Adriana Sotero Coyl

Expediente 825/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
825/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/08/2022

Partes del expediente

  • Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar en esta ciudad
  • Adriana Sotero Coyl

Actuaciones

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha once de agosto de dos mil dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, once de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 16178, signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, Agréguese el oficio número 12563, firmado electrónicamente por medio del cual devuelve a este órgano jurisdiccional, el original del juicio de amparo número 838/2021-III, ello en atención a que ese juzgado no aceptó la competencia declinada en su favor por este órgano jurisdiccional, de la demanda de amparo promovida por HÉCTOR PADILLA ONTIVEROS, contra actos Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades; consecuentemente, este órgano jurisdiccional no insiste en declinar la competencia planteada, acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional específicamente, se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Cabe destacar que los actos reclamados en el presente juicio de amparo se hacen consistir en: DEMANDA DE AMPARO ".A) De la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías se reclama: 1.- La ilegal resolución mediante la cual se determinó excluirme de la lista publicada el dieciséis de agosto del presente año, en la que se enlistan los nombres de los doce participantes que podrían continuar en el concurso de oposición para aspirar a la titularidad de alguna de las doce notarías públicas números 19-2, 193, 194, 195, 196, 1-47, 198, 199, 200, 201, 202 y 203, según lo establecido en la base tercera de la convocatoria de fecha diecinueve de julio del año dos mil veintiuno, emitida y publicada por el Ejecutivo del Estado. 2.- La ilegal resolución mediante la cual se determinó que los doce participantes incluidos en la lista publicada el dieciséis de agosto del presente año, habían reunido los requisitos exigidos por la Ley y en consecuencia podrían continuar en el concurso de oposición para aspirar a la titularidad de alguna de las doce notarías públicas números 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203, según lo establecido en la base tercera de la *convocatoria de fecha diecinueve de julio del año dos mil veintiuno, emitida y publicada por el Ejecutivo del Estado. 3.- La ilegal resolución de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno mediante la que se declaró improcedente la impugnación que hice respecto de los doce participantes incluidos en la lista publicada el dieciséis de agosto del presente año que podrían continuar en el concurso de oposición para aspirar a la titularidad de alguna de las doce notarías públicas números 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203, según lo establecido en la base tercera de la convocatoria de fecha diecinueve de julio del año dos mil veintiuno, emitida y publicada por el Ejecutivo del Estado. B) Del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, se reclama: 1.- La futura e inminente designación de los doce ahora terceros interesados si únicos participantes en el concurso de oposición incluidos en la lista publicada el dieciséis de agosto del presente año como notarios públicos titulares de las doce notarías públicas números 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 en el Estado. C) Del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo se reclama: 1.- La futura e inminente toma de protesta en términos del artículo 24 fracción III de la Ley del Notariado a los doce ahora terceros interesados y únicos participantes incluidos en la lista publicada el dieciséis de agosto del presente año, una vez que estos sean designados por el Gobernador del Estado notarios públicos titulares de las notarías números 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203. 2.- La futura e inminente toma de registro de sello y firma en términos del artículo 24 fracción II a los doce ahora terceros interesados y únicos participantes incluidos en la lista publicada el dieciséis de agosto del presente año una vez que estos sean designados por el Gobernador del Estado, notarios públicos titulares de las notarías públicas números 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203. D) Del Consejo del Colegio de Notarios, se reclama: 1.- Su futura e inminente participación en las subsecuentes etapas del concurso de oposición para que el Gobernador del Estado nombre titulares de las notarías públicas números 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 a los doce ahora terceros interesados y únicos participantes en el concurso de oposición incluidos en la lista publicada el dieciséis de agosto del presente año.". PRIMERA AMPLIACIÓN DE DEMANDA ".La omisión de informar al suscrito los requisitos que de acuerdo a su criterio e ilegal resolución, no reuní de los señalados en la convocatoria del doce de junio de dos mil veintiuno para participar en el curso de práctica y actualización notarial dos mil veintiuno que imparte el Colegio de Notarios del Estado de Michoacán.". SEGUNDA AMPLIACIÓN DE DEMANDA ".A) De la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías se reclama: 1.- La violación a lo dispuesto en la base tercera de la convocatoria de fecha diecinueve de julio del año dos mil veintiuno emitida por el Ejecutivo del Estado dirigida a profesionistas del campo jurídico que aspiren a ser Notarios Públicos Titulares de las Notarías Públicas de nueva creación. 2.- La admisión al concurso y expedición de constancias para presentar el concurso de oposición a los aspirantes que no cumplían con diversos requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley del Notariado del Estado y. 3.- La práctica del examen de oposición a aspirantes que no cumplían con diversos requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley del Notariado del Estado. 4.- Como parte integrante del Jurado de acuerdo a la base SÉPTIMA de la convocatoria, su intervención como firmante de la ilegal Acta en la que el Jurado hizo constar las calificaciones de participantes aun y cuando estos no cumplieron con diversos requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley del Notariado del Estado. B) Del Consejo del Colegio de Notarios, se reclama: 1.- La violación a lo dispuesto en la base primera de la convocatoria de fecha 12 y 13 de junio de 2021, que emitió el Consejo del Colegio de Notarios dirigida a los interesados al curso de práctica y actualización notarial 2021. 2.- La impartición, evaluación, aprobación y expedición de constancias, respecto del curso de práctica y actualización notarial 2021 impartido a interesados que no cumplían con diversos requisitos establecidos en la base primera de la convocatoria de fecha 12 y 13 de junio de 2021, emitida por el Consejo del Colegio de Notarios. 3.- La ilegal certificación de fecha 16 de junio de 2021, que levantó el Secretario del Consejo del Colegio de Notarios, para hacer constar los nombres de los interesados que a su criterio no reunieron los requisitos señalados en la base primera de la convocatoria de fecha 12 de junio de 2021, para participar en el curso de práctica y actualización notarial, en la que no fueron incluidos interesados que no cumplieron con diversos de los requisitos." De las transcripciones que anteceden, se pone de manifiesto que los actos reclamados en el presente sumario constitucional derivan de la convocatoria emitida por el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Gobierno, publicada el diecinueve de julio del año dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, mediante la cual se convoca a profesionistas del campo jurídico que aspiren a ser Notarios Públicos Titulares de las Notarías Públicas 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203, así como su correspondiente procedimiento de selección, en sus distintas etapas. En esas condiciones el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dice lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Del precepto legal invocado se desprende que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese orden de ideas, del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, número 92, Tomo CLXXX, Novena Sección, publicado el cinco de agosto de dos mil veintidós, se advierte que el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, junto con el Secretario de Gobierno, emitieron el "ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA LA NULIDAD DE LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A TODOS AQUELLOS PROFESIONISTAS DEL CAMPO JURÍDICO, QUE ASPIREN A SER NOTARIOS PÚBLICOS TÍTULARES DE LAS NOTARÍAS PÚBLICAS 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, Y 203 EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO", a través del que se determinó: ".Artículo 1. Por no contar con los elementos de validez, de manera oficiosa se declara la nulidad de la Convocatoria dirigida a todos aquellos profesionistas del campo jurídico, que aspiren a ser Notarios Públicos titulares de la Notarías Públicas 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 en el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada con fecha 19 de julio de 2021, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Tomo CLXXVIII, Sexta Sección, Núm. 18. Artículo 2. Quedan insubsistentes todos los actos derivados de la Convocatoria referida en el artículo que antecede, en el entendido de que la misma no produce ni causa efectos jurídicos, ni será ejecutable, ni podrá subsanarse, produciendo efectos retroactivos. Artículo 3. Se reconoce de oficio la nulidad administrativa absoluta de la lista de aspirantes que reunieron los requisitos exigidos por la Ley, para ser Notarios Públicos titulares de las Notarías Públicas 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 en el Estado, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, con fecha 16 de agosto de 2021, tomo CLXXVIII, Séptima Sección, Número 38..". Mismo que entró en vigor el seis del mes y año en curso, por así haberse establecido en su artículo primero transitorio; acuerdo que de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un ordenamiento emitido en el ámbito de la competencia de las autoridades mencionadas, cuya existencia se corrobora a partir de su publicación en el citado medio de difusión oficial, es decir, el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, constituye un hecho notorio para este juzgado federal. Lo anterior, de conformidad con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA."; y, de conformidad con lo establecido por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". Así, del Acuerdo antes invocado, se pone de manifiesto que de manera oficiosa se declaró la nulidad de la Convocatoria dirigida a todos aquellos profesionistas del campo jurídico, que aspiraban a ser Notarios Públicos titulares de la Notarías Públicas 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 y 203 en el Estado de Michoacán de Ocampo, publicada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Tomo CLXXVIII, Sexta Sección, Núm. 18, así como que quedaban insubsistentes todos los actos derivados de esa Convocatoria, en el entendido de que la misma no produce ni causa efectos jurídicos, ni será ejecutable, ni podrá subsanarse, produciendo efectos retroactivos y que también se reconoce de oficio la nulidad administrativa absoluta de la lista de aspirantes que reunieron los requisitos exigidos por la Ley, para ser Notarios Públicos titulares de las aludidas Notarías Públicas; en tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que los actos reclamados tanto en la demanda de amparo, como en sus respectivas aplicaciones han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual procede Sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por otro lado, tomando en consideración que en auto de nueve de agosto del año en curso, se reservó proveer lo conducente al escrito signado por la tercera interesada Luz María Mondragón Cervantes, a los oficios CJDG/DACL/2801/2022, uno con firma autógrafa y otro con firma electrónica presentado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, signados por el Subdirector de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, así como al diverso ocurso, también presentado a través del citado Portal, mediante la utilización de la firma electrónica de Ignacio Mendoza Oropeza, hasta en tanto se resolviera lo conducente la incompetencia planteada en autos, lo que a la fecha ya aconteció; por tanto, los tres últimos glósense sin mayor acuerdo, en virtud a que como se advierte del párrafo que antecede, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por último, como lo solicita la primera de los promoventes en trato, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita en su libelo de referencia, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós , el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Encargado del Despacho del Juzgado Séptimo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otras autoridades; atento a ella, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 825/2022-V. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Ahora bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "A) La negativa por parte de personal del Juzgado para emplazarme del juicio ESPECIAL ORAL NÚMERO 889/2021, así como consultarlo y proporcionarme copias integras de lo actuado hasta la fecha en que se sufrió el acto, sin estar debidamente fundada ni motivada." Asimismo, en el apartado de antecedentes del acto, precisó: "El día 13 de julio de la presente anualidad, antes de las 15 horas acudí al tribunal, y específicamente en oficialía de partes solicite informes sobre una demanda en mi contra. Me informaron que hay solo una demanda en curso en mi contra, la cual es promovida por ..., quien es la abuela paterna de mis hijos. Dicha demanda se turnó al juzgado séptimo oral familiar de este distrito judicial. Me presenté en el juzgado y me proporcionaron el número de expediente: 889/2021, en el juzgado, y que aún se encontraba en trámite en el Juzgado. El día 14 de julio de la presente anualidad, me constituí con mi abogado en las instalaciones del Juzgado Séptimo Oral Familiar, donde mi abogado anunció que me encontraba presente para ser emplazada a juicio especial oral número 889/2021 donde soy demandada, pero le informó en un primer momento la Actuaria me dijo que no tenía el expediente para emplazar, y paso la Actuaria a buscar el expediente a la Secretaría, donde fue encontrado el expediente. La actuaria le pidió a mi abogado que pasara con la Secretaria de Acuerdos, a quien le informó que la suscrita me encontraba afuera del juzgado para ser emplazada y que contábamos con copias de mi identificación. La Secretaria de Acuerdos le comentó que no podía ser emplazada porque no se estaba ordenando el emplazamiento, además que se encontraban desahogando medidas cautelares. Mi abogado le comentó que no podía negarle emplazarse y conocer del expediente para contestar la demandada, además que ha sido afectada con la cuenta bancaria personal, a lo que le contestó la secretaria de acuerdos que ambos (mi abogado y la secretaria de acuerdos) tenían criterios diferentes y que ni lo iba a convencer de su criterio, ni mi abogado a ella (secretaria de Acuerdos) pero que no me iba a emplazar ni prestar el expediente, que ya podía hacer lo que considere pertinente. [lo subrayado es propio] Esto es, la parte quejosa reclama a las autoridades señaladas como responsables la negativa de emplazar al juicio oral número 889/2021, así como permitirle la consulta y copias del mismo. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, ambos de la Ley de Amparo en vigor, que dicen: "Artículo 61. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" El segundo de los preceptos citados prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, entendiéndose por éstas las que son ajenas al proceso de origen que sufren un perjuicio de ahí derivado y las extrañas por equiparación, son quienes no obstante ser parte formal en el juicio natural, no fueron emplazadas o lo fueron incorrectamente. En ese orden de ideas, en el caso de los terceros extraños por equiparación, es requisito para que se les considere como tal que se haya dictado sentencia en el proceso de origen, pues hasta en tanto no suceda, podrían insertarse en la relación procesal para interponer el medio ordinario de defensa con el objeto de combatir la falta o el indebido emplazamiento a juicio. Así las cosas, la calidad de tercero extraño se pierde si se tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa o cuando se comparece al sumario de origen. Luego, si bien como se advierte del antecedente citado con antelación, la parte quejosa refiere que se apersonó al Juzgado Séptimo Oral Familiar, en donde a través de su abogado solicitó que se le emplazara al juicio 889/2021, pues se encontraba en el recinto; sin embargo, le fue informado a través de la secretaria de acuerdos, que no podía ser emplazada porque no se había ordenado su emplazamiento, además que se encontraba desahogando medidas cautelares y también se le informó que el juicio se encontraba en trámite, lo que corroboro con la lista de estrados, del que advirtió que se ordenó girar oficios de búsqueda para su localización, previo a emplazarla por edictos. Por tanto, se obtiene que la peticionaria de amparo tuvo conocimiento del juicio de origen previo al dictado de la resolución correspondiente. De ahí que, se insiste que a partir de ello, la parte quejosa ya no puede ostentarse como persona extraña al juicio, en virtud de que puede defenderse dentro del procedimiento de origen y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2 Página: 1627, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Habida cuenta que al ser parte formal en la controversia de origen, la aquí quejosa está facultada para comparecer y hacer valer los medios de impugnación que considerase pertinentes, o bien, apersonarse por escrito al juicio de origen, a fin de hacer valer sus derechos, y en caso de no obtener resolución favorable a la interposición de los medios que estime conducentes, habría podido esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal en ..., en esta ciudad, autorizando para tal efecto a ..., quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12, de la Ley de Amparo, ello en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales número 6070218, 7462167 y 3090101, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho, y únicamente oír y recibir notificaciones a ..., en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, de acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Encargado del Despacho del Juzgado Séptimo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otras autoridades; atento a ella, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 825/2022-V. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Ahora bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "A) La negativa por parte de personal del Juzgado para emplazarme del juicio ESPECIAL ORAL NÚMERO 889/2021, así como consultarlo y proporcionarme copias integras de lo actuado hasta la fecha en que se sufrió el acto, sin estar debidamente fundada ni motivada." Asimismo, en el apartado de antecedentes del acto, precisó: "El día 13 de julio de la presente anualidad, antes de las 15 horas acudí al tribunal, y específicamente en oficialía de partes solicite informes sobre una demanda en mi contra. Me informaron que hay solo una demanda en curso en mi contra, la cual es promovida por ..., quien es la abuela paterna de mis hijos. Dicha demanda se turnó al juzgado séptimo oral familiar de este distrito judicial. Me presenté en el juzgado y me proporcionaron el número de expediente: 889/2021, en el juzgado, y que aún se encontraba en trámite en el Juzgado. El día 14 de julio de la presente anualidad, me constituí con mi abogado en las instalaciones del Juzgado Séptimo Oral Familiar, donde mi abogado anunció que me encontraba presente para ser emplazada a juicio especial oral número 889/2021 donde soy demandada, pero le informó en un primer momento la Actuaria me dijo que no tenía el expediente para emplazar, y paso la Actuaria a buscar el expediente a la Secretaría, donde fue encontrado el expediente. La actuaria le pidió a mi abogado que pasara con la Secretaria de Acuerdos, a quien le informó que la suscrita me encontraba afuera del juzgado para ser emplazada y que contábamos con copias de mi identificación. La Secretaria de Acuerdos le comentó que no podía ser emplazada porque no se estaba ordenando el emplazamiento, además que se encontraban desahogando medidas cautelares. Mi abogado le comentó que no podía negarle emplazarse y conocer del expediente para contestar la demandada, además que ha sido afectada con la cuenta bancaria personal, a lo que le contestó la secretaria de acuerdos que ambos (mi abogado y la secretaria de acuerdos) tenían criterios diferentes y que ni lo iba a convencer de su criterio, ni mi abogado a ella (secretaria de Acuerdos) pero que no me iba a emplazar ni prestar el expediente, que ya podía hacer lo que considere pertinente. [lo subrayado es propio] Esto es, la parte quejosa reclama a las autoridades señaladas como responsables la negativa de emplazar al juicio oral número 889/2021, así como permitirle la consulta y copias del mismo. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, ambos de la Ley de Amparo en vigor, que dicen: "Artículo 61. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" El segundo de los preceptos citados prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, entendiéndose por éstas las que son ajenas al proceso de origen que sufren un perjuicio de ahí derivado y las extrañas por equiparación, son quienes no obstante ser parte formal en el juicio natural, no fueron emplazadas o lo fueron incorrectamente. En ese orden de ideas, en el caso de los terceros extraños por equiparación, es requisito para que se les considere como tal que se haya dictado sentencia en el proceso de origen, pues hasta en tanto no suceda, podrían insertarse en la relación procesal para interponer el medio ordinario de defensa con el objeto de combatir la falta o el indebido emplazamiento a juicio. Así las cosas, la calidad de tercero extraño se pierde si se tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa o cuando se comparece al sumario de origen. Luego, si bien como se advierte del antecedente citado con antelación, la parte quejosa refiere que se apersonó al Juzgado Séptimo Oral Familiar, en donde a través de su abogado solicitó que se le emplazara al juicio 889/2021, pues se encontraba en el recinto; sin embargo, le fue informado a través de la secretaria de acuerdos, que no podía ser emplazada porque no se había ordenado su emplazamiento, además que se encontraba desahogando medidas cautelares y también se le informó que el juicio se encontraba en trámite, lo que corroboro con la lista de estrados, del que advirtió que se ordenó girar oficios de búsqueda para su localización, previo a emplazarla por edictos. Por tanto, se obtiene que la peticionaria de amparo tuvo conocimiento del juicio de origen previo al dictado de la resolución correspondiente. De ahí que, se insiste que a partir de ello, la parte quejosa ya no puede ostentarse como persona extraña al juicio, en virtud de que puede defenderse dentro del procedimiento de origen y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2 Página: 1627, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Habida cuenta que al ser parte formal en la controversia de origen, la aquí quejosa está facultada para comparecer y hacer valer los medios de impugnación que considerase pertinentes, o bien, apersonarse por escrito al juicio de origen, a fin de hacer valer sus derechos, y en caso de no obtener resolución favorable a la interposición de los medios que estime conducentes, habría podido esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal en ..., en esta ciudad, autorizando para tal efecto a ..., quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12, de la Ley de Amparo, ello en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales número 6070218, 7462167 y 3090101, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho, y únicamente oír y recibir notificaciones a ..., en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto de naturaleza civil. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, de acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente.

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