Agustín Edmundo Alejandro Cordero
Expediente 763/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 763/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Agustín Edmundo Alejandro Cordero
- Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en esta Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación de cuenta, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por otra parte, de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cuatro de diciembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ el juicio de amparo y en el segundo se NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal al quejoso AGUSTÍN EDMUNDO ALEJANDRO CORDERO; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, en el presente asunto se ordenó abrir cuadernillo de sigilo con la finalidad de no vulnerar los datos personales del tercero interesado, por lo anterior, dése vista con el sentido de este acuerdo en el cuaderno relativo, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase a la JUEZ DE CONTROL DE LA REGION JUDICIAL NUEVE DE CENTRO, TABASCO, la copia certificada de audio y video en formato "DVD", que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 763/2020-4, promovido por Agustín Edmundo Alejandro Cordero por conducto de su defensor particular Héctor Vladimir Bocanegra López contra actos del Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, el tres de septiembre de dos mil veinte, y turnado a este Juzgado, el cuatro de septiembre siguiente, Agustín Edmundo Alejandro Cordero por conducto de su defensor particular Héctor Vladimir Bocanegra López solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN NUEVE DE CENTRO, TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA DE VICTIMAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE ENB ESTA CIUDAD. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO. ACTOS RECLAMADOS La resolución emitida por la jueza responsable en la audiencia celebrada el trece de agosto de dos mil veinte relativa a la causa penal 703/2019 de su índice. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. En proveído de siete de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de que se trata, se registró bajo el expediente 763/2020-4, se requirió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS Y ACLARACIÓN DEL NOMBRE CORRECTO DEL QUEJOSO. En proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte (fojas 33 a 36), con fundamento en los artículo 5, fracción III, en con concordancia con el diverso numeral 26 fracción II, inciso b) y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se ordenó emplazar a Patricia Martínez Olan, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía para el Combate al Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, por lo cual se envió el oficio 14549/2020 vía oficio, el cual fue recepcionado el veinticinco de septiembre del año en curso (foja 38). Asimismo, por conducto del actuario adscrito a este juzgado se ordenó emplazar a la tercero interesada el menor de identidad protegida con las iniciales R. G. O., representado por Ramiro Gallegos Ramos, quien realizó el emplazamiento del aludido tercero interesado el diecinueve de octubre de dos mil veinte (cuaderno de sigilo). De igual forma se tuvo al se tuvo al autorizado del quejoso aclarando que el nombre correcto del quejoso es Agustín Edmundo Alejandro Cordero, para los efectos legales conducentes. Posteriormente, previo diferimiento se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución emitida por la jueza responsable en la audiencia celebrada el trece de agosto de dos mil veinte relativa a la causa penal 703/2019 de su índice. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables ordenadora denominada Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Víctimas en Situación de Vulnerabilidad y el Director del Centro de Reinserción Social de Tabasco, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los citados actos reclamados a las aludidas autoridades responsables. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, admite la existencia del acto reclamado (foja 27 a 29). Lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado consistente en un disco versátil digital de audio y video, que contienen el registro de la audiencia de sobreseimiento de trece de agosto de dos mil veinte, el cuál obran por cuerda separada para su fácil manejo, seguridad y custodia, así como la acta mínima de la citada audiencia, relativas a la causa 703/2019, la cual obra glosada en autos (fojas 30 y 31), a las cuales se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, hayan sido objetadas su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son infundados los conceptos de violación que formula el quejoso, sin que se advierta queja deficiente qué suplir, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, mismos que, por cuestión de técnica, serán analizados de manera conjunta. El quejoso aduce en sus motivos de disenso, que la autoridad responsable viola sus derechos humanos de debido proceso y presunción de inocencia en virtud de que en la determinación que emitió en la audiencia celebrada el trece de agosto de dos mi veinte, relativa a la causa penal 703/2019 de su índice, determinó que no era procedente su petición de sobreseimiento de la causa penal planteada por la defensa no obstante que el ministerio público formuló su acusación en forma extemporánea. Estima lo anterior, pues considera que a quien le correspondía imponer el plazo de investigación complementaria era precisamente a la juez de control que dictó el auto de vinculación a proceso conforme a lo establecido en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó conceder al fiscal el plazo de tres meses para el cierre de investigación el cual correría del uno de abril al uno de julio de dos mil veinte sin suspender el plazo con motivo de la pandemia existente del covid, sin que el ministerio público se inconformara con dicha determinación por lo que considera dicho acto estaba convalidado por no haber solicitado su saneamiento. Alega que la juez responsable no tiene facultades para revocar la resolución de uno de abril de dos mil veinte, ya que un órgano del mismo grado no puede dejar sin efecto determinaciones dictadas por uno diverso de la misma jerarquía y porque los acuerdos que cita para hacerlo no tienen fuerza legal para detener plazos procesales una vez dictados por el órgano competente. Además, el artículo 94 del adjetivo penal solo prevé dos tipos de plazos que son los plazos establecidos en los términos del propio código y los plazos sujetos al arbitrio judicial; en esa razón, considera que los acuerdos generales uno, cinco y seis emitidos por el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, invocados por el fiscal acusador para incumplir el plazo establecido por la juez de control no tiene la fuerza legal para modificarlo, suspenderlo o anularlo, como inexactamente lo estimó la autoridad responsable. Finalmente, aduce que atendiendo al principio de jerarquía normativa, un acuerdo que no pasa por el proceso legislativo, es imposible que tenga fuerza legal para contradecir una dispocisión que fue producto de aquél y por otra parte, el Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco no tiene jurisdicción y el pleno del tribunal no se encuentra ante el fenómeno de reasunción de la jurisdicción; por tanto, no puede dejar sin efecto la determinación del inferior grado. Como se adelantó, son infundados los motivos de disenso sintetizados, por las razones que a continuación se exponen. Pues bien, de las constancias que acompañó la responsable a su informe justificado, se obtiene que en el la audiencia de trece de agosto de dos mil veinte, la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve, de Centro, Tabasco, negó al imputado, aquí quejoso, el sobreseimiento de la causa en su favor. Ahora bien, contrariamente a lo expuesto por el quejoso, fue correcta la determinación de la juez responsable, en el sentido de que no era procedente su solicitud, respecto a la procedencia de aplicar lo dispuesto por el artículo 325, en relación al diverso numeral 324, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales; esto es, que resultaba procedente que se pronunciara respecto del sobreseimiento de la causa, en virtud de que el ministerio público no había formulado la acusación correspondiente dentro del plazo de quince días que prevé el numeral citado en último término. Se afirma lo anterior, pues como bien lo consideró la A quo, a la fecha en que presentó su escrito-diez de agosto de dos mil veinte-, aún no se encontraba colmado el supuesto previsto por el artículo 325 del código adjetivo en comento, el cual se actualiza cuando el órgano acusador no cumple con lo dispuesto por el diverso numeral 324 del mismo ordenamiento legal. Los citados artículos 324 y 325 disponen lo siguiente: "Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento." Como se puede apreciar de las disposiciones legales transcritas, una vez cerrada la investigación complementaria, dentro de los quince días siguientes el ministerio público deberá realizar lo siguiente: 1) solicitar el sobreseimiento parcial o total; 2) solicitar la suspensión del proceso; o bien, 3) formular la acusación correspondiente. De no cumplir con lo anterior el ministerio público, el juez de control pondrá el hecho del conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado tal facultad, para que se pronuncie al respecto en el plazo de quince días; transcurrido ese plazo sin que hubiere pronunciamiento alguno sobre el particular, el juzgador ordenará el sobreseimiento. Ahora, como se dijo, fue acertado lo resuelto por la juez de control responsable, pues en la especie no se surte la hipótesis prevista en numeral 325 transcrito, toda vez que a la fecha en que solicitó el sobreseimiento de conformidad con tales numerales, en la audiencia de solicitud de sobreseimiento -trece de agosto de dos mil veinte-, aún no transcurría el término de quince días con que contaba el órgano acusador, previsto en el diverso dispositivo legal 324, para formular la acusación correspondiente, o bien, solicitar el sobreseimiento parcial o total o la suspensión del proceso. Lo anterior en atención a que como bien lo admitieron todas las partes el uno de abril de dos mil veinte, la juez de control quien conoció del asunto, dictó auto de vinculación a proceso en contra del ahora quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de pederastía en agravio del menor de identidad protegida con las iniciales R.G.O. representada por Ramiro Gallegos Ramos; asimismo, se decretó la imposición de prisión preventiva como medida cautelar al resultar procedente de manera oficiosa, de conformidad con el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, en la aludida audiencia, la juez de control concedió un plazo de tres meses a las partes para llevar a cabo la investigación complementaria; plazo que transcurriría del uno de abril al uno de julio de dos mil veinte. No obstante lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de Tabasco, el dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictaron el Acuerdo General Conjunto 01/2020, en el que se determinó las suspensión de labores jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial del Estado de Tabasco, del veinte de marzo al veinte de abril de dos mil veinte y por ende, se ordenó la suspensión de plazos y términos procesales y se implementó el sistema de guardias en los juzgados que conocen de la materia penal tradicional y sistema de justicia oral así como en materia familiar para la entrega y recepción de pensión alimenticia. El treinta y uno de marzo de dos mil veinte, dictaron el Acuerdo General Conjunto 02/2020, en el que determinaron la ampliación de la suspensión de labores jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial del Estado de Tabasco, hasta el treinta de abril de dos mil veinte. El veintiocho de abril de dos mil veinte, dictaron el Acuerdo General Conjunto 03/2020, en el que se determinó la ampliación de la suspensión de labores jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial del Estado de Tabasco, hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte; además, determinaron que las guardias de los juzgados continuarían realizándose en los términos previstos en los Acuerdos Generales Conjuntos 01/2020 y 02/2020. El seis de mayo de dos mil veinte, dictaron el Acuerdo General Conjunto 04/2020, en el que se amplió el catálogo de casos urgentes; entre otros, en el sistema de justicia penal acusatorio adversarial y el sistema de justicia para adolescentes, en el sistema tradicional penal, en el sistema de ejecución penal, celebración de juicios que así lo requieran y se implementó el uso del medio alternativo de videoconferencia u otro medio tecnológico factible y eficaz para el desahogo de audiencias. El veintiocho de mayo de dos mil veinte, dictaron el Acuerdo General Conjunto 05/2020, en el que determinaron la reanudación de las actividades administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Tabasco a partir del uno de junio de dos mil veinte, tal y como se advierte en el punto primero del citado acuerdo, el cual a continuación se trascribe: [.] "Primero. Se reanudan las actividades jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial del estado de Tabasco, a partir de uno de junio de dos mil veinte, en su horario normal de 08:00 a 15:00 horas, pero escalonado. Por lo anterior, se reanudan los términos y plazos procesales conforme a la ley aplicable a cada materia. [.] Luego, el trece de agosto de dos mil veinte, se celebró la audiencia de petición de sobreseimiento a solicitud de la defensa, misma que fue negada por no resultar procedente el sobreseimiento en razón de que aún no había vencido el termino de tres meses establecido en la causa penal de origen para el cierre de investigación el cual aún estaba trascurriendo, en razón que conforme a lo establecido en los Acuerdos Generales Conjuntos 01/2020 y 05/2020 a partir del veinte de marzo del presente año se suspendieron los plazos procesales y se reanudaron a partir del uno de junio del año en curso, de ahí que conforme a tales disposiciones no era jurídicamente posible que corriera el plazo de tres meses en los términos establecidos por la juez de control en la audiencia de uno de abril de la presente anualidad, en el cual estableció que dicho plazo correría a partir de esa misma fecha. En ese orden de ideas, al trece de agosto de dos mil veinte, fecha en que celebró la audiencia de petición de sobreseimiento, aún no concluía el plazo de tres meses decretado para el cierre de investigación en la causa penal de origen; y de ahí lo infundado de los argumentos expresados en torno a que ya había fenecido el plazo al ministerio público para formular la acusación respectiva, ya que dicho término aún no iniciaba a transcurrir, porque aun estaba transcurriendo el plazo de cierre de investigación, el cual fenecería el treinta y uno de agosto siguiente. Amén de que el tiempo transcurrido para que tuviera lugar el plazo de cierre a la investigación, así como para tomar en cuenta el cómputo del plazo con que cuenta el fiscal a fin efectuar lo indicado en el artículo 324 del Código adjetivo en comento, no ha sido imputable al órgano investigador, es decir, no se advierte que sea con motivo de actitudes omisivas o con el fin de dilatar los plazos, puesto que el plazo para el cierre de investigación otorgadas en la especie en la fecha de celebración de la audiencia de petición de sobreseimiento se reitera que aún se encontraba trascurriendo. Además, es correcta la determinación de la autoridad responsable en el sentido de declarar que el plazo de tres meses para el plazo de cierre de investigación trascurría a partir del uno de junio de dos mil veinte y no a partir del uno de abril de la presente anualidad, como lo estableció la diversa juez de control en la audiencia de esa misma fecha, sin que ello implicara revocar lo antes determinado, en razón de que con anterioridad el Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco emitió los Acuerdos Generales Conjuntos 01/2020 y 05/2020, respectivamente se determinó la suspensión de los plazos procesales a partir veinte de marzo del año en curso y se reanudaron a partir del uno de junio siguiente. De ahí, que conforme a tales disposiciones no era jurídicamente posible que corriera el plazo de tres meses a partir del uno de abril de la presente anualidad, sino hasta el uno de junio siguiente, lo cual es acorde al principio de legalidad y seguridad jurídica previsto en el artículo 14 Constitucional; esto es, las disposiciones legales son de observancia obligatoria y deben cumplirse sin excepción alguna; sin que en el caso, existiera motivo legal alguno para que dicho computo trascurriera en contravención a lo determinado en dichos acuerdos generales. Además, la determinación de la juez responsable también resulta acorde al principio de igualdad procesal de las partes e igualdad ante la ley de conformidad a lo establecido en los Artículos 10 y 69 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, el órgano jurisdiccional puede en cualquier momento de oficio hacer la aclaración de sus determinaciones, por tanto, se considera que lo considerado por la juez responsable no genera perjuicio en contra del quejoso. Sobre esa base, se concluye que fue correcta la determinación de la responsable considerar que no resultaba procedente el sobreseimiento de la causa en virtud de que aún no fenecía el plazo tres meses para el cierre de investigación, ya que conforme a lo establecido en el artículo 324 del Código nacional de Procedimientos Penales, una vez que trascurriera dicho plazo empezaría a trascurrir el término de quince días para que el fiscal solicite el sobreseimiento parcial o parcial, solicitar la suspensión del proceso o formular acusación. En consecuencia, el plazo de quince días para que el Fiscal formulara acusación aún transcurría una vez que feneciera el plazo de cierre de investigación; esto es del uno de junio al treinta y uno de agosto de dos mil veinte, por lo que a la fecha en que el quejoso solicitó el sobreseimiento de la causa (diez de agosto de dos mil veinte) aún no había fenecido el plazo de tres meses para el cierre de investigación y aún no iniciaba a trascurrir el término para que el fiscal formulara su escrito de acusación. Por tanto, los criterios que cita el peticionario de garantías en su escrito de demanda, no tienen el alcance pretendido por éste. Además, conforme a lo establecido en el Artículo 325 del Código Nacional de Penales, en el supuesto de que el Ministerio Público no formule acusación dentro del legal, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días y transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento. En esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante del amparo, aun suplidos en su deficiencia, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. No pasa inadvertido que la parte quejosa apoya sus conceptos de violación en la tesis aislada Decima Época, emitida por los Tribunales Colegiado de Circuito, de rubro "OFRECIMIENTO DE MEDIOS DE PRUEBA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL QUE REALIZA EL IMPUTADO RESPECTO DE AQUELLOS QUE PRETENDA DESAHOGAR EN EL JUICIO ORAL, DEBE FORMULARLO EN LA FASE ESCRITA DE LA ETAPA INTERMEDIA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A QUE FENEZCA EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 340, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PUES, DE LO CONTRARIO, DEBEN EXCLUIRSE." Sin embargo, la misma resulta inaplicable por las consideraciones anteriormente establecidas; además, al ser una tesis aislada, conforme a lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo dicho criterio no es de observancia obligatoria. En las relatadas consideraciones, al resultar jurídicamente ineficaces los motivos de inconformidad planteados, sin que se exista queja deficiente que deba suplirse, procede NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de siete de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1o, 73 a 79 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Agustín Edmundo Alejandro Cordero por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Agustín Edmundo Alejandro Cordero contra el acto que reclama a la autoridad señalada como responsable denominada Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, por los motivos referidos en el considerando sexto de esta sentencia constitucional. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación secretarial se advierte que se ordenó suspender las actividades jurisdiccionales del nueve al trece de noviembre del presente año, mediante oficios 006/2020-CM y 007/2020-CM, emitidos por el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito incluidos los pertenecientes al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de Villahermosa, al considerar que se actualizaba el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil. En atención a lo anterior, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa, programada para las diez horas con cuarenta minutos del diez de noviembre del presente año, y se fijan como nueva hora y fecha para su verificativo las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese.
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