Agustin Dominguez de la Cruz

Expediente 639/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
639/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Agustin Dominguez de la Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es DESTRUIBLE. Por tanto, una vez que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, habrá de solicitarse su transferencia a la de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de Judicatura Federal. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 639/2023-III AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Acapulco, Guerrero, a las doce horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados en autos para la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 639/2023-III, promovido por ******, por su propio derecho, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, ante Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente: Escrito de demanda y anexo (fojas 3 a 18); auto admisorio de veintiuno de junio de dos mil veintitrés (fojas 19 a 24); informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo (foja 47 a 67); acuerdo de dieciocho de agosto de este año, en el que se tuvo por recibido, con su contenido, se dio vista a las partes y se difirió la audiencia constitucional para esta data (foja 69); y constancias de notificación a las partes. Acto seguido, la Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la anterior relación de constancias, mismas que serán tomadas en consideración al resolver este sumario. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas: La Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por las partes. Acto seguido, la Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. A continuación, se procede al desahogo de la etapa de alegatos: y la Secretaria hace constar que las partes no los formularon, y que la Fiscal de la Federación adscrita no presentó pedimento. Acto seguido, la Jueza de Distrito acuerda: Al no haber alegatos que reproducir, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad; con lo anterior se cierra este periodo. En consecuencia, al no existir pruebas pendientes que desahogar, promociones por acordar, alegatos que reproducir ni diligencia pendiente por verificar, se levanta la presente acta procediéndose a emitir la resolución correspondiente. VISTOS; los autos para resolver el juicio de amparo 639/2023-III, promovido por Agustín Domínguez de la Cruz, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno el veinte de junio pasado, a este Juzgado Cuarto de Distrito, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y los actos reclamados que se transcriben a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con domicilio ubicado en Av. Juárez, Número 12, Esq. Quintana Roo Edificio Vicente Guerrero, Colonia Centro, C.P. 39000, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. IV. ACTO RECLAMADO a)- La INACTIVIDAD PROCESAL de la Autoridad Responsable en el expediente ordinario laboral número 114/2010 y el acumulado 345/2010, es decir, la omisión de pronunciarse respecto al escrito de fecha trece de marzo de dos mil veintitrés debidamente presentado el 14 del mismo mes y año, mediante el cual se solicita a la responsable la vinculación al cumplimiento del pago del laudo condenatorio al Congreso del Estado de Guerrero, a la Gobernadora del Estado de Guerrero, al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerreo; al Cabildo Municipal, al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y al Secretario de Administración y Finanzas o Tesorero, estos cuatro últimos del Ayuntamiento Constitucional de Ometepec, Guerrero. b). La omisión de prever la eficaz e inmediata ejecución del laudo y, a ese efecto, dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para hacer cumplir el laudo condenatorio firme de fecha catorce de agosto de dos mil doce, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en el juicio laboral burocrático 114/2010 y su acumulado 345/2010, como lo es, ordenar la vinculación al cumplimiento del pago del laudo condenatorio al Congreso del Estado de Guerrero, a la Gobernadora del Estado de Guerrero, al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerreo; al Cabildo Municipal, al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y al Secretario de Administración y Finanzas o Tesorero, estos cuatro últimos del Ayuntamiento Constitucional de Ometepec, Guerrero. c). La omisión de dictar las medidas eficaces y fijar el procedimiento de ejecución a seguir para el cumplimiento del laudo; en términos de los artículos 81, 95, 96, 97 y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, dentro del expediente laboral burocrático 114/2010 y su acumulado 345/2010. d). La omisión de garantizar a favor del gobernado la justicia pronta y expedita, los principios que rigen al derecho del trabajo de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal hasta lograr el cumplimiento total del laudo firme de fecha catorce de agosto de dos mil doce tramitado en el expediente de donde emana el acto reclamado, tal y como lo establece los artículos 685 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación y 17 Constitucional." SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda instaurada, misma que se registró bajo el número 639/2023-III; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó dar a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado no tiene ejecución material y la demanda de amparo se presentó ante órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Oportunidad de la demanda. Toda vez que en el presente juicio se reclama un acto de naturaleza omisiva, cuyos efectos permanecen en el tiempo, se estima innecesario hacer el pronunciamiento sobre la oportunidad en la que fue presentada la demanda, pues la sola naturaleza del acto hace factible promover la demanda de amparo en cualquier momento. CUARTO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En esa tesitura, del análisis del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. a) La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, de proveer el escrito de trece de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual le solicitó vincular al cumplimiento del pago de la condena decretada en el laudo dictado en el juicio laboral 114/2010 y su acumulado 345/2010, de su índice, a diversas autoridades del Estado y del Municipio de Ometepec, Guerrero; y, b) La omisión de dictar las medidas necesarias para hacer cumplir el laudo y garantizar al gobernado la justicia pronta y expedita. QUINTO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, negó los actos que se le reclaman, lo que se corrobora con la copia certificada de diversas actuaciones que integran el juicio natural que adjuntó, como enseguida se explica. En primer lugar, por cuanto hace al acto señalado en el inciso a), debe precisarse que de las constancias que integran el juicio laboral 114/2010 y su acumulado 345/2010, se aprecia que en proveído de veintiuno de marzo del año en curso, se proveyó el escrito presentado por el quejoso el catorce de marzo de dos mil veintitrés. De manera que, contrario a lo que aduce el peticionario de amparo, no existe la omisión de la autoridad responsable de acordar el aludido ocurso, ya que previo a la presentación de la demanda de amparo, dicho escrito ya se había acordado. Ello, en virtud de que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de presentación de la demanda, en el caso, el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, ya que de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse necesariamente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la violación del derecho fundamental que se estime transgredido. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia Común, página 926, Registro 2018110). Así como la diversa tesis 2a. /J. 3/94, sostenida por la Segunda Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintitos a los que dieron origen a la queja." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 79, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 15). Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado señalado en el inciso b) consistente en la omisión de dictar las medidas necesarias para hacer cumplir el laudo y garantizar al gobernado la justicia pronta y expedita, lo que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad, es importante destacar que si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, determinó que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: ". VI. Estudio de contradicción. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar - ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa". Tal ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 59, octubre de 2018, tomo I, página 926, que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En ese sentido, los artículos 74, 97 y 98 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, disponen lo siguiente: "Artículo 74. Prescribirán en dos años: I. Las acciones de los trabajadores para reclamar indemnizaciones por incapacidades provenientes de riesgos profesionales realizados. II. Las acciones de las personas que dependieron económicamente de los trabajadores muertos, con motivo de un riesgo profesional realizado para reclamar la indemnización correspondiente. III. Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje desde que sea ejecutable su resolución. (.)." "Artículo 97. El tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "Artículo 98. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." Del análisis conjunto de dichos preceptos, es factible considerar que, no sólo corresponde a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 74, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 97 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo. En efecto, si bien es cierto, que en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución; de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase en la que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Luego, partiendo de lo antes expuesto y considerando además que para la ejecución del laudo se requiere indefectiblemente la solicitud expresa del ejecutante, pues el derecho a la ejecución de la condena está sujeto al término prescriptivo que marca la propia Ley 51, en su artículo 74; se concluye que el impulso procesal para lograr la ejecución del laudo atañe de manera exclusiva a la parte que hubiere obtenido laudo favorable. De ahí que es inexistente la omisión que se atribuye a la autoridad responsable, pues la ejecución forzosa depende básicamente de previa petición del ejecutante, porque no es una etapa en la que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, sino que es a instancia de parte. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), registro 2000011, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse."2 De igual manera, robustece la argumentación precedente la jurisprudencia PC.I.L. J/9 L (10a.), registro 2010031, sostenida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura 2 Jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), registro 2000011, página 2771, libro III, diciembre de 2011, tomo 4, décima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional."3 Por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que literalmente dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)". Soporta la consideración precedente, la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), registro 2010025, emitida por el Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del 3 Jurisprudencia PC.I.L. J/9 L (10a.), registro 2010031, página 845, libro 22, septiembre de 2015, tomo II, décima época, Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante."4 Al decretarse el sobreseimiento, quien aquí resuelve se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. A lo anterior es aplicable la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado se, 4 Jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), registro 2010025, página 844, libro 22, tomo II, septiembre de 2015, décima época, Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por *****, por propio derecho, en contra de los actos consistentes en la omisión de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, de proveer el escrito de trece de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual le solicitó vincular al cumplimiento del pago de la condena decretada en el laudo dictado en el juicio laboral 114/2010 y su acumulado 345/2010, de su índice, a diversas autoridades del Estado y del Municipio de Ometepec, Guerrero; y, la omisión de dictar las medidas necesarias para hacer cumplir el laudo y garantizar al gobernado la justicia pronta y expedita, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 639/2023-III*M CUENTA. El dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 10509 con anexo. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por medio del cual rinde informe justificado; con su contenido y documentales anexas, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. En relación con lo anterior, es preciso decir que el artículo 117 de la Ley de Amparo establece que con la finalidad de que las partes en el juicio tengan conocimiento no sólo de los informes justificados rendidos en autos, sino además de aquellas constancias que se recaben de manera oficiosa por encontrarse relacionadas con la emisión del acto que se reclame, se les deberá dar vista con éstos, al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, situación que no ocurre en el presente caso, toda vez que ésta fue fijada para el día de hoy, por lo que el plazo a que se refiere el artículo en mención, para darle vista a las partes con el informe justificado, aún no empieza a transcurrir. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 17:36:30 Por lo tanto, y con el objeto de cumplir con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia, lo procedente es otorgar el plazo mínimo necesario para que las partes puedan imponerse del contenido de dicho informe. Para robustecer lo anterior, es conveniente citar la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Por tanto, para dar margen a ello, procede diferir la audiencia constitucional señalada para la presente fecha, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de agosto de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, mediante el cual acusa recibo del oficio 15982/2023, por el que se le requirió su informe justificado e informa que se le notificó el tres de julio del año en curso; de lo que queda enterada la suscrita para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe

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