Aelexander Arias Nava
Expediente 758/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2022
Partes del expediente
- Aelexander Arias Nava
Actuaciones
- Principal
Mesa ll. Toluca, Estado de México, treinta de mayo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de veintinueve de abril del año en curso, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo; asimismo, el original del incidente de suspensión es depurable conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) en virtud de que se concedió la suspensión provisional y definitiva; en tanto que, el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses y tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión y el presente expediente serán destruidos, respectivamente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En tanto que, el original del incidente de suspensión, permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, devuélvanse a la Jueza Cuarto Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, con residencia en Tianguistenco, México, los anexos que remitió a este órgano jurisdiccional, con motivo de la justificación de su informe rendido. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan de autos y la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de tres de mayo de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de ordenar la autorización de que se aplique la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, covid-19 a los menores de edad de iniciales G.V.Q.A. y E.A.Q.A. Previa substanciación del juicio de amparo, el siete de abril de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para que las autoridades responsables: "1. Dentro del plazo de tres días, computados legalmente, después de que cause ejecutoria la presente sentencia, el Secretario de Salud del Estado de México por sí o por conducto del Instituto de Salud del Estado de México; acredite que ya aplicó la segunda dosis de la referida vacuna, a los menores de edad quejosos de identidad reservada de iniciales G.V.Q.A y E.A.Q.A., y en caso de no haberlo hecho lleve a cabo la aplicación correspondiente, y, una vez hecho lo anterior remita las constancias que acrediten dicha circunstancia, en atención a que en el incidente de suspensión que deriva de este asunto, se advierte que ya les fue aplicada la primer dosis de dicho biológico. Quedando bajo su más estricta responsabilidad la salud y seguridad de los menores quejosos; máxime que es responsabilidad de las autoridades de salud respectivas seguir los protocolos médicos establecidos. Precisando que la presente sentencia quedará cumplida una vez que se acredite que se aplicó la segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a los menores quejosos, o bien, de ser el caso, la responsable justifique las razones por las que no se les aplicará, ello, en atención a las restricciones médicas que en su caso la responsable o autoridad competente determine; y con las constancias que sustenten su dicho." El tres de mayo de este año, causó ejecutoria el referido fallo protector, y se estimó innecesario requerir el cumplimiento a las autoridades responsables, de la sentencia en comento, en atención a que la parte quejosa acreditó la inoculación de los menores en sus dos dosis, con copias simples de los comprobantes de vacunación que contienen los datos de identificación de los menores. De lo anterior se advierte que las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de México, el Secretario de Salud del Gobierno Federal y el Director General del Instituto de Salud del Estado de México, dieron cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por las responsables respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que las autoridades responsables no incurrieron en defecto, así como tampoco incurrieron en exceso, ya que no se extralimitaron de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
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