Adriana Sánchez Contreras
Expediente 631/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/08/2023
Partes del expediente
- Adriana Sánchez Contreras
- Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra del proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 14, fracción II y, 17 del referido acuerdo el cuaderno principal es conservable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción III, inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) El cuaderno único del incidente de suspensión, es conservable, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva. d) A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en el supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el primer párrafo, del artículo 17, del Acuerdo en comento, el presente expediente y el original del incidente de suspensión serán transferidos una vez que cumpla tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, de conformidad, con el artículo 34 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta, a través del cual, la Apoderada legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, remite copia del comprobante del pago, mediante el cual, informa el pago total de la pensión que le fue otorgada, mismas que la promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad son copias fieles de sus originales, con lo cual da cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente sumario constitucional. Por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento hecho a la autoridad. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con los oficios y anexos recibidos en esta data, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que las partes del juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el ventaseis de mayo de dos mil veintitrés, por la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ********************. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esa virtud, con sustento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 237, fracción I, y 258 de la ley de la materia y se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 631/2023-IV, promovido por Adriana Sánchez Contreras, contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Adriana Sánchez Contreras, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que se menciona a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: El Jefe del Departamento de Pensiones, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM). IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La retención del pago de mi pensión y demás prestaciones que nacen junto con esta, como son el aguinaldo, gratificación especial a burócratas pensionados, previsión social, etc. Acto reclamado que la quejosa señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. Por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, misma que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, en tanto que se reclaman omisiones de una autoridad del orden administrativo distinta de las judiciales, con sede en el territorio donde este Juzgado de Distrito ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de emitir el pago de pensión por jubilación que le fue decretada mediante el dictamen CP/85684/2023, de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el apoderado legal del Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, aceptó el acto reclamado. CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al estudio del fondo del asunto, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen o no cualquiera de las partes. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Y en ese sentido, el apoderado legal de la autoridad responsable, sostiene que sobre el acto que se le reclama, consistente en la falta de pago de pensión otorgada mediante dictamen CP/85684/2023 de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad, pues debió de haber promovido el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. En lo cual, no le asiste la razón; para arribar a lo anterior, es importante señalar que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvaguarda el derecho de previsión social, es decir, es la prerrogativa que adquieren todas aquellas personas después de laborar por el tiempo señalado en la ley, y por la que se hacen acreedoras al pago de una pensión, el cual tiene que ser realizado en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna. Por tanto, cuando se omite pagar oportunamente una pensión jubilatoria en forma recurrente, se violan los derechos humanos a la previsión social, dignidad y al mínimo vital que adquieren los jubilados, ya que aquélla comprende la satisfacción de las necesidades básicas para que ese retiro sea digno. Razones por las cuales deviene infundada la causa de improcedencia hecha valer por el representante legal de la autoridad responsable. En esa tesitura, al no advertirse que se actualice diversa causal de improcedencia que deba ser examinada por el suscrito; en consecuencia, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la amparista. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer la promovente del amparo, se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI. 2o. J/129, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 599, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SEXTO. Estudio. Es fundado el concepto de violación hecho valer por la promovente del amparo, en el sentido de que la responsable violenta sus derechos, pues no le han realizado el pago de su pensión, no obstante que ya fue dictaminada a su favor, así como aceptada por ella; lo anterior, aunque para ello deba suplirse en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, para arribar a la conclusión anterior, debe destacarse que la pensión constituye un derecho fundamental de seguridad social, consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional, precepto que dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (...) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (...) XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte." El numeral constitucional trascrito, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que de él también deriva el principio constitucional de la previsión social, que se sustenta en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia, ante los riesgos a los que se encuentran expuestos, orientados necesariamente a procurar el mejoramiento del nivel de vida. Por consiguiente, se puede concluir que los pensionados, tienen el derecho constitucional a recibir una pensión que les permita vivir, pero además, que ese derecho no es sólo una prerrogativa más, sino que debe atender a parámetros específicos como son la vida digna y el derecho a un mínimo vital. En efecto, los derechos humanos destacados, en función de una pensión, no sólo se respeta a través de proveer a la pensionada de una cantidad para que haga frente a las necesidades que pueda tener como individuo en la vejez, y de conformidad con lo que haya cotizado durante su vida laboral activa, y conforme a las reglas y tabuladores que para ello existe en el ámbito administrativo, sino que por ello, el Estado, como garante de la subsistencia del pensionado, debe entregar y cubrir en tiempo la pensión digna, para no hacer ilusorios los derechos humanos referidos. Lo anterior es así, porque el pensionado depende del pago de su pensión, para satisfacer sus necesidades mediatas e inmediatas, y al no pagársele en el tiempo en que se debe hacerlo, conforme al calendario de pagos previamente establecido, queda en estado de vulnerabilidad, al no poder adquirir lo más necesario para subsistir, como son los alimentos, ni hacer frente a los compromisos económicos adquiridos, como son el pago de servicios, de vivienda, tampoco puede acceder a servicios de salud y de educación, menos a un medio ambiente sano y sustentable, que le permita vivir dignamente. Sobre esa óptica, se pone de manifiesto que el Jefe del Departamento de Pensiones de dicho instituto, ha omitido realizar las gestiones administrativas correspondientes para realizar el pago de la pensión, que tiene derecho la quejosa, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión CP/85684/2023, retrasando injustificadamente dicho pago de pensión; lo cual, indudablemente, constituye una violación a los derechos humanos de dignidad humana y del mínimo vital. Lo anterior, porque durante el tiempo en que no ha recibido su pago de pensión, carece de los medios para la plena satisfacción de todas sus necesidades básicas, en virtud de su dignidad como ser humano, lo cual, no se subsana únicamente con el pago posterior o tardío de tales pensiones, ya que ello no retribuye en nada las molestias, problemas y obstáculos que una persona debe enfrentar para subsistir hasta en tanto el pago acontece. Por tanto, el Estado, a través de las autoridades responsables, incumplió con la obligación de garantizar tales derechos humanos, porque a ellos, se reitera, les corresponde asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que adquirió la pensionada aquí quejosa a recibir el pago de una pensión, la que debe ser realizada en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna, a este despliegue estatal se le conoce como obligación estatal de garantía y se traduce en la obligación del Estado a través de esos entes públicos de mantener el disfrute del derecho, pero además también el mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Es aplicable, la tesis XV.3o.9 A (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 2361, del Libro 75, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2020, Décima Época, con registro 2021661, de título y texto: "PENSIÓN JUBILATORIA. LA OMISIÓN RECURRENTE DE PAGARLA OPORTUNAMENTE VIOLA LOS DERECHOS HUMANOS A LA DIGNIDAD, AL MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS JUBILADOS. Bajo el enfoque actual de una mayor protección a los derechos humanos mediante el acceso a la justicia constitucional, y ante la problemática social que origina el retraso injustificado del pago de las pensiones a los jubilados, corresponde al Estado asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos, en el caso, el derecho que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos adquirieron aquéllos después de laborar por el tiempo señalado por la ley, a recibir el pago de una pensión, el cual debe ser realizado en tiempo, porque sólo así se puede garantizar una subsistencia digna. A este despliegue estatal se le conoce como obligación de garantía y se traduce en que el Estado, a través de los entes públicos correspondientes, debe mantener el disfrute del derecho respectivo, pero también mejorarlo y restituirlo en caso de violación. Por tanto, cuando se omite pagar oportunamente una pensión jubilatoria en forma recurrente, se violan los derechos humanos a la dignidad y al mínimo vital de los jubilados, ya que aquélla comprende la satisfacción de las necesidades básicas para que ese retiro sea digno. Asimismo, se transgrede el derecho humano a la seguridad social, del que deriva el pago de la pensión, por la necesidad de garantizar la continuidad en tiempo y forma legal del pago de la pensión, como obligación del Estado mediante el ente asegurador de las prestaciones de seguridad social, derivado del derecho de los pensionados a recibir una protección especial por su condición de integrantes de un grupo en situación de vulnerabilidad, integrado por sujetos que ordinariamente tienen la presunción de subsistir económicamente de lo que reciben mensualmente por concepto de pensión." Para explicar ello, en principio debe observarse que al haber quedado demostrado que a la parte quejosa se le pensionó (hecho admitido por las partes) y conforme a las constancias existentes en autos, dicha pensión se realizó atendiendo al dictamen de otorgamiento de pensión CP/85684/2023, emitido por el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM); sin embargo, no se ha realizado dicho pago, no obstante que la justiciable, el uno de marzo de dos mil veintitrés, presentó ante la autoridad responsable "formato de aceptación", por el que manifestó su conformidad respecto de la cuota diaria para el pago de su pensión que le fuera autorizado, sin que exista mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive tal actuar (retraso de pago de la pensión por jubilación), de ahí que se considere que tales actos, como ya se precisó previamente, son inconstitucionales. Por lo anterior, se advierte que con el acto reclamado no sólo existe transgresión al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también a otros derechos fundamentales de la parte quejosa, tales como el derecho a la dignidad humana y el derecho al mínimo vital, que guardan íntima relación con la pensión, y de tutela jurisdiccional urgente. De esta manera, debe precisarse que el derecho a la dignidad humana de toda persona, se refiere al derecho a un nivel de vida adecuado y, por tanto, a la plena satisfacción de todas sus necesidades básicas, en virtud de su dignidad como ser humano, y corresponde al Estado, asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus ciudadanos mediante servicios sociales, seguros o pensiones en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y en general, cualquier otro supuesto previsto en las leyes de la materia por el que una persona se encuentre imposibilitada para acceder a medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 37/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 633, de rubro y texto siguiente: "DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada." Y en ese sentido, si como ya quedó acreditado en autos del presente sumario constitucional, la responsable ha sido omisa en realizar el pago de la pensión a la que tiene derecho la solicitante del amparo (en virtud del dictamen de pensión emitido a su favor), es evidente la violación a sus derechos fundamentales. En las relatadas condiciones, dado lo fundado de lo concepto de violación hecho valer en la demanda de amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Adriana Sánchez Contreras, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia: 1. De manera inmediata realice las gestiones administrativas necesarias para que en el término de tres días, compruebe a este Juzgado Federal, que le sean depositadas y/o entregadas las cantidades que por concepto del pago de la pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, le correspondan a Adriana Sánchez Contreras, conforme al dictamen de otorgamiento de pensión número CP/85684/2023, en los términos establecidos en el mismo; debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que, deberá girar los oficios necesarios a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la presente ejecutoria, para que dicho pago se realice. En razón de la concesión del amparo, en los términos apuntados, resulta innecesario estudiar los demás conceptos de violación plasmados en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1335, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte -SCJN Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Séptima Época, Materia Común, página 1498, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." SEXTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, los mismos resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, y en el presente el caso no se advierte oposición alguna al respecto. SÉPTIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Adriana Sánchez Contreras, respecto del acto y autoridad responsable precisados en los Considerandos Segundo y Cuarto de esta sentencia, para los efectos precisados en el diverso Sexto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Vadim Ambriz Tapia, secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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