Adriana Martínez Silva

Expediente 1196/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1196/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2018

Partes del expediente

  • Adriana Martínez Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de ocho de octubre de la anualidad que transcurre, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(IV)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la promovente.(IV)

  3. Principal

    Se notifica por lista al promovente auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho...Vista la demanda de amparo promovida por Adriana Martínez Silva, contra actos del Juez Primero de lo Mercantil del Estado, fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el consecutivo...En la especie, de manera manifiesta e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, del mismo ordenamiento, éste aplicado en sentido contrario; ya que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos protegidos por la Constitución Federal y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, a favor de la parte quejosa, como se expondrá a continuación. -Causa de improcedencia- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. También ha sentado criterio en el sentido de que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, por haberse advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de modo que aun en el supuesto de admitirse ese escrito y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Tocante a la causa de improcedencia que se considera actualizada, los numerales 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos anteriores se colige que no procede el juicio de amparo cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y que la vía indirecta se surte cuando se reclaman actos emitidos dentro de juicios cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el legislador estableció de manera precisa que los actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dentro de ellos se encuentran la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la posesión o la propiedad, dado que esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, pues ello sería imposible por la inexistencia de materia, dado que no habría aspecto alguno que reparar porque las violaciones ya se habrían consumado en forma irreparable. En ese tenor, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyos efectos son meramente formales, por ello, dentro de la expresión de imposible reparación no pueden ubicarse las violaciones que sólo recaen sobre derechos procesales, al no originar afectación alguna a derechos fundamentales, ni dejar huella en la esfera jurídica del particular, de modo que sólo podrían repararse a través del juicio de amparo directo, junto con la sentencia de fondo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)....Entonces, en estos casos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque la reparación sería ya imposible, con lo cual se violentaría la estructura del amparo, en tanto que en estas situaciones no habría oportunidad de proteger las garantías individuales del afectado. Por el contrario, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia sólo una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de esos derechos encuentra su fin último en su reparabilidad, ya sea a través de la obtención de una sentencia favorable o bien al promoverse el juicio de amparo directo, en tanto que si esto sucede, los efectos de la transgresión procesal son subsanados desapareciendo de la realidad, esto es, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ninguno de sus derechos sustantivos. La gravedad de las violaciones de ejecución irreparable está en la infracción inmediata de los derechos fundamentales o sustantivos en razón de que éstos constituyen una especie de los que la ley fundamental reserva al gobernado como género; mientras el supuesto de los segundos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, esto es, únicamente hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolver la controversia, motivo por el cual es necesario esperar hasta que se dicte la sentencia que, al ser favorable, traerá como resultado que tales efectos o consecuencias se extingan en la realidad de los hechos, sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. -Análisis de la demanda y actualización del motivo de improcedencia- En el caso, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: ".El auto de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, en que revoca el diverso de fecha tres de octubre del dos mil dieciséis, en los autos del expediente 0381/2016." A su vez, los antecedentes del acto reclamado narrados bajo protesta de decir verdad esencialmente consisten en los siguientes: 1. Mediante proveído de once de febrero de dos mil dieciséis, se admitió la demanda promovida por la quejosa en contra de Elvira García Carrillo, en la vía ejecutiva mercantil, al que le correspondió el consecutivo... , del índice de la responsable Juez Primero de lo Mercantil del Estado. 2. El veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, embargándose un bien inmueble y derechos litigiosos en diversos juicios mercantiles. 3. Por medio de auto de veintiocho de marzo del dos mil dieciséis, se abrió el juicio a dilación probatoria por un término de quince días, admitiéndose las pruebas ofrecidas por las partes. 4. El tres de octubre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Juez Primero de lo Mercantil dictó acuerdo en el que, entre otras cuestiones, declaró cerrada la etapa probatoria y ordenó la apertura de la fase de alegatos, en el juicio de origen, por el término de dos días comunes. 5. Inconforme con esa resolución, la parte demandada interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, el cual se declaró fundado. Al resolver el citado medio de impugnación, la autoridad responsable revocó el auto de tres de octubre de dos mil dieciséis, citado en el punto anterior, sólo en la parte relativa a la apertura de la fase de alegatos; al efecto, tal acuerdo quedó como a continuación se indica: ".Dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita respecto a que se declare la apertura de alegatos, en virtud que el dictamen rendido por los peritos nombrados por las partes son discordantes entre sí, de conformidad con el artículo 1253, fracción V, en relación al 1255, del Código de Comercio, es procedente nombrar un perito tercero en discordia.". Esa actuación constituye el acto reclamado en esta vía. De lo expuesto se obtiene que la quejosa se inconforma con la resolución recaída a un recurso de revocación en el que, esencialmente, se revocó la apertura de la fase de alegatos y se determinó que los dictámenes rendidos son discordantes, por lo que es procedente el nombramiento del perito tercero en discordia. Conforme a lo anterior es evidente que el acto reclamado no es de los considerados de ejecución irreparable en tanto no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los tratados internacionales, en los que México sea parte, en favor de la promovente, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones, la propiedad, etcétera; sino en todo caso sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos procesales, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender el acto que se reclama a su esfera jurídica, en todo caso, constituye una violación procesal impugnable contra la sentencia que se dicte en definitiva; en el supuesto de que el fallo dictado en el juicio de origen sea adverso a la aquí quejosa y, mientras éste no se pronuncie, se está en la posibilidad de que el fallo correspondiente le sea favorable a sus intereses, motivo por el cual ningún perjuicio se podría causar a la promovente del amparo en este último supuesto. Máxime que conforme al artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, contenido en el capítulo denominado "El amparo directo", en los juicios tramitados ante tribunales civiles, se considera violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. De ahí que, como se indicó, el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la quejosa para ser considerado como de imposible reparación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente. Como apoyo se invoca la jurisprudencia PC.I.C.J/71 C(10ª), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 2017724, consultable en la página 1290, Libro 57, agosto de 2018, Tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACCIONES COLECTIVAS. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR REGLA GENERAL, CONTRA LAS DECISIONES JUDICIALES DICTADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, QUE ADMITAN, ORDENEN EL DESAHOGO O DESECHEN PRUEBAS QUE, POR SÍ SOLAS, NO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS. ...- Domicilio - Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en el escrito de demanda, esto de conformidad al artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. - Autorizados - Téngase como autorizado legal en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, Enrique Alejandro Martínez Sánchez por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de derecho o abogado. -Habilitación de Horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General...(IV)

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