Ageo Pérez Munguía

Expediente 554/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
554/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
20/04/2017

Partes del expediente

  • Ageo Pérez Munguía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veinte de abril de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, Baja California, por medio del cual acusa recibo de la misiva 2625/2017, de trece de marzo de dos mil diecisiete, con el que se le remitió copia certificada del acuerdo dictado el catorce de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Ageo Pérez Munguía; agréguese para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, tres de abril de dos mil diecisiete. Visto el escrito presentado por Gabriela Pacheco Estrada, quien se ostenta como tercera interesada; agréguese sin mayor proveído dado que no le reviste tal carácter en el presente juicio constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, trece de marzo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Mexicali, Baja California; atento a su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase COPIA CERTIFICADA de las constancias que indica, y remítanse mediante oficio. Por otro lado, comuníquese a las partes que por sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó que el nuevo titular de este Juzgado a partir del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, lo es Jesús Eduardo Medina Martínez. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, con número de registro 164217, derivada de la contradicción de tesis 119/2010, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de dos mil diez, página trescientos doce, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, a catorce de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio 1230/2016-II, proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con residencia en Mexicali, Baja California, por medio del cual informa que ese tribunal se declaró legalmente incompetente en razón de vía para conocer del juicio de amparo promovido por AGEO PÉREZ MUNGUÍA por conducto de su apoderado legal, al considerar que la resolución que se reclama no posee la naturaleza de una sentencia definitiva y tampoco puede ser considerada como una resolución que pone fin al juicio. Al efecto, remite copia certificada de la boleta de turno, el escrito original de demanda y copia simple; el informe justificado rendido por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, certificación secretarial, copias certificadas de las constancias de emplazamiento y los autos originales del Toca Civil 859/2016; por considerar que el Juez de Distrito en el Estado de Baja California en turno, es idóneo para conocer y resolver dicho asunto. Del contexto integral del escrito que se atiende, se advierte que, la parte promovente del amparo reclama por conducto de su apoderado legal, la resolución dictada por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, en el toca civil 859/2016, que declaró infundado el recurso y confirmó en grado de apelación el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, emitido por el Juez Tercero Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California en los autos del expediente 822/2013, relativo al juicio especial hipotecario promovido por Gabriela Pacheco Estrada en contra de Ageo Pérez Munguía, Luis Antonio Heredia Rojas y Rocío Ruano García. Ahora, de las constancias obrantes en autos se advierte que el primer acto de aplicación se originó en esta ciudad y la misma tiene su ejecución en un lugar distinto de la ciudad de Mexicali a saber, en esta ciudad de Ensenada, Baja California, por lo que, se surte la hipótesis prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que establece que es competente para conocer del juicio de amparo el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; por lo que, corresponde conocer el presente asunto a este juzgador que por turno le correspondió. Luego, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 48 de la ley de la materia este Juzgado acepta el conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo. En consecuencia, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Oscar Armando Granados Manríquez en su carácter de apoderado legal de AGEO PÉREZ MUNGUÍA, personalidad que tiene acreditada en autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo; contra actos de los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con lo anterior, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 554/2016. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Entonces, del contexto integral de la demanda de amparo se advierte que AGEO PÉREZ MUNGUÍA, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, por el acto que hizo consistir en la resolución emitida el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, en el toca civil 859/2016, la que confirmó en grado de apelación el proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, dictado en el juicio de primera instancia 822/2013; no obstante, cabe señalar que el acto destacado lo es el auto que aprueba el remate celebrado en autos del juicio natural del índice del Juzgado Tercero Civil con residencia en esta ciudad. Bajo ese contexto, la suscrita estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, último tercero, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que en el caso que nos ocupa, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo emitidos en el procedimiento de remate, cuando se trate de la última resolución, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, bastando que se emita una sola de éstas órdenes para considerar actualizada "la última resolución del remate". La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto a la garantía de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso de la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución, entendida como aquella que ordene la escrituración de adjudicación y la entrega del bien rematado; por lo que en el caso, se pone de manifiesto que el auto emitido el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, en los autos del juicio especial hipotecario 822/2013 del índice del Juzgado Tercero Civil de esta ciudad, que aprueba el remate del bien inmueble litigioso por considerar que dicha diligencia se ajustó a las reglas del procedimiento, no es la última determinación dictada dentro del aludido procedimiento de remate. Al respecto se invoca, la jurisprudencia PC.I.C. J/2 K de la Décima Época, tomo II, septiembre de 2014, visible en la página 1,738 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación gramatical del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto, es la que en forma definitiva ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, porque de los artículos 494, 495 y 496 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 507, 581, 589 y 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados; de modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulta procedente entonces la acción constitucional para impugnarla." En ese orden se estima, que el acto reclamado no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que en el procedimiento de remate, aun no se ordena la escrituración de adjudicación y entrega del bien, por lo que no se satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo derivados del ordinal 107, fracción IV, párrafo tercero de la Ley de Amparo; aunado a que el ahora quejoso es parte demandada en el juicio natural, al que compareció, tuvo oportunidad de defenderse y fue condenado; por lo que el acto reclamado al obedecer al procedimiento de ejecución de remate, en su caso, deberá combatirlo como violación procesal. Por tanto, si se estimara admitir la procedencia del juicio de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las resoluciones con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de remate. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016, de la Décima Época publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en abril de 2016, tomo II, visible en la página 1,066, de rubro y texto siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia referida, aplicada a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Sirve de apoyo a la conclusión anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, a fin de facilitar el manejo del presente juicio de amparo consérvense por separado como CUADERNO DE PRUEBA, los autos originales del Toca Civil 859/2016, por lo que, se ordena la apertura de UN TOMO respetando su folio y sello original. Ahora bien, para no retrasar la secuela procesal y, tomando en consideración que de las constancias se advierte que la parte quejosa tiene su domicilio en Avenida Aldama número 246 del fraccionamiento Granados de esta ciudad, TÚRNENSE los autos al Actuario Judicial para que se constituya en el domicilio referido y notifique a AGEO PÉREZ MUNGUÍA la presente determinación. Finalmente, téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado José Soto Carrazco, tomando en consideración que tienen inscrita su cedula profesional en el sistema referido en la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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