Adriana María Gerardo Anleu
Expediente 912/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 912/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Adriana María Gerardo Anleu
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días, dentro del que la parte quejosa pudiera recurrir en queja el auto de dos de agosto de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 97 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento al artículo 21, fracción d)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 42 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Lo anterior, pues en el caso: I) se desechó por improcedente la demanda de amparo, II) la demanda que forma este juicio no está vinculada a determinar la constitucionalidad de resoluciones referente a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, III) no se ocupa de resoluciones impugnadas ante organismos públicos internacionales, IV) tampoco a conflictos laborales colectivos, patrimonio histórico, arqueológico y artístico V) ni se trata de materia agraria o se encuentre ligado a una jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, Chiapas, las constancias que exhibió en apoyo a su informe con justificación consistente en copia certificada del expediente 161/2018, de su estadística, en un tomo.
- Principal
MESA 1-B.- Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; a dos de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual transcribe el acuerdo de catorce de julio del año en curso, emitido en juicio de amparo directo ***, de su índice, en el que, por las razones ahí plasmadas, dicho Tribual se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de derechos fundamentales promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades señalas como responsables: 1. Juez Primero del Ramo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. 2. Actuario adscrito al Juzgado Primero del Ramo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. De quienes reclama: (.) Y, en consecuencia, remitió al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en turno, el original de la demanda de amparo, informe justificado rendido por las autoridades responsables, la constancia de emplazamiento a la parte tercero interesada, y copia certificada del expediente ***, de la estadística del juzgado responsable, para los efectos legales conducentes. En tal virtud, tanto, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente vía interconexión, para lo cual se faculta al actuario de la adscripción para que firme de manera electrónica el oficio que para tal motivo se genere, debiendo agregar el acuse respectivo al expediente electrónico. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 912/2022. DESECHAMIENTO Del estudio íntegro del escrito inicial de demanda, se advierte que, respecto de los actos reclamados previamente descritos, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: (.) En la especie, el acto reclamado no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Ello es así, pues la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional el auto de doce de marzo de dos mil veinte, dictado dentro del juicio especial hipotecario ***, del índice del juzgado responsable (fojas 321-322 del tomo de pruebas), en el cual se requiere a la parte demanda -aquí quejosa- para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al de su correspondiente notificación, realice la entrega a favor de la parte actora el inmueble adjudicado materia de la litis, bajo el apercibimiento que de no hacerlo de forma voluntaria, a su costa, se procedería al lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, en términos del artículo 505, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas. Esto es, la parte quejosa pretende a través del juicio de amparo, que se analice la orden de desalojo con auxilio de la fuerza pública, a fin de que se ponga en posesión real y material el inmueble de referencia a la parte actora, con la finalidad de que ésta no se practique, acto que no encuadra dentro de los supuestos de excepción antes precisados pues su finalidad es impedir la ejecución de la sentencia aduciendo que nunca les fue notificado nada posterior al dictado de la sentencia definitiva en el juicio de origen, por lo cual es un acto que, interpretado a contrario sensu, comparte la naturaleza de aquellos que se han considerado dentro de la regla general (que tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia), ya que pretende impedir la ejecución alegando violación en la orden de desalojo con motivo de la entrega del bien al actor, cuya finalidad es lograr el cumplimiento de la sentencia. Por lo que, no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Cabe señalar que si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, si la finalidad de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. Además, tampoco afecta derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada, ya que al tratar de combatir el auto que ordena la entrega real y material del bien inmueble materia de la litis a través del uso de fuerza, para lograr la entrega del bien al actor, es con motivo de la ejecución de la sentencia definitiva; esto es, la orden de entrega real y material no es ajeno a la cosa juzgada en la sentencia de fondo que le puso fin al juicio de origen; con dicho acto, no se está privando a la parte quejosa de ningún derecho fundamental, pues el uso de la fuerza pública, únicamente tiene como finalidad lograr la entrega del bien que ya fue materia de la sentencia definitiva, ante el desacato de la parte actora en el cumplimiento. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción IV, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. (.) En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV, XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada a contrario sensu, y 113 todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad. Con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, no se autoriza a ***, con el nombre de usuario ***, la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, toda vez que su nombre de usuario no se encuentra registrado en el aludido Sistema Computarizado, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Amparo a ***, toda vez que sus cedulas profesionales no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. (.) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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