Agueda López Rodríguez

Expediente 382/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
382/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Agueda López Rodríguez
  • Síndico Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas

Actuaciones

  1. Incidental

    Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos del que se advierte que no obran los informes previos de las autoridades responsables Síndico Municipal, Director De Obras Públicas, Director De Seguridad Pública y Comandante De Seguridad Pública, todos de Villa González Ortega, Zacatecas, ni constancia de notificación del oficio por el que le fue peticionado el mismo; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para esta fecha y, en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del once de marzo de dos mil veintidós, para su verificativo.

  2. Incidental

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE Visto; lo de cuenta; como está ordenado en los autos del principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 139 y 163 de la Ley de Amparo, se tramita por duplicado y separado el presente incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 382/2022-II, que promueve Agueda López Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Síndico Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas y otras autoridades. INFORMES PREVIOS Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de la fecha en que fueren notificadas y, en los términos precisados en el numeral 140 de la ley de la materia; apercibidas que de no hacerlo, en el término indicado, se le impondrá a quien incumpla una multa por cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo sexto del apartado B del artículo 26 Constitucional. AUDIENCIA INCIDENTAL Para la celebración de la audiencia incidental se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La prohibición y orden de dejar de seguir construyendo en la vivienda ubicada en calle Nayarit, sin número, de la colonia Diez de Noviembre de la Comunidad de Villa González Ortega, Zacatecas, así como la amenaza de privarla de su libertad si sigue construyendo y desobedece sus órdenes. EFECTOS PARA LOS QUE SOLICITA LA SUSPENSIÓN. En el caso, la quejosa solicita le sea otorgada la suspensión provisional y posteriormente la definitiva para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Por lo antes expuesto, se concede la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, para el sólo efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan y además, para que no se ejecute el arresto o privación de la libertad en perjuicio de la quejosa, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución definitiva que se dicte en este incidente; toda vez que en el caso se acreditan los extremos del artículo 129 de la Ley de Amparo, pues no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y, porque de ejecutarse dicho acto, serían de imposible reparación los perjuicios ocasionados a la parte quejosa; así como para preservar la materia del amparo. Sin que en el caso se estime procedente imponer el otorgamiento de una caución como requisito de efectividad para que la medida concedida siga surtiendo sus efectos, atendiendo precisamente a que lo que se busca proteger con ésta es que no se afecten los derechos de la quejosa; aunado a que no existen terceros interesados a los que se les irrigue perjuicio alguno con la medida concedida.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por la quejosa Agueda López Rodríguez; atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Agueda López Rodríguez, contra actos del Síndico Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por duplicado y separado tramítese incidente de suspensión, al que deberá agregarse impresión simple del presente proveído y copia simple de la demanda que originó este juicio, así como del escrito aclaratorio. INFORMES JUSTIFICADOS. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídanse informes con justificación a las autoridades responsables, los cuales deben rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifiquen, donde expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se les impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las once horas del ocho de abril de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia constitucional en este juicio. TERCERO INTERESADO. Sin que de la lectura de la demanda se advierta por el momento la existencia de tercero interesado. PRUEBAS. Con las pruebas documentales que adjunta la parte quejosa a su escrito de demanda y su escrito aclaratorio, hágase nueva reseña en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS PARA AGREGAR AL INCIEDENTE DE SUSPENSIÓN. Asimismo, toda vez que la parte quejosa anexa a su escrito de demanda y escrito aclaratorio documentales en original, certifíquense las copias simples de dichos documentos que acompaña, previo cotejo, a fin de ser anexados al incidente de suspensión derivado del presente juicio, conforme a lo ordenado en la jurisprudencia 71/2010, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página siete, del tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro: 163758, del tenor: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver.". NOTIFICACIÓN POR LISTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Infórmese a las autoridades responsables que tienen la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar; más no, acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2002576, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), publicada en la página dos mil trescientos noventa y nueve, del Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, tomo IV, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013030, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo." CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la parte quejosa y a las autoridades responsables, para que, en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con copia de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde. CONSULTA ELECTRÓNICA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Por otra parte, toda vez que es un hecho notorio que el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, ha proporcionado en diversos asuntos del índice de este juzgado, el nombre de usuario "HectorR"; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico; por tanto, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diez de febrero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Águeda López Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Síndico Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas y otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 382/2022-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVIENE. Ahora bien, de la demanda de amparo se desprenden diversas irregularidades, considerando que la quejosa acude a la presente instancia, señalando como autoridades responsables al Síndico Municipal y Director de Obras Públicas del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, Director y Comandante de Seguridad Pública del mismo municipio, de quienes reclama: ". la injusta, infundada, inmotivada, excesiva y carente de toda formalidad determinación de IMPEDIR QUE SIGA CON LA CONSTRUCCION DE MI CASA UBICADA EN CALLE NAYARIT S/N DE LA COLONIA DIEZ DE NOVIEMBRE DE VILLA GONZALEZ ORTEGA, ZAC. ASI COMO LA AMENAZA DE PRIVARME DE MI LIBERTAD SI CONTINÚO CONSTRUYENDO POR MEDIO DE LAS RESPONSABLES EJECUTORAS. Sin motivo razón ni fundamento legal alguno y actuando por iniciativa propia. ... Para que se abstengan de dar cumplimiento de manera totalmente arbitraria a la orden emitida por las ordenadoras de privarme de mi libertad por seguir construyendo." Sin embargo, se advierte que la quejoso omitió ser precisa en señalar en qué consiste el acto reclamado a las citadas autoridades responsables; en virtud que el acto que señala, es ambiguo e impreciso, por lo que debe ser claro y preciso (sin mayores argumentos) en establecer qué acto reclama a cada una de las autoridades responsables; aunado a ello, deberá realizar la narración de los antecedentes, hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del o los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación, de manera cronológica, sucinta y en su totalidad. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la Ley de la materia, y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumpla con la obligación que le imponen lo mencionados numerales y fracciones y: Señale en forma clara, precisa y sin mayores argumentos, el acto que reclama de cada una de las autoridades que señala como responsables y en su caso, si derivan de algún procedimiento. Realice la narración de los antecedentes, hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, de manera cronológica, sucinta y en su totalidad, pues del contexto de la demanda se asume la insuficiencia de datos para dilucidar la naturaleza y consecuencias de los actos que reclama, ya que se abstuvo de narrarlos, lo cual es de esencial importancia para determinar la procedencia del juicio en que se actúa. En ese sentido, se hace énfasis que la Ley de Amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Álvaro Rodríguez Baez, en virtud que no se proporciona los datos del documento que lo faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o Abogados, tal como exige el mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Dos de Marzo, número ochocientos dos guion uno (802-1), colonia Frente Popular de Zacatecas, Zacatecas. Téngase como medio de comunicación no procesal el correo electrónico y número telefónico que proporciona, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, a efecto de agilizar la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). IMPOSIBILIDAD DE NOTIFICACIÓN EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY. En la inteligencia de que, atendiendo a la carga de trabajo con que se cuenta dentro de este órgano jurisdiccional, la carencia de personal de manera presencial dentro de éste y el limitado tiempo que se puede permanecer en el mismo, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 9/2021 y 20/2021, del propio Pleno, la notificación del presente auto, se deberá realizar conforme las cargas de trabajo de este juzgado lo permitan, lo anterior con apoyo en la circular 1/2022, firmada por el licenciado Arturo Guerrero Zazueta, Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el trece de enero de dos mil veintidós.

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