Adriana Patricia Rafael Pérez

Expediente 1275/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1275/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Adriana Patricia Rafael Pérez
  • K. D. R. R.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la resolución en donde se sobreseyó en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, sin que las inconformes hayan impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la resolución de sobreseimiento decretada fuera de la audiencia constitucional ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, dado que resulta innecesaria la retención del tomo I de pruebas formado con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio de controversias del orden familiar ******************** que la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió en apoyo de su informe justificado y en atención al requerimiento de veinte de abril del año en curso, devuélvanse esos instrumentos mediante el oficio que se elabore con motivo de esta determinación; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 1275/2022 del que deriva esta incidencia hoy se dictó un acuerdo en el que se declaró que causó estado la resolución en donde se sobreseyó en ese medio extraordinario de defensa fuera de la audiencia constitucional y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de trece de abril pasado, se concedió la suspensión provisional en contra del acto reclamado y en la interlocutoria pronunciada el veinte de abril posterior, se declaró sin materia la presente incidencia en cuanto a la citada actuación; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que se concedió la suspensión provisional en contra del acto reclamado y se declaró sin materia la presente incidencia en cuanto a la citada actuación en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que alude el numeral séptimo transitorio del referido acuerdo el presente incidente es susceptible de destrucción. En otro punto, se estima que este incidente carece de relevancia documental, porque el acto reclamado en el juicio constitucional de donde deriva la presente incidencia no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que las inconformes ***************** y la niña identificada con las iniciales K.D.R.R. reclaman los actos siguientes: Del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, combate: La resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022, en las porciones en donde admitió la prueba de informe ofrecida por el actor *************** a cargo de la psicoterapeuta Fabiola Cruz Sánchez y en donde otorgó a favor de *************** como medida precautoria el resguardo y los cuidados materiales de su descendiente la niña identificada con las iniciales K.D.R.R. Por otra parte, se desprende que en el acuerdo de veinte de los corrientes se requirió a la responsable Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que remitiera físicamente copias certificadas de todas las constancias que integran el juicio de controversias del orden familiar 268/2022 de donde emanan los actos impugnados, sin que hasta el momento este atendida esa prevención; empero, esa situación no es obstáculo para dictar la resolución siguiente. En otro punto, es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, debe indicarse que la doctrina ha conceptualizado al sobreseimiento como el acto a través del cual se da por concluido un proceso sin que se haga un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo por falta de alguno de sus elementos constitutivos de carácter fundamental, o bien, por el surgimiento de una circunstancia que hace imposible o innecesario el análisis de la acción ejercida. También debe precisarse que en las diversas ramas procesales el sobreseimiento se decreta en el momento en el que se actualiza la causal correspondiente, ya que ésta impide la continuación del procedimiento relativo, lo cual significa que el sobreseimiento da por concluido el proceso sin que se haga pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo debatida. En el juicio de amparo no es la excepción para decretar el sobreseimiento en el momento en el que se actualice una causal de improcedencia, con la única condicionante de que ésta sea manifiesta e indudable porque como se ha mencionado el sobreseimiento pone fin al procedimiento y, por ello, debe decretarse tan luego como aparezca la hipótesis de inejercicio correspondiente, ya que ningún objetivo práctico tendrá continuar con un procedimiento cuyo deceso ha ocurrido. Ahora, se dice que una causal de improcedencia es manifiesta e indudable cuando salta a la vista de la simple lectura de las constancias de autos y por más elementos de prueba que se ofrezcan en su contra, éstas no desaparecerán. En ese sentido, es de explorado derecho que para decretar el sobreseimiento en el juicio de protección de los derechos fundamentales, las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo que sirvan de apoyo para ello necesariamente tienen que reunir tales características, es decir, deben ser manifiestas e indudables porque de lo contrario este órgano jurisdiccional estará obligado a pronunciarse sobre el tema de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada. De acuerdo con lo anterior es pertinente precisar que las causales de improcedencia atendiendo al momento en el que sean detectadas por el Juzgador conducen al desechamiento de la demanda de amparo, o bien, a decretar el sobreseimiento del medio extraordinario de defensa. En este punto, precisa señalar que de lo establecido por el ordinal 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia se advierte que el sobreseimiento del juicio de amparo puede ser decretado en una resolución que se dicte fuera de la audiencia constitucional, ya que ese dispositivo establece que procede el recurso de revisión en contra de las resoluciones que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, lo cual significa que se trata de un acto judicial distinto a la sentencia que se pronuncia en esa diligencia. Lo anterior evidencia la intención del legislador de que los Jueces de amparo no continúen con un juicio que no va rendir frutos cuando se actualicen las causales de improcedencia con las características antes precisadas. De lo anterior se sigue que el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional es permitido legalmente, ya que en los casos como el que se alude ningún efecto práctico tiene esperar a que se celebre esa diligencia para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o la inconstitucionalidad del acto reclamado porque la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se tenga que emitir una sentencia en un sentido distinto. Lo expuesto permite concluir que en los casos en los que las hipótesis de improcedencia sean manifiestas e indudables de manera que con algún elemento de prueba no se pueda desvirtuar esa situación es procedente decretar el sobreseimiento del juicio constitucional sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar elementos probatorios que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia; además, de que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado porque tiene a su alcance el recurso de revisión, por lo que esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al arábigo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo expuesto tiene respaldo en las razones establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese sentido, con fundamento en lo previsto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado a la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022, en la porción en donde admitió la prueba de informe ofrecida por el actor *************** a cargo de la psicoterapeuta Fabiola Cruz Sánchez se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, porque en ese asunto se dio un cambio de situación jurídica respecto de las justiciables que da pauta a considerar que no puede decidirse en cuanto a la actuación impugnada que deriva de ese procedimiento judicial sin afectar la nueva situación jurídica. El precepto citado prescribe lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]" Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando con motivo de un cambio de situación jurídica en un procedimiento judicial se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. El cambio de situación jurídica por regla general se produce cuando concurren los presupuestos siguientes: 1. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; 2. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en la que el quejoso se encontraba en razón del acto que reclamó en el amparo; 3. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio constitucional; y, 4. Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de protección de los derechos fundamentales y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto reclamado resulte o no inconstitucional. Al respecto, orienta el criterio de este órgano jurisdiccional la tesis 2a. CXI/96 sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En la especie concurren los presupuestos enunciados como se demostrara enseguida. Primeramente debe señalarse que el acto reclamado en este medio extraordinario de defensa emana de un procedimiento jurisdiccional, porque en el caso ****************, por sí y como representante legal de su hija menor de edad identificada con las iniciales K.D.R.R. acudió a esta vía constitucional a reclamar la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, que la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dictó en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022, en la porción en donde admitió la prueba de informe ofrecida por el actor *************** a cargo de la psicoterapeuta Fabiola Cruz Sánchez; por tanto, el primer presupuesto está colmado. En otro punto, de este sumario se desprende que el órgano jurisdiccional responsable a través del ocurso que se recibió en el acuerdo de veinte de los corrientes implícitamente reconoció la certeza de la resolución impugnada y remitió copias certificadas de la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el referido contradictorio. Precisa destacar que en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022 los señores *************** y **************** como progenitores de la infante quejosa identificada con las iniciales K.D.R.R. suscribieron un convenio provisional en el que pactaron que el primero tendría la custodia provisional de su descendiente por seis meses; ese acuerdo de voluntades fue aprobado por la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y vinculó a los litigantes a su cumplimiento, por lo que la autoridad judicial dispuso que los contendientes debían informar si dicho pacto debía aprobarse de manera definitiva o, en su caso, dadas las circunstancias que imperaran se continuará con el trámite del juicio de origen, lo cual implica la suspensión del procedimiento y que la secuencia de este último quedó supeditada a lo que los litigantes expusieran sobre tal aspecto. En ese contexto, la resolución que el órgano jurisdiccional responsable adoptó en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el juicio natural, patentiza el segundo presupuesto de la causal de improcedencia examinada. Se sostiene lo anterior, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -lo que aconteció el siete de noviembre de dos mil veintidós- la Juez responsable celebró la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio natural, que cambió la situación jurídica en las que las disidentes se encontraban en razón del acto que reclamaron en este sumario, porque debe tenerse en cuenta que atacaron de esa autoridad la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio natural, en la porción en donde se admitió la prueba de informe ofrecida por el actor *************** a cargo de la psicoterapeuta Fabiola Cruz Sánchez. Luego, en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022 los señores *************** y ******************* como progenitores de la infante quejosa identificada con las iniciales K.D.R.R. suscribieron un convenio provisional en el que pactaron que el primero tendría la custodia provisional de su descendiente por seis meses y ese acuerdo de voluntades fue aprobado por la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por lo que vinculó a los litigantes a su cumplimiento; además, dispuso que los contendientes debían informar si dicho pacto debía aprobarse de manera definitiva o, en su caso, dadas las circunstancias que imperaran se continuará con el trámite del juicio de origen, lo cual implica la suspensión del procedimiento y que la secuencia de este último quedó supeditada a lo que los litigantes expusieran sobre tal aspecto, por lo que al prevalecer esa determinación judicial en la actualidad, el trámite del contradictorio de origen y el desahogo de tal medio de convicción en todo caso está condicionado a lo que los contendientes expongan en el futuro y esa circunstancia provoca un cambio de situación jurídica en cuanto al acto impugnado referido. En esa línea, es factible sostener que con posterioridad a la presentación del escrito inicial, la Juez responsable emitió una resolución judicial que cambió la situación jurídica en la que las titulares de la acción de amparo se encontraban en razón del acto combatido. Ahora, se advierte que no puede decidirse sobre la constitucionalidad o no del acto reclamado consistente en la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022, en la porción en donde admitió la prueba de informe ofrecida por el actor *************** a cargo de la psicoterapeuta Fabiola Cruz Sánchez, sin afectar la nueva situación jurídica que rige a la parte quejosa con motivo de la resolución adoptada en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en ese asunto, porque la responsable dispuso que los contendientes *************** y ****************** debían informar si el pacto que celebraron debía aprobarse de manera definitiva o, en su caso, dadas las circunstancias que imperaran se continuará con el trámite del juicio natural, lo cual implica que decretó la suspensión del procedimiento y que la secuencia de este último quedó supeditada a lo que los litigantes expusieran sobre tal aspecto, por lo que esa determinación judicial prevalece en la actualidad y pone de relieve que el trámite del contradictorio de origen y el desahogo de tal medio de convicción en todo caso está condicionado a lo que los contendientes expongan en el futuro y tal circunstancia provoca un cambio de situación jurídica en cuanto al acto reclamado descrito, por lo que dicho aspecto da pauta a estimar que se ha consumado de manera irreparable la violación reclamada en este medio extraordinario de defensa; de ahí que el tercer presupuesto de la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional analizada esté colmado. Finalmente, el último de los presupuestos de la causal de improcedencia señalada se actualiza, porque el acto atacado consistente en la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022, en la porción en donde admitió la prueba de informe ofrecida por el actor *************** a cargo de la psicoterapeuta Fabiola Cruz Sánchez tiene autonomía con la nueva determinación que la Juez responsable adoptó en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en ese asunto, en la que aprobó el convenio que los padres de la niña quejosa celebraron y vinculó a los litigantes a su cumplimiento; además, dispuso que los contendientes debían informar si dicho pacto debía aprobarse de manera definitiva o, en su caso, dadas las circunstancias que imperaran se continuará con el trámite del juicio de origen, lo cual implica que dispuso la suspensión del procedimiento y que la secuencia de este último quedó supeditada a lo que los litigantes expusieran sobre tal aspecto, por lo que al prevalecer esa determinación judicial en la actualidad, el trámite del contradictorio de origen y el desahogo de tal medio de convicción en todo caso está condicionado a lo que los contendientes expongan en el futuro de modo que la última resolución judicial indicada subsiste con independencia de que el acto reclamado señalado resulte constitucional o no. Lo anterior permite establecer que ha cambiado la situación jurídica de las justiciables, circunstancia que impide decidir sobre la constitucionalidad de la resolución atacada, sin afectar la nueva situación jurídica que se rige por la nueva determinación que la responsable adoptó en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el contradictorio de origen, por lo que esa situación da pauta a considerar que se ha consumado de manera irreparable la violación combatida en el presente juicio de amparo; de ahí que se actualicen los presupuestos señalados que conducen a la actualización de la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo examinada de manera indudable y manifiesta. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional determina decretar el sobreseimiento en el presente asunto fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento, respecto del acto reclamado a la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022, en la porción en donde admitió la prueba de informe ofrecida por el actor *************** a cargo de la psicoterapeuta Fabiola Cruz Sánchez. Por otro lado, se advierte que en relación con el acto combatido a la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022, en el segmento en donde otorgó a favor de *************** como medida precautoria el resguardo y los cuidados materiales de su descendiente la niña identificada con las iniciales K.D.R.R., se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos, porque ha operado una sustitución procesal ante la resolución que el órgano jurisdiccional responsable dictó en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en ese contradictorio, en la que aprobó el convenio suscrito entre los progenitores de dicha infante en donde pactaron que el padre *************** tendrá la guarda y la custodia provisional de su descendiente la niña justiciable por seis meses y convinieron un régimen de convivencia entre la madre no custodia ***************** con su hija de forma abierta. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del dispositivo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La causa de improcedencia invocada puede patentizarse en dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los citados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Dicho en otros términos, de acuerdo con el supuesto en análisis la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma de esa actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia señalada no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal se origina con el ejercicio de los medios de defensa en el proceso, dado que conllevan un nuevo análisis de la cuestión planteada que puede realizarse por el propio Juez, o bien, por el Tribunal de alzada quien cuenta con la jurisdicción originaria para resolver. Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala y la otrora Tercera Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación han establecido en criterios orientadores que se actualiza la cesación de efectos por la sustitución procesal de actos. Algunos ejemplos de esos supuestos se precisan en los criterios jurisprudenciales siguientes: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Ahora, debe significarse que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y de actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado opte por combatir en la vía constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional y ese acto se vea sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y el Tribunal de alzada dictó otro que lo modificó, revocó o confirmó; o bien, porque en razón del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y en la ejecutividad del acto atacado es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En respaldo de las consideraciones anteriores se invoca, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En la especie se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo en estudio de manera indudable y manifiesta, porque cesaron los efectos de la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, que la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dictó en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022, en el segmento en donde otorgó a favor de *************** como medida precautoria el resguardo y los cuidados materiales de su descendiente la niña identificada con las iniciales K.D.R.R., en razón de que ha operado una sustitución procesal ante la nueva determinación que ese órgano jurisdiccional adoptó en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en tal contradictorio, en la que aprobó el convenio suscrito entre los progenitores de dicha infante en donde pactaron que el padre *************** tendrá la guarda y la custodia provisional de su descendiente la niña justiciable por seis meses y convinieron un régimen de convivencia entre la madre no custodia ******************** con su hija de forma abierta; además, la citada autoridad vinculó a los litigantes a su cumplimiento, por lo que dispuso que los contendientes debían informar si dicho pacto debía aprobarse de manera definitiva o, en su caso, dadas las circunstancias que imperaran se continuará con el trámite del juicio de origen, lo cual implica la suspensión del procedimiento y que la secuencia de este último quedó supeditada a lo que los litigantes expusieran sobre tal aspecto. Lo expuesto pone de relieve que los efectos de la resolución y su ejecución reclamados han cesado, porque fueron sustituidos procesalmente por la nueva determinación pronunciada por el órgano jurisdiccional responsable en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022. En efecto, el pronunciamiento que la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, realizó en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en ese contradictorio, en la que aprobó el convenio suscrito entre los progenitores de dicha infante en donde pactaron que el padre *************** tendrá la guarda y la custodia provisional de su descendiente la niña justiciable por seis meses y convinieron un régimen de convivencia entre la madre no custodia ******************** con su hija de forma abierta y la vinculación de los litigantes al cumplimiento de ese pacto, así como que los contendientes debían informar si dicho acuerdo de voluntades debía aprobarse de manera definitiva o, en su caso, dadas las circunstancias que imperaran se continuará con el trámite del juicio de origen, lo cual implica la suspensión del procedimiento y que la secuencia de este último quedó supeditada a lo que los litigantes expusieran sobre tal aspecto provocan la cesación de los efectos del acto reclamado por sustitución procesal, al haber acaecido con posterioridad la nueva determinación que en la actualidad es la que rige la situación jurídica de las solicitantes del amparo. Se afirma lo anterior, porque aun cuando en el contradictorio de origen ese órgano jurisdiccional haya omitido pronunciarse en cuanto a la insubsistencia de la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022, en el segmento en donde otorgó a favor de *************** como medida precautoria el resguardo y los cuidados materiales de su descendiente la niña identificada con las iniciales K.D.R.R., lo cierto es que las consideraciones expuestas en la determinación combatida y su ejecución han quedado sustituidas procesalmente por la nueva decisión emitida en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el juicio natural. Así, es inconcuso que en el caso opera de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia analizada conforme a las consideraciones expuestas, dado que la resolución impugnada y su ejecución fueron sustituidos procesalmente por la diversa determinación adoptada en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, que la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dictó en el juicio de origen. Lo anterior pone de relieve que cesaron los efectos de la actuación reclamada, no obstante que pudieran subsistir en ella alguna violación, pues esas infracciones ya no pueden ser materia de examen en este juicio de amparo de manera aislada, sino en todo caso la resolución y la materialización de su contenido que vinieron a sustituir a aquélla, porque podría suceder que a pesar de que favorecen la situación particular de las disconformes existiera un aspecto que incidiera en sentido negativo en su universo normativo que permita concebir la existencia de un interés jurídico para que estén en aptitud de atacarlos. En esa línea, es inconcuso que el ente responsable Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al aprobar el convenio suscrito entre los progenitores de la niña identificada con las iniciales K.D.R.R. en el que pactaron que el padre *************** tendrá la guarda y la custodia provisional de la infante inconforme y se estableció un régimen de convivencia entre la madre no custodia ********************* con su descendiente de forma abierta en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022 y al concretarse los efectos de esa decisión generaron una nueva situación por sustitución procesal con relación al acto reclamado, ya que los efectos de éste no pueden ser objeto de escrutinio constitucional sin que antes se destruyan los que a su vez emanan de la nueva determinación y su materialización, porque ahora éstos son los que rigen y prevalecen en el procedimiento de origen. Sin que sea necesario que el acto reclamado se haya dejado sin efecto por la autoridad responsable para que opere la improcedencia de este juicio constitucional, sino que basta con que sea sustituida por otra actuación que derogue la que se combate; de ahí que el acto impugnado ya no puede ser materia de examen en este medio procesal de tutela constitucional, sino que en todo caso la nueva resolución que vino a sustituir procesalmente al reclamado deberá impugnarse por la parte quejosa en el supuesto de que considere que aún subsiste en ella un interés jurídico que la legitime para controvertirlo en un diverso juicio de protección de los derechos fundamentales de manera inmediata en el caso de que sea procedente. En esa línea, si las disidentes atacaron en esta instancia constitucional la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, que la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dictó en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022, en el segmento en donde otorgó a favor de *************** como medida precautoria el resguardo y los cuidados materiales de su descendiente la niña identificada con las iniciales K.D.R.R. y esa actuación fue sustituida procesalmente por una diversa determinación que incide en la vigencia del acto combatido al grado de que hacen cesar sus efectos es palmario que se patentiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo analizada. Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional determina decretar el sobreseimiento en el presente asunto fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el normativo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto reclamado a la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la resolución de diez de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio de controversias del orden familiar 268/2022, en el segmento en donde otorgó a favor de *************** como medida precautoria el resguardo y los cuidados materiales de su descendiente la niña identificada con las iniciales K.D.R.R.. Esta resolución tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.", cuyo texto y datos de localización se indicaron en los párrafos precedentes. En ese contexto, en atención al principio de celeridad procesal consagrado por el ordinal 17 de la Carta Magna lo procedente es sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ya que esperar a la celebración de esa diligencia traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima a dicha norma constitucional. En razón de la decisión adoptada se dejan sin efectos la hora y la fecha señaladas en el acuerdo admisorio para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, pretende rendir su informe justificado y en atención al requerimiento de veinte de abril del año en curso, remite copias certificadas de las constancias que integran el juicio de controversias del orden familiar ********************. Al respecto, téngase a la oficiante por atendida la prevención señalada, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento formulado, sin que sea necesario dictar algún otro pronunciamiento respecto de su informe justificado y el ocurso de cuenta, porque en esta data se sobreseyó fuera de la audiencia en este medio extraordinario de defensa; de ahí que resulte innecesario proveer en cuanto a lo que dicho órgano jurisdiccional informa y respecto de la documentación que aporta. Por otro lado, para un mejor manejo de los documentos aportados, fórmese por separado el tomo I de pruebas con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio de controversias del orden familiar ********************, en el entendido de que conforma el expediente relativo a este asunto. Notifíquese.

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