Adriana Villeda Salazar

Expediente 972/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
972/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Adriana Villeda Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de tres de junio de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de rubro siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). En primer término, conviene precisar que en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia emitida por este juzgado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en que se se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: [.] procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia (dada la naturaleza de los actos a desarrollar), deberán realizar lo siguiente: 1) Dejar insubsistente la resolución de queja por defectuoso cumplimiento a la sentencia definitiva de dos de marzo de dos mil veintiuno. 2) En su lugar, emitan otra, en la cual, siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, resuelvan lo que legalmente proceda, para lo cual consideren, como parte de los efectos de la sentencia definitivas de nulidad el contenido del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente al uno de agosto de mil novecientos noventa y uno, lo que se traduce que deberán tomar en cuenta los tabuladores regionales respectivos, que contiene los sueldos básicos de los trabajadores en activo y las constancias de evolución salarial correspondientes a la plaza que desempeñó el enjuiciante cuando se encontraba en servicio activo, de conformidad con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. [.] De lo que se desprende que la autoridad responsable Magistrados Integrantes de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para acreditar el cumplimiento, deben realizar lo siguiente: ? Dejar sin efectos la sentencia reclamada. ? Emitir otra en la que siguiendo los lineamientos precisados en la sentencia, con libertad de jurisdicción, resuelvan lo que legalmente proceda, para lo cual consideren, como parte de los efectos de la sentencia definitivas de nulidad el contenido del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del????????? Estado, vigente al uno de agosto de mil novecientos noventa y uno, lo que se traduce que deberán tomar en cuenta los tabuladores regionales respectivos, que contiene los sueldos básicos de los trabajadores en activo y las constancias de evolución salarial correspondientes a la plaza que desempeñó el enjuiciante cuando se encontraba en servicio activo, de conformidad con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora del análisis de las constancias remitidas por la Magistrada Presidenta de la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de atender los efectos de la concesión del amparo, las cuales tienen eficacia probatoria plena, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para demostrar que en el juicio de nulidad 10539/17-17-09- 1, se realizó lo siguiente: 1. Oficio 17-9-1-35382/22, que contiene un extracto del acuerdo dictado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, del cual se reproduce el texto siguiente: ".en vía de cumplimiento SE DEJA SIN EFECTOS LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 02 DE MARZO DE 2021, dictada en el juicio de nulidad en que se actúa.". 2. Oficio 17-9-1-35383/22, en que se remitió copia certificada de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, de cuyo contenido se desprende que, tomó en consideración como parte de los efectos de la sentencia definitiva de nulidad, el contenido del artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resolviendo declarar fundada la queja promovida por la parte actora y otorgar un plazo de veinte días hábiles a la autoridad demandada para dar cumplimiento a la sentencia de trece de diciembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgador considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que la autoridad responsable acreditó el acatamiento de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, sin que exista defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por otra parte, visto el cuadernillo formado con motivo de las promociones 10718 y 10719, acordadas en proveído de trece de julio de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea el caso de realizar mayor pronunciamiento. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a quince de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta que contiene la evidencia criptográfica de la firma electrónica de Armando Cárdenas Bravo, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la vista otorgada en auto de nueve de junio de dos mil veintidós, para lo cual, manifiesta la inconformidad de la quejosa con el cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, pues considera que esa autoridad incurre en la misma incongruencia advertida en la sentencia de amparo, aunado a que expresamente manifiesta que no dará cumplimiento al fallo protector en los términos ordenados. Al respecto, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de mérito para los efectos legales a que haya lugar. Derivado de lo anterior, se procede a proveer lo conducente respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la responsable. Se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para los efectos siguientes: ".procede conceder el amparo y la protección de la justicia federal solicitadas por el quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable Director General de Minas de la Secretaría de Economía, deje insubsistente el oficio número SE/610/1535/2021, de doce de abril de dos mil veintiuno, y, a continuación, con plenitud de jurisdicción, emita uno nuevo, conforme a los lineamientos establecidos en la presente sentencia, es decir, dé respuesta de manera clara, concreta y definitiva a todas y cada una de las pretensiones formuladas a través del escrito de dos de febrero de dos mil veintiuno, para lo cual deberá atender a lo previsto en la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno; y, se la notifique en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones." Se impone destacar que en el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se precisó que, como en la sentencia de amparo, se declaró la inconstitucionalidad del oficio SE/610/1535/2021, de doce de abril de dos mil veintiuno, su consecuencia directa e inmediata fue nulificar ese oficio, por lo que ya no era necesario que la autoridad emitiera una declaratoria en ese sentido. De esta forma, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, las obligaciones de la autoridad responsable para cumplir la ejecutoria de amparo, consisten en: ? Dar respuesta de manera clara, concreta y definitiva a todas y cada una de las pretensiones formuladas a través del escrito de dos de febrero de dos mil veintiuno. ? Notificar la respuesta. Para mejor resolver sobre el cumplimiento del fallo protector, resulta oportuno imponerse de algunas de las consideraciones medulares, por las cuales se decretó la inconstitucionalidad del acto reclamado, las cuales son las siguientes: "(.) Del punto cinco de la anterior tabla, se observa que para presentar una solicitud de devolución de cantidades a favor de otras contribuciones, se exige como requisito que, tratándose de "derechos", se debe presentar un escrito denominado "Oficio para la solicitud de devolución por servicio no prestado o proporcionado parcialmente", el cual debe ser expedido por la Dependencia, en el cual se debe indicar que el usuario efectuó un pago mayor al requerido o que el servicio o trámite no fue proporcionado o fue proporcionado parcialmente; oficio que debe estar oficializado con el sello de esa Dependencia. De lo anterior se obtiene que, en efecto, para que el quejoso pueda presentar ante la autoridad correspondiente del Servicio de Administración Tributaria, la solicitud de devolución de cantidades que estima pagó de manera indebida, dado que su concesión minera fue cancelada por el periodo del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho al veinte de enero de dos mil veintiuno; debe anexar un oficio expedido por la dependencia, en este caso, la Dirección General de Minas, en el cual se indique si el usuario efectuó un pago mayor al requerido o que el servicio o trámite no fue proporcionado o fue proporcionado parcialmente. Oficio que, se insiste, solicitó en su escrito de dos de febrero de dos mil veintiuno, fundando su pretensión en la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno. Entonces, si en el caso, existe una norma general que prevé la posibilidad de que una dependencia que recibe el pago por concepto de "derechos", expida a favor de un contribuyente un escrito denominado "Oficio para la solicitud de devolución por servicio no prestado o proporcionado parcialmente"; es inconcuso que la respuesta otorgada por el Director General de Minas a la petición del quejoso para la expedición de ese documento, resulta incongruente, pues se limita a determinar que no tiene facultades para reconocer un pago de lo indebido y que la autoridad competente para hacerlo es el Servicio de Administración Tributaria; máxime que, se reitera, el quejoso no solicitó que la autoridad responsable determinara que era procedente el pago de lo indebido, sino que, indicará que no existía obligación del quejoso de pagar los derechos sobre minería respecto de su concesión minera, por haber estado cancelada por un periodo de tiempo; tal como se consideró procedente por la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Economía. Además de la incongruencia advertida, tal como lo aduce el quejoso, la aludida respuesta también se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues la responsable no expone los fundamentos legales ni las causas particulares o razones particulares para no emitir el documento denominado: "Oficio para la solicitud de devolución por servicio no prestado o proporcionado parcialmente"; que establece la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno, esto es, no precisa por qué la quejosa no se ubica en el supuesto previsto en esa resolución miscelánea; sino que desvía la pretensión del quejoso en el sentido de que éste pidió que se determinara procedente un pago de lo indebido y, por eso, expone fundamentos y motivos ajenos a la pretensión efectivamente planteada.." De lo anterior se obtiene que, los vicios de ilegalidad advertidos en la sentencia de amparo, consistieron en que, al dar respuesta a la solicitud formulada por la quejosa, para el efecto de que emitiera un oficio en el cual se reconociera que, con motivo de que su concesión minera número 234937, fue cancelada por el periodo del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho al veinte de enero de dos mil veintiuno, por la resolución contenida en el oficio SE/610/00113/2021; lo pagos por conceptos de derechos de minería que realizó por ese periodo, fueron indebidos; lo anterior, con la finalidad de que pudiera cumplir con el requisito para presentar su solicitud de devolución establecido en la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno; la autoridad responsable no emitió una respuesta congruente, pues se limitó a declarar que no tenía competencia para determinar la procedencia de un pago de lo indebido, ni confirmar si el pago de contribuciones, se encuentran pagadas de manera correcta. Por lo cual, en la sentencia de amparo, se determinó que, existía una normativa vigente, consistente en la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno, que la facultaba para expedir un documento denominado: "Oficio para la solicitud de devolución por servicio no prestado o proporcionado parcialmente"; en casos como la solicitud planteada por la parte quejosa. Por eso, en el aludido fallo, se ordenó a la responsable que, para dar respuesta a la pretensión de la quejosa, tenía que tomar en consideración esa Tabla. Puntualizado lo anterior, se impone destacar que con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a través del oficio presentado en este juzgado el nueve de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable exhibió copia certificada del oficio número SE/610/2545/2022, de tres de junio de dos mil veintidós; al cual, se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con dicho oficio se otorgó vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interes legal conviniera; la cual desahogó con el escrito de cuenta. En ese contexto, se procede a la valoración del referido oficio para determinar si la autoridad responsable atendió los efectos del fallo protector; por lo que resulta conveniente destacar que en dicho oficio se determinó, en lo que interesa, lo siguiente: De lo anterior se advierte que la autoridad responsable, determinó, nuevamente, que carecía de competencia por razón de materia, para atender la solicitud de la parte quejosa, pues no se encuentran dentro de sus facultades emitir el documento denominado: "Oficio para la solicitud de devolución por servicio no prestado o proporcionado parcialmente"; cabe destacar que en esa nueva determinación, la autoridad hace referencia a la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno, pero aun así considera que se encuentra imposibilitado para expedirle a la quejosa ese documento, incluso, determina que no es material ni jurídicamente posible dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Al respecto, se determina que con la determinación de mérito, la autoridad responsable no da cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones siguientes: Primero, para atender la petición de la quejosa, la responsable parte de una premisa equivocada, ya que, como quedó precisado en la sentencia de amparo, la parte quejosa solicitó que se emitiera una determinación en el sentido de que los pagos que realizó por concepto de derechos sobre minería respecto de la concesión minera número 234937, por el periodo del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho al veinte de enero de dos mil veintiuno, representaban pagos indebidos, en razón de que en ese periodo dicha concesión minera permaneció cancelada por la resolución contenida en el oficio SE/610/00113/2021; lo anterior, con la finalidad de demostrar al Servicio de Administración Tributaria que es procedente la devolución de las cantidades pagadas por el lapso de tiempo en que su concesión estuvo cancelada y, así cumplir con el requisito previsto en la Tabla 13.1, del Anexo 1-A, de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintiuno. No obstante, si bien es cierto que la responsable, nuevamente sustenta una supuesta incompetencia por razón de materia, pero ahora citando la aludida tabla; también es cierto que el motivo en el que se basa para determinar que no es competente es que "los títulos de concesión, no son servicios de ninguna índole" y que la "Dirección General de Minas, no presta servicios parciales ni totales, sino que únicamente revisa que las concesiones otorgadas cumplan con la normatividad vigente"; lo que hace patente que se refiere a una cuestión diferente a la solicitada, esto es, a los pagos que realizó por concepto de derechos sobre minería; es decir, la quejosa no pidió que se le expidiera un documento en el que se mencione si el título de concesión que tiene es un servicio, ni si la Dirección General de Minas le prestó un servicio parcial o total, sino que, se insiste, solicitó el documento en el que se determine si esos pagos por derechos sobre minería, que realizó los tenía o no que erogar, durante el tiempo que su concesión se encontraba cancelada, y si, de no tener esa obligación de pagar, entonces esos pagos se pueden considerar como indebidos. En segundo lugar, en la resolución dirigida a la parte quejosa, que en este acto se analiza, con las razones antes señaladas, la responsable, de manera unilateral determina que no es material ni jurídicamente posible dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio; no obstante que ese tipo de resolución le corresponde a este Juzgado de Distrito. Pero además, cabe destacar que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, debe ser cumplida en todos sus términos, ya que, al no ser recurrida por ninguna de las partes que se considerara afectada por la misma, causó ejecutoria por ministerio de ley, lo que implicó que adqurió la calidad de cosa juzgada y, por ende, no es posbile hasta ahora pretender modificar los efectos en que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, la autoridad responsable no puede insistir en una supuesta incompetencia para atender de fondo lo solicitado por la parte quejosa, pues esa razón ya fue desestimada en la referida ejecutoria de amparo y, si bien no está de acuerdo con el sentido y efectos de ésta, ello lo tuvo que haber hecho valer en el recurso de revisión al que tenía derecho, pero al no hacerlo así, ya no es procedente cuestionar los efectos del fallo protector. Corolario de lo anterior, se determina que hay UN DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO; de ahí que no puede tenerse cumplida la ejecutoria; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 194 y 196, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la autoridad responsable, Director General de Minas, así como a su superior jerárquico, Subsecretario de Minería, ambos de la Secretaría de Economía, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, subsanen el defectuoso cumplimiento de la ejecutoria de amparo, para lo cual, debe: ? Emitir una nueva determinación en la que dé respuesta de manera clara, concreta y definitiva a todas y cada una de las pretensiones formuladas a través del escrito de dos de febrero de dos mil veintiuno, debidamente fundada y motivada en la que subsane los vicios de legalidad advertidos en la sentencia de amparo y cumpla los lineamientos ahí impuestos Es aplicable a lo anterior, la tesis número 2ª. VIII/2014(10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo II, Página: 1520, cuyo rubro es el siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS.". Con el apercibimiento a todas las autoridades requeridas de que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada se hará efectivo el diverso apercibimiento decretado en el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Finalmente, en cuanto a las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que no se encuentra cumplida la ejecutoria, dígase que se deberá de estar a lo resuelto en el presente auto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    El licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; CERTIFICA: que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado y que con esta fecha se remite, constante de ciento ochenta y nueve (189) fojas útiles, incluyendo la presente certificación, el juicio de amparo 1594/2021-VII, constante de un tomo, promovido por José Ángel Cortes Aburto, contra actos de la Directora de Prestaciones y Bienestar Social de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México y otra autoridad, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia. Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Ciudad de México a ocho de junio de dos mil veintidós. El Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Licenciado Alberto Torres Rivera

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