Adriana Sanchez Flores

Expediente 667/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
667/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Adriana Sanchez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el trece de noviembre del presente año, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable el anexo que acompañó al presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de trece de noviembre del año que transcurre, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y mediante oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de veintisiete de octubre del año en curso y remite las constancias que le fueron solicitadas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su oficio de cuenta. Ahora bien, visto el estado de los autos, particularmente el contenido del oficio y anexo remitidos por el Juez Especializado en Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es menester precisar que la parte quejosa reclama del Juez Especializado en Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos, la omisión de pronunciarse respecto a las medidas cautelares solicitadas en su escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve en el expediente 1749/2019. Ahora bien, respecto a dicha omisión, el suscrito considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló con antelación, el impetrante del amparo reclama la omisión de pronunciarse respecto a las medidas cautelares solicitadas en su escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve en el expediente 1749/2019. En el caso, del anexo que acompañó el Juez Especializado en Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos responsable a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente 1749/2019, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable el seis de octubre de dos mil veinte acordó lo relativo a las medidas cautelares solicitadas. Circunstancia que se corrobora con la documental que acompaña a su oficio de cuenta, a la que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En este orden de ideas, se aprecia que la omisión reclamada en esta instancia constitucional fue subsanada, lo que origina que han cesado los efectos de las mismas, porque con la emisión de la determinación respectiva, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la aquí quejosa en el goce de sus derechos fundamentales y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que dicho acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Consecuentemente, ante la inexistencia de una de las omisiones reclamadas y actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto a la diversa omisión que se reclamó, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de dicho cuerpo normativo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. No se soslaya el contenido de las jurisprudencias 1a./J.136/2011 y VI.1o.A. J/48, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, ambas de observancia obligatoria para este juzgado de distrito en términos del artículo 217, párrafo tercero, de la ley de la materia, cuyos rubros establecen: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA.".1 "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.". 2 Lo anterior obedece a que se estiman inaplicables al caso, pues en términos de la adición de un párrafo tercero al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete: "Artículo 17. [.] 1 Localizable con el registro 160116 y visible en la página 801 del Tomo 1, Libro VIII, Mayo de 2012 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 2 Localizable con el registro 167577 y visible en la página 1728 del Tomo XXIX, Abril de 2009 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Ante lo cual, este juzgador no puede soslayar que a nada práctico conduciría requerir a la quejosa para que manifieste si es su voluntad ampliar la demanda de amparo por lo que se refiere al acuerdo que recayó a la omisión reclamada, pues aun y cuando se reclame en instancia constitucional tendría que sobreseerse respecto del mismo, toda vez que dicha ampliación seria extemporánea, como se verá a continuación: El artículo 111 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: (.) II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda". De lo anterior se advierte que la Ley de Amparo prevé que podrá ampliarse el escrito de demanda cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial; en este caso, la ampliación deberá presentarse dentro del plazo de quince días. En efecto, conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: El plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los citados dispositivos legales prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Sobre el particular, de las constancias que obran en autos, se desprende que mediante proveído de seis de octubre de dos mil veinte, se resolvió lo atinente a las medidas cautelares solicitadas por la quejosa, cuya omisión de acordar reclama; proveído fue notificado por medio de listas de acuerdos el siete de octubre siguiente. De lo cual se sigue que el término de quince días para ampliar la demanda de amparo contra la aludida contestación, transcurrió del nueve al treinta de octubre de dos mil veinte, sin contar los días diez, once, doce, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de octubre de dos mil veinte, por ser inhábiles3. Norma el criterio anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con número de registro 2016652, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados - incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva-; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la 3 https://www.cjf.gob.mx/transparencia/paginas/diasInhabiles.htm demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador. Por tanto, respecto de la contestación dada a la quejosa mediante proveído de seis de octubre de dos mil veinte, se advierte que no se actualizaría la segunda de las condiciones de aplicación del artículo 111 en cita, consistente en que ésta se presente dentro del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintidós de diciembre de dos mil veinte, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: SE SOBRESEE ESTE JUICIO DE AMPARO.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintisiete de octubre del año en curso, se requirió al Juez Especializado en Ordenes de Protección de Emergencia y Preventivas en Favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos, para que en el término de tres días remitiera diversas constancias, sin que obre en autos constancia de que se le notificó dicho proveído. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio a la autoridad responsable.

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