Adriana Salazar Cardona

Expediente 612/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
612/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/05/2017

Partes del expediente

  • Adriana Salazar Cardona

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió para la última de las partes en notificarse del veintisiete de abril al doce de mayo del año en curso, con exclusión de los días inhábiles, sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es conservable de conformidad con lo dispuesto en el punto décimo primero del citado acuerdo general en razón de que se concedió la suspensión de plano. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(II)

  2. Principal

    Visto el oficio firmado por el Juez Municipal en turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, téngasele informando en cuanto a la suspensión de plano dictada el veintiuno de abril de dos mil diecisiete. -Pruebas- Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que acompaña a su informe la responsable, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en su momento procesal oportuno. -Autorizados- En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la responsable a las personas que indica. Por otro lado, atendiendo al contenido del informe de cuenta, se aprecia que: a) El veintiuno de abril de dos mil diecisiete se recibió la demanda de amparo promovida por Ana María Isabel Morquecho Damasco, a favor de Adriana Salazar Cardona, contra actos del Juez Municipal en turno adscrito a la Dirección de Justicia Municipal. Los actos reclamados se hicieron consistir en: - Incomunicación; y, - privación ilegal de la libertad. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 612/2017-II, se concedió la suspensión de plano a la directa quejosa, para que la responsable suspendiera de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, cometido en su contra, tales como penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tomento, privación de alimentos, agua y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como actos de incomunicación. Asimismo, se solicitó informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano y se ordenó al Actuario que se constituyera en el lugar en que se encontraba detenido el directo quejoso, para que se le requiriera a fin de que manifestara si ratificaba o no la demanda de garantías presentada a su favor, apercibido que de no hacerlo, se tendría por no presentada la misma y se dejarían sin efecto las providencias decretadas. c) Consta que el Actuario Judicial se constituyó en las instalaciones de la responsable, en busca del directo quejoso con el objeto de notificarle el proveído de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, quien ratificó la demanda presentada en su nombre. d) En proveído de esa misma fecha, se ordenó proseguir el presente juicio, dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. e) Una vez que fue rendido el informe respecto de la suspensión de plano por la responsable, se constató que Adriana Salazar Cardona, fue puesta en libertad a las dos horas catorce minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete. De los anteriores antecedentes se obtiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos, la cual se encuentra actualmente prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que al respecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Efectivamente, en el caso que nos ocupa se advierte que por lo que hace a la detención de Adriana Salazar Cardona, han cesado los efectos del acto reclamado porque tal como se advierte de la boleta de libertad que obra en copia certificada dentro del expediente de alcoholímetro remitido por la aludida autoridad responsable, siendo las dos horas con catorce minutos del veintiuno de abril de dos mil diecisiete, se le dejó en libertad. Dicho documento tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documento público, expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No pasa inadvertido que la parte quejosa también reclamó la incomunicación, empero al margen de que la responsable negó tal acto, en el sumario no se evidencia un dato objetivo que permita afirmar fundadamente que la quejosa fue objeto de incomunicación, más bien, la "incomunicación" que adujo la hace depender de que fue privada de la libertad sin orden de aprehensión ni motivo alguno. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las trece horas del dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Finalmente, en la situación en concreto resulta innecesario dar vista al agente del Ministerio Público de esta adscripción, en términos de la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 561, de rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA". Lo anterior, cuenta habida que de las constancias que obran en el presente expediente, específicamente la razón asentada por el actuario de esta adscripción el diecisiete de octubre del año en curso, se advierte que la directa quejosa presentó buen estado en cuanto a su integridad física, que las instalaciones en que fue localizado se apreciaron amplias, ventiladas, aseadas, con rejas metálicas, aunado a que no presentó evidencia física sobre tortura y, al ser cuestionada al respecto, manifestó no haber sido objeto de violencia alguna ni física ni psicológica.(II)

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