África del Rosario Baltazar Arroyo
Expediente 702/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- África del Rosario Baltazar Arroyo
Actuaciones
- Principal
"...Visto el escrito de demanda de amparo presentado por **********, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se acuerda: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y registrar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 702/2023-II-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente respecto de la admisión o no de la demanda, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo impone el numeral 113 de la Ley de Amparo, el cual autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, respecto del acto que reclama la parte quejosa en esta instancia constitucional, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, según los numerales siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Ahora, atendiendo a los actos dictados dentro de juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, las cuales son: La primera, consiste en que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros. En tanto que la segunda regla genérica, consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Mientras que la regla específica introducida por el legislador, tiene el propósito de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En el entendido que, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En las relatadas condiciones y en atención a que las reglas antes descritas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías. Así lo precisó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de 2003, visible en la página 11, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA." En el caso concreto, la parte quejosa al precisar el acto reclamado, señaló como tal el siguiente: ".La diligencia de fecha 23 de Octubre del 2023, practicada dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil número ********* del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, promovido por los señores ************ y ***********, en contra de ***********, *********** y *********** y otro, sobre reconocimiento judicial de la existencia de una servidumbre legal de paso y otras prestaciones, mediante el cual se ejecutó la Resolución de Segunda Instancia, de fecha 27 de Junio de 2019, dictada en el Toca número ******** del índice de la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la cual se dejó de dar el debido cumplimiento a la resolución de segunda instancia." Asimismo, la impetrante de garantías, en la parte relativa a los antecedentes del acto reclamado, específicamente en el marcado con el número arábigo cinco, bajo protesta de decir verdad, manifestó: "1.- La suscrita quejosa *********** y los señores *********** y ***********, fuimos demandados por los señores *********** y ***********, dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil número ******* del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, reclamándonos el reconocimiento judicial de la existencia de una servidumbre legal de paso y otras prestaciones. 2.- Seguido dicho juicio en todas sus fases, se dictó sentencia en primera instancia, no entrando al estudio del fondo, en virtud de que a criterio del juez primario no se integró la Litis consorcio pasivo necesario, y ante tal resolución la parte actora en el juicio en mención, interpuso recurso de apelación, radicándose el Toca número ******* del índice de la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y con fecha 27 de Junio de 2019 se dictó resolución en el Toca mencionado, revocando la sentencia de primera instancia y condenando a la suscrita quejosa y demás demandados al reconocimiento judicial de la existencia de la servidumbre de paso reclamada. 3.- En la diligencia de fecha 23 de Octubre del 2023, se ejecutó la resolución de segunda instancia, sin que se diera cabalmente cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de Segunda Instancia, es por ello que acudo a este vía." Igualmente, manifiesta: "(.) De la lectura íntegra de la Diligencia de fecha 23 de Octubre del 2023, practicada dentro de los autos del expediente número ********* del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, se advierte que a la citada diligencia, no acudió ningún perito experto en la materia a fin de delimitar debidamente a la medida legal de la servidumbre de paso, como lo ordena el Tribunal de Alzada en su resolución mencionada, de donde se concluye que las autoridades responsables dejaron de dar el debido cumplimiento a la resolución de segunda instancia, ya que el Oficial del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial, en funciones de Actuario, no es perito en la materia, ni mucho menos el Licenciado ***********, en su carácter de enlace jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, luego entonces al no haberse dado debido cumplimiento a la resolución de segunda instancia, se viola en perjuicio de la suscrita quejosa el principio de seguridad jurídica y el debido proceso, al no haberse constituido la servidumbre de paso que pesa sobre mi propiedad acatando legalmente lo ordenado por la Sala en mención." En ese contexto, si el juicio natural se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, es claro que no se está en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento de origen, toda vez que no se trata del auto en que se apruebe o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o aquella en que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla; por tanto, al no tratarse de dicho auto, el juicio de amparo es improcedente en su contra. Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. De lo anterior, se tiene que, si el procedimiento de origen se encuentra dentro de la fase de la ejecución de sentencia, los actos que en ésta se dicten, podrán ser reclamados conjuntamente con la última resolución que se dicte en el procedimiento de mérito, que será el acuerdo que decrete el cumplimiento total de la sentencia dictada en el juicio de natural, donde se destaquen entonces las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve en apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia, P./J. 32/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página treinta y uno, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último artículo aplicado en sentido contrario, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por la parte quejosa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente en la demanda de amparo, las notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; asimismo, téngase como autorizado para imponerse de autos, así como para oír y recibir notificaciones a ***********, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,850 expedientes
- Adriana Pérez Martínez56/2020
- Adriana Pérez Martínez388/2020
- Adriana Pérez Santes448/2022
- Adriana Rojas García323/2018
- Adriana Romero Roldán327/2021
- Aduardo y/o Eduardo Avendaño Almora366/2022
- Agapito Cabrera Cabrera655/2022
- Agripino del Ángel Zamora74/2019
- Agustín Amador García278/2022
- Agustín Cruz Aguayo264/2022
- Agustín Cruz Gómez539/2018
- Agustín León Juárez284/2021