Agustín Albarrán Ávila

Expediente 774/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 12 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
774/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
12/09/2018

Partes del expediente

  • Agustín Albarrán Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Por recibido el oficio número 20438/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo 747/2018 de su índice, promovido por Agustín Albarrán Ávila, por derecho propio, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 de Morelia, Michoacán, y otras autoridades. Lo anterior en razón a que declaró su incompetencia por razón de turno para conocer del juicio de amparo 747/2018, dado que el acto que se reclama en dicho juicio, tiene relación estrecha con el diverso 753/2018, del índice de este Juzgado, al considerar que se actualizaba la hipótesis de la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y dado que efectivamente existe una estrecha relación con el citado juicio de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, del cual este órgano jurisdiccional conoció con anterioridad al presente asunto, este juzgador SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO; acúsese recibo. Como se advierte que el presente juicio guarda estrecha relación con el diverso juicio de amparo 753/2018, se ordena recabar copia certificada de las principales constancias que lo integran y agregarlas al expediente en que se actúa. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia número VI.1º.P. J/25, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1199, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Marzo de 2002, Novena Época del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías promovida por Agustín Albarrán Ávila, por derecho propio, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad y otras autoridades, así como de las constancias que integran el juicio agrario de origen, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir los actos reclamados en: DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 36 DE MORELIA MICHOACÁN, RECLAMO EL CUMPLIMIENTO DE SUS DETERMINACIONES EN EL EXPEDIENTE 915/2015, DONDE ORDENO DICHO TRIBUNAL EN FECHA 3 TRES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, LA REGULARIZACION DE LOS ORGANOS DE REPRESENTACION Y VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN FRANCISCO CURUNGUEO DE ZITÁCUARO MICHOACÁN, EN RAZÓN DE QUE PLACIDO CRUZ ALCANTAR, FRANCISCO LÓPEZ DE JESÚS Y ODORICO FUENTES BLANCAS CUMPLIERON CON SU REPRESENTACION EL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2014, SIN EMBARGO NO HAN DEJADO DICHO CARGO, REALIZANDO DOCUMENTACION HASTA EL DIA DE HOY, Y QUE EL DIA DOMINGO 1 DE ABRIL DEL AÑO 2018 NUEVAMENTE SE REELIGIÓ DE FORMA POR DEMÁS ILEGAL, LO QUE SE CONTRAPONE A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 14, 16, 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL EN NUESTRO PAÍS EN CORRELACIÓN CON LOS NUMERALES 39 Y 107 DE LA LEY AGRARIA. DE LA PROCURADURIA AGRARIA DE ZITACUARO, MICHOACAN, CON DIRECCION EN CUAUHTEMOC NUMERO 78, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 61500, DE ZITACUARO MICHOACAN. RECLAMO LA OMISION E INCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 36 DE MORELIA MICHOACAN DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 Y LA VIOLACION A LOS NUMERALES 39, 107, 150 DE LA LEY AGRARIA. ASI COMO EL NUMERAL 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RECLAMO LA NULIDAD DE LAS CONVOCATORIAS, NULIDAD DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 1 DE ABRIL DEL AÑO 2018 A FAVOR DE PLACIDO CRUZ ALCANTAR (PLACIDO CRUZ ALCANTARA), FRANCISCO LOPEZ DE JESUS Y ODORICO FUENTES BLANCAS. DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE MORELIA, MICHOACAN, CON DIRECCION EN PERIFÉRICO PASEO DE LA REPUBLICA 2060, COLONIA BOSQUE CAMELINAS, 58290 MORELIA MICHOACAN. DEMANDO LA CANCELACION Y NULIDAD DE CUALQUIER TRAMITE, CREDENCIAL O CREDENCIALES, SELLOS, POR EXPEDIR A FAVOR DE PLACIDO CRUZ ALCANTAR (PLACIDO CRUZ ALCANTARA), FRANCISCO LOPEZ DE JESUS Y ODORICO FUENTES BLANCAS MEDIANTE ORDEN JUDICIAL FEDERAL DE ESTE ALTO TRIBUNAL. Luego, tomando en consideración que de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, como complemento a su informe de ley dentro del citado juicio de amparo 753/2018, promovido por Martha Chimal Cruz, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado señalado en el inciso a), el tres de febrero de dos mil diecisiete, fecha en la que el citado tribunal celebró la audiencia en que se ordenaron las determinaciones que aquí se reclaman, en razón a que de la misma de advierte que el aquí quejoso compareció a su desahogo, en cuanto asesor de la promovente del amparo antes referido, en su carácter de actora dentro del juicio agrario 915/2015, de lo que se evidencia que desde esa fecha tuvo conocimiento del referido acto reclamado, documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número 577, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la Página 520, Tomo VI, Común, Octava Época, Apéndice 2000, cuyo texto señala: "REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR CON TAL CARÁCTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL. La percepción que una persona obtiene de los actos que reclama, al tiempo de ser representante legal de un ente jurídico diverso, la coloca en aptitud, con esta última calidad, de inconformarse mediante el juicio de garantías en contra del procedimiento del cual emanan, en caso de que se estime que dichos actos le causen un agravio personal y directo a su representación, ya que el conocimiento que se obtiene es uno solo, por ser materialmente imposible e ilógico que lo que se sabe como persona física se ignore como representante legal de otra diversa, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos.". Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, de conformidad a lo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para la presentación de la demanda de amparo inició el siete y feneció el veintisiete, ambos de febrero de dos mil diecisiete, toda vez que de dicho plazo deben descontarse los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del mes y año en cita, por ser inhábiles; luego, como la demanda de amparo de que se trata se presentó hasta el doce de abril de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable, según se deduce del sello del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, es innegable que la demanda se presentó fuera del término que para ese efecto establece la ley, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, debe estimarse consentido de manera tácita el acto reclamado, por no haberse presentado dentro del término legal que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo la correspondiente demanda de garantías, de ahí que como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia. Apoya lo antes expuesto la jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados" Así como por identidad de razón la tesis visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, de los meses de Julio a Diciembre de 1998, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de 15 días para interponer el juicio de garantías se computará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento, debe ser directo, exacto y completo, porque solamente así el afectado con el acto está en condiciones de promover el juicio constitucional, por lo que dicho término debe computarse a partir del día siguiente en que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento cabal de los actos reclamados." Y la diversa tesis, visible en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." De igual forma, resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto de los diversos actos reclamados, marcados con los incisos b) y c), antes mencionados, pues en el caso de se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.". En dicha causal de improcedencia se encuentran comprendidos los casos cuando se promueve el juicio constitucional contra actos que son consecuencia de otros que hayan sido consentidos por el promovente del amparo, siendo necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Que entre los actos reclamados y los anteriores que se están consintiendo exista una relación de causa efecto; es decir, que sean una consecuencia legal, forzosa o directa de los primeros; y, b) Que los actos reclamados no se impugnen por vicios propios. Tiene aplicación al respecto la tesis II. 2º.C 43 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, página 839, Tomo X, Julio de 1999, Novena Época del Semanario judicial de la Federación, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Así como la jurisprudencia número 17, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, del Tomo VI, Quinta Época, del Apéndice de 1917 a 1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Precisado lo anterior, ciertamente se actualiza la citada causal de improcedencia, pues como quedó establecido, dentro de ésta se encuentran los actos que son consecuencia de otros que hayan sido consentidos por el impetrante del amparo. Por tanto, los actos reclamados de que se trata, son derivados de otros consentidos en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; es así, porque los citados actos reclamados, señalados en los incisos b) y c), son una consecuencia legal y directa del precisado en el inciso a). En ese contexto, si el acto reclamado marcado en el inciso a), no fue impugnado dentro del término que para ello establece la ley, los diversos fueron consentidos tácitamente, y por consecuencia, los actos que ahora se reclaman constituyen actos derivados de otros consentidos, máxime que éstos no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de los primeros. Tiene aplicación la tesis VI 1º. 144 K, visible en la página 189, del Tomo XV-II, correspondiente al mes de febrero de 1995, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, es improcedente cuando no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto del que derivan". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, mediante oficio solicítese al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realice la compensación correspondiente del turno de demandas respecto de este Juzgado para fines estadísticos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Lago de Yuriria, número 110, colonia Ventura Puente, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Manuel Hueramo González, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser la materia del presente asunto de naturaleza agraria. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada VERÓNICA ARACELI CAMORLINGA HERNÁNDEZ, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el oficio número 20438/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo 747/2018 de su índice, promovido por Agustín Albarrán Ávila, por derecho propio, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36 de Morelia, Michoacán, y otras autoridades. Lo anterior en razón a que declaró su incompetencia por razón de turno para conocer del juicio de amparo 747/2018, dado que el acto que se reclama en dicho juicio, tiene relación estrecha con el diverso 753/2018, del índice de este Juzgado, al considerar que se actualizaba la hipótesis de la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y dado que efectivamente existe una estrecha relación con el citado juicio de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, del cual este órgano jurisdiccional conoció con anterioridad al presente asunto, este juzgador SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO; acúsese recibo. Como se advierte que el presente juicio guarda estrecha relación con el diverso juicio de amparo 753/2018, se ordena recabar copia certificada de las principales constancias que lo integran y agregarlas al expediente en que se actúa. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia número VI.1º.P. J/25, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1199, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Marzo de 2002, Novena Época del tenor literal siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías promovida por Agustín Albarrán Ávila, por derecho propio, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad y otras autoridades, así como de las constancias que integran el juicio agrario de origen, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Cabe precisar que la parte quejosa, hace consistir los actos reclamados en: A) DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 36 DE MORELIA MICHOACÁN, RECLAMO EL CUMPLIMIENTO DE SUS DETERMINACIONES EN EL EXPEDIENTE 915/2015, DONDE ORDENO DICHO TRIBUNAL EN FECHA 3 TRES DE FEBRERO DEL AÑO 2017, LA REGULARIZACION DE LOS ORGANOS DE REPRESENTACION Y VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE SAN FRANCISCO CURUNGUEO, ZITÁCUARO, MICHOACÁN, EN RAZÓN DE QUE PLACIDO CRUZ ALCANTAR, FRANCISCO LÓPEZ DE JESÚS Y ODORICO FUENTES BLANCAS CUMPLIERON CON SU REPRESENTACION EL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO 2014, SIN EMBARGO NO HAN DEJADO DICHO CARGO, REALIZANDO DOCUMENTACION HASTA EL DIA DE HOY, Y QUE EL DIA DOMINGO 1 DE ABRIL DEL AÑO 2018 NUEVAMENTE SE REELIGIÓ DE FORMA POR DEMÁS ILEGAL, LO QUE SE CONTRAPONE A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 14, 16, 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL EN NUESTRO PAÍS EN CORRELACIÓN CON LOS NUMERALES 39 Y 107 DE LA LEY AGRARIA. B) DE LA PROCURADURIA AGRARIA DE ZITACUARO, MICHOACAN, CON DIRECCION EN CUAUHTEMOC NUMERO 78, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 61500, DE ZITACUARO MICHOACAN. RECLAMO LA OMISION E INCUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 36 DE MORELIA MICHOACAN DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 Y LA VIOLACION A LOS NUMERALES 39, 107, 150 DE LA LEY AGRARIA. ASI COMO EL NUMERAL 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. RECLAMO LA NULIDAD DE LAS CONVOCATORIAS, NULIDAD DEL ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 1 DE ABRIL DEL AÑO 2018 A FAVOR DE PLACIDO CRUZ ALCANTAR (PLACIDO CRUZ ALCANTARA), FRANCISCO LOPEZ DE JESUS Y ODORICO FUENTES BLANCAS. DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE MORELIA, MICHOACAN, CON DIRECCION EN PERIFÉRICO PASEO DE LA REPUBLICA 2060, COLONIA BOSQUE CAMELINAS, 58290 MORELIA MICHOACAN. DEMANDO LA CANCELACION Y NULIDAD DE CUALQUIER TRAMITE, CREDENCIAL O CREDENCIALES, SELLOS, POR EXPEDIR A FAVOR DE PLACIDO CRUZ ALCANTAR (PLACIDO CRUZ ALCANTARA), FRANCISCO LOPEZ DE JESUS Y ODORICO FUENTES BLANCAS MEDIANTE ORDEN JUDICIAL FEDERAL DE ESTE ALTO TRIBUNAL. Luego, tomando en consideración que de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Distrito 36, con residencia en esta ciudad, como complemento a su informe de ley dentro del citado juicio de amparo 753/2018, promovido por Martha Chimal Cruz, se advierte que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado señalado en el inciso a), el tres de febrero de dos mil diecisiete, fecha en la que el citado tribunal celebró la audiencia en que se ordenaron las determinaciones que aquí se reclaman, en razón a que de la misma de advierte que el aquí quejoso compareció a su desahogo, en cuanto asesor de la promovente del amparo antes referido, en su carácter de actora dentro del juicio agrario 915/2015, de lo que se evidencia que desde esa fecha tuvo conocimiento del referido acto reclamado, documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número 577, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la Página 520, Tomo VI, Común, Octava Época, Apéndice 2000, cuyo texto señala: "REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR CON TAL CARÁCTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL. La percepción que una persona obtiene de los actos que reclama, al tiempo de ser representante legal de un ente jurídico diverso, la coloca en aptitud, con esta última calidad, de inconformarse mediante el juicio de garantías en contra del procedimiento del cual emanan, en caso de que se estime que dichos actos le causen un agravio personal y directo a su representación, ya que el conocimiento que se obtiene es uno solo, por ser materialmente imposible e ilógico que lo que se sabe como persona física se ignore como representante legal de otra diversa, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos.". Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, de conformidad a lo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para la presentación de la demanda de amparo inició el siete y feneció el veintisiete, ambos de febrero de dos mil diecisiete, toda vez que de dicho plazo deben descontarse los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del mes y año en cita, por ser inhábiles; luego, como la demanda de amparo de que se trata se presentó hasta el doce de abril de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable, según se deduce del sello del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, es innegable que la demanda se presentó fuera del término que para ese efecto establece la ley, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, debe estimarse consentido de manera tácita el acto reclamado, por no haberse presentado dentro del término legal que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo la correspondiente demanda de garantías, de ahí que como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia. Apoya lo antes expuesto la jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados" Así como por identidad de razón la tesis visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, de los meses de Julio a Diciembre de 1998, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de 15 días para interponer el juicio de garantías se computará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento, debe ser directo, exacto y completo, porque solamente así el afectado con el acto está en condiciones de promover el juicio constitucional, por lo que dicho término debe computarse a partir del día siguiente en que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento cabal de los actos reclamados." Y la diversa tesis, visible en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." De igual forma, resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto de los diversos actos reclamados, marcados con los incisos b) y c), antes mencionados, pues en el caso de se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento.". En dicha causal de improcedencia se encuentran comprendidos los casos cuando se promueve el juicio constitucional contra actos que son consecuencia de otros que hayan sido consentidos por el promovente del amparo, siendo necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Que entre los actos reclamados y los anteriores que se están consintiendo exista una relación de causa efecto; es decir, que sean una consecuencia legal, forzosa o directa de los primeros; y, b) Que los actos reclamados no se impugnen por vicios propios. Tiene aplicación al respecto la tesis II. 2º.C 43 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, página 839, Tomo X, Julio de 1999, Novena Época del Semanario judicial de la Federación, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Así como la jurisprudencia número 17, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, del Tomo VI, Quinta Época, del Apéndice de 1917 a 1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Precisado lo anterior, ciertamente se actualiza la citada causal de improcedencia, pues como quedó establecido, dentro de ésta se encuentran los actos que son consecuencia de otros que hayan sido consentidos por el impetrante del amparo. Por tanto, los actos reclamados de que se trata, son derivados de otros consentidos en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; es así, porque los citados actos reclamados, señalados en los incisos b) y c), son una consecuencia legal y directa del precisado en el inciso a). En ese contexto, si el acto reclamado marcado en el inciso a), no fue impugnado dentro del término que para ello establece la ley, los diversos fueron consentidos tácitamente, y por consecuencia, los actos que ahora se reclaman constituyen actos derivados de otros consentidos, máxime que éstos no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de los primeros. Tiene aplicación la tesis VI 1º. 144 K, visible en la página 189, del Tomo XV-II, correspondiente al mes de febrero de 1995, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, es improcedente cuando no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto del que derivan". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, mediante oficio solicítese al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realice la compensación correspondiente del turno de demandas respecto de este Juzgado para fines estadísticos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Lago de Yuriria, número 110, colonia Ventura Puente, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Manuel Hueramo González, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser la materia del presente asunto de naturaleza agraria. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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