Adriana Pérez Santes
Expediente 448/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Adriana Pérez Santes
- Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Papantla de Olarte, Veracruz
- Braulia Santes Pérez y Otros.
Actuaciones
- Principal
"... Agréguese a los autos la boleta de turno remitida vía correo electrónico por la Técnico de Enlace Administrativo *-*-*, Adscrita a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a la cual se le otorga valor probatorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y acorde a la jurisprudencia I.3o.P.J/3 (10a.). De su contenido se advierte que en atención a lo solicitado en auto de veintiocho de los cursantes remite la boleta de turno solicitada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Plenodel Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, se ordena remitir vía interconexión oficio con transcripción de la presente determinación y como anexo el escrito digitalizado de expresión de agravios registrado en el libro de correspondencia bajo el folio *-*-*, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por las quejosas ****************, contra el proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente asunto..."
- Principal
"... Agréguese a los autos el escrito signado por las quejosas *-*-*; en atención a su contenido, se acuerda: I.Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós. II.Se ordena agregar en autos el original del recurso de mérito. III. En vía de informe, con sujeción en lo dispuesto en el artículo 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento a la Superioridad que es CIERTO el acto reclamado, en virtud que el ocho de septiembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo presentada por *-*-*, habida cuenta que de su análisis se advirtió la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, numeral 61, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo. IV. En ese sentido, procédase a dar cumplimiento a la circular DGGJ/0012/2020 de diez de julio de dos mil veinte, emitida por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que, se ordena girar oficio a través de correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, para que proceda a otorgar el turno correspondiente al recurso de queja planteado en autos, en la inteligencia que para ello, deberá remitir la boleta de turno al correo electrónico 13jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de otorgar acceso a la versión electrónica del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado que conforme al turno corresponda, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación del aludido medio de impugnación. V.Como justificación al citado informe, una vez que se cuente con la boleta de turno respectiva, se otorgará acceso a la versión electrónica del expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado que conforme al turno corresponda, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, para la substanciación del aludido medio de impugnación, en la inteligencia que únicamente se remitirá el oficio que contenga la determinación adoptada, así como, copia digitalizada del escrito de expresión de agravios, sin perjuicio que, dé considerar necesarias la copias digitalizadas del presente asunto, le serán remitidas a la brevedad posible..."
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Braulia Santes Pérez, Adriana y Claudia Lucero de apellidos Pérez Santes, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 448/2022-III-B. REPRESENTANTE COMÚN De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Claudia Lucero Pérez Santes, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, sin perjuicio de que durante el trámite del juicio sea sustituida. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez de distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente 3944/2021, del índice de Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, en el que se declara procedente la recusación realizada por la demandada, en contra del perito designado tercero en discordia, y ordena que se gire oficio a la Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos de la Ciudad de Xalapa, para que designe nuevo perito. En ese sentido, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, este aplicado en sentido contrario, y ambos de la Ley de Amparo, preceptos legales que establecen lo siguiente, respectivamente: Artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Por su parte, los preceptos 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. En efecto, la fracción V del numeral 107 de la invocada Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, de modo que una interpretación en sentido contrario, lleva a la conclusión de que el juicio de garantías es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese contexto, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en dichas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior es así, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. En ese sentido, para ilustrar lo que se sostiene en los párrafos que anteceden, en relación a la definición de los actos de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, página 39, Libro 7, Junio de 2014, Décima Época de rubro y texto: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Sobre esa línea de pensamiento, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias, sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, sólo por citar algunos, en tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que generan la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos, se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Es aplicable al caso, el criterio contenido en la jurisprudencia número 244, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 164, Tomo VI, del Apéndice al correspondiente a los años de 1995 1997 de rubro y texto: EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. De igual forma, cobra aplicación el criterio contenido en la jurisprudencia número 232, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 157, Tomo VI, del último Apéndice de rubro y texto: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación." El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Ahora bien, en el caso concreto el acto reclamado consiste en el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente 3944/2021, del índice de Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, en el que se declara procedente la recusación realizada por la demandada, en contra del perito designado tercero en discordia. Acto que tiene como consecuencia revocar o anular la designación realizada del perito tercero en discordia para nombrar uno nuevo. Al respecto resulta necesario traer a contexto el contenido del numeral 172, fracción III de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; En ese orden, es inconcuso que el acto reclamado en esta vía, se trata de una violación intraprocesal cuya naturaleza no significa una violación trascendente para el procedimiento, dado que sus efectos consisten únicamente en determinar la imposibilidad con que cuenta un experto para desahogar la prueba pericial que se le encomendó y el consecuente nombramiento de uno diverso, de ahí que, resulte válido concluir que será hasta que se dicte la resolución respectiva en el juicio de origen, de ser contraria a los intereses de la impetrante de amparo, cuando esté en aptitud de impugnar a través del juicio constitucional uniinstancial, la existencia de violaciones al procedimiento que hubieran afectado sus defensas y que esas transgresiones hubieran trascendido al resultado del fallo. Además, se desprende que dicho acto no engendran un perjuicio de imposible reparación ya que no vulnera de forma irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que, como se anotó en párrafos precedentes, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación, entre otros, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera; pues en los primeros dos casos, se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el tercero, la libertad personal, en el cuarto, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el quinto, la libertad de trabajo, y en el sexto, la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio; entonces, al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, debemos concluir que no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. Es aplicable al caso, contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 24/92, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, página 11, Agosto de 1992, Materia Común, Octava Época de rubro y texto: EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por ende, al no participar el acto reclamado de las notas distintivas de los actos de imposible reparación o de las violaciones en grado predominante o superior, se actualiza la causa de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se DESECHA la demanda de amparo por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir y oír notificaciones el ubicado en calle Prolongación 8 Norte, sin número, Edificio Géminis, despacho 208, colonia Obras Sociales, en esta ciudad, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, téngasele como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Santiago Pérez y Héctor Salazar Olmedo, toda vez que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; y únicamente para imponerse de autos a Eliseo Cruz Bernabé, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Sin que proceda practicarle las notificaciones a través del correo electrónico juan_santiagoperez@hotmail.com por no ser un medio reconocido por la Ley de Amparo para tal efecto, no obstante se tiene como medio de comunicación alterno con la promovente, en caso de necesidad y previa instrucción del suscrito. REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES Con base en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite el acceso al presente expediente a fin de que con cualquier medio tecnológico que porte o innovación tecnológica, que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de estás, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17, Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 2847 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, marzo de 2009. Materia(s): Civil. Novena Época, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena a la Secretaria, supervise que la Oficial Judicial A encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria, supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza a expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, en términos del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa razón de recibo para constancia que se deje en autos; haciéndose la aclaración, que atendiendo a la situación de emergencia que se enfrenta nuestro país con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General 21/2020, restringió el acceso del público a los recintos judiciales, así como las entradas y salidas del personal de los órganos jurisdiccionales de sus centros de trabajo; por tanto, únicamente se expedirán las copias que ameriten urgencia. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, se autoriza a los Secretarios adscritos al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente juicio resulten necesarios. En otro orden, a fin de limitar la propagación de la pandemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud; toda vez, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, subsisten las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones y el trabajo a distancia; por lo que, el presente proveído será firmado electrónicamente, en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo, que establece que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Por último, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna. Notifíquese como corresponda, en virtud que el artículo 21 del Acuerdo General autoriza para hacer por lista electrónica las notificaciones y el artículo 23 de la Ley de Amparo establece que si alguna de las partes reside fuera de la jurisdicción del órgano de amparo que conozca o deba conocer del juicio, la demanda y la primera promoción del tercero interesado podrán presentarse, dentro de los plazos legales, en la oficina pública de comunicaciones del lugar de su residencia, en la más cercana en caso de no haberla, o bien, en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica.
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 448/2022-III-B. REPRESENTANTE COMÚN De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a -*-*-*-*, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, sin perjuicio de que durante el trámite del juicio sea sustituida. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente *-*-*-*-, del índice de Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, en el que se declara procedente la recusación realizada por la demandada, en contra del perito designado tercero en discordia, y ordena que se gire oficio a la Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos de la Ciudad de Xalapa, para que designe nuevo perito. En ese sentido, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, este aplicado en sentido contrario, y ambos de la Ley de Amparo .. Ahora bien, en el caso concreto el acto reclamado consiste en el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, pronunciado en el expediente -*-*-*-*, del índice de Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz, en el que se declara procedente la recusación realizada por la demandada, en contra del perito designado tercero en discordia. Acto que tiene como consecuencia revocar o anular la designación realizada del perito tercero en discordia para nombrar uno nuevo. Al respecto resulta necesario traer a contexto el contenido del numeral 172, fracción III de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; En ese orden, es inconcuso que el acto reclamado en esta vía, se trata de una violación intraprocesal cuya naturaleza no significa una violación trascendente para el procedimiento, dado que sus efectos consisten únicamente en determinar la imposibilidad con que cuenta un experto para desahogar la prueba pericial que se le encomendó y el consecuente nombramiento de uno diverso, de ahí que, resulte válido concluir que será hasta que se dicte la resolución respectiva en el juicio de origen, de ser contraria a los intereses de la impetrante de amparo, cuando esté en aptitud de impugnar a través del juicio constitucional uniinstancial, la existencia de violaciones al procedimiento que hubieran afectado sus defensas y que esas transgresiones hubieran trascendido al resultado del fallo. Además, se desprende que dicho acto no engendran un perjuicio de imposible reparación ya que no vulnera de forma irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que, como se anotó en párrafos precedentes, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación, entre otros, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera; pues en los primeros dos casos, se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el tercero, la libertad personal, en el cuarto, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el quinto, la libertad de trabajo, y en el sexto, la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio; entonces, al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, debemos concluir que no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. ..Por ende, al no participar el acto reclamado de las notas distintivas de los actos de imposible reparación o de las violaciones en grado predominante o superior, se actualiza la causa de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se DESECHA la demanda de amparo por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,850 expedientes
- Adriana Mendoza Vargas293/2021
- Adriana Ofelia Martinez Rivera310/2022
- Adriana Paola Domínguez Luna38/2023
- Adriana Pérez Martínez438/2021
- Adriana Pérez Martínez56/2020
- Adriana Pérez Martínez388/2020
- Adriana Rojas García323/2018
- Adriana Romero Roldán327/2021
- Aduardo y/o Eduardo Avendaño Almora366/2022
- África del Rosario Baltazar Arroyo702/2023
- Agapito Cabrera Cabrera655/2022
- Agripino del Ángel Zamora74/2019