Adriana Ramos Adame
Expediente 150/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 150/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Adriana Ramos Adame
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE,SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE Y DE FACIL ACCESO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL AUTO O RESOLUCIÓN DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, AL NO HABER ACUDIDO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL EN QUE SE DEJÓ EL AVISO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Adriana Ramos Adame, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Educación de Zacatecas y otras autoridades, por violación a los artículos 1° y 123 Constitucionales, se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo bajo el número 150/2016-II. En principio, cabe precisar que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desechar de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página ochocientos noventa, del tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196196, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos, interpretados en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos trascritos, se advierte que el juicio de amparo tiene como finalidad resolver las controversias por normas, actos u omisiones que se susciten entre los gobernados y alguna autoridad; por tanto, al ser un medio de control constitucional de los actos autoritarios, resulta improcedente respecto de aquéllos emitidos por una entidad que carezca de imperio. En ese orden, se impone determinar qué debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual el trascrito artículo 5°, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, señala que es la que dicta, publica, ejecuta o trata de ejecutar u omite el acto reclamado; respecto de este último aspecto, en dicho precepto se precisa que tiene aquélla calidad la que emita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que autoridad para efectos del amparo es aquélla, a la cual, las normas jurídicas otorgan las características de un órgano público con potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir la voluntad de éstos y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Así, para que una autoridad sea considerada como tal en el juicio de amparo, debe tener las siguientes características: - Ser un órgano público. - Actuar con potestad administrativa, es decir, que ejerza facultades decisorias de carácter irrenunciable, atribuidas por la ley -decisión de imperio-. - Emitir actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. - Para emitir sus actos, no requiere acudir a los órganos judiciales, ni del consentimiento del afectado. Lo anterior se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Supremo, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Entonces, como la acción constitucional es improcedente en casos de actos o conflictos entre particulares, salvo lo previsto en el último párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, es decir, cuando aquélla realice actos equivalentes a los antes analizados y cuyas funciones estén determinadas en una norma legal, debe hacerse la distinción entre relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y supraordinación. De coordinación: Es la relación suscitada entre particulares, para dirimir los conflictos en ellas deben acudir a los procedimientos ordinarios establecidos para tal efecto en la legislación, y someter su resolución a las autoridades del orden común. Este tipo de relaciones pertenecen al derecho privado -civil, mercantil, laboral, agrario-, y en ellas las partes se colocan en un plano de igualdad. De subordinación: Se genera entre gobernantes y gobernados, pertenecen al derecho público y en ellas la voluntad del gobernante se impone a la del gobernado de manera unilateral, con los límites constitucionales -garantías individuales-. La autoridad no requiere someter su decisión a los tribunales y los conflictos suscitados en ellas se resuelven a través del procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de derechos humanos en el ámbito constitucional, por medio del juicio de amparo. De supraordinación: Es la relación que se origina entre órganos del Estado, pertenecen al derecho público y se caracterizan por su unilateralidad, para la solución de conflictos entre las partes existen mecanismos políticos y jurisdiccionales -controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad-. Tiene aplicación a lo anterior, en la parte de interés, la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, del título y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Así las cosas, si la quejosa reclama del Secretario de Educación de Zacatecas, Jefe del Departamento de Personal y Coordinador Administrativo de dicha Secretaría de Educación, el incumplimiento al resolutivo de doce de febrero de dos mil dieciséis, dictado por la Comisión Estatal Mixta de Escalafón y promociones, que ordena la permuta de la quejosa para poder desempeñarse en la Escuela de Educación Especial "María Montessori" en Zacatecas, debe decirse que las relaciones entre los trabajadores al servicio del Estado y los titulares de las dependencias del Ejecutivo, en lo que se refiere al cumplimiento del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública, son de orden contractual, pues regulan la forma en que se han de efectuar, en el caso, las permutas y demás actividades de dichos trabajadores, sin que en esas relaciones los titulares intervengan con carácter de autoridad; de tal suerte que resulta improcedente el juicio de garantías, ya que éste, por su propia naturaleza, tiende a garantizar a los individuos contra los actos de autoridades que violen en su perjuicio las garantías otorgadas por nuestra Constitución Federal. Por otra parte, el acto reclamado atribuido al Secretario de Educación de Zacatecas, Jefe del Departamento de Personal y Coordinador Administrativo de dicha Secretaría de Educación, debe ser discutido en su legalidad, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo dispone el artículo 124, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 Constitucional, pues a dicho tribunal se le ha conferido jurisdicción para dirimir las controversias que se susciten respecto a la aplicación del Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública, conforme al numeral 1° de dicho ordenamiento, ya que por medio del juicio constitucional sólo puede establecerse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. Sobre el particular, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página quinientos diez, del tomo LXXXV, materia Laboral, Quinta época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 372489, que dice: "TRABAJADORES DEL ESTADO, RELACIONES CONTRACTUALES DE LOS. Si se reclama en amparo la orden por la que se puso a disposición de la Comisión Mixta de Escalafón, cierta plaza, así como la ejecución de esa orden y la boletinación y exámenes correspondientes; debe decirse que las relaciones entre los trabajadores al servicio del Estado y los titulares de las dependencias del Ejecutivo, en lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento del Estatuto Jurídico para los Empleados al Servicio de los Poderes de la Unión, son de orden contractual, pues regulan la forma en que se han de prestar los servicios y demás actividades de dichos trabajadores, sin que en esas relaciones los titulares intervengan con carácter de autoridad; de tal suerte que por éste, es improcedente el juicio de garantías, ya que éste, por su propia naturaleza, sólo tiende a garantizar a los individuos contra los actos de autoridades que violen en su perjuicio las garantías otorgadas por nuestra Constitución Federal. Por otra parte, los actos reclamados, atribuidos al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Mixta de Escalafón, deben ser discutidos en su legalidad, ante el Tribunal de Arbitraje, como lo dispone el artículo 99, fracción I, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues a dicho tribunal se le ha conferido jurisdicción para dirimir las controversias que se susciten respecto a la aplicación de dicho estatuto, lo que no puede hacer esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues por medio del juicio constitucional sólo puede establecerse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados.". En consecuencia, este Juzgado Federal, considera que el señalamiento que hace la quejosa de autoridades responsables al Secretario de Educación de Zacatecas, Jefe del Departamento de Personal y Coordinador Administrativo de dicha Secretaría de Educación, no se ubican en el supuesto de aplicación del artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo. Basta diferenciar que existen actos de los particulares que provienen no sólo de personas físicas o morales de carácter privado, sino también de entidades sociales o públicas cuando éstas últimas no desempeñan el derecho de imperio (ius imperio), sino el derecho de gestión (ius gestionis) ya que en éstos últimos, carecen de los elementos característicos de los actos de autoridad, aun cuando en virtud de los mismos, pudieran causar lesiones de cualquier índole a un particular con el que han contratado, que le puede ser reclamada por una vía distinta a la constitucional que intenta la quejosa con su demanda de garantías. En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Adriana Ramos Adame, por su propio derecho, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria en consulta. Como lo solicita la quejosa ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados J. Jesús Bautista Capetillo, Isidro Rebollar Pérez, Mario Alfredo Téllez González, Lucas Alberto López Soto, Pedro Antonio Reyes Florentino, Daniela Denisse Osorio Rodríguez, Humberto Díaz Vargas, Juan Roberto Mancera Sánchez y Carlos Rubén Esquivel Rodríguez; y, como domicilio para tal fin, el ubicado en González Ortega, número trescientos tres (303), Colonia Centro, en esta ciudad de Zacatecas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Miguel Ángel Mancilla Núñez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Adriana Salazar Orozco, Secretaria con quien actúa. Doy fe.L'ASO.
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