Agustín Estudillo Martínez

Expediente 475/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
475/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Agustín Estudillo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera revisión contra del acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso a), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa, así como por oficio a la autoridad responsable

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la 1. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer por razón de Género, Istmo de Tehuantepec, Unidad de Género de la Región del Istmo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, remite copia certificada de la carpeta de investigación 16705/FIST/FMUJ-TEHUANTEPEC/2021, que dio origen a la causa penal 463/2021. Por tanto, las constancias que se reciben en esta data, constituyen documentos públicos y se les otorga valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo de su numeral 2°. Ello, aun cuando dichas documentales, no se hayan agregado con la anticipación a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues resulta innecesario esperar a que transcurra el plazo que establece dicho numeral y resolver este juicio de amparo a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre del año en curso, fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; pues, en el caso, no se advierte que ello genere beneficio a la parte quejosa, toda vez que el contenido del informe justificado y anexos que obra en autos, rendido por la autoridad responsable, así como del oficio que se atiende, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.**** SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En ese sentido, considerando que del escrito inicial de demanda se aprecia que la parte quejosa en el presente juicio de amparo en esencia señaló como acto reclamado: La determinación de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, a través del cual la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer por razón de Género, Istmo de Tehuantepec, Unidad de Género de la Región del Istmo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, informó al aquí quejoso que no era procedente dar la intervención que solicita en la carpeta de investigación 16705/FIST/FMUJ-TEHUANTEPEC/2021 de su índice, por las razones ahí expuestas. En esas condiciones, de las constancias que se allegaron al presente juicio de amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en relación con el citado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)." Del precepto legal invocado se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese entendido, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. Cobra aplicación al caso, la tesis 51, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, Novena Época, Tomo VI, Precedentes Relevantes, Materia Común, página 39, que literalmente dice: ********************* En ese sentido, es menester precisar que el acto combatido en la presente instancia constitucional consistente en la negativa de dar intervención al aquí quejoso en la carpeta de investigación 16705/FIST/FMUJ-TEHUANTEPEC/2021. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la Fiscal responsable en su informe de ley, se aprecia que el dicha carpeta actualmente no se encuentra en etapa de investigación, pues ésta fue judicializada dando origen a la causa penal 463/2021, y que el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se cumplimentó la orden de aprehensión derivada de dicha causa penal. De ahí, que se actualice la casual en comento, en virtud de que la negativa reclamada al agente del Ministerio Público responsable, se atribuye en la etapa de investigación, siendo que en la actualidad ya no se encuentra en dicho momento la multicitada carpeta, pues fue judicializada e incluso se cumplimentó la orden de aprehensión aludida en contra del aquí quejoso, lo cual hace patente que existió un cambio de situación jurídica, pues si el juicio de amparo fue promovido señalando como actos reclamados la negativa de dar intervención de la carpeta de investigación citada y se encontraba en la etapa de investigación, y actualmente la misma está concluida en virtud de la consignación realizada ante un órgano jurisdiccional, es evidente que se originó una situación jurídica nueva, distinta y autónoma, que consume jurídicamente de forma irreparable el acto reclamado por el quejoso, ya que al haber sido sustituida por la nueva, aquella no puede anularse, al no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica del proceso en comento. Aunado a que, en esta nueva etapa del proceso penal, la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrita al pasa a tener calidad de parte y no de autoridad. ************* "ABSTENCIONES, OMISIONES O DILACIONES ATRIBUIDAS AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Del artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. Así, cuando el imputado reclama al Ministerio Público abstenciones, omisiones o dilaciones Penales, se advierte que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte son: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Luego, el numeral 211 del propio código, dispone que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación: a) inicial y b) complementaria, 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme, procedimiento que se decanta por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. Bajo ese contexto, dentro del procedimiento acusatorio pueden distinguirse al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el Juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del Juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral y, finalmente, c) la realización del juicio, donde un Juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad o no del acusado. La etapa de investigación, particularmente tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado, misma que deberá iniciar con una denuncia, querella u otro requisito equivalente y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía, actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Así, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Por ello, de la etapa de investigación inicial hasta el momento de formular imputación, el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad, pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de control, a cuya disposición se encuentra el imputado; es decir, el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones para seguir actuando motu proprio como autoridad, salvo los actos materiales de investigación que el código señalado establece puede realizar sin autorización judicial, en términos de su artículo 251. En ese sentido, es válido afirmar que durante la fase de investigación complementaria no puede atribuirse al Ministerio Público el carácter de autoridad, en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase mencionada, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, dado que en términos de los artículos 321, 322, 323 y 333 del código referido es el Juez de control, a cuyo cargo se encuentra la determinación del plazo de inicio, el otorgamiento de prórrogas, la conclusión e, incluso, la reapertura de la fase correspondiente. Lo anterior significa que si se señala como acto reclamado al Ministerio Público la omisión o dilación en llevar a cabo los actos tendentes al desahogo de una prueba propuesta por el imputado durante la fase de investigación complementaria, ese acto no debe catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo." Por lo expuesto, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia en mención. En tales condiciones, se estima que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVII del artículo 61 de la legislación en cita, en relación con el numeral 63, fracciones IV y V de la Ley de la Materia, por lo que resulta procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, al haber cesado los efectos de los actos reclamados. En otro aspecto, cabe destacar que el sobreseimiento procede decretarlo fuera de audiencia cuando existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como se previene de la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres, que dice: ************ Como consecuencia de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS la fecha para la celebración de la audiencia constitucional fijada en autos para las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre del año en curso. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense los oficios de cuenta, remitido vía correo electrónico por el 1. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer por razón de Género, Istmo de Tehuantepec, Unidad de Género de la Región del Istmo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con el que adjunta copia simple de la carpeta de investigación 16705/FIST/FMUJ-TEHUANTEPEC/2021, que dio origen a la causa penal 463/2021. Toda vez que la documentación anexa por la responsable no fue certificada por la responsable, no se tiene por desahogado el requerimiento formulado en proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, transcrito en misiva 20454/2021; por lo que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que en el plazo de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, remita la actuación citada en copia certificada, completa y legible. Con la precisión que le subsiste el apercibimiento de veintiuno de septiembre de este año. SIGILO Respecto de la documentación remitida, en términos de los numerales que cita en la misiva y del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 113 fracción V, y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Juzgado de Distrito, adopta las medidas necesarias a efecto de resguardar y mantener la secrecía con la finalidad de salvaguardar los principios de reserva de identidad y la protección de los datos personales de identificación y localización; ello, en aras de salvaguardar sus derechos humanos, únicamente se permite el acceso de éste a los servidores públicos facultados para ello; debiéndose observar en todo momento lo dispuesto en los preceptos 9, 10 y 11, fracción VI, del primero de los ordenamientos citados, así como del numeral 24, fracción VI, del último estatuto mencionado; por tanto, su resguardo, de la promoción que se provee, la cual deberá testarse en la parte conducente a los datos de identificación de fecha de nacimiento y edad proporcionados en ésta. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta la misiva de cuenta, pues no obstante que se remitió vía correo electrónico, éste es un medio de comunicación, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Cúmplase

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde vía correo electrónico, la 1. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer por razón de Género, Istmo de Tehuantepec, Unidad de Género de la Región del Istmo de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Ahora, dado que las actuaciones remitidas por la responsable son insuficientes para integrar la Litis en este asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, así como el diverso 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esa legislación, se requiere para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación, remita copia certificada de las actuaciones completa y legible que componen la carpeta de investigación de la que deriva el acto reclamado. En el entendido que le subiste el apercibimiento que le fue formulado por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. DIFERIMIENTO Toda vez que dicho informe no fue presentado con ocho días de anticipación, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y no irrogar perjuicio a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para el veintidós de este mes, fijándose para su celebración las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre del año en curso, siendo factible que se lleve a cabo sin su asistencia, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes virtualmente. **********

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