Agustín Cárdenas López

Expediente 40/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
40/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Agustín Cárdenas López
  • Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Mexicali B.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    en consecuencia, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese dicha sentencia por lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes actuaciones que en el presente asunto se provean, aún las de carácter personal. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 40/2019-D promovido por Agustín Cárdenas López, por su propio derecho, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Mexicali; y de otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil dieciocho, ante la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Mexicali, Agustín Cárdenas López, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Mexicali. Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; y Secretario Actuario adscrito al Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Actos reclamados: "IV.- ACTO RECLAMADO.- SENTENCIA DEFINITIVA, de fecha 07 de septiembre de 2018, dictada dentro del Toca de Apelación Número 1128/2018, por los C.C. Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California". Por violación a los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. En acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciocho, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, negó la suspensión del acto reclamado por el quejoso, consistente en la resolución de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por dicha autoridad, al considerar que se trataba de un acto consumado y de otorgarla equivaldría a darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia que se dictara en el fondo del amparo. Por otra parte, en cuanto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, otorgó la suspensión solicitada por el quejoso, para el efecto de que el Juez Séptimo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, continuara con el procedimiento del juicio 2136/2017 de su índice, pero con la abstención de dictar resolución definitiva hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo para mantener la materia del juicio y determinó que no era necesario fijar garantía ya que la condena se encontraba asegurada mediante garantía hipotecaria respecto del bien inmueble afecto al juicio de primera instancia. Con oficio 6057, de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, remitió la demanda de amparo interpuesta por el quejoso al Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad; así como los autos originales del toca civil 1128/2018 y juicio 2136/2017, original de la requisitoria 21/2018 relativa a la constancia de emplazamiento del tercero interesado y copia del acuerdo de diez de octubre de ese año, relativa a la suspensión de los actos reclamados por el quejoso. Con oficio 562/2019 de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, remitió a la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en esta ciudad, la resolución pronunciada el diecisiete del referido mes y año, por los Magistrados Integrantes de la sala antes mencionada, en la que se declaraban incompetentes para conocer de la demanda de amparo presentada por el quejoso, anexando el cuadernillo original del amparo directo civil 884/2018, demanda de amparo, toca civil 1128/2018 y expediente del Juicio Especial Hipotecario 2136/2017 y testimonio de ejecutoria. SEGUNDO. Admisión demanda de amparo. El veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido en este órgano de control constitucional, el oficio 562/2019 de veinticuatro de octubre del mismo año, remitido por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, así como los anexos mencionados en el párrafo que antecede; y para dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se previno al quejoso para que bajo protesta de decir verdad precisara los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en su escrito de demanda. El doce de noviembre último, se recibió en este juzgado, escrito mediante el cual el quejoso desahogó la prevención que le hizo en autos y precisó los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, en los siguientes términos: "PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO: La parte que en particular se reclama de la sentencia que resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria es la atinente a la CONDENA DEL PAGO DE COSTAS y la imposición injustificada de UNA MULTA EQUIVALENTE A UNA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), en beneficio del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia impuestas al suscrito, sustentada en el dispositivo legal 264 del Código Procesal Civil el cual resulta inconstitucional, aunado a que dicha determinación de la autoridad responsable, vulnera mi derecho de acceso a la justicia, pues con ello se pretende que me inhiba de hacer valer los recursos que considere procedentes, o hacer valer los derechos procesales que estime fundados". En acuerdo de trece de noviembre del presente año, ante la falta de copias suficientes para abrir el cuaderno incidental, se postergó la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto el quejoso exhibiera las copias de la demanda que le fueron solicitadas; se admitió a trámite la demanda promovida por Agustín Cárdenas López, por su propio derecho, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en la ciudad de Mexicali; y de otras autoridades, registrándola bajo el número 40/2019-D. Se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, a excepción de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al encontrarse agregado en los autos del presente juicio, se ordenó emplazar al tercero interesado Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, por conducto del Actuario adscrito a este juzgado, se dio la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento, señalándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Es menester precisar, en primer término, que de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Bajo la anterior premisa, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias aportadas por las autoridades responsables se desprende que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes:  La sentencia de siete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Civil 1128/2018, por los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California; en la que declaró infundada la excepción de incompetencia planteada por el quejoso Agustín Cárdenas López.  La imposición de una multa equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) en beneficio del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia y la condena al pago de costas.  La ejecución de los actos tendientes a dar cumplimiento al cobro de la multa indebidamente impuesta y ordenada por la responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia dentro de la sentencia de siete de septiembre de dos mil dieciocho. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y solo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Mexicali, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (Foja 9). Lo que se corrobora con las constancias que remitieron los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en apoyo a su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos originales relativos al toca civil 1128/2018, de su índice, así como al juicio Especial Hipotecario 2136/2017 del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil de este partido judicial. (Fojas 20 a la 379). Por su parte las autoridades responsables Juez Séptimo de lo Civil y Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil, con domicilio en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto que se les reclama; negativa que se desvirtúa ante la aceptación que de los mismos realizó la autoridad ordenadora Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Mexicali, Baja California, lo que hace evidente que si tiene actos que ejecutar. (Fojas 460 y 462). En atención a que de las constancias remitidas por la autoridad responsable inicialmente citada con su informe justificado, consistentes en las actuaciones que integran el toca civil 1128/2018, se obtiene que el siete de septiembre de dos mil dieciocho, al resolver la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia, propuesta por el demandado Agustín Cárdenas López, la declaró infundada y determinó que la Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, es la legalmente competente para seguir conociendo del juicio; en consecuencia le impuso al quejoso una multa por el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización; y lo condeno al pago de costas con motivo de la tramitación de la dilatoria materia de esa resolución. CUARTO. Causales de improcedencia. Toda vez que ninguna de las partes hizo valer causas de improcedencia y tampoco de oficio se aprecia que ésta se haga patente, procede entrar al estudio de los conceptos de violación, analizando los motivos de disenso que formuló la parte quejosa y que estimó transgredían sus derechos fundamentales. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Previo al análisis concreto de los conceptos de violación que formuló la parte quejosa, resulta necesario traer a contexto algunos de los aspectos relevantes acaecidos en el juicio natural. 1. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de partes común de los Juzgados de Primera Instancia del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y recibido en el Juzgado Séptimo de lo Civil, en esta ciudad, el cuatro de enero de dos mil dieciocho, la persona moral Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, demandó en la vía Especial Hipotecaria a Agustín Cárdenas López. (Fojas 93 a la 333). 2. Por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, la Juez Séptimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, admitió la demanda interpuesta y ordenó el emplazamiento de la parte demandada Agustín Cárdenas López. (Fojas 334 a la 337). 3. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, Agustín Cárdenas López se apersono al juicio, dio contestación a la demanda interpuesta en su contra y entre otros aspectos, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia. (Fojas 351 a la 377). 4. En proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la Juez Séptimo de lo Civil, con sede en esta ciudad, tuvo por recibido el escrito presentado por el demandado, aquí quejoso, y ante la excepción dilatoria de incompetencia por declinatoria en razón a la material opuesta, ordenó la suspensión del procedimiento y remitió los autos al Tribunal Superior de Justicia del Estado, para la substanciación de la dilatoria hecha valer por la parte pasivo procesal. (Fojas 378 y 379). 5. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California, al resolver el toca civil 1128/2018, declararon infundada la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia planteada por Agustín Cárdenas López; le impusieron una multa por el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización y se le condenó al pago de costas. (Fojas 71 a la 86). Resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, cuyos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se declara INFUNDADA la EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA EN RAZÓN DE LA MATERIA opuesta por el demandado a la C. Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, dentro del expediente número 2136/2017, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex, en contra de Agustín Cárdenas López; en consecuencia, SEGUNDO. Se declara que la C. Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, es la legalmente competente para seguir conociendo del juicio descrito en el resolutivo que antecede, a quien deberán devolverse los autos originales para la continuación del proceso, por lo que se levanta la suspensión del procedimiento decretada. TERCERO. Se impone al demandado Agustín Cárdenas López, una multa equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA), en beneficio del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, para lo cual deberá girarse oficio a la Secretaría de Finanzas del Estado, a fin de que proceda a hacer efectivo el cobro de la multa en mención. CUARTO. Se condena al demandado Agustín Cárdenas López, al pago de las costas causadas con motivo de la tramitación de la dilatoria materia de esta resolución.". Ahora, el quejoso en su primer concepto de violación, aduce que el acto reclamado es violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la Sala responsable declaró infundada la excepción de mérito y determinó que deberá continuar en el conocimiento del asunto la Juez Séptimo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Que no obstante de resultarle adversa dicha determinación, se le condenó al pago de costas a favor de la parte actora, bajo el argumento de que se surten los supuestos contenidos en el artículo 264 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Lo que consideró violatorio de su derecho fundamental de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que el gobernado puede ser parte de un proceso judicial y obtener una sentencia que resuelva el fondo de la cuestión planteada, de manera pronta, completa e imparcial. Al encontrarse tal derecho fundamental íntimamente relacionado con el principio de debido proceso contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, el cual dispone que nadie puede ser privado de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, si no mediante juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En el segundo concepto de violación expreso, que las normas deben interpretarse en términos del texto constitucional y los tratados internacionales, en el sentido de que los gobernados tienen derecho al acceso efectivo a la jurisdicción y cualquier condición o requisito para el acceso a la justicia resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 1º. Constitucional. Que la autoridad responsable fue omisa en observar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales; en atención a que en el nuevo paradigma del orden jurídico nacional, el artículo 17 constitucional, establece el derecho fundamental de acceso a la justicia, pronta, completa, imparcial y gratuita; mientras que los artículos 8, 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé garantías y mecanismos que tienen a hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la justicia; lo que se debe interpretar en forma conjunta en atención al principio pro homine o pro persona. En el tercer concepto de violación dijo, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto en la tesis de rubro: "ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL. EL ARTÍCULO 1,399 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, AL PREVER LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA SI EL RECURSO DE QUEJA ES INFUNDADO, VIOLA DICHO PRECEPTO CONSTITUCIONAL". Por tanto, al guardar relación el numeral citado en la tesis de referencia, con el numeral 264 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, la multa que le impuso la Sala responsable viola en su perjuicio la garantía de acceso a la impartición de justicia gratuita, que desalienta e inhibe su promoción y condiciona injustificadamente el acceso a la justicia. Al respecto invocó las tesis de rubro: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). De los conceptos de violación planteados por el quejoso, claramente se puede apreciar que se encuentran encaminados a controvertir únicamente la imposición de una multa y la condena en costas en la ejecutoria dictada el siete de septiembre de dos mil dieciocho, por los Magistrados integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California; no obstante, al tomar en cuenta que los argumentos de la sentencia, contenidos en los considerandos, sirven para interpretar en su integridad los puntos resolutivos de la misma y que es un todo, por tanto, no es posible en el caso, analizar los conceptos de violación expuestos por el quejoso sin atender los argumentos de la autoridad responsable para llegar a la determinación de que era infundada la excepción de incompetencia planteada por el quejoso y como consecuencia de ello, condenarlo al pago de una multa y las costas en esa instancia. En apoyo a lo anterior, se localiza la jurisprudencia XX.1o. J/62, visible en la Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia(s): Común, página 1026, de título y texto: "SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia entre un considerando de una sentencia y un resolutivo de la misma, debe entenderse que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos; y, por ende, los argumentos de la sentencia, por sí mismos, no causan agravios al quejoso, cuando éstos no han conducido a la ilegalidad de la resolución reclamada". Luego, resulta conveniente precisar las consideraciones que los Magistrados integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, precisaron en la resolución reclamada y que a continuación se sintetizan: Que la excepción dilatoria es infundada porque con independencia de si las partes contratantes tienen o no el carácter de comerciantes, y si de la controversia pudiera resolverse conforme a las leyes de carácter federal. Lo cierto es, que al no estar en juego intereses de la Nación, así como por haberse presentado el escrito inicial ante un Juez del fuero común, es competente este último, ya que el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla la existencia de la jurisdicción concurrente, al disponer en su fracción II, que los tribunales federales conocerán de las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, pero que cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, como sucede en el caso, podrán decidirse a elección del actor, por los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, de ahí que la excepción planteada sea improcedente. Que la figura de la jurisdicción o competencia concurrente la prevé el artículo 104 constitucional, al establecer en su fracción II, que los Tribunales de la Federación conocerán: "De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. A elección del actor y cuando solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden común". Que la jurisdicción o competencia concurrente se surte tanto en asuntos de naturaleza estrictamente civil como mercantil. No entenderlo así, conduciría a una infracción al derecho humano de la parte actora, de acceso a la justicia sin dilaciones injustificadas, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al privarlo de hacer uso de la facultad contenida a su favor en la fracción II, del artículo 104 constitucional, e indisponible para el Juez del orden común. Que al resultar infundada la excepción de incompetencia, en términos de los artículos 168, párrafo segundo y 264, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en relación con el Transitorio Tercero del Decreto por el que se declara, reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, impuso al demandado Agustín Cárdenas López, una multa equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) en beneficio del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, para lo cual ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas del Estado, para que procediera a hacerla efectiva. Señaló, que conforme a lo dispuesto en los numerales 168 y 264, dicho Tribunal se encontraba obligado a imponer dicha multa. La cual era mínima, porque si bien la parte demanda omitió comparecer a la audiencia incidental que prevé el artículo 263 del código adjetivo local, no menos cierto era, que dicho precepto no impone a las partes la obligación de asistir a la misma. Por tanto, consideró que la conducta del quejoso Agustín Cárdenas López no reflejo datos objetivos para imponer una multa superior a la mínima. Asimismo, condenó al demandado Agustín Cárdenas López al pago de costas causadas con motivo de la tramitación de la excepción de incompetencia, debido a que ante la improcedencia de la misma operó el sistema de condena forzada. Indicó, que el artículo 17 constitucional, prevé que la administración e impartición de justicia debe darse en los plazos y términos que fijan las leyes. Al respecto, los numerales 141 y 264 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, establecen dos sistemas para la condena en costas. Uno subjetivo, aplicable cuando a criterio del juzgador alguna de las partes se ha conducido con temeridad y mala fe; y, Otro objetivo, que no deja a criterio del juzgador esa condena, sino que esta resulta obligatoria cuando se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la ley; por tanto, el numeral inicialmente citado ordena la condenación en costas y el numeral 264, sin condicional dicha sanción a que el promovente se haya conducido con temeridad o mala fe, era inconcuso que se actualizo la hipótesis de condena forzosa, por haber operado el sistema objetivo, que no deja a criterio del juzgador esa condena ya que resulta obligatoria. Precisado lo anterior, es infundado el primer concepto de violación en el que señala el quejoso que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, de acceso a la justicia y debido proceso. Al advertir de las constancias que integran el toca civil 1128/2018, y que remitió la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con su informe justificado, que previo a la emisión de la ejecutoria de siete de septiembre de dos mil dieciocho, se dio al quejoso el derecho de audiencia, sin que éste haya comparecido a la diligencia celebrada el nueve de julio del mismo año. Aunado a que la autoridad responsable en la resolución impugnada, para declarar infundada la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia opuesta por el aquí quejoso, tomó en consideración lo dispuesto en la fracción II del artículo 104 constitucional, que contempla la existencia de la jurisdicción concurrente. Lo que apoyó en el hecho de que en el caso sujeto a su revisión, no se encontraban en juego intereses de la Nación y el escrito inicial de demanda se presentó a elección del actor ante un Juez del Fuero Común, por tanto, era improcedente la excepción opuesta por el demandado. Sin que tal actuación vulnere en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales que aduce. Al tomar en cuenta que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. En ese sentido, al analizar la responsable la excepción planteada por el demandado en el juicio de origen, aquí quejoso, y determinar que era infundada conforme a lo normado en el artículo 104 fracción II, de la Ley Fundamental, es inconcuso que tal proceder no irroga agravio alguno al impetrante de amparo. En apoyo a lo expuesto, se localiza la tesis de jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 213, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios". Asimismo, es infundado el segundo y tercero conceptos de violación, en donde el quejoso refiere que la autoridad responsable no interpretó el contenido del artículo 1º, de la Constitución Federal, en relación con los derechos fundamentales contemplados en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, al momento de resolver la excepción planteada y condenarlo al pago de una multa y las costas. Contrario a lo aducido por el impetrante de amparo, de la resolución impugnada se aprecia que la Sala responsable, declaro infundada la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia que interpuso Agustín Cárdenas López, en contra de la Juez Séptimo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, y lo condenó al pago de las costas causadas, así como de la multa mínima que prevé el dispositivo legal invocado, en beneficio del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Al tomar en cuenta lo dispuesto en los artículos 168 párrafo segundo, 264 y 141 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, que disponen: "ARTÍCULO 168.- El litigante que hubiere optado por uno de los dos medios de promover una competencia, no podrá abandonarlo y recurrir al otro; tampoco podrá emplearlo sucesivamente. En el caso de que se declare infundada o improcedente una incompetencia, se aplicará al que la opuso, multa hasta de diez veces el salario mínimo. La multa será a beneficio del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia". "ARTÍCULO 264.- En el caso de que se declare infundada o improcedente la incompetencia, debe pagar las costas causadas el que la promovió y se le impondrá una multa hasta de veinte veces el salario mínimo en Baja California, en beneficio del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia". "ARTÍCULO 141.- La condena en costas se hará cuando así lo prevenga la Ley, el Juez deberá sujetarse para ello a las siguientes reglas: I.- En las sentencias que se dicten en los juicios que versen sobre acciones de condena, los gastos y costas serán a cargo de la parte o partes a quienes la sentencia fuere adversa. Si fueren varias las partes vencidas, la condena en costas afectará a todas ellas proporcionalmente al interés que tengan en la causa. Cuando cada uno de los litigantes sea vencido en parte y vencedor en parte, las costas se compensarán mutuamente o se repartirán proporcionalmente, según lo determine el Juez en la sentencia. Se exceptúa de las reglas anteriores y no será condenado al pago de los gastos y costas el demandado que se allane a la demanda. Si las partes celebran convenio o transacción, las costas se considerarán compensadas, salvo acuerdo en contrario. En los juicios que versen sobre condena a prestaciones futuras, el actor reportará las costas, aunque obtenga sentencia favorable, si apareciere del proceso que el demandado no dio lugar al mismo. El actor en este caso, podrá además, ser condenado al pago de daños y perjuicios que se ocasionaren. Servirá de base para el cálculo de las costas el importe de lo sentenciado. II.- En las sentencias declarativas y constitutivas, la condenación en costas, se regirá por las reglas siguientes: A) Si ninguna de las partes hubiere procedido con temeridad o mala fe, no habrá condena en costas ni gastos, y cada una reportará los que hubiere erogado; B) La parte que, a juicio del Juez, hubiere obrado con temeridad o mala fe, será condenada a indemnizar a su contraparte los gastos y costas del juicio; y C) Cuando el demandado se allane a las peticiones del actor, o el actor se conforme con la contestación a la demanda, no habrá condenación en costas, y cada parte reportará las que hubiere erogado. III.- En los casos de litisconsorcio, el Juez podrá condenar solidariamente a todas o a alguna de las partes, de acuerdo con las reglas contenidas en las dos Fracciones anteriores, y establecerá la forma en que se repartan las costas. En todo caso, cuando sean varias las personas o partes que pierdan y haya condena en costas, el Juez distribuirá su importe entre ellas en proporción a sus respectivos intereses y si no hubiere base para fijar la proporción, se entenderá que se hace por partes iguales. IV.- El Tribunal podrá condenar a una de las partes aún cuando la sentencia de fondo le fuere favorable, al pago de los gastos y costas parciales que se originen con motivo de un procedimiento o incidente que haya suscitado sin fundamento legal, o cuando se trate de recursos desestimados o gastos inútiles; o bien podrá excluir estas costas parciales de la condena a la parte vencida; V.- El Tribunal podrá sancionar el ejercicio malicioso de la acción y la falta de probidad y lealtad de las partes con la condena en los daños y perjuicios que ocasione a la contraparte con motivo del proceso, independientemente de lo que acuerde sobre las costas; VI.- La parte que presente documentos falsos o testigos falsos o sobornados, será siempre condenada en los gastos y costas y en los daños y perjuicios, sin que tengan aplicación en este caso las reglas de las Fracciones anteriores que pudieren beneficiarla; y VII.- En caso de apelación, será condenada en las costas de ambas instancias, sin tener en cuenta la declaración a este respecto formulada en la primera, la parte contra la cual haya recaído dos sentencias adversas siempre que éstas sean conformes de toda conformidad. Cuando no concurran estas circunstancias en la sentencia de segunda instancia se hará la condena en costas con sujeción a las reglas contenidas en este Artículo". Como se advierte de los numerales transcritos, en el caso, de que el accionante de la excepción de incompetencia por razón de la materia no obtenga resolución favorable, está obligado a sufragar las costas correspondientes, así como al pago de la muta, puesto que resulto vencido en la tramitación del incidente mencionado. Así, en la resolución impugnada, el Tribunal responsable, individualizó las normas y las incorporó al hecho sujeto a estudio, determinó su sentido y alcance dándoles un verdadero sentido, por lo que efectuó una correcta interpretación. Dado que el interpretar una norma jurídica es esclarecer su sentido, y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica, y, por tanto, también para la resolución judicial. En esa medida, es evidente que no le asiste la razón al impetrante de amparo Agustín Cárdenas López, cuando aduce que el actuar de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Mexicali, Baja California, violenta sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica pues su actuar se sujetó a las disposiciones contenidas en el numeral 264 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, el cual prevé el pago de las costas causadas en caso de que se declare infundada o improcedente la excepción de incompetencia planteada, a cargo de quien la promovió; así como, la imposición de una multa hasta por el equivalente a veinte veces el salario mínimo en Baja California, en Beneficio del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Sin embargo, el concepto de violación planteado, no corresponde a un aspecto de legalidad atribuible a la autoridad responsable, sino a uno de constitucionalidad de la norma, que no fue planteado a través del ocurso constitucional. De modo que, si en el caso solo se cuestionó la legalidad de la determinación en la que se impuso una multa al promovente de la excepción dilatoria y se le condenó al pago de costas al resultar infundado, pero no la constitucionalidad de la norma que prevé su imposición, es claro que este juzgado de distrito se encuentra impedido para realizar tal estudio, pues no se está en el supuesto de suplencia de la queja que solo opera tratándose de los conceptos de violación planteados y no en actos reclamados, pues vale recordar que el presente juicio no es un amparo contra leyes. Por tanto, la autoridad responsable analizó correctamente la normativa que le llevó a imponer una multa al impetrante de amparo y condenarlo al pago de costas, sin que tal proceder se torne en violatorio de los derechos fundamentales que consagra en favor del gobernado la Constitución Federal y los normas de derecho internacional que refiere el quejoso. Al tema se localiza la tesis aislada VII.2o.C.77 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que se consulta en la página 715, Tomo XIII, Junio de 2001, Materia(s): Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "GASTOS Y COSTAS. PROCEDE SU CONDENA EN LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si la autoridad responsable al emitir el fallo reclamado estima improcedente la excepción de incompetencia planteada por la demandada en el juicio natural, al no obtener resolución favorable en el incidente de que se trata, procede la condena al pago de gastos y costas conforme a lo dispuesto por el numeral 104, primer párrafo, del código procesal civil vigente en la entidad". Así como la jurisprudencia XVII.2o. J/9, correspondiente a la Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Materia(s): Civil, página: 457, de rubro y texto: "COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. DEBE CONDENARSE A LA PARTE ACTORA AL PAGO DE LAS; SI NO OBTIENE SENTENCIA FAVORABLE. El artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio, es muy claro al establecer que será condenado en costas el que intente el juicio ejecutivo y no obtenga sentencia favorable; y se actualiza dicha hipótesis cuando la parte actora intenta el cobro de prestaciones, en la vía indicada, sin que hubiera obtenido sentencia favorable. Ello es así, ya que la finalidad de las costas del juicio, es resarcir a quien injustificadamente ha sido llevado al tribunal, de las erogaciones que haya hecho por razón del proceso, por tal motivo, éstas deben quedar a cargo de la parte actora por haber presentado una demanda improcedente que ocasionó gastos injustificados a cargo de la demandada, por el desarrollo del juicio hasta culminar la primera instancia; esto es, por haber intentado el juicio ejecutivo, sin obtener una sentencia favorable. Además, tal disposición legal no distingue que para que se surta la hipótesis en cuestión deba estudiarse el fondo del asunto y no se obtenga una sentencia favorable. Sin que sea de aplicación en el caso, la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cita el quejoso de rubro: "ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL, EL ARTICULO 1,399 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, AL PREVER LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA SI EL RECURSO DE QUEJA ES INFUNDADO, VIOLA DICHO DERECHO FUNDAMENTAL". Pues dicho criterio derivó del amparo directo en revisión 2346/2012, en donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó el contenido del artículo 1.399 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de México, y determinó: Que el precepto impugnado establece la imposición de multa a la parte quejosa y a su abogado, para el caso en que el recurso de queja interpuesto, contra la resolución que niega la admisión de la demanda o la que deniega una apelación, resulte infundado. Dicho precepto se limita a establecer la imposición de una multa, no así el cobro de costas judiciales, pues de modo alguno establece el cobro de una cantidad de dinero por la actividad que realiza el órgano jurisdiccional, es decir, no se trata del cobro de una cantidad por la resolución del recurso de queja, lo cual sí resultaría contrario a la garantía de justicia gratuita. No obstante lo anterior, es de señalarse que el establecimiento de la referida multa como sanción, constituye un obstáculo al derecho a la tutela jurisdiccional. Dicha garantía, se ha definido por esta Sala en la jurisprudencia 1ª./J. 42/2007 , como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En la misma jurisprudencia se ha señalado que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos ?desembarazados, libres de todo estorbo? para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público ?en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial? no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Que la imposición de la multa establecida en el artículo 1.399 impugnado, atiende al sentido en que sea resuelto en lo material el recurso, es decir, al analizarlo no en su procedencia, sino en el fondo, pues el derecho de acceso a la justicia tiene como finalidad que a través de un proceso se decida sobre la pretensión que el gobernado plantea ante los tribunales. La finalidad del derecho de acceso a la justicia es que se decida una pretensión planteada ante los tribunales en un proceso y, si se condiciona el resultado de éste a la imposición de una multa, es claro que se obstaculiza el acceso a la jurisdicción. No puede estimarse que el establecimiento en una norma, de imposición de multa ante el resultado de una resolución, no constituya un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, pues ni siquiera es de considerarse que su establecimiento tenga una finalidad que pueda justificarla. La primera parte del segundo párrafo del artículo 17 constitucional, debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para establecer límites racionales para el ejercicio de los derechos de defensa. De acuerdo a lo anterior, de establecerse un requisito o condición para acceder a la justicia, éste debe resultar razonable o proporcional con los fines que lícitamente persiga el legislador. Sin embargo, la imposición de multa para quien accede a la justicia, esto es, para la parte quejosa y su abogado, en el caso que el recurso de queja resulte infundado, no puede tener un fin razonable, como pudiera ser que el acceso a la justicia se dé de manera pronta y expedita, toda vez que imponer multa por resultar infundado el recurso no atiende a desalentar la interposición de recursos improcedentes, sino a cuestiones de fondo. Como puede advertirse del criterio en cita, la Primera Sala abordó un tema relacionado con el recurso de queja, que al analizar el fondo del asunto y declarar infundado tal medio de impugnación, además, imponer una multa al quejoso y a su abogado, impiden el acceso a la justicia. Lo que no se da en el caso, en donde se analizó una excepción de incompetencia por declinatoria por razón de la materia, que evidentemente no provoca el análisis del fondo del asunto, sino únicamente el estudio de un presupuesto procesal. En consecuencia, acorde a las consideraciones que se precisaron en el cuerpo de esta sentencia y ante lo infundado de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, procede NEGAR EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITÓ Agustín Cárdenas López. Negativa que se hace extensiva a los actos reclamados a las autoridades Juez Séptimo Civil y Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, con residencia en esta ciudad, al no impugnarse por vicios propios, sino en la vía de consecuencia, lo anterior de conformidad con el criterio que se sostuvo en la jurisprudencia II.3o. J/12, visible en la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 55, Julio de 1992, Materia(s): Común, Tesis: II.3o. J/12, página: 41, der rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuídos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios". SEXTO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción ll, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 107, fracción VII, Constitucional, 74, 75, 76, 77, fracción I, 79, fracción III, inciso a) y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Agustín Cárdenas López, contra el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el quinto considerando la presente sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el último considerando de esta resolución, procédase a la captura en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente.

  2. Principal

    a las nueve horas del treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa ni sus autorizados no comparecieron en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, la sentencia de fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio de amparo 40/2019, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado de la sentencia de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Agustín Cárdenas López, contra el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el quinto considerando la presente sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el último considerando de esta resolución, procédase a la captura en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente.

  3. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio 10141/2019, suscrito por el Juez Séptimo de lo Civil, mediante el cual hace del conocimiento que en vía de informe justificado que no tiene conocimiento de la resolución de la cual se duele el quejoso, en virtud de que no ha sido informada por su superior de la emisión de la misma; asimismo, informa que respecto a los autos originales del expediente 2136/2017 relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, en contra de Agustín Cárdenas López, radicado en ese órgano jurisdiccional, el mismo aún se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia del Estado con motivo de la excepción incompetencia que hizo valer el demandado. Por otra parte, téngase por recibido el oficio 10142/2019, suscrito por el Actuario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Civil, mediante el cual hace del conocimiento que en vía de informe justificado, se adhiere al informe rendido por la titular del juzgado de su adscripción. Asimismo, del presente juicio de amparo, se advierte que obra agregado a foja nueve, el oficio 6057/2019, suscrito por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual rindió el informe justificado en el sentido de que si es cierto el acto reclamado por el quejoso Agustín Cárdenas López, respecto a la resolución de siete de septiembre de dos mil dieciocho, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de la materia planteada por el quejoso de referencia en el expediente 2136/2017 en el Juicio Especial Hipotecario, promovido por el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, en contra de Agustín Cárdenas López. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista del quejoso los informes que anteceden por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.

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