Aethan Fonrouge Mendoza y Otros.
Expediente 2501/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 25 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2501/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Aethan Fonrouge Mendoza y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintidós.********************Visto: agréguese a este expediente el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual ofrece las pruebas a que en el mismo se refiere.********************Al efecto, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de su parte, la documental que adjuntó a su escrito de cuenta, así como las señaladas como novena y décima de su ocurso, consistentes en la documental pública de actuaciones, relativa a todas y cada una de las constancias que integran este expediente y la de presunciones legales y humanas; debiéndose hacer relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. En cuanto a las pruebas que oferta en dicho escrito marcadas por número de orden de la primera a la octava, no ha lugar de tenerlas por ofrecidas, toda vez que en el juicio constitucional el acto reclamado se debe atender tal y como se encuentra probado ante la autoridad responsable, es decir, con los medios de prueba que obren en autos del juicio de donde deriva aquél. Siendo que en el presente asunto se estudiará únicamente la legal actuación o no de las autoridades responsables en relación con los actos reclamados por los directos quejosos ******************** y que lo constituye la privación de la libertad fuera de procedimiento e incomunicación de la cual dicen fueron objeto en su oportunidad y respecto de lo que, en el auto de radicación, se les concedió la suspensión de plano y de oficio, con fundamento en los artículos 20 y 126 de la Ley reglamentaria del juicio constitucional, para el efecto de que cesara de inmediato dicha incomunicación, así como la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ilegal) y fueran puestos en libertad de manera inmediata. Lo que así sucedió como se advierte de las constancias levantadas al respecto por la actuaria judicial de la adscripción, el veintinueve de diciembre último. Por ello, como ya se dijo, el suscrito apreciará el acto tal y como aparezca probado ante la responsable al momento de resolver el presente juicio, analizando si dicha determinación se encuentra apegada a derecho o no. Sin que haya lugar de solicitar al Secretario y al Director Jurídico, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la remisión de las grabaciones de video y audio a que se refiere el oferente y su conservación, toda vez que no resulta necesario para el dictado de la sentencia; además que, del contenido de la documental que adjuntó al escrito de promoción, se advierte que dichas peticiones las formuló el veintiuno de los corrientes, por lo que no ha mediado plazo alguno, para que aquéllas den respuesta a lo solicitado. Por otra parte, tampoco ha lugar de solicitar al Administrador del centro comercial conocido como ********************, las grabaciones de audio y video de las cámaras de seguridad con las que cuenta, relativas al veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno en el horario comprendido entre las once treinta y las trece horas, toda vez que la Ley de Amparo, no contempla el requerimiento de dichas pruebas documentales a terceros particulares, en cuyo poder se encuentren los mismos. Ppues dicho ordenamiento es muy claro en que dicha exigencia, solamente se le puede realizar a los funcionarios o autoridades responsables que se encuentren en posesión de los mismos, de conformidad con el artículo 121 de la ley de la materia y sin que resulte aplicable al respecto el Código Federal de Procedimientos Civiles, que invoca se aplique de manera supletoria, toda vez que el dispositivo de la Ley de Amparo pone de manifiesto con claridad, la intención del legislador en el sentido de restringir la atribución de mérito a los términos antes indicados. Sirve de apoyo a lo anterior, lo que informa la tesis con el rubro y texto siguientes: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. SOLAMENTE LOS FUNCIONARIOS, AUTORIDADES RESPONSABLES Y AGRARIAS PUEDEN SER REQUERIDOS POR SU EXHIBICIÓN. Del análisis armónico de los artículos 152, 225 y 226 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se advierte que la facultad que otorga la segunda de esas normas al Juez de Distrito para recabar, aun de oficio, las pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos que señala el artículo 212 de la propia ley, en tratándose de documentales, se limita a funcionarios, autoridades responsables y agrarias, dado que así lo consignan en forma expresa el primero y tercero de los artículos inicialmente invocados, situación que impide requerir a particulares que tengan el carácter de parte en el juicio constitucional o sean ajenos al mismo, por la exhibición de documentos que obren en su poder, aun cuando los mismos pudieran favorecer a los intereses de las referidas entidades o individuos, ya que no existe en la Ley de Amparo ninguna disposición que faculte al juzgador federal para realizar ese acto y no es el caso de aplicar supletoriamente el artículo 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles que establece la atribución de los tribunales para obligar a los terceros a exhibir los documentos que tengan en su poder, toda vez que las normas invocadas con antelación ponen de manifiesto que, en el juicio de garantías, la intención del legislador fue restringir la atribución de mérito a los términos antes indicados, ya que así lo puntualizó con toda precisión y ante ello, al estar debidamente regulada la anotada facultad, no es factible jurídicamente aplicar de manera supletoria el artículo 90 en cita. Por tanto se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa, en relación con dichas probanzas, para que las haga valer por la vía y ante la autoridad que corresponda. Notifíquese y cúmplase.
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