Agustín Domínguez de la Cruz
Expediente 545/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 545/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Agustín Domínguez de la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en Chilpancingo, a través del informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ******; por tanto, glósese a los autos para que surta los efectos legales conducentes. Por otra parte, conforme al Vigésimo Punto, fracción I, del Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno; se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurrido los seis meses a partir de la fecha del archivo, previa acta y relación que se elabore para la plena identificación del expediente a destruir. Asimismo, se destaca que a juicio de la suscrita, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto invocado.
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE DICE: Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que por escrito presentado el cuatro de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno el mismo día a este Juzgado Cuarto, AGUSTÍN DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. a). ORDENADORA: C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO. b). EJECUTORA. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. IV. ACTO RECLAMADO: a). DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO. 1). La omisión de girar oficios recordatorios a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para que haga efectiva las multas decretadas en diversos proveídos dictados en el proceso de ejecución de laudo desde fecha 14 de Agosto de 2012 a la fecha de presentación de esta demanda de amparo, emitidos en el expediente laboral 114/2010 y su acumulado 345/2010. 2). La omisión de vigilar el procedimiento de ejecución de las referidas multas impuestas, es decir, acreditar la aplicación y cobro de las referidas multas impuestas a la parte demandada del juicio natural (Ayuntamiento Constitucional de Ometepec, Guerrero). 3). La omisión de la Responsable de seguir el procedimiento de EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDO, no obstante que la quejosa a seguido, impulsado y requerido dicho procedimiento de ejecución tal como se justifica con los escritos ingresados en diferentes fechas teniendo que los últimos son de fecha 25 de Septiembre, 23 de Noviembre, 07 de Diciembre de 2017; 22 de Marzo, 10 de Julio, 16 de Agosto, 02 de Octubre de 2018; 26 de Marzo, 22 de mayo de 2019, en sentido de llevar a cabo el procedimiento de ejecución de multa tal como lo dispone el artículo 95 de Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. 4). La omisión de la Responsable de aplicar todas las medidas necesarias y eficaces tendientes a lograr el cumplimiento del laudo de fecha 14 DE AGOSTO 2012, es decir dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, tal como lo dispone el artículo 97 de Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, las cuales consisten en: a). Ordenar y ejecutar el embargo de los bienes del tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Ometepec, Guerrero, los cuales podrían consistir en los siguientes: los recursos económicos, ingresos propios consistentes en rubro de ingresos ordinarios de los impuestos consistentes en el Impuesto Predial, sobre adquisiciones de inmuebles, Diversiones y Espectáculos Públicos e Impuestos adicionales, de corporación para obras públicas por licencia para construcción, restauración, reparación, urbanización, fraccionamiento, edificación, terracerias, ocupación, notificación, relotificación, fusión, subdivisión, Licencia por alineamiento, ingresos extraordinarios, impuestos adicionales así como los ingresos extraordinarios, impuestos adicionales, así como los ingresos por derechos, teniendo que de acuerdo a la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, en correlación al artículo 01 de la Ley de ingreso para el Municipio de Ometepec, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019. b). Iniciar al Ayuntamiento Constitucional de Ometepec, Guerrero, el procedimiento de destitución de los integrantes del Ayuntamiento y su inhabilitación por no prever en el presupuesto de egresos municipal, con fundamento en los numerales 2 y 3 del artículo 195, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero. c). Ordenar al Ayuntamiento Constitucional de Ometepec, Guerrero, la asignación presupuestal destinada para el pago y cumplimiento de Laudo firme para el presente ejercicio fiscal 2019, ya que de acuerdo a la Ley de Ingresos para del Municipio de Ometepec, para el presente ejercicios fiscal haciende a un total de $251,204,914.50 que representa el monto del Presupuesto de Ingres9s Ordinarios y Extraordinarios Generales para dicho Municipio, tiene sustento a lo anterior, lo establecido en los articulas 146 y 147 fracciones IV y VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero." En esa tesitura, el suscrito estima que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para seguir conociendo del presente asunto, con base en las siguientes consideraciones jurídicas. Del escrito de demanda de amparo se advierte que los actos reclamados son naturaleza omisiva por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, en lo particular, la parte quejosa destaca abstenciones u omisiones de aplicar medidas eficaces a efecto de ejecutar el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 114/2010 y su acumulado 345/2010; siendo que de igual forma argumenta bajo protesta de decir verdad: "[.] 4.- En seguimiento a la ejecución forzosa de Laudo tenemos que la parte quejosa en diversas ocasiones ha solicitado el pleno cumplimiento a los numerales 95 y 94 de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, es decir, el pleno cumplimiento al laudo firme, tal como se justifica con los últimos escritos ingresados ante la Autoridad Responsable de fecha 25 de Septiembre, 23 de Noviembre, 07 de Diciembre de 2017; 22 de Marzo, 10 de Julio, 16 de Agosto, 02 de Octubre de 2018; 26 de Marzo, 22 de mayo de 2019. Señalando también que las autoridades responsables han sido omisas en realizar otras medidas necesarias y eficaces dentro del ámbito de su competencia de acuerdo a lo establecido por el numeral 97 de la Ley antes referida en forma y termino distinto al apercibimiento de multas con el que si se pueda lograr el cumplimiento del laudo." Conforme lo expuesto, es necesario tener en cuenta por analogía, la tesis P. VI/2004, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, de epígrafe y contenido siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." La tesis transcrita establece que para la fijación clara y precisa de los actos reclamados, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, que los juzgadores de amparo deberán armonizar, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Con base en lo anterior, al afirmar el solicitante de amparo de manera toral que en la contienda laboral de origen la autoridad responsable se ha abstenido u ha omitido en aplicar diversas medidas eficaces a efecto de ejecutar el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 114/2010 y su acumulado 345/2010, es evidente que lo que reclama se da dentro de un procedimiento en el cual debemos entender que las partes se sometieron y aceptaron la jurisdicción del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, ante la cual el actor presentó el escrito de demanda laboral y la demandada formuló su contestación, de ahí que, lo concerniente a la competencia quedó definida por las conductas procesales desplegadas por los contendientes, que desde luego comprende la jurisdicción de un Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. Lo anterior, dado que las manifestaciones vertidas por el quejosa, se llega a la conclusión de que la omisión del Tribunal Laboral no sólo se limita a la abstención de aplicar diversas medidas eficaces a efecto de ejecutar el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 114/2010 y su acumulado 345/2010, sino que de igual forma, vigilar el cumplimiento de las medidas ya adoptadas, como lo son entre otras cuestiones girar los oficios recordatorios para hacer efectivas las medidas de apremio impuestas, las que se asevera también no ha realizado, de donde se infiere que en el caso, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". En tal sentido, es inconcuso que si ante el Tribunal Laboral se ventila una contienda encaminada -acorde al estado procesal que guarda- a aplicar diversas medidas eficaces a efecto de ejecutar el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 114/2010 y su acumulado 345/2010, lo cual, en la especie se atribuye no ha realizado; entonces, es indiscutible que se requiere la actuación de ejecución a efecto de que realice una conducta en el sentido de hacer, llevar a acabo e incluso dictar medidas eficaces para acatar el laudo condenatorio. Y, aunque el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo antes transcrito, establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, conforme lo dispone la jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Sin embargo, en la especie, como se dijo, la parte quejosa señaló como autoridad ordenadora al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, respecto de la omisión de aplicar diversas medidas eficaces a efecto de ejecutar el laudo condenatorio dentro del procedimiento laboral al que las partes se sometieron y aceptaron su jurisdicción, precisando que se abstenido incluso de girar los oficios recordatorios respectivos para hacer efectivas las medidas de apremio ya impuestas, tales eventos demandan en sí un actuar o ejecución para que la responsable lleve a cabo una conducta que sí implica ejecución material, como lo es, de hacer, llevar a acabo e incluso dictar medidas eficaces para acatar el laudo condenatorio; es decir, la competencia para conocer de la demanda de amparo corresponde al Juez de Distrito con jurisdicción en donde se ejecute lo mandado u ordenado al Tribunal laboral responsable. Dicho de otra manera, del contexto descrito derivado del análisis integral de la demanda de amparo revela que, ciertamente, en el juicio se reclama de la autoridad un acto de naturaleza negativa, pues esencialmente se atribuye una omisión a la autoridad responsable; sin embargo, dicho acto negativo implica efectos positivos que se materializarán en el lugar donde reside la autoridad responsable y que corresponde al espacio en que ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, es decir, con sede en Chilpancingo, Guerrero, pues se insiste el aspecto que objetivamente se reprocha a la autoridad laboral es el no tomar las medidas necesarias para obtener el cumplimiento del laudo condenatorio. Al respecto cobra relevancia lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 176/2009, en cuya parte considerativa destacó las características de los actos de autoridad positivos, negativos y negativos con efectos positivos: "[.] Ahora bien, conviene señalar que la teoría general acerca de la naturaleza de los actos administrativos reconoce los actos positivos y negativos. Esta diferencia es importante para determinar si un acto tiene o no ejecución tomando en consideración que el artículo 36 de la Ley de Amparo atiende a la naturaleza intrínseca del acto y no a su forma de expresión. En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer. A su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone. Estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. Es importante poner de relieve que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico[.]. De la reproducción se advierte que el Alto Tribunal reconoció la existencia de actos administrativos positivos y negativos, destacando de estos últimos que se pueden dar en tres vertientes: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos. Asimismo, reconoció que si bien existen actos cuya expresión en sentido negativo, su naturaleza se entiende positiva por entrañar la privación del ejercicio de un derecho o cuando, en virtud de esa negativa, la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Para identificar este tipo de actos habrá que advertir si, independientemente en la forma como se expresan, imponen una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita activamente de algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. Por el contrario, dijo la Segunda Sala, los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. En esa virtud, aunque el acto reclamado se ubique en su forma de expresión como un acto negativo (no llevar a cabo u omitir), es de consecuencias positivas, ya que implica la privación del derecho de obtener una justicia pronta y expedita por parte del Tribunal responsable. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia que se comparte y que literalmente dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio. (Época: Décima Época. Registro: 2018880. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: I.1o.P. J/6 (10a.). Página: 764). Por esa razón el acto reclamado es ejecutable y sus efectos positivos se han de materializar o se han de ejecutar en Chilpancingo, Guerrero por ser el lugar donde tiene su residencia la autoridad responsable, por lo que se actualiza el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el Conflicto Competencial 1/2019, en sesión celebrada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. En las anotadas condiciones, de conformidad con el considerando Sexto y el artículo 21 del Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integren; remítase el presente juicio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, a efecto de que se hagan las anotaciones correspondientes y lo turne al Juez de Distrito que corresponda, a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la citada ley, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas, si acepta o no la competencia del asunto, solicitándose de la manera más atenta, haga del conocimiento a éste órgano jurisdiccional sobre su determinación al respecto. Fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo además realizarse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, para los efectos legales y estadísticos a que haya lugar. En consecuencia, se deja sin efecto la hora y la fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CUARENTA DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Hágase lo anterior, del conocimiento de las partes para los fines legales consiguientes.
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA AL QUEJOSO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE DICE: Visto; se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en acuerdo de doce de agosto pasado, y al efecto remite copia certificada del expediente laboral 114/2010 y su acumulado 345/2010; por tanto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarla el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.2 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, visible en la página 594, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Con la documental que remite, fórmese el primer tomo de pruebas por separado, que deberá tenerse a la vista al momento de resolver el presente asunto. Finalmente, tomando en consideración que la audiencia constitucional está programada para las diez horas con veinte minutos del diez de septiembre de dos mil diecinueve, resulta procedente diferirla anticipadamente y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo.
- Principal
Visto; se tiene por recibido los oficios signados por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, mediante los cuales informa que no se han localizado los autos originales del juicio laboral... y su acumulado ... por lo que solicita una prorroga... se le concede el término de cinco días siguientes a la notificación de este acuerdo para que remita copia certificada de todas las actuaciones practicadas en el juicio laboral...
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