Adriana Naranjo Montero

Expediente 426/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
426/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
20/04/2017

Partes del expediente

  • Adriana Naranjo Montero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de tres de mezo del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables dieron al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo de tres de marzo de la presente anualidad a la parte quejosa y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En ese contexto se tiene que por sentencia de veintiocho de abril de dos mil quince, por una parte se sobreseyó y por otra, se negó la protección constitucional (fojas 264 a 298). Inconforme con tal determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el que por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien mediante testimonio de veintiuno de octubre de dos mil quince, dentro del Amparo en Revisión R.A. 288/2015, resolvió: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 1597/2014 del índice del entonces Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, actualmente registrado con el número 677/2015 de su nueva denominación Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, promovido por la Delegación en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, para los efectos señalados en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria. TERCERO.- Queda sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto por las autoridades responsables. ." (fojas 443 a 551). En cumplimiento a lo anterior, por auto de veintiocho de octubre de dos mil quince, se previno a la parte quejosa para que aclarara si señalaba o no como actos reclamados destacados la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 4 del Código Fiscal del Estado de Puebla, así como 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Hacienda del Estado de Puebla, vigentes en dos mil once y dos mil doce, y de ser así, señalara las autoridades que en relación con dichos actos estimara como responsables, para estar en condiciones, en su caso, de analizar los conceptos de violación que ya formuló tanto en la demanda como en su ampliación, de lo contrario éstos no podrán ser motivo de estudio al carecer de actos reclamados señalados expresamente al respecto. Mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil quince, la institución quejosa, expresó que no señalaba como actos reclamados con destacados en el párrafo que antecede (foja 572). Por sentencia dictada el trece de abril de dos mil dieciséis, por una parte se sobreseyó y por otra se negó la protección constitucional solicitada (fojas 579 a 611). No conforme con tal resolución, nuevamente la institución quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mediante testimonio de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del Amparo en Revisión 286/2016, donde determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto de la orden de visita domiciliaria de once de septiembre de dos mil doce y de la resolución determinante del crédito fiscal contenida en el oficio 0597 de tres de marzo de dos mil catorce, por las razones expresadas en esta ejecutoria. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la Delegación Estatal en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra de los restantes actos y autoridades responsables que se precisan en el resultando primero de la presente ejecutoria, en los términos indicados en su último considerando. CUARTO. Es infundado el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la autoridad recurrente. QUINTO. Hágase del conocimiento al Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, el dictado de esta ejecutoria." (fojas 915 a 1038). Por auto de seis de enero de dos mil diecisiete, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector (fojas 1037 a 1041). Al respecto, mediante oficio SFA-PF-(69)-236/17, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada el treinta y uno de enero del año en curso, donde resolvió: ". PRIMERO.- Se deja insubsistente la resolución contenido en el oficio número SFA-PF-(82)-1804/14 de fecha 8 de octubre de 2014, por las razones expuestas en el Considerando Tercero de la presente resolución. - - - SEGUNDO.- Se deja sin efectos la resolución determinante contenida en el oficio número 0597 de fecha 3 de marzo de 2014, emitida a nombre de la "Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Estatal en Puebla", por las razones y para los efectos precisados en el Considerando Cuarto de la presente resolución.- --- .". (fojas 1051 a 1055). Por su parte, el Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, manifestó que la Directora de Fiscalización, adscrita a dicha Secretaría, no se encuentra obligada a cumplir el fallo protector (foja 1062). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que las autoridades responsables, dieron cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; glósese el original del incidente de suspensión. Sin que obste a la anterior determinación, el hecho que por autos de veintitrés de febrero y quince de marzo, ambos de la presente anualidad (fojas 1099 a 1100), la institución quejosa haya manifestado que no se encontraba debidamente cumplida la ejecutoria de amparo. Sin embargo, contrario a lo argumentado por la solicitante de amparo, cabe destacar nuevamente que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mediante testimonio de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dentro del Amparo en Revisión 286/2016, al estudiar la orden de visita domiciliaria número A.E.073/2012 de once de septiembre de dos mil doce, estimó que no se actualizaba la causal de improcedencia invocada por el juez federal con sede en Acapulco, Guerrero, sino diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación a la fracción VIII del numeral 108, del citado ordenamiento legal, por lo que desestimó las manifestaciones formuladas por la parte quejosa, identificadas como primera, en relación con el desahogo de la visita ordenada por el tribunal revisor, mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil dieciséis, toda vez que no formuló argumentos propiamente contra la orden de visita, sino que en ellos, se planteó la violación al artículo 8° constitucional, por lo que consideró procedente sobreseer en el juicio respecto de la orden de visita domiciliaria de once de septiembre de dos mil doce (fojas 1016 vuelta a 1035 vuelta), por tanto, no es posible requerirle a la responsable como lo aduce el Instituto Mexicano del Seguro Social, el debido cumplimiento de ejecutoria, toda vez que se sobreseyó respecto de dicho acto reclamado y, por ende debe sostenerse que el fallo protector se encuentra cumplimentado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que surta sus efectos legales procedentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Adriana Naranjo Montero acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente 1475/2016, de su estadística. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, pero aclaró que el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete dictó el laudo respectivo dentro del expediente laboral 1475/2016, mismo que fue notificado a la aquí quejosa Adriana Naranjo Montero, el veintiuno de marzo del presente año a través de su apoderado legal Jesús Ernesto Felipe Huerta y Valencia. Para corroborar lo anterior, la junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente 1475/2016 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del laudo de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete y la constancia de notificación del citado laudo a la aquí quejosa, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dictara el laudo respectivo dentro del expediente laboral 1475/2016 de su estadística, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, la junta responsable emitió dicha resolución dentro del juicio de origen, mismo que fue notificado personalmente el veintiuno de marzo del año en curso a la impetrante Adriana Naranjo Montero, a través de su apoderado legal Jesús Ernesto Felipe Huerta y Valencia. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con once minutos del treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio 401-T-DGAJ-DGAGPL-DG-01584-2017, signado por la Directora General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sede en la ciudad de México. Visto su contenido, se le tiene dando contestación al diverso 479 de veintiocho de febrero del año en curso (foja 199), a través del cual acusa recibo respecto del Billete de Depósito número N 470551, expedido por (BANSEFI) Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de ($3, 000.00) TRES MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, que exhibió la parte quejosa, Billete que fue declarado prescrito a favor del Fisco Federal, por auto de veintiséis de enero de esta anualidad (fojas 194 a 195). En consecuencia y toda vez que no existen escritos ni promociones pendientes por acordar ARCHÍVESE el presente asunto como total y definidamente concluido, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, glósense el original y duplicado del incidente de suspensión. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase a la Casa de la Cultura Jurídica o Depósito Documental que corresponda para su guarda definitiva. NOTIFÍQUESE.

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