Adriana Torres Marquez

Expediente 1118/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1118/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Adriana Torres Marquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho acuerdo que sobresee en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devolución de disco compacto. Devuélvase al juez responsable el disco compacto que acompañó como justificación a su informe. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo, debido a que en sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés se sobreseyó en el presente juicio, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es DESTRUIBLE. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Valoración del incidente. Ahora bien, toda vez que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo se negó la medida cautelar; glósese dicho cuaderno, con la indicación de que también es DESTRUIBLE. Sin que en el caso obre en dicho incidente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Por lo que, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General. Destrucción. Una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, esto es, a partir del día en que se actúa, y antes de la visita de inspección que corresponda, deberá procederse a su destrucción. Acontecido lo anterior, se deberá de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Digitalización. Conforme a lo dispuesto en el numeral 9 segundo párrafo del Acuerdo General en cita, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable. Notifíquese por medio de lista, y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, en atención a su contenido se provee: Solicitud de consulta del expediente electrónico Como lo solicita, con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa para consultar el expediente electrónico a través del usuario "DOLORESGUAJARDO". Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese el usuario respectivo para tales efectos. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinticinco de septiembre pasado, remitiendo al efecto original de los puntos resolutivos del auto de vinculación a proceso emitido en contra de la aquí quejosa en audiencia de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ******************** Estado de autos. Ahora bien, vistos los autos se advierte que en la presente instancia constitucional se reclaman la orden de aprehensión, detención, comparecencia o presentación librada en contra de la quejosa ********************. Asimismo, se advierte que la (i) Asistente del Despacho Judicial Encargada de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en representación de los Jueces de Control de dicho Centro, el (ii) Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación y el (iii) Jefe Policial de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de San Luis Potosí, al rendir su correspondiente informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados; sin que exista en autos prueba en contrario que desvirtúe esta negativa. Por tanto, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados a dichas autoridades, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, debe sobreseerse en este juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por otro lado, del contenido del anexo remitido por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala Sede, San Luis Potosí, se advierte que el ocho de agosto del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en la causa penal ********************, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de ********************, cometido en agravio de ********************. En ese tenor, atendiendo a lo expuesto con antelación, resulta inconcuso que respecto de la orden de aprehensión reclamada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir de los dispositivos legales en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Lo anterior es así, en razón que del anexo que acompañó el Juez responsable a su oficio de cuenta, se advierte que el ocho de agosto del año en curso, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la aquí quejosa en la causa penal ******************** Documental a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, si el Juez responsable dictó el auto de vinculación a proceso en la causa penal a la cual está sujeta la aquí quejosa, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión aquí reclamada, puesto que debido a la emisión del auto de vinculación a proceso de ocho de agosto del año en curso, aquella ha sido sustituida por este último, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las doce horas del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar locontrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Notifíquese personalmente a la parte quejosa; notifíquese por medio de lista, y por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinticinco de septiembre pasado, remitiendo al efecto original de los puntos resolutivos del auto de vinculación a proceso emitido en contra de la aquí quejosa en audiencia de ocho de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ******************** Estado de autos. Ahora bien, vistos los autos se advierte que en la presente instancia constitucional se reclaman la orden de aprehensión, detención, comparecencia o presentación librada en contra de la quejosa ********************. Asimismo, se advierte que la (i) Asistente del Despacho Judicial Encargada de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, en representación de los Jueces de Control de dicho Centro, el (ii) Encargado de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Métodos de Investigación y el (iii) Jefe Policial de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de San Luis Potosí, al rendir su correspondiente informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados; sin que exista en autos prueba en contrario que desvirtúe esta negativa. Por tanto, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados a dichas autoridades, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, debe sobreseerse en este juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por otro lado, del contenido del anexo remitido por el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial del Estado, Sala Sede, San Luis Potosí, se advierte que el ocho de agosto del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en la causa penal ********************, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de ********************, cometido en agravio de ********************. En ese tenor, atendiendo a lo expuesto con antelación, resulta inconcuso que respecto de la orden de aprehensión reclamada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir de los dispositivos legales en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Lo anterior es así, en razón que del anexo que acompañó el Juez responsable a su oficio de cuenta, se advierte que el ocho de agosto del año en curso, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la aquí quejosa en la causa penal ******************** Documental a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, si el Juez responsable dictó el auto de vinculación a proceso en la causa penal a la cual está sujeta la aquí quejosa, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión aquí reclamada, puesto que debido a la emisión del auto de vinculación a proceso de ocho de agosto del año en curso, aquella ha sido sustituida por este último, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las doce horas del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, quedando sin efecto la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar locontrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Así como la diversa I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Notifíquese personalmente a la parte quejosa; notifíquese por medio de lista, y por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

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