Agapito Cruz Aquino

Expediente 1098/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1098/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
13/11/2017

Partes del expediente

  • Agapito Cruz Aquino

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa I-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación de cuenta... Se declara que dicho auto ha causado estado. Conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales... Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa I-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1098/2017. En la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado ". reclamo que fui citado el día 17 de octubre de 2017, por problema de carácter familiar y en la que se me obligó a firmar un acta de pagar una reparación del daño por la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos m. n) en dos pagos sin que fue oído y vencido el juicio (sic)". Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad que el día diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, fue citado por el alcalde constitucional del municipio de Santa Ana del Valle, Tlacolula, Oaxaca, siendo aproximadamente las veinte horas y al estar en sus oficinas le comunicó que su cita obedeció a la petición de su hermano ***************, quien manifestó que el quejoso impidió que pasara el drenaje por el patio de la casa de su otro hermano Primitivo Cruz Aquino, lo que trajo como consecuencia que ocupara maquinaria para romper el piso de su casa, generándole un gasto de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); monto que solicitó fuera cubierto por el aquí quejoso. Con motivo de lo anterior, el alcalde le leyó un acta, previamente realizada, en la que se le comprometía a pagar dicha cantidad en dos pagos, que se efectuarían los días dieciséis de noviembre y dieciséis de diciembre del presente año, la cual, en un principio, se negó a firmar, pero como el alcalde le dijo que si no firmaba se iría a la cárcel, estampó su firma. Como se desarrollará a continuación, este juez de amparo no puede verificar la legalidad del acto que señala como reclamado, en virtud que no se advierte la intervención del alcalde Municipal de Santa Ana del Valle, Tlacolula, Oaxaca, como autoridad responsable, por ende, que acto pueda reclamarse por esta vía. De la narración que antecede se aprecia que dicha autoridad únicamente fungió como mediador entre el quejoso y su hermano, para que llegaran a un acuerdo respecto al problema suscitado con motivo de la instalación del drenaje en el predio de éste último; de ahí que no actuara con el carácter de autoridad responsable, ni el acto reclamado sea susceptible de impugnarse por esta vía. Este Juzgado de Distrito considera que, aun en ejercicio de sus poderes de control constitucional, no está facultado para pronunciarse respecto a lo que reclama el quejoso, toda vez que la cuestión que plantea debe ser dilucidada ante un juez de Primera Instancia, ya que tiene su origen en un convenio celebrado entre dos particulares; y, en su caso, plantear en el juicio respectivo, la influencia que dice ejerció el alcalde municipal de Santa Ana del Valle, Tlacolula, Oaxaca, como un vicio de la voluntad. De ahí que dicho acto, debe entenderse como un acto no justiciable en el juicio de amparo indirecto. En efecto, el suscrito considera que se surte la causal de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo es improcedente "(e)n los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley", ello en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal que dispone que el juicio de amparo procede "contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad", a lo que se agrega: "que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del artículo 103 constitucional, fracción I se derivan dos implicaciones: No procede el juicio de amparo si no existe un acto de autoridad (positivo o negativo) o una norma jurídica de una autoridad, sin embargo, No basta que exista dicho acto, norma u omisión de autoridad, sino que del mismo pueda predicarse una violación a un derecho humano, cuya conclusión pueda ser materia de estudio en el juicio constitucional. De los dos incisos anteriores se desprende, por lo tanto, que una vez que se ha determinado que existe un acto de autoridad, el juez de amparo debe determinar si se trata de uno que sea justiciable en la vía indirecta, pudiendo no actualizarse este supuesto cuando la Constitución -o su propia Ley Reglamentaria- otorga claramente la determinación de una cuestión a determinados órganos. No tomar ello en consideración implicaría, sustituir dichas facultades de apreciación que son de naturaleza exclusiva de dichos órganos e, incluso, el tener decisiones contradictorias. Esta metodología interpretativa no es extraña a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Primera Sala, en otro medio de control de constitucionalidad, al conocer sobre las controversias constitucionales, ha interpretado las causales de improcedencia desde esta perspectiva, esto es, atendiendo a la función de dicho juicio al interior de su diseño institucional, en la cual ha determinado que la debida consideración de la naturaleza y finalidad del mismo, sobre la base de una interpretación sistemática y armónica de las previsiones constitucionales, deben llevar a concluir la no justiciabilidad de ciertas cuestiones políticas, cuya resolución se asigna por la norma constitucional a un órgano por razón de especialidad, cuestión que debe analizarse, sin embargo, de manera casuística. Así, al resolver la controversia constitucional 140/2006, en sesión de quince de agosto de dos mil siete, por unanimidad de votos, se estableció el criterio reflejado en la tesis de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS CUESTIONES MERAMENTE POLÍTICAS NO SON SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS EN SEDE JUDICIAL." Este juzgador apela a ese criterio para afirmar que, en el marco del presente caso, no es posible emitir un juicio de valor sobre el acta que reclama el quejoso: el juicio de amparo indirecto no fue pensado ni diseñado para resolver, de primera mano, este tipo de cuestiones. La cuestión planteada por el quejoso debe hacerla valer ante del juez de Primera Instancia competente, y en su caso, una vez que se pronuncie al respecto, si la determinación le resulta adversa, previo a agotar el recurso respectivo, podrá acudir a la Justicia Federal, en la vía directa o indirecta, según sea el caso. Esta calificatoria de no justiciabilidad en la vía de amparo indirecto no rompe con la coherencia del modelo de estado constitucional, pues no implica el reconocimiento de una categoría de casos impune al escrutinio de los derechos humanos; por el contrario, justamente su reconocimiento implica el respeto a un diseño institucional reconocido constitucionalmente que otorga ese control a otro órgano de manera exclusiva, que se encarga de resolver los problemas que suscitan entre particulares en una relación de coordinación. Congruente con lo anterior, este juez federal concluye que existe un impedimento técnico que convierte la petición del quejoso en una cuestión no analizable en el juicio de amparo. En consecuencia, se actualiza -de manera manifiesta e indudable- la casual de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución. Lo anterior conlleva -naturalmente- a desechar la demanda de amparo. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda y por autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que refiere. Notifíquese personalmente.

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