Agevaren Esau Rodriguez Cruz
Expediente 834/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Agevaren Esau Rodriguez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En la Ciudad de México, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio 14932/2021 signado por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del diverso oficio 20783/2021, mediante el cual se le comunica la incompetencia plateada en el juicio de amparo 834/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Agevaren Esaú Rodríguez Cruz, por propio derecho, e informa que acepta la competencia propuesta y se avoca al conocimiento del asunto. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega en autos el oficio de mérito, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el numeral 7.4 del Manual referido, toda vez que no obstante este juzgado se declaró la competencia a un Juzgado de Amparo en Materia Penal, se decretó la suspensión de plano. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, el auto relativo a la suspensión de plano o violación, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General referido. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de cinco de abril del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado del Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, del que advierte que la orden de arresto del quejoso deriva de una carpeta de investigación, por lo que se procede a proveer lo conducente. Ahora bien, del estudio integral de los autos se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la demanda de amparo, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye ????? entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Por materia b) Por territorio c) Por grado De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado b) La naturaleza de la autoridad responsable Los criterios señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, por similitud la jurisprudencia identificada con el número P./J. 83/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página veintiocho del tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente, reclama: solamente las autoridades responsables la cumplimentaron. En este contexto, se evidencia que con el acto reclamado se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que está promoviendo juicio de amparo en contra de actos que forman parte de una carpeta de investigación por violencia intrafamiliar, motivo suficiente para considerar que se trata de una orden penal; por lo que, tomando en consideración que la competencia atiende exclusivamente a la naturaleza de la materia del juicio de donde emana el acto reclamado, los efectos de los actos son, como ya se explicó, de naturaleza penal. Por consiguiente, no sería jurídicamente posible entrar al estudio de dichos actos, toda vez que de hacerlo, forzosamente se abordaría al análisis de aspectos de naturaleza penal, siendo que este juzgado está especializado en materia administrativa. En este sentido, de lo relatado con antelación, este órgano jurisdiccional estima que el estudio del acto reclamado, no corresponde a las autoridades administrativas, toda vez que se ubica en el ámbito de los actos de naturaleza penal. "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independientemente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto." (Registro: 179990, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 89/2004, página: 22). materialmente de naturaleza penal, no es suficiente para estimar que por tratarse de una autoridad administrativa, los actos que emita revistan también ese carácter, ya que para determinar las características jurídicas del acto, debe atenderse a su propia naturaleza, de tal manera que si éste debe ser ejecutado conforme a las leyes penales, sujetándose a esa clase de preceptos, debe estimarse que el asunto corresponde a la materia penal, aun cuando haya sido emitido por una autoridad administrativa." (Registro No. 200407, Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, Julio de 1996, Página: 143, Tesis: 1a. XVI/96, Materia: Constitucional, Penal, Administrativa). Asimismo por analogía se aplica el siguiente criterio: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA EN EL JUICIO DE AMPARO. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, CUANDO ÉSTE SE INTERPONE CONTRA ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. Las funciones de la investigación y persecución de los delitos en el ámbito de su fuero y territorio, son algunas de las que al Ministerio Público le tiene encomendadas la ley que rige la actuación orgánica de éste, conforme a lo anterior, el ejercicio de esa actividad, en su integridad, constituye un actuar de naturaleza penal, en la medida de que la fase indagatoria se consolida como la inicial del procedimiento penal; ante ello, es lógico establecer que todas las cuestiones accesorias que se pudieran presentar en la indagatoria (como lo sería el aseguramiento y preservación de una víctima desvalida y en inminente peligro, por su condición de menor de edad), están revestidas de esa naturaleza, no obstante que en el amparo se hayan reclamado una serie de actos de naturaleza civil (familiar), como lo serían los perturbatorios del ejercicio de la patria potestad por la medida tomada respecto de un menor de edad (aseguramiento y preservación por el riesgo generado por la situación), pues debe tenerse en cuenta para establecer la competencia por razón de materia, el planteamiento que en el juicio se hace, porque al advertirse que los actos reclamados emanaron de una indagatoria iniciada con motivo de la comisión e investigación de hechos delictivos, esa sola circunstancia de origen determina la legal competencia en favor de un juzgador de amparo en materia penal." (No. Registro: 163,671, Tesis aislada, Materia(s): Penal, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Octubre de 2010, Tesis: III.2o.P.252, Página: 2915). Por los motivos señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional de amparo; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el artículo 56, fracción I, de la Ley ??Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda y ordena remitir vía interconexión el presente expediente, al Juzgado de Distrito de Amparo en Material Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juzgado de Distrito de Amparo en Material Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de garantías, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, por el momento, no se forma cuaderno de antecedentes. Ahora bien, con fundamento en los artículos 74 y 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Juzgado de Distrito de Amparo en Material Penal en la Ciudad de México, que por turno le corresponda conocer del presente asunto, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en el entendido que en caso de que el Juzgado de Distrito correspondiente requiera las constancias físicas que integran el presente asunto, una vez que lo haga del conocimiento le serán remitidas de inmediato. Asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este órgano judicial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
En la Ciudad de México, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no fue rendido con la anticipación suficiente a la celebración de la audiencia de ley el informe justificado del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, toda vez que este fue notificado a las partes el día en que se actúa. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por el Apoderado General para la Defensa Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en representación de su Titular, por medio del cual rinde su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad citada en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, exhibida y admitida la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su informe de ley, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma al momento de celebrar la audiencia constitucional. En términos del artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia de ley. Sirve de apoyo la tesis: I.5o.C.2 K, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. (No. Registro: 204616, Tesis, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, II, Agosto de 1995, Página: 594) En relación con la petición de que se autorice la utilización de medios electrónicos, es decir, cámara fotográfica y/o scanner para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto y toda vez que no existe disposición legal que prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar dichos medios para copiar las actuaciones en el presente juicio, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza su uso en el presente juicio de amparo; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que dicha reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." (No. Registro: 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página: 2847) Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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