Aguilar Guerrero Y Asociados, S.C
Expediente 99/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/09/2023
Partes del expediente
- Aguilar Guerrero Y Asociados, S.C
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali; mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, en contra de la sentencia dictada el diecinueve de julio de la presente anualidad, el cual quedó registrado como recurso de revisión 414/2023, del índice del citado Tribunal. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que se encuentra debidamente integrado el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria de esta ciudad, en contra de la sentencia dictada en este asunto; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Decimoquinto circuito en el estado de Baja California, con sede en Mexicali, el original del escrito de expresión de agravios, así como la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; al cual se deberá acompañar el expediente original del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, presentado en representación de la autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria de esta ciudad, en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el diecinueve de julio del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito agravios. En ese tenor, una vez que se integre debidamente el expediente, esto es, una vez que se cuente con la totalidad de las notificaciones correspondientes, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente y córrase traslado con el oficio de cuenta.
- Principal
SENTENCIA Vistos, los autos del expediente número 99/2023-C, a fin de resolver en sentencia lo relativo al juicio de amparo promovido por ********************por conducto de su representante legal********************, contra actos del Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Baja California "2", del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Tijuana, Baja California. RESULTANDO: Primero. Mediante escrito depositado el tres de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad ********************por conducto de su representante legal********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad que a continuación se precisan: Autoridad responsable: ( Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Baja California "2", del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Tijuana, Baja California. "ACTOS RECLAMADOS. "El oficio número ******************** de 11 de enero de 2023, por el cual solicita los informes, datos y documentos a fin iniciar el procedimiento de fiscalización descrito en el artículo 42, fracción II y IV de forma conjunta, del Código Fiscal de la Federación [revisión de gabinete y revisión de dictámenes formulados por contadores públicos]." Segundo. La parte quejosa estimó vulnerados los derechos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes del acto que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. Tercero. Admisión y trámite. Por auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el escrito de demanda, se registró con el número de expediente 99/2023-C, se ordenó formar el expediente físico y electrónico, se admitió la demanda de garantías, se solicitó a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, quien lo rindió oportunamente; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de actos administrativos cuya ejecución tiene lugar en la ciudad de Tijuana, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado. En el caso concreto y específico, y de una lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado destacado consiste en: ( El oficio número ********************, de once de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en Tijuana. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Baja California "2", con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que sí es cierto el acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó a su informe justificado, las cuales cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Análisis de causas de improcedencia. Procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable aduce que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que el oficio número ******************** de once de enero de dos mil veintitrés, que contiene la orden de revisión de gabinete ********************, por el que se solicita diversa información a la parte quejosa para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, no constituye una resolución definitiva. A efecto de verificar la eficacia del argumento propuesto, se considera pertinente transcribir los artículos citados, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." De conformidad con los preceptos transcritos, el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando se trate la resolución final, por transgresiones cometidas en ésta o bien violaciones procesales, que dejaron sin defensa a la parte quejosa trascendiendo al resultado del fallo, así como actuaciones en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstas las que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tratándose de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo hasta que se dicte la resolución con la que culmine y, como excepción, cuando los actos que se reclamen tengan una ejecución de imposible reparación; entendiendo como tales, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. En el caso concreto, esta juzgadora considera que no se actualiza la causa de improcedencia propuesta, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que contra la orden para practicar o llevar acabo la revisión de escritorio o de gabinete, procede el juicio de amparo indirecto al tratarse de un acto de molestia susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular su persona, papeles y posesiones. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 63/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Abril de 2008, consultable en la página: 708, del tenor siguiente: "REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. LA ORDEN PARA PRACTICARLA PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO. El procedimiento de revisión de escritorio o gabinete previsto en los artículos 42, fracción II y 48 del Código Fiscal de la Federación, inicia con la notificación de la orden respectiva y concluye con la resolución que determina las contribuciones o aprovechamientos omitidos, o con el oficio que da por concluida la revisión por falta de observaciones, por lo que la citada orden forma parte del procedimiento de fiscalización, pues con apoyo en ella las autoridades fiscales, en ejercicio de sus facultades de comprobación, pueden exigir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, informes, datos, documentos y la presentación de su contabilidad, traduciéndose en un acto de molestia susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular su persona, papeles y posesiones. En esa virtud, la orden de revisión puede impugnarse en amparo indirecto, por sí sola, dentro de los plazos legales correspondientes, independientemente de que se agote en uno o varios actos, pues de lo contrario se obligaría al gobernado a soportar hasta la conclusión del procedimiento respectivo las consecuencias de un acto que de no cumplir con los requisitos exigidos por ese precepto fundamental, esto es, constar en mandamiento escrito proveniente de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, no debió producir efecto alguno." Al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni este Órgano de Control Constitucional advierte que deba estudiarse alguna de oficio, entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. Uno de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, como a continuación se expondrá. La quejosa argumentó: Que la autoridad responsable realizó una interpretación equivocada del artículo 52-A del Código de Comercio ya que, de la exposición de motivos que se puede observar en la Gaceta Parlamentaria 5864D, Anexo D, del miércoles ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el ejecutivo, al realizar la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de, entre otras, el Código Fiscal de la Federación, al proponer la inclusión del inciso m) al quinto párrafo de la fracción III del señalado artículo 52-A, tenía la intención de que dicha hipótesis en las que no se necesita observar el orden establecido en ese artículo para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, se aplicara sólo ante los contribuyentes a que se refiere el diverso numeral 32-A del mismo ordenamiento legal, pero específicamente a aquellos que se encuentran obligados a dictaminar sus estados financieros. Como antecedentes del acto reclamado se tiene que en fecha once de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria, de esta ciudad, emitió el oficio ********************, dirigido a la hoy parte quejosa, ********************en el que, con fundamento en el artículo 52-A párrafo quinto, inciso m) del Código Fiscal de la Federación, le solicitó diversa documentación a efecto de llevar a cabo una revisión; señalando como contexto que al analizar el dictamen de estados financieros correspondiente al ejercicio de dos mil diecisiete formulado por el contador público ******************** se conoció que tal contribuyente optó por dictaminarlos en términos del artículo 32-A del Código Fiscal. Tal acto constituye el reclamado en este juicio. El artículo 52 A prevé: "Artículo 52-A. Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación a que se refiere la fracción IV del artículo 42 de este Código, revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el Reglamento de este Código, deberán seguir el orden siguiente: I. Primeramente se requerirá al contador público que haya formulado el dictamen lo siguiente: a) Cualquier información que conforme a este Código y a su Reglamento debiera estar incluida en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales. b) La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público, para lo cual, deberá comparecer ante la autoridad fiscal a fin de realizar aclaraciones que en ese acto se le soliciten, en relación con los mismos. c) La información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo exclusivamente con el contador público que haya formulado el dictamen, sin que sea procedente la representación legal. Esta revisión no deberá exceder de un plazo de seis meses contados a partir de que se notifique al contador público la solicitud de exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada. Cuando la autoridad, dentro del plazo mencionado, no requiera directamente al contribuyente la información a que se refiere el inciso c) de esta fracción o no ejerza directamente con el contribuyente las facultades a que se refiere la fracción II del presente artículo, no podrá volver a revisar el mismo dictamen, salvo cuando se revisen hechos diferentes de los ya revisados. II. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen la información y los documentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer la situación fiscal del contribuyente, o si éstos no se presentan dentro de los plazos que establece el artículo 53-A de este Código, o dicha información y documentos son incompletos, las citadas autoridades podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación. III. Las autoridades fiscales podrán, en cualquier tiempo, solicitar a los terceros relacionados con el contribuyente o responsables solidarios, la información y documentación para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y en los demás documentos, en cuyo caso, la solicitud respectiva se hará por escrito, notificando copia de la misma al contribuyente. La visita domiciliaria o el requerimiento de información que se realice a un contribuyente que dictamine sus estados financieros en los términos de este Código, cuyo único propósito sea el obtener información relacionada con un tercero, no se considerará revisión de dictamen. El plazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I de este artículo es independiente del que se establece en el artículo 46-A de este Código. Las facultades de comprobación a que se refiere este artículo, se podrán ejercer sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 42 de este Código. Para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, no se deberá observar el orden establecido en este artículo, cuando: a) En el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades que tengan implicaciones fiscales. b) En el caso de que se determinen diferencias de impuestos a pagar y éstos no se enteren de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 32-A de este Código. c) El dictamen no surta efectos fiscales. d) El contador público que formule el dictamen no esté autorizado o su registro esté suspendido o cancelado. e) El contador público que formule el dictamen desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los términos del Reglamento de este Código. f) El objeto de los actos de comprobación verse sobre contribuciones o aprovechamientos en materia de comercio exterior; incluyendo los aprovechamientos derivados de la autorización o concesión otorgada para la prestación de servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior; clasificación arancelaria; cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias; la legal importación, estancia y tenencia de mercancías de procedencia extranjera en territorio nacional y multas en materia de comercio exterior. g) El objeto de los actos de comprobación, sea sobre los efectos de la desincorporación de sociedades o cuando la sociedad integradora deje de determinar su resultado fiscal integrado. h) Tratándose de la revisión de los conceptos modificados por el contribuyente, que origine la presentación de declaraciones complementarias posteriores a la emisión de dictamen del ejercicio al que correspondan las modificaciones. i) Se haya dejado sin efectos al contribuyente objeto de la revisión, el certificado de sello digital para emitir comprobantes fiscales digitales por internet. j) Tratándose de las revisiones electrónicas a que se refiere la fracción IX del artículo 42 del presente Código. k) Cuando habiendo ejercido la opción a que se refiere el artículo 32-A de este Código, el dictamen de los estados financieros se haya presentado en forma extemporánea. l) Por cada operación, no proporcionar la información a que se refiere el artículo 31-A de este Código o proporcionarla incompleta, con errores, inconsistencias o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones fiscales. m)Tratándose de los contribuyentes a que se refiere el artículo 32-A de este Código. Tratándose de la revisión de pagos provisionales o mensuales, sólo se aplicará el orden establecido en este artículo, respecto de aquellos comprendidos en los periodos por los cuales ya se hubiera presentado el dictamen." Como se anticipó, lo expuesto es fundado dado que asiste la razón a la parte quejosa al señalar que la interpretación dada a la norma aplicada, por parte de la responsable, es errónea. Se afirma lo anterior ya que de la interpretación sistemática y auténtica del artículo 52-A transcrito, se concluye que la intención del legislador al añadir el inciso m), fue que estuviera dirigido a aquellos contribuyentes que se encuentran en el artículo 32-A del mismo Código Fiscal; sin embargo, como correctamente lo argumenta la parte quejosa, tal numeral contiene dos tipos de contribuyentes: aquellos que optan por dictaminar sus estados financieros y los que están obligados a ello. Para clarificar lo anterior, se transcribe el contenido del numeral 32-A del Código Fiscal de la Federación, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $********************, que el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, sea superior a $******************** o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Están obligadas a dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público inscrito, las personas morales que tributen en términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la renta iguales o superiores a un monto equivalente a $********************, así como aquéllas que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de valores. El monto de la cantidad establecida en el párrafo anterior se actualizará en el mes de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año al mes de diciembre del último año inmediato anterior a aquél por el cual se efectúe el cálculo, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 17-A de este Código. Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que se refiere el primer párrafo de este artículo, lo manifestarán al presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado. Los contribuyentes que estén obligados, así como los que hayan optado por presentar el dictamen de los estados financieros formulado por contador público inscrito deberán presentarlo dentro de los plazos autorizados, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate. En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, éstas deberán enterarse mediante declaración complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los diez días posteriores a la presentación del dictamen. Los contribuyentes que estén obligados a dictaminar sus estados financieros, así como aquéllos que ejerzan la opción a que se refiere este artículo, tendrán por cumplida la obligación de presentar la información a que se refiere el artículo 32-H de este Código." De lo anterior se observa claramente que efectivamente, tal numeral prevé esos dos tipos de contribuyentes con diferentes características, como se adelantó. Por su parte, en la exposición de motivos que dio origen a la reforma de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se adicionó el inciso m) al artículo 52-A, se señaló: "Se propone adicionar un inciso m) al quinto párrafo de la fracción III del artículo cincuenta y dos 52-A del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de establecer como excepción para observar el orden de la revisión secuencial, a los contribuyentes señalados en el citado artículo 32-A del propio ordenamiento, como obligados a dictaminar sus estados financieros por contador público inscrito." Al analizar el texto previo se observa que el legislador tenía claro que el impacto del inciso m) que adicionó debía recaer precisamente en los contribuyentes señalados en el artículo 32-A, pero de los dos que se prevén en tal numeral, debía ser sobre aquellos obligados a dictaminar sus estados financieros. Lo cual si bien no quedó plasmado textualmente en la propia ley, sí sirve de parámetro para su interpretación y en base a lo expuesto es que debe llegarse a la conclusión que la forma en que ha de interpretarse el artículo es como lo pensó el legislador, al no existir duda de esa intención. Por otra parte, del propio oficio reclamado se observa que la autoridad indicó que la parte quejosa en este juicio optó por dictaminar sus estados financieros en términos del artículo 32-A párrafo primero del Código Fiscal de la Federación; es decir, la moral quejosa no estaba obligada a dictaminar sus estados financieros sino que se encuentra en la diversa categoría de contribuyentes que pueden decidir hacerlo. De lo que se concluye que a la promovente del ampar no está dirigido el inciso m) indicado por la autoridad, que le permite no seguir el orden establecido en el numeral 52-A para ejercer sus facultades de comprobación directamente con ella. En consecuencia, al realizar una interpretación diversa, la responsable violó en contra de la parte quejosa su derecho contenido en el artículo 16 Constitucional, de seguridad jurídica y legalidad, lo que impone conceder el amparo solicitado. Sin que en el caso resulte necesario el estudio de los restantes conceptos de violación, ya que a nada práctico conduciría, pues la parte quejosa no podría obtener un mayor beneficio que el obtenido con la presente concesión de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/170, visible en la página 99, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 220693, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTO DE VIOLACION FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMAS. Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción." Sexto. Efectos. Con fundamento en el artículo 77 fracción I, y primer párrafo de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo son para que: La autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Baja California "2" del Servicio de Administración Tributaria, de esta ciudad, deje insubsistente el oficio ******************** reclamado y, en su caso, sus consecuencias legales. Sin que sea el caso ordenar la emisión de diverso acto en sustitución del que se considera ilegal, ya que el mismo se produjo directamente en ejercicio de sus facultades de comprobación y no como contestación a alguna petición de la parte quejosa. Séptimo. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo antes expuesto, y con apoyo en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. La Justicia Federal ampara y protege a ********************contra los actos reclamados a la autoridad indicada en el considerando tercero, por las razones expuestas en los considerados quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, asistida por María Elizabeth Reyes Moreno, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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