Agustín de la Cruz Gómez

Expediente 5/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 78 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
5/2021
Año
2021
Actuaciones
78
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Agustín de la Cruz Gómez
  • Secretario del Juzgado de Ejecución Penal con residencia en Tapachula, Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 78.

  1. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido en los siguientes términos: 1.- Expediente depurable. En virtud que se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y que el asunto carece de relevancia documental; por tanto, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b)1 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente es DEPURABLE, por lo que deberá conservarse el expediente principal del presente juicio de amparo, por el término de tres años. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente proveído en que se acuerda su archivo como asunto concluido, tal como lo establece el penúltimo párrafo2 del numeral 18 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7, punto 7.1.13 , del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo en mención, previas las anotaciones en el libro control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2. Se ordena estampar el sello de DEPURABLE en la carátula del expediente principal, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. De conformidad a lo establecido por el artículo 20, fracción II, inciso a), del invocado Acuerdo General; y con apoyo en el Capítulo 3.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, por lo que se concluye que es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente hábil en que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido del juicio principal, siempre que se cuente con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la caratula de los cuadernos incidentales la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la primera certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo tres días concedido en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós (foja 801 a 803), para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación a la adscripción de la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, sin que lo hubieren hecho; en consecuencia, se les tiene por precluido el derecho que pudieron haber ejercitado, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, vista la segunda certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para inconformarse contra el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 693 a 697), que declaró cumplida la sentencia de amparo dictada en este asunto. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: 1.- Expediente depurable. En virtud que se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y que el asunto carece de relevancia documental; por tanto, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b)1 , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente es DEPURABLE, por lo que deberá conservarse el expediente principal del presente juicio de amparo, por el término de tres años. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; así como el presente proveído en que se acuerda su archivo como asunto concluido, tal como lo establece el penúltimo párrafo2 del numeral 18 del mencionado Acuerdo que rige en materia archivística a los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7, punto 7.1.13 , del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 18 del acuerdo normativo en mención, previas las anotaciones en el libro de control electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2. Se ordena estampar el sello de DEPURABLE en la carátula del expediente principal, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. 3. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados), es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso c) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 7, punto 7.5, apartado 2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. De conformidad a lo establecido por el artículo 20, fracción II, inciso a), del invocado Acuerdo General; y con apoyo en el Capítulo 3.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, por lo que se concluye que es DESTRUIBLE en un plazo de seis meses contados a partir del día siguiente hábil en que se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido del juicio principal, siempre que se cuente con el original del incidente de suspensión, por lo que una vez cumplido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser objeto de destrucción y remitirse el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la caratula de los cuadernos incidentales la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con sede en esta ciudad, un disco versátil digital en formato DVD, que remitió en cumplimiento a la sentencia de amparo y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, acordó la primera adscripción de la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, como Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en sustitución del Juez Raúl López Pedraza, a partir del dieciséis de noviembre del dos mil veintidós; lo que fue notificado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/721/2022, de veintiséis del mismo mes y año. Ante esa circunstancia, resulta menester hacer del conocimiento de las partes lo relatado en el párrafo que precede por un plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, para los efectos legales procedentes; pues de no hacerlo, se actualizaría una violación procesal que ameritaría la reposición del procedimiento. (.).Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de catorce de octubre del dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las parte con el oficio 699/JPIES/SC/2022 firmado por el el Juez de Ejecución de Sentencias, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, con el que informó respecto el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria de amparo dictada en este asunto, y con la copia certificada de las actuaciones relativas, por lo que se corrió traslado a las partes con la actuaciones realizadas a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que desahogaran dicha vista, tal y como se advierte de la certificación que antecede. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y este juzgado procede a resolver si la sentencia protectora ejecutoriada ha sido cumplida o no. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2ª/J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: (.).Para lograr ese objetivo, se realizará un análisis comparativo entre: 1) Los términos de la concesión del amparo, que incluirá, en su caso, los efectos establecidos en la sentencia y 2) Lo realizado en ese sentido por las responsables, así como las pruebas que en su caso justifiquen el cumplimiento. En ese sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada en el presente juicio, se concedió a la parte quejosa el amparo para los siguientes efectos: ".SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional. Atendiendo a las circunstancias particulares del caso, con fundamento en el artículo 74, fracción V, de la ley de la materia en vigor, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: 1. Que el Juez de Ejecución de Sentencias, con sede en esta ciudad, haga uso de las medidas de apremio a su alcance para que el Defensor Público del quejoso, desahogue la vista ordenada en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente de control de ejecución 051/2021 de su índice. 2. Una vez desahogada dicha vista, proceda a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia respectiva de la solicitud de beneficio de libertad. 3. Lo anterior, deberá notificar personalmente al quejoso, con lo cual quedará cumplida la sentencia de amparo." En tal virtud, por auto de quince de julio de dos mil veintiuno (fojas 221 a 223), dicha resolución causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad judicial responsable el cumplimiento de la misma. Así, por oficio 489/JPIES/SC/M-2/2021, el Secretario encargado del despacho del Juzgado de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con sede en esta ciudad, informó estar realizando las gestiones para dar cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 234 a 236). Por diverso comunicado de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con sede en esta ciudad, informó que por auto de veintiuno de octubre de ese año, señaló las doce horas del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia oral de incidente de libertad anticipada a favor del quejoso ***** (fojas 293 y 294). Así, mediante oficio 320/JPIES/SC/m-1/2021, el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con sede en esta ciudad, informó haberse declarado incompetente para continuar conociendo del expediente de control de ejecución 051/2021, respecto a la petición de libertad anticipada de quejoso *****, y la declaró a favor del Juzgado de Ejecución de Penas del Estado de Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. (foja 311). Ahora, por diverso comunicado de doce de agosto de dos mil veintidós, el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con sede en esta ciudad, informó haber retomado el conocimiento del expediente de control de ejecución 051/2021, respecto a la petición de libertad anticipada de quejoso ***** (foja 561), y con oficio 677/JPIES/SC/2022, el Secretario adscrito a dicho juzgado, informó haber señalado las catorce horas del doce de octubre de este año, para la celebración de la audiencia de libertad anticipada dentro del referido expediente (foja 628). Fue así, que finalmente por oficio 699/JPIES/SC/2022, de trece de octubre de este año, el Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la audiencia y resolución dictada el trece de octubre del año en curso, dentro del expediente de ejecución 51/2021, relativo a la libertad anticipada, en la que resolvió otorgar el beneficio preliberacional de libertad anticipada al aquí quejoso *****, sentenciado en la causa penal 449/2000 del índice del Juzgado Cuarto del ramo penal del Distrito Judicial de Tuxtla, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de la persona que en vida respondiera al nombre de Heidi del Carmen Cab Carrillo. (foja 640). Con las anteriores constancias, se le dio vista a las partes, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, sin que hayan hecho manifestación alguna, como quedó asentado en la certificación secretarial de cuenta. De lo expuesto, se colige que efectivamente la responsable, cumplió con la ejecutoria de amparo emitida en este expediente pues acreditó haber dado cumplimiento en sus términos a la sentencia de amparo, acatando los lineamientos establecidos en el fallo protector. Así las cosas, las anteriores precisiones son aptas para concluir que la autoridad judicial responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la resolución dictada por este Juzgado, en el presente juicio de garantías, por lo que en la sustanciación del cumplimiento se observa que el Juez responsable no incurrió en exceso o defecto así como que no existió imposibilidad por parte de éstas para su debido cumplimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que deberá archivarse el asunto acorde al párrafo cuarto del mencionado artículo, hasta que transcurra el plazo a que se refiere el diverso dispositivo 202 de la citada legislación. Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en el artículo 202 de la ley de la materia, dese vista a las partes por el término de quince días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y hecho lo anterior se acordará lo procedente. Notifíquese personalmente y por oficio a la autoridad responsable.

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