Agustín Miranda Pacheco y Otros.

Expediente 701/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
701/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • José Luis Miranda Pacheco
  • Agustín Miranda Pacheco y Otros.
  • Agustín Miranda Pacheco
  • José Luis Miranda Pacheco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Vista la razón de entrega de documentos, se advierte que el ocho de abril de dos mil veintidós, *****************, autorizado de la parte quejosa, compareció ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos adjuntados al escrito inicial de demanda; en ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento del Oficial Judicial A para que haga las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual remite la cancelación del folio de real R7*198056, toda vez que el cinco de abril de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió haciendo uso de este derecho la parte quejosa; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo conducente, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Agustín Miranda Pacheco y José Luis Miranda Pacheco, al haberse considerado que la autoridad responsable transgredió sus derechos fundamentales. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la Jueza Segunda Civil del Partido Judicial de Celaya: Dejará insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario C-520/2017, de su índice, a bienes de Cirilo Miranda Palma. Ordenara dejar sin efectos los actos materiales que sobrevinieron con motivo de la tramitación de ese procedimiento. Ordenara citar a los quejosos para que deduzcan sus derechos hereditarios. 2. Mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable, quien remitió copia certificada del auto de seis de marzo hogaño, así como las notificaciones realizadas a los quejosos en el indicado juicio. 3. Con motivo de lo anterior, el veintiocho de marzo de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario C-520/2017, de su índice, a bienes de Cirilo Miranda Palma. Ordenó dejar sin efectos los actos materiales que sobrevinieron con motivo de la tramitación de ese procedimiento. Citó a los quejosos para que deduzcan sus derechos hereditarios. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con copia certificada del auto de seis de marzo hogaño, así como las notificaciones realizadas a los quejosos en el juicio C-520/2017, la Jueza Segunda Civil del Partido Judicial de Celaya, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracciones I y II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el cuaderno de antecedentes y el duplicado del incidente de suspensión deberán ser destruidos, en el plazo de seis meses contados a partir de esta fecha. Por ser innecesaria su retención, devuélvase a la autoridad responsable el tomo de prueba que se formó con motivo de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió haciendo uso de este derecho la parte quejosa; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo conducente, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *********** y ************, al haberse considerado que la autoridad responsable transgredió sus derechos fundamentales. La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la Jueza Segunda Civil del Partido Judicial de Celaya: Dejará insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario C-520/2017, de su índice, a bienes de Cirilo Miranda Palma. Ordenara dejar sin efectos los actos materiales que sobrevinieron con motivo de la tramitación de ese procedimiento. Ordenara citar a los quejosos para que deduzcan sus derechos hereditarios. 2. Mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la responsable, quien remitió copia certificada del auto de seis de marzo hogaño, así como las notificaciones realizadas a los quejosos en el indicado juicio. 3. Con motivo de lo anterior, el veintiocho de marzo de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: Dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario C-520/2017, de su índice, a bienes de Cirilo Miranda Palma. Ordenó dejar sin efectos los actos materiales que sobrevinieron con motivo de la tramitación de ese procedimiento. Citó a los quejosos para que deduzcan sus derechos hereditarios. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con copia certificada del auto de seis de marzo hogaño, así como las notificaciones realizadas a los quejosos en el juicio C-520/2017, la Jueza Segunda Civil del Partido Judicial de Celaya, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracciones I y II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el cuaderno de antecedentes y el duplicado del incidente de suspensión deberán ser destruidos, en el plazo de seis meses contados a partir de esta fecha. Por ser innecesaria su retención, devuélvase a la autoridad responsable el tomo de prueba que se formó con motivo de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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