Adriana Tavera Vega

Expediente 422/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
422/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/05/2023

Partes del expediente

  • Adriana Tavera Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de mayo de dos mil veintitrés. Resolución Intégrese la promoción electrónica signada por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual remite testimonio de la sesión ordinaria virtual de ******************** ********************emitida en el conflicto competencial ********************, de su índice, en la cual, el órgano colegiado de su adscripción resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara legalmente competente al titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, para conocer del juicio de amparo promovido por********************, por propio derecho". Archivo Atento a lo anterior, archívese como concluido el cuaderno en que se actúa. Háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como, el diverso 8.1.2, numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos del Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente en el cual se declinó competencia y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de abril de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el que transcribe el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo 377/2023-II, de su índice, a través del cual el titular de ese órgano de control constitucional determinó no aceptar la competencia planteada por este juzgado. Del análisis a los argumentos vertidos por la autoridad oficiante, de manera respetuosa no se comparten; por tanto, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgador, insiste en declinar la competencia, por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de una demanda de amparo, a saber: El primero tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener su ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues -se insiste- la parte quejosa reclama de manera toral: La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión formulada el ********************, a la cual la responsable le asignó el número de folio ********************, presentada ante la Oficina de Atención al Derechohabiente ********************, del Instituto Seguridad Social del Estado de México y Municipios Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. Bajo esa tesitura, conviene señalar que la teoría general acerca de la naturaleza de los actos administrativos reconoce los actos positivos y negativos. En este sentido, un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta comisiva, es decir, en una acción de hacer; los que a su vez se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y, c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Por su parte, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en una conducta omisiva o en una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone; y se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. No obstante, resulta importante destacar que aunque los actos administrativos puedan expresarse en forma negativa, su naturaleza es positiva cuando entrañan la privación del ejercicio de un derecho o cuando en virtud de esa negativa la autoridad pueda actuar en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso. Los actos negativos omisivos son abstenciones por parte de la autoridad no expresadas materialmente pero apreciables por la conducta apática o negligente de aquélla. Los actos negativos simples son los que se expresan mediante el rechazo de la autoridad acerca de lo pedido. Finalmente, los actos prohibitivos son aquellos que implican una orden o conducta positiva de la autoridad tendiente a impedir una conducta del particular afectado. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea concediendo o negando lo que se le pidió, sea ordenando o prohibiendo, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si el mismo redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone al quejoso una carga a la que no se está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio jurídico. En ese sentido, el acto reclamado tiene como consecuencia de ello, es el pago de la pensión que se solicita; por lo que se trata de una conducta omisiva o una abstención de dejar de hacer lo que la ley ordena o dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone; de ahí que dicho acto reclamado por su forma de expresión sea uno negativo. Empero, respecto a las consecuencias del indicado acto, es positivo, si se toma en cuenta que implica la privación del ejercicio de un derecho como es el de disfrutar de la pensión, que en su caso se le reconozca. Por lo que, si bien el acto reclamado se asemeja por su forma de expresión a una abstención; por sus efectos, se deduce que en realidad tiene naturaleza positiva y como tal debe tratarse. Dilucidado lo anterior, debe señalarse que en virtud de que la falta de emisión del pronunciamiento respecto al dictamen de pensión solicitada, está intrínsecamente ligado al domicilio personal del beneficiario, por ser razonablemente el lugar en el que lo cobrará, es que la omisión reclamada tiene consecuencias materiales en el ámbito privado del peticionario de amparo, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resienta su ejecución. Así, se insiste, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos e implica un impacto específico en la emisión del dictamen respectivo, mismo que conlleva al pago de la pensión solicitada; motivo por el cual, trae consigo un principio de ejecución, pues el pago aludido está intrínsecamente ligado al lugar donde se efectuará el pago, y será este lugar en el que resienta su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el lugar de pago. Luego, en el caso se afirma que el acto reclamado conlleva ejecución en el municipio de ********************, Estado de México, pues al escrito de cuenta la parte quejosa anexó el acuse de la solicitud presentada ante la Oficina de Atención al Derechohabiente ********************, del Instituto Seguridad Social del Estado de México y Municipios Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, con fecha de recepción de ********************, del que se advierte que el lugar de pago es en el municipio de ********************, en el Estado de México; sobre el cual, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Además, que su domicilio se encuentra en calle ********************. Sin que obste que su escrito de solicitud de pensión lo presentó en la Oficina de Atención al Derechohabiente ********************, del Instituto Seguridad Social del Estado de México y Municipios Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, toda vez que como se mencionó en el párrafo que antecede, se debe atender al lugar de pago. Apoya a la presente determinación, la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "Competencia. Para Determinarla debe atenderse a las Consecuencias Jurídicas del Acto Reclamado. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, del registro 316826, del contenido siguiente: "Acto Reclamado, Naturaleza del (Actos Positivos y Negativos). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por qué el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." En consecuencia, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, determina carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, por considerar que quien debe hacerlo es: El Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 166109, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, octubre de 2009, página 95, de título, subtitulo y texto siguientes: "Pensiones del ISSSTE. La Competencia por Territorio para Conocer del Juicio en el que se Señale como Acto Reclamado su indebida cuantificación, se Surte a Favor del Juez de Distrito en cuya Jurisdicción se Ubique el Domicilio del Quejoso. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Realizadas las acotaciones de mérito, se reafirma que no se surte la competencia por territorio de este juzgado de Distrito para conocer de la demanda de referencia, motivo por el cual se actualiza el supuesto precisado anteriormente, relativo a que es competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame se haya ejecutado, se ejecute o pretenda ejecutarse, y que no corresponde a la demarcación territorial atribuida a este órgano jurisdiccional conforme al citado Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, resulta aplicable la tesis sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Competencia. Corresponde al juez del lugar de la Ejecución del Acto, aun cuando esté Pendiente de Ejecutarse, se esté Ejecutando o se Haya Ejecutado. Interpretación del artículo 36 párrafo primero de la ley de amparo. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, la determinación anterior se sustenta en las ejecutorias emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el conflicto competencial 34/2022, de su estadística; y por su homólogo Primero de la misma especialidad, dentro de los conflictos competenciales 3/2023 y 8/2023, de su índice; en las que sustancialmente se determinó que la omisión reclamada tiene ejecución y su materialización se realizará en el lugar donde se reciba el pago de esa pensión. Conflicto Competencial De ahí, que al estimarse que este juzgado no tiene competencia legal para resolver el presente juicio, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juzgado Décimo Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Radicación Vista la demanda promovida por ********************, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 422/2023. Acto Reclamado En ese sentido, es dable precisar que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión formulada el ********************, a la cual la responsable le asignó el número de folio ********************, presentada ante la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco, del Instituto Seguridad Social del Estado de México y Municipios Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. Incompetencia Por lo anterior, este Juzgado determina carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo propuesta, como a continuación se expondrá. En principio, conviene tener presente el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto distingue tres reglas básicas para determinar la competencia para conocer de una demanda de amparo, a saber: El primero tiene su esencia en la naturaleza del acto reclamado, ya que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora, si aquél tiene carácter ejecutivo, el conocimiento del juicio de control constitucional recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener su ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, en virtud de que la parte quejosa reclama de manera toral la omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión formulada el ********************, a la cual la responsable le asignó el número de folio ********************, presentada ante la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco, del Instituto Seguridad Social del Estado de México y Municipios Dirección de Prestaciones Socioeconómicas. En ese tenor, el acto reclamado es de naturaleza omisiva con efectos positivos, toda vez que implica un impacto específico en la emisión del dictamen respectivo, mismo que conlleva al pago de la pensión solicitada; motivo por el cual, trae consigo un principio de ejecución, pues el pago de dicha pensión está intrínsecamente ligado al lugar donde se efectuará el pago, y será este lugar en el que resienta su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el lugar de pago. Luego, en el caso se afirma que el acto reclamado conlleva ejecución en el municipio de Polotitlán, Estado de México, pues al escrito de cuenta la parte quejosa anexó el acuse de la solicitud presentada ante la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco, del Instituto Seguridad Social del Estado de México y Municipios Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, con fecha de recepción de ********************, del que se advierte que el lugar de pago es en el municipio de Polotitlán, en el Estado de México; sobre el cual, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Además, que su domicilio se encuentra en calle ********************. Sin que obste que su escrito de solicitud de pensión lo presentó en la Oficina de Atención al Derechohabiente Atlacomulco, del Instituto Seguridad Social del Estado de México y Municipios Dirección de Prestaciones Socioeconómicas, toda vez que como se mencionó en el párrafo que antecede, se debe atender al lugar de pago. Apoya a la presente determinación, la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con registro 189167, que establece: "Competencia. Para Determinarla debe atenderse a las Consecuencias Jurídicas del Acto Reclamado. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1755 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, del registro 316826, del contenido siguiente: "Acto Reclamado, Naturaleza del (Actos Positivos y Negativos). Debe tenerse presente que no es lo mismo el carácter o naturaleza que el sentido del acto reclamado. Por qué el acto es de naturaleza o de carácter negativo cuando consiste en una conducta omisiva, esto es, en una abstención, en dejar de hacer lo que la ley ordena; en tanto que es de naturaleza o de carácter positivo cuando consiste en una conducta comisiva, esto es, en una acción, en hacer lo que la ley ordena. por su parte, el sentido de los actos de naturaleza negativa o positiva puede ser igualmente negativo o positivo. La abstención de la autoridad puede redundar en una prohibición, o en no dictar un mandamiento imperativo, y, así, la omisión tendrá sentido positivo o negativo en la afectación del interés jurídico del quejoso, El acto comisivo de la autoridad, asimismo, puede redundar en conceder o negar lo que se pide, lo cual le dará su sentido positivo o negativo; pero basta que el acto sea resolutorio o decisivo para que no pueda calificarse como omisivo, es decir, de naturaleza o de carácter negativo." En consecuencia, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, determina carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, por considerar que quien debe hacerlo es un: Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 166109, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, octubre de 2009, página 95, de título, subtitulo y texto siguientes: "Pensiones del ISSSTE. La Competencia por Territorio para Conocer del Juicio en el que se Señale como Acto Reclamado su indebida cuantificación, se Surte a Favor del Juez de Distrito en cuya Jurisdicción se Ubique el Domicilio del Quejoso. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Asimismo, la determinación anterior se sustenta en las ejecutorias emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el conflicto competencial 34/2022, de su estadística; y por su homólogo Primero de la misma especialidad, dentro de los conflictos competenciales 3/2023 y 8/2023, de su índice; en las que sustancialmente se determinó que la omisión reclamada tiene ejecución y su materialización se realizará en el lugar donde se reciba el pago de esa pensión. Por tanto, se ordena remitir el juicio de amparo y traslados, al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, para que tenga a bien manifestar, si acepta o no el conocimiento del asunto, en términos a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia, y acuse de recibo correspondiente. Atento a lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio, acceso y notificaciones electrónicas Por otro lado, de conformidad con lo establecido por los numerales 30 y 31 de la Ley de Amparo, así como en el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario "********************"; mismo que también se autoriza para la consulta del expediente electrónico, por encontrarse registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, lo anterior, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Correo electrónico Sin que haya lugar a tener como domicilio el correo electrónico proporcionado, en virtud de que dicho medio de comunicación no se encuentra contemplado dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a lo previsto por la legislación en cita. Medio de comunicación alterno Asimismo, se tiene como medio alterno de comunicación no procesal y, por excepción, procesal, el número de teléfono que proporciona, para efectos del sumario en que se actúa. Autorizados Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada o licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de Días y Horas Inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de Copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal . Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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