Adrianna Briscia Vázquez Muñoz

Expediente 542/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
542/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
27/12/2016

Partes del expediente

  • Adrianna Briscia Vázquez Muñoz
  • Adrianna Briscia Vázquez Muñoz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, a veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa recurriera el proveído que desecho de plano la demanda de garantías en el expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha determinación, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Consecuentemente, háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente, y archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se desechó de plano, por ello, se estima que este expediente carece de relevancia documental; y, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE TRANSCURRAN CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEL ASUNTO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a seis de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el escrito de demanda registrado con el número 17269, presentado por JOSÉ EDUARDO DELGADO GUZMÁN, en su carácter de Abogado Defensor de los procesados Adrianna Briscia Vázquez Muñoz, Jorge Humberto Castro Martínez y Rubén González Martínez, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Penal de esta ciudad; fórmese expediente de amparo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno respectivo bajo el número 542/2016. Cabe señalar que del análisis de la demanda en cuestión se observa que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que establece que el juicio de amparo resulta improcedente en el siguiente caso: "CONTRA LAS RESOLUCIONES DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, RESPECTO DE LAS CUALES CONCEDA LA LEY ORDINARIA ALGÚN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADAS, REVOCADAS O NULIFICADAS." Lo anterior es así, toda vez que el quejoso en cuestión reclamó en esta vía constitucional un diverso acuerdo dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia Penal de esta localidad con fecha veinte de octubre de la presente anualidad, en el cual la responsable en mención decretó el cierre de instrucción de la causa penal 370/2013, instruida en contra de los quejosos de referencia, así como los efectos y consecuencias que del acto que reclaman deriven, toda vez que este refiere que al determinar la responsable el cierre de instrucción en la causa penal referida, no puede aportar más pruebas a favor de sus defendidos . También del estudio de la demanda de garantías se observa que el impetrante de mérito no agotó en nombre de sus representados el principio de definitividad contemplado en la Ley de Amparo, en virtud de no haber promovido ante la responsable Juez Segundo de Primera Instancia Penal de esta ciudad, el recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. Como se dijo al inicio de este proveído, en relación con el acto que reclama la parte quejosa y que fueron precisados en el párrafo que antecede, se DESECHA la demanda de mérito, en virtud de que respecto a ello se acredita la causal descrita con antelación; esto es, atendiendo a que el juicio de amparo es de naturaleza extraordinaria y, por tanto, sólo procede respecto de actos definitivos, que son aquellos en contra de las que no exista recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados o revocados. Se afirma lo anterior, ya que en la especie no se satisface el PRINCIPO DE DEFINITIVIDAD del acto reclamado, el cual se encuentra inserto en la fracción III del artículo 107 Constitucional que expresa: ". Cuando se reclaman actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Lo anterior es así, toda vez que la hipótesis de improcedencia establecida en dicho artículo, opera cuando se combaten actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que por su naturaleza deban ser revisados de oficio, de acuerdo con las leyes que lo rijan o, en su caso, proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa legal mediante el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, recurso que el promovente no interpuso ante la responsable; por lo que, al no haberlo efectuado, no cumplió con el principio de defintividad que es necesario agotar antes de promover el juicio de amparo. Por las razones expuestas, es posible establecer que el juicio de amparo es improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII de nuestra Constitución y, 107, párrafo IV de la Ley de Amparo vigente, aplicados a contrario sensu, en relación con los diversos 170 y 172, de la misma ley reglamentaria. Consecuentemente, debe señalarse que en el caso no se está en presencia de alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en los incisos a), b) y c) del propio artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo en vigor. Así, como se dijo, la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo debió hacer valer el medio de defensa ordinario prescrito en el artículo 317 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, en observación precisamente al principio de definitividad que rige el juicio de amparo; pues, como abogado defensor que es en la causa penal en la que se dictó el acto reclamado, bien pudo comparecer ante la autoridad que señala como responsable e impugnarlo en términos del ordenamiento adjetivo en mención líneas arriba; por lo que, al no haber cumplido con tal principio, se ubica en la hipótesis de improcedencia invocada con antelación. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a licenciado Danny Alberto Leyva Meza, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tiene registrada su cédula profesional Federal en el Sistema Computarizado para el Registro Único del Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a José Alfredo Sánchez Higuera y Amairani Castillo López; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado Avenida Iturbide número 279, local 4 esquina con calle Tercera de la colonia Obrera de esta ciudad. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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