Adriana Uribe Cuevas

Expediente 701/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
701/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Adriana Uribe Cuevas

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. vista con documento Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca al local de este juzgado de Distrito a recoger los documentos que exhibió en el presente sumario, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos, sin previo acuerdo, serán depurados junto con el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a los Integrantes del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realice lo siguiente: "De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emitan una respuesta respecto de la solicitud de pensión presentada por la parte quejosa y le notifiquen en el domicilio que proporcionó para tal efecto." Asimismo, se hace del conocimiento a la responsable que deberá acatar la sentencia de amparo en el improrrogable término que se otorga en este auto, en caso de que la misma estime correcto emitir el cumplimiento en el turno que internamente le corresponda dadas las cargas de trabajo que pudiera tener, se entenderá como un retardo injustificado, traduciéndose en un desacato en el cumplimiento de la sentencia, lo que traería como consecuencia la remisión del presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución; así como, para que lleve a cabo el proyecto de separación de su cargo, conforme a lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo. Sin que ello implique que con motivo de la presente concesión, la autoridad responsable esté vinculada a responder favorablemente a los intereses del solicitante, pues únicamente está constreñida a dar respuesta en forma congruente con lo planteado por el peticionario. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa a la persona física que ostente el cargo de su titular, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los citados numerales; también se le apercibe que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Asimismo, se requiere al superior jerárquico de la responsable, es decir al Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del término tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acredite ante este juzgado haber emitido las gestiones u órdenes a las mencionadas para que acaten en sus términos el presente proveído. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de la requerida una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, ello con fundamento en los artículos 192 y 258 de la legislación de la materia. En el entendido de que el superior jerárquico de las autoridades requeridas, para cumplir lo anterior, deberá tomar en cuenta la jurisprudencia I.9º.A J/3, de Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Marzo de 2014, página 1380, que menciona siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito.

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