Agustín Martínez Jarquín
Expediente 305/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Agustín Martínez Jarquín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado el treinta de junio de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. No existiendo asunto pendiente de diligenciar y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado acuerdo; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Asimismo, se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el fracción I del numeral 20 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y debido a que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la conservación integra del incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General. Transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la conservación integra del presente expediente. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintitrés. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hace constar que en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como un hecho notorio, que en el incidente de suspensión conexo a este juicio de amparo, obra el oficio número PJEO/CJ/JCT/1148/2023-J, firmado por el Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, por el que informó que en relación a lo solicitado por diverso oficio 92********************, deducido de dicho cuaderno incidental, por el que se le notificó la interlocutoria correspondiente, que el veintidós de junio del año en curso, dentro del cuaderno de antecedentes ********************, de su índice, instruido contra el quejoso ********************, por el hecho que la ley señala como los delitos de violencia familiar, tentativa de homicidio y disparo de arma de fuego, cometidos en agravio de ******************** y ********************, resolvió dejar sin efectos la medida de protección previstas en las fracciones I y II del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales le fueron impuestas a dicho imputado, consistentes en: 1. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido. Que el señor ********************, no puede acercarse a las víctimas ******************** y ********************. 2. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre. Que el imputado de mérito no pueda acercarse a los domicilios particulares y/o laborales de las víctimas, siendo estos los que se encuentran en la ciudad de Salina Cruz, Oaxaca. Lo anterior, al haber transcurrido el plazo de sesenta días naturales que establece el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que transcurrieron del dieciocho de abril al dieciocho de junio del año en curso, sin que se hubiera solicitado su prórroga. Para corrobora su dicho remitió un DVD certificado de la audiencia desahogada el veintidós de junio de dos mil veintitrés. Del desahogo de dicha audiencia, se aprecia que el Juez responsable informó a las partes que debido a que el Ministerio Público no solicitó prórroga antes de que feneciera el aludido plazo, no se podía entrar en un debate, en el sentido del domicilio que se indicó a dicha autoridad ministerial, pues fue omiso en realizar actos de investigación para verificar quién ejercía el derecho de trabajo sobre ese domicilio; por lo que no se iba a pronunciar al respecto, indicando a las partes que esas medidas de protección quedaban sin efectos a partir del dieciocho de junio de dos mil veintitrés. Agregando, que en relación al domicilio que se ubica en ********************, dicho juzgador no se pronunciaría al respecto, dado que el Ministerio Público haría actos de investigación, lo cual no realizó; indicando, que no se entró al estudio de esa medida de protección, por lo tanto había quedado sin efecto. De lo anteriormente expuesto, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se advierte que el quejoso ********************, por propio derecho, reclamó del Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la negativa de permitirle el ingreso a su taller mecánico y encierro de camiones ubicado en el ********************. Lo que resultó cierto según lo informado por el Juez responsable (folio 6466), pues indicó que por resolución de quince de mayo de dos mil veintitrés, en el cuaderno de antecedentes número ********************, ratificó las medidas de protección contenidas en las fracciones I y II del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en "la prohibición de acercarse o comunicarse a las víctimas ******************** y ********************", y "que el imputado se acercara a los domicilios particulares de dichas víctimas los cuales se localizan en la Ciudad de Salina Cruz, Oaxaca." Precisando que respecto del domicilio ubicado en ********************, se indicó que una vez que el ministerio público realizara actos de investigación a efecto de determinar quién es el propietario del taller mecánico que se ubica en dicho domicilio, se resolvería lo conducente; por lo que, una vez que se determinara esa circunstancia el imputado entre tanto no podría acercarse al aludido domicilio. Ahora, de lo asentado en la certificación secretarial respectiva, en el sentido de que el Juez responsable en audiencia llevada a cabo el veintidós de junio de dos mil veintitrés, dentro del cuaderno de antecedentes ********************, de su índice, instruido contra el quejoso ********************, por el hecho que la ley señala como los delitos de violencia familiar, tentativa de homicidio y disparo de arma de fuego, cometidos en agravio de ******************** y ********************, resolvió dejar sin efectos la medida de protección previstas en las fracciones I y II del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales le fueron impuestas al imputado de mérito, por haber transcurrido el plazo de sesenta días naturales que establece el artículo 139 de dicho ordenamiento legal, mismos que transcurrieron del dieciocho de abril al dieciocho de junio del año en curso, sin que se hubiera solicitado su prórroga. De igual forma, en la dicha audiencia el Juez responsable, en virtud de que no entró al estudio de la medida de protección, consistente en la negativa de permitirle al quejoso el ingreso de su taller mecánico y encierro de camiones ubicado en ********************, precisó que no se pronunciaría al respecto, dado que el Ministerio Público haría actos de investigación, lo cual no realizó, por lo tanto había quedado sin efecto la misma. De lo anterior, es inconcuso que han cesado los efectos de los actos reclamados, actualizándose así de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ello es así, toda vez que con posterioridad a la presentación de la demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que lo fue el treinta de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad judicial responsable, dejó sin efecto las medidas de protección impuestas al quejoso, que lo fue el veintidós de junio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la materia, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señalada para llevar a cabo la audiencia, a saber, las diez horas con cincuenta y cinco minutos del once de julio del actual. Funda lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página treinta y ocho, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 193758, cuyo tenor literal es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente al quejoso y vía electrónica a los terceros interesados.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de junio de dos mil veintitrés. SE APERSONA TERCERO INTERESADO Agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado ********************; en su atención, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose con tal carácter a este juicio de amparo. DOMICILIO Se tiene a dicha parte señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar que indica. AUTORIZADAS Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************; y únicamente como autorizada en términos del numeral 24, segundo párrafo de dicho ordenamiento legal, a ********************, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no existe registrada su cédula profesional, que la faculte para ejercer la profesión de licenciado en derecho. CONSULTA DE EXPEDIENTE Como se solicita, tomando en cuenta que los usuarios "********************" y "********************", se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Líneas del Poder Judicial de la Federación, y están vinculados con un correo electrónico, en términos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en términos del 21 y 39 de esa legislación, se ordena únicamente la consulta del expediente electrónico. Se instruye a la Oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. Notifíquese.
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