneficio para el propio inculpado, quien los ejecutó (la recepción de su jubilación). Luego, al ser el patrimonio uno de los bienes jurídicos tutelados por esta figura delictiva, aún de manera secundaria, es que puede cuantificarse una suma por la reparación del daño, toda vez que el artículo 37 de la Ley Sustantiva en comento, establece que la reparación del daño comprende la restitución de lo obtenido mediante la comisión del delito, y si ello no fuera posible, el pago del valor correspondiente y la indemnización del daño material y moral, así como el perjuicio ocasionado... ... En este sentido, de los autos de la causa se advierte que, quien resintió una afectación con motivo de la comisión del delito, además de la fe pública, también es el Estado de Querétaro, específicamente en su patrimonio (siendo éste parte del gobierno que conforma el Estado), dado que fue la Legislatura del mismo, quien emitió el decreto de fecha 23 veintitrés de diciembre de 2015 dos mil quince, por el que se concede a ****, jubilación, asignándosele por este concepto, de forma vitalicia, la cantidad mensual de $65,518.00 (sesenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 00/100 m.n.), cantidad que se le ha venido pagando a partir de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015, así como enero, febrero, marzo y abril de 2016, tal como se desprende de la documental DRH/01784/2016, de data 17 diecisiete de mayo de 2016 dos mil dieciséis y signada por el Lic. Héctor Ernesto Bravo Martínez, Director de Recursos Humanos de Oficialía Mayor, a la cual se le reitera el valor probatorio pleno previamente concedido, de conformidad con el artículo 211 del Código de Procedimientos Penales; pagos que se pueden desglosar de la siguiente manera; ? Octubre 2015: $65,518.00 pesos. ? Noviembre 2015: $65,518.00 pesos. ? Diciembre 2015: $65,518.00 pesos. ? Enero 2016: $65,518.00 pesos. ? Febrero 2016: $65,518.00 pesos. Marzo 2016: $65,518.00 pesos. Abril 2016: $65,518.00 pesos. Luego, al realizar la suma de dichas cantidades, tomando en cuenta las documentales citadas, analizadas, valoradas, las que por los razonamientos expuestos, resultan idóneas, suficientes y pertinentes para acreditar el detrimento patrimonial ocasionado al Estado de Querétaro, hasta la emisión de la documental en comento (17 de mayo de 2016), misma que asciende a la cantidad de $428,626.00 (Cuatrocientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintiséis pesos 00/100 m.n.); la cual debe considerarse como monto estimado de la reparación del daño y que dada la etapa procesal en que nos encontramos basta con que tenga ese carácter para que se deba exigir como garantía por el juzgador.". Lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa; ya que la concesión del amparo no vinculó a la responsable a resolver en determinado sentido o acatando diversos lineamientos al no existir un pronunciamiento de fondo, toda vez que solamente se atendió a un aspecto formal, como lo es la falta de fundamentación y motivación. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Ibídem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...VI
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL Y/O CITATORIO DE 29/11/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 28/11/2016, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: VISTO; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, a través del cual informa que mediante acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial del Estado de Querétaro (autoridad responsable), fue absorbido por el primero de los citados; en tal virtud téngase al Juzgado Octavo de Primera Instancias Penal del Distrito Judicial de Querétaro, como autoridad responsable dentro del presente juicio de amparo. Asimismo, téngase a dicha autoridad remitiendo copias certificada de las constancias con la que acredita dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a los terceros interesados con una copia del oficio que se provee y sus anexos, por el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa...VI
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VISTO; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, a través del cual informa que mediante acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial del Estado de Querétaro (autoridad responsable), fue absorbido por el primero de los citados; en tal virtud téngase al Juzgado Octavo de Primera Instancias Penal del Distrito Judicial de Querétaro, como autoridad responsable dentro del presente juicio de amparo. Asimismo, téngase a dicha autoridad remitiendo copias certificada de las constancias con la que acredita dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a los terceros interesados con una copia del oficio que se provee y sus anexos, por el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa...VI
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