Agustín Mendoza Flores y Otros.

Expediente 531/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
531/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
21/06/2017

Partes del expediente

  • Agustín Mendoza Flores y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de seis de junio de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que los quejosos omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito de cuenta que suscribe **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, por su propio derecho, así como por **********, en su calidad de mandatario judicial de los quejosos, mediante el cual cumplen con el requerimiento de veintidós de mayo pasado, lo que hacen en la forma y términos de su ocurso. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto de la demanda de cuenta, es importante transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En el entendido de que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Es entendible, que de no actualizarse ninguno de los supuestos contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva será improcedente. Sentado lo anterior, se concluye que respecto del acto reclamado se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón de que constituye una resolución de índole procesal y, por ende, es objeto de reclamo hasta el dictado de la interlocutoria respectiva. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado consiste en la resolución que recae al recurso de revocación interpuesto en contra del auto dictado el diecisiete de marzo del año en curso, dentro del incidente de nulidad de actuaciones, el que determinó improcedente abrirlo a prueba, toda vez que el nueve de marzo del presente año, se había decretado la caducidad del mismo por inactividad procesal. Dicho acto, no es impugnable de manera inmediata en esta vía constitucional, pues podrá hacer valer la violaciones hasta que el amparo se intente en contra de la resolución final con la que culmine dicho procedimiento incidental, habida cuenta que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales emitidas, que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la interlocutoria dentro del incidente de nulidad de actuaciones de origen (en el caso en específico se determinó decretar la caducidad por inactividad procesal) si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, pueden reclamar las referidas irregularidades procedimentales, junto con la interlocutoria que haya decidido la incidencia, mediante el juicio de amparo indirecto. Por tanto, se hace patente que la violación procesal que aduce el quejoso, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, siendo precisamente estos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V en concatenación con la fracción IV, de la citada ley de la materia y de los criterios jurisprudenciales antes referidos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito de cuenta que suscribe **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, por su propio derecho, así como por **********, en su calidad de mandatario judicial de los quejosos, mediante el cual cumplen con el requerimiento de veintidós de mayo pasado, lo que hacen en la forma y términos de su ocurso. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente respecto de la demanda de cuenta, es importante transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En el entendido de que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Es entendible, que de no actualizarse ninguno de los supuestos contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva será improcedente. Sentado lo anterior, se concluye que respecto del acto reclamado se actualiza la citada causal de improcedencia, en razón de que constituye una resolución de índole procesal y, por ende, es objeto de reclamo hasta el dictado de la interlocutoria respectiva. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado consiste en la resolución que recae al recurso de revocación interpuesto en contra del auto dictado el diecisiete de marzo del año en curso, dentro del incidente de nulidad de actuaciones, el que determinó improcedente abrirlo a prueba, toda vez que el nueve de marzo del presente año, se había decretado la caducidad del mismo por inactividad procesal. Dicho acto, no es impugnable de manera inmediata en esta vía constitucional, pues podrá hacer valer la violaciones hasta que el amparo se intente en contra de la resolución final con la que culmine dicho procedimiento incidental, habida cuenta que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales emitidas, que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la interlocutoria dentro del incidente de nulidad de actuaciones de origen (en el caso en específico se determinó decretar la caducidad por inactividad procesal) si ésta es favorable a los intereses de la parte quejosa y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, pueden reclamar las referidas irregularidades procedimentales, junto con la interlocutoria que haya decidido la incidencia, mediante el juicio de amparo indirecto. Por tanto, se hace patente que la violación procesal que aduce el quejoso, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, siendo precisamente estos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V en concatenación con la fracción IV, de la citada ley de la materia y de los criterios jurisprudenciales antes referidos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, ********** y **********, todos de apellidos **********, por su propio derecho, así como por Fernando Camacho Landeros, en su calidad de mandatario judicial de los quejosos, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de esta localidad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 531/2017-III. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II, III y IV del numeral 114, en relación con el artículo 108, fracciónes I, IV y V, todos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. A) La primera irregularidad surge de lo estipulado en la fracción I del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. En el caso concreto, **********, manifestó en el proemio de la demanda, que acude como quejoso y en su carácter de mandatario judicial de **********, ********** y **********, todos de apellidos **********; empero, ningún documento adjuntó para acreditar dicha personería, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en acápites anteriores. Entonces, al constituir la personería un presupuesto procesal de análisis oficioso, es que debe quedar completamente satisfecha desde la radicación de la demanda. B) La segunda irregularidad surge de lo establecido en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta que textualmente dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en su demanda de amparo, en específico en el capítulo atinente al acto reclamado, en su afán de satisfacer dicha exigencia legal señaló: "Auto de fecha 9 de marzo del año 2017 consistente en la resolución del recurso de revocación mediante el cual revoca el auto de fecha diecisiete de marzo del año 2017 notificada el día veinticuatro de abril del año 2017..." Como se advierte de la transcripción, el acto reclamo resulta confuso, dado que señala como tal la resolución de nueve de marzo del presente año, misma que revoca el auto de diecisiete del mismo mes y año, siendo este de fecha posterior y notificada el veinticuatro de abril pasado. Aunado a lo anteriormente expuesto, la parte quejosa señala en los antecedentes de su escrito inicial, que por resolución recaída al recurso de revocación, se decretó la caducidad del incidente de nulidad de notificaciones, determinación que fue notificada el catorce de marzo de dos mil diecisiete. Por tanto, no se advierte con precisión cuál es el acto que tilda como inconstitucional, esto es, si señala únicamente el referido en su apartado relativo al acto reclamado (el cual resulta discrepante en las fechas), o bien, la resolución a que hace referencia en la parte final de las antecedentes que narra. Lo anterior torna obscuro el libelo constitucional, al no poder establecer con precisión cuál es el acto del que se duele en esta instancia; por ello, es necesario que la parte quejosa especifique los actos que reclama, a efecto de que la autoridad responsable se encuentre en condiciones de rendir adecuadamente su informe justificado. C) Ahora bien, la tercera irregularidad advertida emerge de lo establecido en la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta que textualmente dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Como se advierte de la trascripción anterior, dicho precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto el suscrito estima que si bien es cierto la parte quejosa en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, narró algunos antecedentes en relación a la admisión del incidente de nulidad de notificaciones, así como de la caducidad del mismo; también lo es que omitió mencionar los relativos al acto reclamado en específico. En tal virtud, es menester que el suscrito tenga la certeza de lo apuntado, pues tales datos son determinantes para poder substanciar el sumario, por lo que dichas irregularidades tornan obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer el estado procesal en que se encuentra juicio del que emana el acto reclamado. Conclusivamente, con fundamento en el artículo 108, fracciones I y V, en relación con el diverso 114, fracciones II y III, todos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Acredite con documento fehaciente el carácter de mandatario judicial de **********, ********** y **********, todos de apellidos **********. Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado. Precise con claridad los actos que señala como reclamos. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si quienes suscriben la demanda son quienes la desahogan, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Los requerimientos que al efecto se emiten conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada." En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Magdalena Cortés Bautista, al no contar con cédula profesional inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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