Agustin Manuel Velazquez Garcia Lopez

Expediente 968/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
968/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Agustin Manuel Velazquez Garcia Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que devuelve estos autos y además, remite copia certificada de la resolución dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el toca 154/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en este juicio. Ejecutoria de la que se aprecia la superioridad confirmó la resolución recurrida, en la que, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio, y en el segundo, se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Acúsese recibo vía electrónica. Glósese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en este asunto, dejando los autos originales que lo conforman y deséchense las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido del Secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, el oficio de cuenta, en el que se transcribe el contenido del acuerdo de presidencia dictado el seis del actual mes, en autos del amparo en revisión 154/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 968/2020-VII-B, de donde deriva este cuadernillo. Acuerdo del cual se advierte que la Superioridad acusa recibo a este Juzgado del oficio respectivo con el que se le remitieron ese juicio de amparo junto con el original del escrito de expresión de agravios, así como que admitió dicho medio de impugnación. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. En atención a que ********************, representante legal de la quejosa ********************., interpone recurso de revisión contra la sentencia firmada el veintiséis de febrero del año en curso; SE ACUERDA: Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse sendas copias del mismo entre las demás partes, que lo son las autoridades responsables (tres) y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para lo cual, en términos de la parte final del párrafo tercero del numeral 88 de la ley de la materia, procédase a extraer las copias necesarias del aludido escrito. Una vez hecho lo anterior, envíese vía buzón judicial el original del aludido escrito de expresión de agravios, junto con este expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que estime procedente acordar al respecto. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes y glósese a dicho expedientillo una copia del escrito de expresión de agravios. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo número 968/2020-VII-B, promovido por AGUSTÍN MANUEL VELÁZQUEZ GARCÍA LÓPEZ, representante legal de AVAFIRM, S. C., y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica, por medio de la FIREL, el veinte de octubre de dos mil veinte, turnado a este juzgado, en esa misma fecha, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, compareció la sociedad civil AVAFIRM, S. C., por conducto de su representante legal AGUSTÍN MANUEL VELÁZQUEZ GARCÍA LÓPEZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Director y Visitadores adscritos, Carlos Humberto González Palma y María de los Milagros Herrera Guillermo, todos de la Auditoría Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo que se registró con el número 968/2020-VII-B; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, del escrito de demanda y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se tienen como actos reclamados por la parte quejosa: Del Director de Auditoría Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio número RIM310037/2020, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. De los Visitadores adscritos, Carlos Humberto González Palma y María de los Milagros Herrera Guillermo, el Acta Parcial de Inicio de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, a través de la cual se le requirió proporcione la información y documentación detallada en la citada orden de visita domiciliaria, respecto del periodo fiscal comprendido del uno de abril al treinta de junio de dos mil veinte. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman de las autoridades señaladas como responsables, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" Respecto al acta parcial de inicio de fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinte, que contiene la ejecución de la orden de visita domiciliaria RIM310037/2020, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción III, inciso b, interpretado a contrario sensu (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos en cita se desprende que, por regla general, el amparo indirecto es procedente contra actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; o actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, en la especie la sociedad quejosa reclama el acta parcial de inicio de aportación de informes y documentación, de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, derivado de la orden de visita domiciliaria RIM310037/2020, de fecha veinticuatro de ese propio mes y año. Así, conforme al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, la orden de visita domiciliaria es uno de los procedimientos con que cuentan las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales. De esta manera, la visita domiciliaria se ubica dentro de lo que la doctrina denomina "procedimiento administrativo" que culmina, generalmente, con una resolución o calificación en la que, en su caso, se determina una sanción o un crédito a cargo del sujeto visitado. Así pues, el inicio de este procedimiento (visita domiciliaria) es regulado por el artículo 44 del código tributario al establecer: "Artículo 44. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita. II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior. Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad. En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por ellas, sin que se hubiera cumplido con la obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías. III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. Los testigos pueden ser substituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo, en tales circunstancias la persona con la que se entienda la visita deberá designar de inmediato otros y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la visita. IV. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes, para que continúen una visita iniciada por aquéllas notificando al visitado la sustitución de autoridad y de visitadores. Podrán también solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando." Como se ve, la primera etapa de la visita domiciliaria -que puede denominarse como de inicio- comprende la identificación de los visitadores ante el visitado o la persona con quien han de entender la visita, la entrega de la orden y la designación de los testigos. En relación con lo que es propiamente la notificación y entrega de la orden de visita, en el acta parcial de inicio -que deberá ser firmada por dos testigos- se hará constar si precedió citatorio, si éste fue atendido o, en su defecto, que no lo fue y que, por lo tanto, la notificación y entrega de la orden se entendieron con quien se encontró en el lugar de la diligencia. Es decir, más allá de que, efectivamente, en el acta parcial de inicio se hace constar la notificación y entrega de la orden de visita, se trata de un acto único dictado dentro del procedimiento de fiscalización. Así, dichos actos forman parte del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, respecto del cual ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por regla general, el juicio constitucional procede hasta la resolución definitiva, donde se podrán hacer valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento. De ahí que, en el particular, al reclamarse el acta parcial de inicio en comento, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente, al no constituir tal acto la resolución definitiva dictada en el procedimiento administrativo de visita domiciliaria. Se invoca al respecto, la tesis I.15o.A.99 A, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se puede ver en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, abril de 2008, página 2394, con registro 169840, del tenor siguiente: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CONTRA LOS ACTOS DE SU NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN IMPUGNADOS POR VICIOS PROPIOS, POR REGLA GENERAL, EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la visita domiciliaria se desarrolla mediante un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo que el amparo indirecto es procedente sólo contra la resolución final que llegue a dictarse, oportunidad en la que el gobernado podrá plantear todas las irregularidades que estime actualizadas durante ese procedimiento, según lo dispone el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo. Sin embargo, también ha sustentado que esa regla no es absoluta, pues existen casos en los que el juicio de garantías puede promoverse, desde luego, como son aquellos en que el quejoso es tercero extraño al procedimiento, cuando impugna la constitucionalidad de normas generales o reclama actos que revistan una ejecución de imposible reparación. Ejemplo de este último caso se presenta a través de la reclamación de la orden de visita, que por ser un acto susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado consagrados en el artículo 16 de la Constitución General de la República, como lo es la inviolabilidad del domicilio, reviste una ejecución irreparable que autoriza a ejercitar en su contra la acción de garantías sin tener que esperar a que se dicte la resolución final en el procedimiento de visita. Sobre esas premisas, es inconcuso que cuando en el juicio de amparo se reclama la orden de visita y los actos relacionados con su notificación y ejecución (acta parcial de inicio), de resultar ese mandamiento inconstitucional, también serán violatorios de garantías, por vía de consecuencia, los demás actos del procedimiento relativo; pero en el evento de que la orden de visita resulte constitucional, no será procedente analizar por vicios propios los actos subsecuentes a la emisión de ese mandamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en relación con el citado artículo 114, fracción II, pues en ese supuesto, de no actualizarse alguna de las excepciones mencionadas, cobra vigencia la regla general de procedencia del juicio de amparo sólo contra la última resolución del procedimiento de visita." Así como, la jurisprudencia 22/2003, de la Segunda Sala del Mas Alto Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, abril de 2003, página 196, con registro 184435, del contenido siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." Máxime que sobre el tópico del acto reclamado, acta parcial de inicio de visita domiciliaria que se reclama, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 39/2000-PL, que se localiza en la página 147, Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, sostuvo que las actas de visita domiciliaria son impugnables, por regla general, a través del juicio de amparo indirecto, hasta que se produzca la resolución final en el procedimiento administrativo. De la citada contradicción surgió la jurisprudencia 24/2003, del tenor siguiente: "ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. SON IMPUGNABLES, POR REGLA GENERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, HASTA QUE SE PRODUZCA LA RESOLUCIÓN FINAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Las actas de visita domiciliaria o auditoría fiscal encuadran en la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la imposición de una obligación (actos definitivos o resolutorios); de ahí que, por regla general, dichas actas no sean impugnables mediante el juicio de garantías conforme al artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo; sin embargo, la inimpugnabilidad de las mencionadas actas es una simple regla de orden y no una regla absoluta, pues no puede afirmarse que los actos de trámite nunca sean impugnables aisladamente, es decir, habrá que esperar hasta que se produzca la resolución final del procedimiento, oportunidad en la cual podrán plantearse las irregularidades que el visitado aprecie sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado, así como sobre la legalidad de todos y cada uno de los actos que la originaron, como la falta de identificación de los visitadores, entre otros; además, el amparo indirecto en contra del resultado final de la visita fiscal domiciliaria sólo sería procedente de conformidad con el precepto indicado, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, excepto que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia, que se trate de amparo contra leyes o actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, supuestos en que el amparo procederá desde luego; de no ser así, el juicio de garantías sería improcedente en términos de la fracción XV del artículo 73 de la ley citada, habida cuenta de que en contra del resultado final de esa visita -resolución definitiva-, el particular afectado, en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, tiene la carga de agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal que proceda, por virtud del cual aquél pueda ser modificado, revocado o nulificado.". De la lectura de la invocada jurisprudencia, se advierte que el Alto Tribunal, consideró que, por regla general, las actas de visita domiciliaria sólo son impugnables a través del juicio de amparo indirecto, hasta que se produzca la resolución final en el procedimiento administrativo, en razón de que encuadran en la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la imposición de una obligación (actos definitivos o resolutorios). Por tanto, habrá que esperar hasta que se produzca esa resolución final del procedimiento, para promover el amparo, en el que podrán plantearse las irregularidades que el visitado aprecie sobre el modo en que el procedimiento se ha tramitado y la legalidad de todos y cada uno de los actos que la originaron. Bajo esa perspectiva, si la persona moral quejosa reclamó el acta parcial de inicio levantada el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se estima que respecto de dicho acto opera la causa de improcedencia en estudio, en razón a que ésta sólo constituye el inicio del procedimiento respectivo, y es hasta que se pronuncie la resolución definitiva prevista en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, cuando estará en aptitud de impugnar dicha determinación, en la que podrá hacer valer las violaciones que estime se cometieron durante el desahogo de la misma y que la hubieren dejado sin defensa o privado de algún derecho. Lo anterior, aunado a que tanto el acta parcial inicial -que contiene la notificación y entrega de la orden de visita-, como el resto de las actas que componen el procedimiento de visita domiciliaria, generalmente, encuadran en la categoría de actos de trámite o instrumentales, ya que no ponen fin a la vía administrativa -como sí ocurre con los actos definitivos o resolutorios-, sino que sólo sirven para ilustrar y aportar todos los datos necesarios para que recaiga una decisión final que, en su caso, se manifestará con el establecimiento de una liquidación o la imposición de una obligación (actos definitivos o resolutorios); de ahí que, ordinariamente, se reitera, dichas actas no sean impugnables. En este sentido, si de acuerdo con el artículo 107, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, cuando se reclaman actos provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; entonces, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que pueden desaparecer con el dictado de una resolución que deje intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse el procedimiento seguido en forma de juicio en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para el resultado que afecte los intereses del gobernado. Bajo esta perspectiva, el acta parcial de inicio derivado de la orden de visita domiciliaria RIM310037/2020, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, constituye un acto meramente instrumental que marca el inicio del procedimiento fiscalizador. Se traduce en la puesta en conocimiento del contribuyente de la existencia de la orden de visita con el propósito de que otorgue las facilidades necesarias para el desarrollo de las facultades de comprobación por parte de la autoridad hacendaria y, en su caso, pueda ejercer su derecho de defensa; sin embargo, no constituye un acto que -per se- tenga injerencia en alguno de los derechos sustantivos de los visitados (libertad, propiedad, posesión, etcétera), dado que -se insiste- su única finalidad es marcar el inicio del procedimiento fiscalizador que culminará con una resolución definitiva. Es así que las consecuencias de esta diligencia meramente procesal podrían verse reflejadas en la resolución definitiva que emita la autoridad fiscal y, será hasta entonces, que el contribuyente, una vez agotado el principio de definitividad, estará en aptitud de controvertirlas, siempre y cuando por su virtud el visitado hubiese quedado sin defensas, trascendiendo al resultado de dicha resolución. Pues no es el acta parcial de inicio el que dota de eficacia a la orden de visita, sino el hecho de que en ésta se contengan los requisitos constitucionales y legales que permiten a la autoridad fiscal irrumpir en el domicilio del visitado. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción III, inciso b, interpretado a contrario sensu (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, por lo que refiere al acta parcial de inicio de aportación de datos e informes, de veinticinco de septiembre de dos mil veinte. QUINTO. Ahora bien, respecto al diverso acto reclamado, relativo a la orden de visita domiciliaria referida, al no existir causa de improcedencia hecha valer por alguna de las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna otra. Lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de la litis constitucional. Son infundados los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, como a continuación se verá. En su primer concepto de violación, señala la parte promovente que la orden de visita viola lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales al no estar fundada y motivada. Atento a ello, conviene examinar el derecho fundamental de fundamentación y motivación contenido en el artículo 16, párrafo primero, constitucional, el cual, afirma el quejoso, se transgrede en su perjuicio: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)" Como se observa, el artículo antes transcrito involucra de manera específica el análisis de los actos de autoridad a la luz del principio de legalidad, que exige que cualquier acto de autoridad que pueda implicar una molestia en la esfera jurídica de los gobernados, debe constar por escrito, provenir de autoridad competente y estar fundado y motivado. Así, el primero de dichos requisitos exige que la conducta de la autoridad conste por escrito, asegurando con ello la certeza de su existencia, y que el afectado conozca con precisión qué autoridad lo emitió, su contenido y consecuencias, de modo que sea factible su análisis y confrontación con la normatividad aplicable. El segundo de tales extremos garantiza que la autoridad que emite determinado acto se encuentre facultada para ello de manera expresa en una ley. Mientras que el tercero obliga a las autoridades a citar en el acto de molestia los preceptos legales en los que apoya su actuación, además de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya considerado para la emisión del acto, los que deberán tener adecuación con las normas en que se fundamente, de tal manera que se configuren las hipótesis normativas. En el caso concreto, la lectura del oficio reclamado evidencia que consta por escrito y que la autoridad responsable fundó su competencia, entre otros, en los siguientes artículos: LEY DE COORDINACIÓN FISCAL CAPITULO III De la Colaboración Administrativa entre las Entidades y la Federación "Artículo 13.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se pacte expresamente. En los convenios a que se refiere este artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir de las fechas que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. La Federación o la Entidad podrán dar por terminados parcial o totalmente los convenios a que se refiere este precepto, terminación que será publicada y tendrá efectos conforme al párrafo anterior. En los convenios señalados en este precepto se fijarán las percepciones que recibirán las Entidades o sus Municipios, por las actividades de administración fiscal que realicen. Artículo 14.- Las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos". CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN. CLÁUSULAS "SEGUNDA.- La Secretaría y la entidad convienen coordinarse en: I. Impuesto al valor agregado, en los términos que se establecen en las cláusulas octava, novena y décima de este Convenio. II. Impuesto sobre la renta, en los términos que se establecen en las cláusulas octava, novena, décima y décima primera de este Convenio.[.]". "TERCERA.- La administración de los ingresos coordinados y el ejercicio de las facultades a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio se efectuarán por la entidad, en relación con las personas que tengan su domicilio fiscal dentro de su territorio y estén obligadas al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades. Lo anterior, con las salvedades que expresamente se establecen en este Convenio. En el caso de que el ejercicio de facultades se refiera a personas que no se encuentren inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, se estará a lo previsto en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Por ingresos coordinados se entenderán aquellos ingresos federales en cuya administración participe la entidad, ya sea integral o parcialmente, en los términos de este Convenio. CUARTA.- Las facultades de la Secretaría, que conforme a este Convenio se delegan a la entidad, serán ejercidas por el gobernador de la entidad o por las demás autoridades fiscales de la misma que, conforme a las disposiciones jurídicas locales, estén facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales. A falta de las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, las citadas facultades serán ejercidas por las autoridades fiscales de la propia entidad que realicen funciones de igual naturaleza a las mencionadas en el presente Convenio, en relación con ingresos locales. En ese contexto, la entidad ejercerá la coordinación y control de las instituciones de crédito y de las oficinas recaudadoras o auxiliares que autorice la misma para efectos de la recaudación, recepción de declaraciones, avisos y demás documentos a que se refiere el presente Convenio, incluso por medios electrónicos. [.] En lo referente a las obligaciones y el ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente instrumento en materia de ingresos coordinados y del ejercicio de las facultades relacionadas con las actividades referidas en la cláusula segunda de este Convenio, la Secretaría y la entidad convienen en que esta última las ejerza en los términos de las disposiciones jurídicas federales aplicables, incluso la normatividad, lineamientos, políticas y criterios que para tal efecto emita la Secretaría". "OCTAVA.- Tratándose de la administración de los ingresos federales coordinados y del ejercicio de las actividades a que se refieren las cláusulas novena, décima, décima primera, décima tercera, décima quinta y décima sexta del presente Convenio, en lo conducente, la entidad ejercerá las siguientes facultades: l. En materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro: [.] b). Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y determinar los impuestos de que se trate, su actualización y accesorios a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, con motivo del ejercicio de sus facultades, incluso por medios electrónicos. [.] d). Notificar los actos administrativos y las resoluciones dictadas por la entidad, incluso a través de medios electrónicos, relativos al impuesto de que se trate y sus accesorios, requerimientos o solicitudes de informes emitidos por la entidad, así como recaudar, en su caso, el importe correspondiente por sí misma o a través de los terceros habilitados que autorice la entidad. La entidad podrá habilitar a terceros para que realicen las notificaciones, cumpliendo las formalidades previstas en el Código Fiscal de la Federación". "NOVENA.- En materia de los impuestos al valor agregado, sobre la renta y especial sobre producción y servicios y, en su caso, los derivados en materia de comercio exterior, referidos en el Anexo correspondiente, la entidad, en ejercicio de las facultades de comprobación, tendrá las atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de ordenar y practicar visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o establecimiento de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros relacionados con ellos; así como en las oficinas de la autoridad competente o por medios electrónicos". "DÉCIMA.- En materia de los impuestos al valor agregado, sobre la renta y especial sobre producción y servicios, la entidad tendrá las siguientes obligaciones: [.] II. Ejercer las facultades de comprobación, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones jurídicas federales aplicables.". LEY DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN "Artículo 7.- La Agencia tendrá las atribuciones siguientes: [.] II. Participar en la celebración de Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, con el Gobierno Federal, y de los Convenios con los Municipios del Estado, así como asesorar a éstos últimos en materia fiscal, en el análisis de su política tributaria, en la elaboración de anteproyectos de ordenamientos fiscales y en el establecimiento de sistemas administrativos, cuando así lo soliciten expresamente; [.] IV. Recaudar los ingresos federales coordinados, sean impuestos, derechos o contribuciones de mejoras, sus accesorios o cualquier otro ingreso, así como los productos o aprovechamientos, que correspondan al Estado o a sus Municipios, de acuerdo con los Convenios de Coordinación Fiscal Federal. No se encuentran comprendidos en los ingresos a que se refiere esta fracción, los que correspondan al Estado de Yucatán por concepto de participaciones o transferencias, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal; éstos ingresos, en todo caso serán percibidos, administrados y ministrados, por la Secretaría; V.- Ejercer aquellas facultades que en materia de coordinación fiscal correspondan a la Administración Tributaria y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones derivadas de los Convenios de Coordinación Fiscal Federal y de los Convenios con los Municipios; [.] VI. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento y la aplicación de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal, estatales y federales; así como recibir las declaraciones, los avisos, manifestaciones, documentos e informes que presenten los contribuyentes, los retenedores, los recaudadores o cualquier tercero; [.] IX.- Verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales, establecidas en las leyes estatales y federales, en materia de impuesto, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos o cualquier otra contribución, estatal o federal coordinada, mediante el ejercicio de las diversas facultades de comprobación establecidas en las disposiciones fiscales aplicables, entre otras, siendo estas las siguientes: a) Visitas domiciliarias, revisiones de informes, de datos o documentos solicitados a contribuyentes, responsables solidarios o terceros, inspecciones y verificaciones, en el domicilio de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, en las oficinas de la Agencia o, en su caso, en la vía pública, cuando proceda y en los términos de las leyes fiscales estatales y federales y de los Convenios de Coordinación Fiscal Federal y de los Convenios con los Municipios; b) Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios, contadores públicos que hayan formulado dictamen o terceros relacionados, para que exhiban y, en su caso, proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, papeles de trabajo, sistemas y demás documentos e informes necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y estímulos fiscales, estatales o federales coordinados; [.] h) Recibir y revisar las declaraciones, los avisos, manifestaciones y demás documentos que presenten los contribuyentes y otros obligados, así como los dictámenes, para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. XII. Habilitar los días y las horas inhábiles, para la práctica de diligencias, según lo establezcan las leyes fiscales estatales y federales, así como designar al personal adscrito a la Agencia para la práctica de visitas domiciliarias, revisiones de informes, datos o documentos, en el domicilio de la Agencia, inspecciones, verificaciones, notificaciones, práctica de avalúos, embargos, aseguramiento de bienes o negociaciones e intervenciones y cualquier otro acto regulado por las leyes fiscales estatales o federales; [.] XL. Notificar personalmente, por edictos, por estrados o por cualquier otro medio jurídico, según proceda en los términos de las leyes fiscales estatales o federales, los actos, las resoluciones, actas o cualquier otro documento, emitido por la propia Agencia; [.] XLIII. Las demás atribuciones que sean necesarias para llevar a cabo lo dispuesto en esta Ley y en el Reglamento, y las que, en su carácter de autoridad fiscal, le atribuyan las leyes fiscales y administrativas, los Convenios de Coordinación Fiscal Federal y los Convenios con los Municipios." Artículo 8.- La Agencia para la consecución de su objeto y el ejercicio de las atribuciones, se estructurará de acuerdo con lo siguiente: [.] II. El Director General de la Agencia. III. Las unidades administrativas siguientes: [.] c) Dirección de Auditoría Fiscal; [.] Las Direcciones podrán tener las subdirecciones, jefaturas de departamento, coordinaciones y personal operativo, que se requieran para el cumplimiento de su objeto, las cuales tendrán las atribuciones que al efecto establezca el Reglamento." De los preceptos transcritos se desprende la existencia y facultades del Director de Auditoría Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, entre las que se encuentra la relativa a ordenar y practicar visitas domiciliarias y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras, para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes. Además de los citados preceptos, para justificar la orden de visita domiciliaria, la autoridad responsable invocó los artículos 42, párrafo primero, fracción III y segundo párrafo, 43, 44, 45, 46, 53, párrafos primero y segundo, inciso a), del Código Fiscal de la Federación y 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente: "Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: (...) III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. (...) Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente. En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones II, III, IV y IX de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se acrediten o compensen saldos a favor o pago de lo indebido o se apliquen estímulos o subsidios fiscales, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de dichos conceptos, según se trate, independientemente del ejercicio en que se hayan originado los mismos, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación. La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión. Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en las fracciones II, III y IX de este artículo y detecten hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán informar por medio de buzón tributario al contribuyente, a su representante legal, y en el caso de las personas morales a sus órganos de dirección por conducto de aquel, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al del levantamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, el derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de que se trate, para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado. [.]". "Artículo 43. En la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este Código, se deberá indicar: I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar deberá notificarse al visitado. II. El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado. Las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente. III. Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 44 de este Código, las órdenes de visita deberán contener impreso el nombre del visitado excepto cuando se trate de órdenes de verificación en materia de comercio exterior y se ignore el nombre del mismo. En estos supuestos, deberán señalarse los datos que permitan su identificación, los cuales podrán ser obtenidos, al momento de efectuarse la visita domiciliaria, por el personal actuante en la visita de que se trate." "Artículo 44.- En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita. II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior. Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad. En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por ellas, sin que se hubiera cumplido con la obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías. III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. Los testigos pueden ser substituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo, en tales circunstancias la persona con la que se entienda la visita deberá designar de inmediato otros y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la visita. IV. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes, para que continúen una visita iniciada por aquéllas notificando al visitado la sustitución de autoridad y de visitadores. Podrán también solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando." "Artículo 45. Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico, o microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, deberán poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita, así como entregar a la autoridad los archivos electrónicos en donde conste dicha contabilidad. En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad deberán levantar acta parcial al respecto, la cual deberá reunir los requisitos que establece el artículo 46 de este Código, con la que podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o establecimientos del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado o en las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantará el acta final, con las formalidades a que se refiere el citado artículo. Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los visitadores obtengan copias de sólo parte de la contabilidad. En este caso, se levantará el acta parcial señalando los documentos de los que se obtuvieron copias, pudiéndose continuar la visita en el domicilio o establecimientos del visitado. En ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del visitado." "Artículo 46. La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas: I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado. II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial, cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del artículo 44 de este Código. III. Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. Para efectos de esta fracción, se considera que no se impide la realización de actividades cuando se asegure contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en curso y los dos anteriores. En el caso de que algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo. IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita. Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días. Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad. Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 179 y 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán transcurrir cuando menos dos meses entre la fecha de la última acta parcial y el acta final. Este plazo podrá ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del contribuyente. Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la última acta parcial, exclusivamente en los casos a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente podrá designar un máximo de dos representantes, con el fin de tener acceso a la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes respecto de operaciones comparables que afecte la posición competitiva de dichos terceros. La designación de representantes deberá hacerse por escrito y presentarse ante la autoridad fiscal competente. Se tendrá por consentida la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes, si el contribuyente omite designar, dentro del plazo conferido, a los citados representantes. Los contribuyentes personas físicas podrán tener acceso directo a la información confidencial a que se refiere este párrafo. Presentada en tiempo y forma la designación de representantes por el contribuyente a que se refiere esta fracción, los representantes autorizados tendrán acceso a la información confidencial proporcionada por terceros desde ese momento y hasta los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución en la que se determine la situación fiscal del contribuyente que los designó. Los representantes autorizados podrán ser sustituidos por única vez por el contribuyente, debiendo éste hacer del conocimiento de la autoridad fiscal la revocación y sustitución respectivas, en la misma fecha en que se haga la revocación y sustitución. La autoridad fiscal deberá levantar acta circunstanciada en la que haga constar la naturaleza y características de la información y documentación consultadas por él o por sus representantes designados, por cada ocasión en que esto ocurra. El contribuyente o sus representantes no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes. El contribuyente y los representantes designados en los términos de esta fracción serán responsables hasta por un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se tuvo acceso a la información confidencial o a partir de la fecha de presentación del escrito de designación, respectivamente, de la divulgación, uso personal o indebido, para cualquier propósito, de la información confidencial a la que tuvieron acceso, por cualquier medio, con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación ejercidas por las autoridades fiscales. El contribuyente será responsable solidario por los perjuicios que genere la divulgación, uso personal o indebido de la información, que hagan los representantes a los que se refiere este párrafo. La revocación de la designación de representante autorizado para acceder a información confidencial proporcionada por terceros no libera al representante ni al contribuyente de la responsabilidad solidaria en que puedan incurrir por la divulgación, uso personal o indebido, que hagan de dicha información confidencial. V. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita. VI. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma. VII. Las actas parciales se entenderá que forman parte integrante del acta final de la visita aunque no se señale así expresamente. VIII. Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez, reponer el procedimiento, a partir de la violación formal cometida. Lo señalado en la fracción anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el servidor público que motivó la violación." "Artículo 53. En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten éstos informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente: Se tendrán los siguientes plazos para su presentación: a). Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, solicitados en el curso de una visita, deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico, en su caso." "Artículo 13. Cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de esas facultades, el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho mencionado." Con base en las disposiciones referidas, la autoridad responsable determinó: Ordenar la práctica de una visita domiciliaria en el domicilio del quejoso, sito en calle 19, número exterior 340, número interior 300, entre calle 40 y calle 42, Zodzil Norte, Zodzin Norte, Mérida, Yucatán, C.P. 97115, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecto como sujeto directo en materia de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta y como retenedor de esas contribuciones. Que la revisión abarcaría el ejercicio fiscal comprendido del primero de abril de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veinte, por el que se hubieren presentado o debieron haber sido presentadas las declaraciones provisionales y/o mensuales correspondientes a las contribuciones antes señaladas. Que se deberían presentar en forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado, todos los elementos que integran la contabilidad, como son los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y métodos de valuación, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes, y proporcionarles todos los datos e informes que el mencionado personal requiera durante la diligencia y que tenga relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales objeto de revisión. Asimismo, que se debería permitir el acceso al establecimiento, oficinas, locales, instalaciones, talleres, fábricas, bodegas y cajas de valores que se localicen dentro del domicilio visitado. Que la visita se llevaría a cabo en el lugar señalado en la orden. Que se deberían dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la orden de visita, en virtud de que al oponerse a la práctica de la visita o su desarrollo y no poner a su disposición todos los elementos que integran su contabilidad, no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación, constituye una infracción en términos de lo dispuesto en el artículo 85, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, que se sanciona en términos del precepto 86, fracción I, del citado ordenamiento. En caso de impedimento en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación se aplicarán las medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del referido código. Que los visitadores adscritos a la Administración podrían actuar conjunta o separadamente, en términos de lo dispuesto en el artículo 43, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Que para que la autoridad esté en posibilidad de dar cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 42, párrafo quinto, del Código Fiscal de la Federación, se solicita al quejoso proporcione nombre, registro federal de contribuyentes, correo electrónico, teléfono móvil o fijo de su representante legal, nombrado en términos del artículo 19 del ordenamiento en cita, en caso de que lo tenga. Que el promovente tenía el derecho de corregir su situación fiscal en la contribución objeto de la revisión. Una vez reseñado lo anterior, debe resaltarse que en un diverso concepto de violación el quejoso aduce que la orden de visita reclamada carece de fundamentación y motivación porque no se le hizo de su conocimiento si las facultades de comprobación las ejercerá la autoridad fiscal responsable en forma conjunta con otra, en forma indistinta o en forma sucesiva, en términos de lo previsto por el segundo párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Mientras que en su tercer concepto de violación, alega que la orden de visita domiciliaria, es ilegal, porque no se citó dispositivo legal alguno que facultase a la autoridad hacendaria para requerirle a la contribuyente que proporcionase: ".1. El Nombre, Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico y teléfono fijo y/o móvil de las siguientes personas: a) Representante legal, nombrado en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la federación; b) Integrantes del Consejo de Administración o dirección c) Administrador Único en su caso. 2. Instrumentos notariales en los que se haya modificado la escritura constitutiva, en caso de que así haya sucedido.". Los argumentos planteados son infundados. Para demostrar el aserto anterior, debe resaltarse que como se expuso anteriormente, en el acto reclamado la autoridad citó puntualmente los ordenamientos que le otorgaban facultades para ordenar la realización de la visita domiciliaria, en particular los artículos 42, fracción III y 45 del Código Fiscal de la Federación. Preceptos que disponen que las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Asimismo, evidencian que los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la propia visita, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También que deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuentas bancarias, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. De lo expuesto puede colegirse válidamente la facultad de las autoridades fiscales de comprobar que los gobernados hayan cumplido con sus obligaciones fiscales, lo cual se logra a través del ejercicio del procedimiento fiscalizador, el cual debe cumplir con las formalidades que establecen tanto la propia Constitución como las leyes ordinarias aplicables y que concluye con una resolución que determina, en su caso, omisiones en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o créditos fiscales a cargo de los contribuyentes. En este contexto, es indudable que la facultad de las autoridades fiscales se establece en el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación antes transcrito y las fracciones de éste únicamente abarcan la forma de llevar a cabo el procedimiento de fiscalización. Por tanto, la orden de visita domiciliaria sustentada en los artículo 42, fracción III y 45 del Código Fiscal de la Federación, sí permite a la autoridad requerir al visitado documentación durante el desahogo de la diligencia y, por ende, respeta el derecho humano de fundamentación de los actos de autoridad, pues cuenta con la facultad de requerir datos e información relativa a la contabilidad del visitado, ya que así lo autorizan los preceptos en análisis, los cuales fueron sustento de la orden de visita ahora reclamada. Es aplicable la tesis I.7o.A.120 A (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito visible en la página 2888, del Libro 11, Tomo III, correspondiente al mes de octubre de dos mil catorce, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Constitucional y Administrativa, con número de registro 2007655, de rubro: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PERMITE A LA AUTORIDAD REQUERIR AL VISITADO DOCUMENTACIÓN DURANTE EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA Y, CONSECUENTEMENTE, RESPETA EL DERECHO HUMANO DE FUNDAMENTACIÓN. El precepto citado establece que las autoridades fiscales cuentan con dos instrumentos para comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con sus cargas tributarias y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales. La primera, conocida como revisión de gabinete (fracción II) y, la segunda, como visita domiciliaria (fracción III). Esas facultades se distinguen entre sí por el lugar en el cual se analiza el material recabado a través de su ejercicio, sin tomar en cuenta el sitio donde la autoridad se allega los elementos indispensables para realizar la verificación. Por su parte, el artículo 45 del propio código prevé la obligación de los visitados, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita, de permitir a los visitadores el acceso al lugar o lugares objeto de ésta, de mantener a su disposición en el domicilio la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales; así como la verificación de bienes, mercancías, documentos, estados de cuenta bancarios o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. En ese orden de ideas, las reglas descritas tienen congruencia con el sistema de comprobación del cumplimiento de las cargas tributarias, ya que resultaría inoperante el ejercicio de la facultad de practicar visitas domiciliarias si los visitadores no contaran con la atribución de requerir todos los elementos indispensables para revisar si el visitado cumplió, en el periodo examinado, con la obligación de contribuir al gasto público en términos del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, la orden de visita domiciliaria sustentada en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, permite a la autoridad requerir al visitado documentación durante el desahogo de la diligencia y, consecuentemente, respeta el derecho humano de fundamentación de los actos de autoridad." De ahí que sea dable colegir que, contrario a lo estimado por el quejoso, la responsable sí fundó y motivo debidamente la orden de visita domiciliaria tildada de inconstitucional, puesto que la emitió con base en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que la faculta para emitir y practicar visitas domiciliarias y de requerir la documentación e información que estime necesaria; por tanto, es dable afirmar que la orden combatida cumple con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional. Por otra parte, contrario a lo que alega la quejosa, en el segundo párrafo del precitado numeral 42 del invocado ordenamiento fiscal no se establece en forma alguna que en la orden relativa se deba hacer del conocimiento del contribuyente la forma que las autoridades fiscales llevaran a cabo las facultades de comprobación, esto es, si la ejercerán en forma conjunta, en forma indistinta o en forma sucesiva, como afirma la persona moral quejosa en su segundo concepto de violación; sino lo que dispone el indicado precepto legal, en su segundo párrafo, es que las facultades de comprobación las podrán ejercer las autoridades fiscales en forma conjunta, en forma indistinta o en forma sucesiva, pero no, se reitera, que tenga que hacerse del conocimiento del quejoso la forma en que se llevaran a cabo esas facultades de comprobación fiscal. Por lo que su motivo de inconformidad, en ese aspecto, resulta infundado. En cuanto a lo argumentado por la quejosa, en su tercer motivo de inconformidad, consistente en que la orden de visita domiciliaria, es ilegal, porque no se citó dispositivo legal alguno que facultase a la autoridad hacendaria para requerirle a la contribuyente que proporcionase: ".1. El Nombre, Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico y teléfono fijo y/o móvil de las siguientes personas: a) Representante legal, nombrado en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la federación; b) Integrantes del Consejo de Administración o dirección c) Administrador Único en su caso. 2. Instrumentos notariales en los que se haya modificado la escritura constitutiva, en caso de que así haya sucedido.". Tal motivo de inconformidad también se estima infundado, en virtud de que la lectura del oficio reclamado evidencia por una parte, que es inexacto que se hubiese solicitado información respecto a los integrantes del Consejo de Administrración o dirección; pues ello no se solicitó en dicha orden, sino únicamente al representante legal, o en su caso, al administrador único, y de haberse modificado la escritura constitutiva igualmente presentarla. Información que solicitó la autoridad responsable respecto del representante legal de la parte quejosa -en caso de que lo tuviera-en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, en el entendido de que era con el efecto de acatar lo dispuesto en el artículo 42, párrafo quinto, del citado ordenamiento, el cual le sirvió de fundamento, relativo a la obligación que tiene de hacer del conocimiento del contribuyente o su representante los hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones. Circunstancia que pone de manifiesto que la información requerida, en base a ese precepto legal, está relacionada con el objeto de la visita y el derecho del gobernado como contribuyente de conocer su situación fiscal para estar en aptitud de entablar los medios de defensa que estime pertinentes o desestimar ante la autoridad correspondiente las irregularidades que en su caso se detecten durante el transcurso de la visita domiciliaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 2º, fracciones X y XI, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, de ahí que conforme a lo expuesto en párrafos anteriores, la autoridad responsable sí tenía facultades para requerir al gobernado la información de mérito, tomando como base lo establecido en el párrafo quinto del artículo 42 del Código Fiscal Federal. Además, debe puntualizarse que el derecho de los contribuyentes a decidir la información que proporcionan no es absoluto, al estar limitado al cumplimiento de disposiciones de orden público, como aquellas que tienen por objeto verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; de no ser así, se llegaría al absurdo de considerar que la verificación del correcto cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario está supeditado a la voluntad del contribuyente, lo cual es contrario a los postulados del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados por la persona moral quejosa AVAFIRM, S. C. No es óbice a lo anterior que la parte quejosa exprese que se vulneró el principio pro persona y sus derechos humanos; sin embargo, por lo que a ello respecta, debe decirse que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 56/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772, Registro digital 2006485, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte quejosa no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de reimpresión. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por AVAFIRM, S. C., en contra del acto que reclama de los Visitadores adscritos a la Auditoria Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, Carlos Humberto González Palma y María de los Milagros Herrera Guillermo, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a AVAFIRM, S. C., en contra del acto que reclama del Director de Auditoría Fiscal de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, por las razones expuestas en el considerando sexto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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