Agustín de la Cruz Priego
Expediente 475/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Agustín de la Cruz Priego
Actuaciones
- Principal
MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por AGUSTÍN DE LA CRUZ PRIEGO; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al JUEZ DE CONTROL DE LA REGION JUDICIAL NUEVE DE CENTRO, TABASCO, el disco en formato DVD de audio y video, que contiene la audiencia de siete de enero de dos mil veinte, celebrada en la causa penal 12/2020, que envió como anexo a su informe justificado, constancia que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Incidental
MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y se concedió y negó la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese
- Principal
MESA 4 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinticinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 475/2020-4, promovido por Agustín de la Cruz Priego. A continuación, el Secretario certifica que de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se obtuvo que en el diverso juicio de amparo 142/2020-4, del índice de este juzgado, el cuatro de marzo de dos mil veinte se dictó sentencia definitiva en la que en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Agustín de la Cruz Priego, en contra de la cual la autorizada del quejoso interpuso recurso de revisión, el cual se encuentra pendiente de resolución, mismo que se encuentra relacionado con el presente asunto, toda vez que ambos juicios fueron promovidos por el mismo quejoso, en el que señalaron como acto reclamado la orden de aprehensión emitida el siete de enero de dos mil veinte en la causa penal 12/2020, y como autoridad responsable a la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. El juez acuerda: Se tiene por hecha la anterior certificación para los efectos legales conducentes, toda vez que en el diverso juicio de amparo 142/2020-4 del índice de este Juzgado, se encuentra relacionado con el presente juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, constituye hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, anexó a su informe justificado y un disco en formato DVD de audio y video, que contiene la referida orden de captura, el cual obra por cuerda separada. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 475/2020-4, promovido por Agustín de la Cruz Priego, contra actos del Juez de Control de la Región Número Uno de Macuspana, Tabasco, y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el nueve de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Agustín de la Cruz Priego solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O S R E C L A M A D O S "La orden de presentación y/o aprehensión dictada en su contra y su ejecución". A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S AUTORIDADES ORDENADORAS 1. Juez de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco. 2. Juez de Control de la Región Dos de Cunduacán, Tabasco. 3. Juez de Control de la Región Tres de Jalapa, Tabasco. 4. Juez de Control de la Región Cuatro de Emiliano Zapata, Tabasco. 5. Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco. 6. Juez de Control de la Región Seis de Nacajuca, Tabasco. 7. Juez Segundo de Control de la Región Seis de Comalcalco, Tabasco. 8. Juez de Control de la Región Siete de Huimanguillo, Tabasco. 9 Juez de Control de la Región Ocho de Cárdenas, Tabasco. 10. Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. AUTORIDADES EJECUTORAS 12. Dirección General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del estado Tabasco, con sede en esta ciudad. 13. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Balancán, Tabasco. 14. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Cárdenas, Tabasco. 15. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Centla, Tabasco. 16. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Comalcalco, Tabasco. 17. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Cunduacán, Tabasco. 18. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Emiliano Zapata, Tabasco. 19. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Huimanguillo, Tabasco. 20. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Jalapa, Tabasco. 21. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Jalpa de Méndez, Tabasco. 22. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Jonuta, Tabasco. 23. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Nacajuca, Tabasco. 24. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco. 25. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Tacotalpa, Tabasco. 26. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Teapa, Tabasco. 27. Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Tenosique, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de once de marzo de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el expediente 475/2020-4, y se admitió la demanda de que se trata; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. En proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte (fojas 32 y 33), con fundamento en el artículo 5°, fracción III, incisos c) y e) se le reconoció el carácter de terceros interesados al Erario Público del Estado de Tabasco y/o Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP) representada por Guillermo Arturo del Rivero León y la licenciada Nilda Fabiola López Bolaina, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, por lo que se ordenó su emplazamiento respectivamente mediante oficios 8547/2020, 8548/2020 y 8546/2020, los cuáles fueron recibidos el primero, el once de septiembre de la presente anualidad, el segundo y tercero, el doce de agosto del año en curso (foja 104). CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se ordenó la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que durante el citado periodo no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, se extendió el citado plazo hasta el cinco de mayo del presente año, con fundamento en el artículo 1 del Acuerdo 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó y adicionó su similar 4/2020. Luego, en Acuerdo General 8/2020, que entró en vigor el seis de mayo del año en curso, se determinaron diversos supuestos para reactivar la función jurisdiccional durante el período del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte. Asimismo, en Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 al 30 de junio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Sólo se dará trámite a los escritos iniciales que se presenten físicamente en aquéllos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto, Título Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En estos casos, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho (en adelante "titulares"), exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. II. Resolución de casos tramitados físicamente. Se habilita la posibilidad de resolver los casos ya radicados y que se hayan tramitado físicamente, en los que únicamente quede pendiente la emisión de sentencia o resolución final, de conformidad con lo previsto en el Capítulo II del presente Acuerdo. III. Recepción, trámite y resolución de casos tramitados mediante "juicio en línea". Se habilita la recepción de casos nuevos, la reanudación de los radicados con anterioridad al inicio del período de contingencia y, en ambos casos, su tramitación y eventual resolución, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos, mediante el esquema conocido como "juicio en línea", con excepción de aquéllos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones personales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Acuerdo.". En Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se instituyó lo siguiente: "ÚNICO. Se reforma el artículo 1, párrafo primero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, para quedar como sigue: Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 16 de junio al 31 de julio de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados.". Por último, en Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en lo que interesa, se instituyó lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.". QUINTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de seis de agosto de dos mil veinte, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a trascurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes. SEXTO. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. En proveído de veinticinco de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del citado auto, aclarara la denominación correcta de la autoridad responsable denominada Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Centla, Tabasco, a efecto de que fuera llamada a juicio, desistiera de dicho señalamiento o acreditara su existencia, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto en el plazo señalado, se dejaría de tener como tal y se tendrán sus actos como inexistentes; siendo notificada del referido acuerdo, el tres de septiembre de la presente anualidad; por lo que el referido término trascurrió del siete al nueve de septiembre del año en curso, sin que haya manifestación al respecto. SÉPTIMO. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. En proveído de diez de septiembre de la presente anualidad, se hizo efectivo el apercibimiento al quejoso Agustín de la Cruz Priego, en proveído de veinticinco de agosto del año que trascurre, esto es, se dejó de tener como autoridad responsable a la Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Centla, Tabasco, y sus actos como inexistentes, por lo que se ordenó interrumpir toda comunicación con la misma. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: La orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables ordenadoras denominadas Jueces de Control de las Regiones Judiciales Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Primero y Segundo de Control de la Región Seis, Siete y Ocho residentes respectivamente en de Macuspana, Cunduacán, Jalapa, Emiliano Zapata, Paraíso, Nacajuca, Comalcalco, Huimanguillo y Cárdenas, todos del estado de Tabasco, así como las autoridades responsables ejecutoras denominadas Policía de investigación adscritos respectivamente a los Centros de Procuración de Justicia de Cunduacán, Jalapa, Paraíso, Nacajuca, Huimanguillo, Cárdenas, Balancán, Jalpa de Méndez, Jonuta, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, Tabasco, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar dichas negativas. Idéntico criterio debe tenerse, respecto a las autoridades responsables ejecutoras denominadas Policías de Investigación adscritos a los Centros de Procuración de Justicia de Emiliano Zapata y Comalcalco, Tabasco, quienes hasta esta fecha no han rendido informe justificado; sin embargo, al haber negado el acto reclamado las diversas autoridades ordenadoras, es evidente que no se puede ejecutar un acto inexistente. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los citados actos reclamados a las aludidas autoridades responsables. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, admitió la certeza del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión emitida el siete de enero de dos mil veinte dentro de la causa penal 12/2020, de su índice (foja 22); lo que se corrobora con las constancias que anexó en apoyo a su referido informe, y un disco en formato DVD de audio y video, que contiene la referida orden de captura, el cual obra por cuerda separada, a los cuales se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte, el Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable ejecutora, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, debido a la manifestación realizada por la responsable ordenadora, se desvirtúa dicha negativa, toda vez que dentro de sus funciones le corresponde dicha ejecución; por tanto, se tiene como cierto el acto atribuido a esta autoridad. Tiene aplicación la tesis consultable en la página 56, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por el quejoso, se encuentra plenamente probado. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el presente juicio, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 del aludido ordenamiento jurídico, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior.". Porción normativa que debe relacionarse con la fracción X del propio dispositivo, en cuanto a los elementos que la configuran, es decir, el juicio constitucional será improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad responsable y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. Al respecto, cabe precisar también que el término "ejecutoria en otro juicio de amparo", constituye el presupuesto de la figura jurídica de la cosa juzgada, que la doctrina ha definido como la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial cuando no proceden contra ella recursos ni otros medios de impugnación, y cuyos atributos son la coercibilidad, la inmutabilidad y la irrevisabilidad en otro proceso posterior. En materia de amparo, la cosa juzgada, por regla general, opera cuando existe una sentencia ejecutoria contra la que no procede recurso alguno y cuyo sentido no puede ser modificado, siempre y cuando se resuelva la controversia en lo principal y que en el juicio posterior exista identidad de partes y acto reclamado, en relación con el primer juicio de amparo. Su justificación parte de la intención del legislador de evitar el estudio reiterado de una misma acción constitucional, pues de lo contrario se afectarían los principios de seguridad jurídica, debido proceso y firmeza de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, que resultan inmodificables, irrecurribles e inatacables, porque constituyen la verdad legal; además, conllevaría también una transgresión al orden constitucional (artículo 17), en virtud de que implicaría retrasar los procedimientos, obligando a los tribunales a examinar juicios ociosos y permitir el abuso del juicio de amparo en detrimento de la función jurisdiccional. Sobre el particular, se cita la jurisprudencia 1a./J. 161/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 197 que es del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA. Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurran identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra." En ese contexto, de la certificación realizada en la audiencia constitucional que antecede, se desprende que la parte quejosa promovió el juicio de amparo 142/2020-4 del índice de este órgano jurisdiccional, de la que se obtiene que el acto reclamado, quejoso y autoridad responsable son los mismos que los indicados en el presente asunto. En efecto, de la referida sentencia se advierte que se concedió en el juicio de amparo 142/2020-4, del índice de este juzgado, promovido por el aquí quejoso Agustín de la Cruz Priego y que en dicho juicio reclamó la orden de aprehensión emitida el siete de enero de dos mil veinte dentro de la causa penal 12/2020 de su índice y que señaló como responsables entre otros a la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, residencia en esta ciudad. En ese tenor, es evidente que en el presente juicio de amparo y el diverso 142/2020-4 del índice de este órgano jurisdiccional, el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable son los mismos. Esto es, en ambos juicios el impetrante es Agustín de la Cruz Priego; el acto reclamado lo constituye la orden de aprehensión emitida el siete de enero de dos mil veinte en la causa penal 12/2020; y la autoridad señalada como responsable es la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad. De ahí que se estime que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la referida parte quejosa por segunda ocasión promueve amparo contra el mismo acto reclamado e idéntica autoridad responsable precisados en el juicio de garantías 142/2020-4 del índice de este juzgado federal. Por tanto, lo resuelto en el precitado juicio constitucional, torna improcedente la nueva acción de amparo intentada por la parte quejosa en el presente sumario, en términos de la disposición legal invocada. En las relatadas circunstancias, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XI del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que hace al acto reclamado a la autoridad ordenadora, se hacen extensivas las consecuencias jurídicas de tal determinación respecto de la ejecutora Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, de conformidad con la jurisprudencia 647, visible a fojas 434 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO LE ES EXTENSIVO AL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a esta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto reclamado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia de ello es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de once de marzo de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Agustín de la Cruz Priego por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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